ABOGADOS DEL ESTADO Y PUERTAS GIRATORIAS

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

Ramiro Grau Morancho

Si hay un cuerpo realmente pernicioso en la administración española es el de los abogados del estado. Unos juristas con una gran preparación, que todo hay que decirlo, pero que acostumbran a mirar por encima del hombro a los demás abogados, y hasta a los jueces y fiscales.

Unas personas a las que les cabe el Estado en la cabeza, o más bien la gran cantidad de normas legales que dificultad la vida de los 47 millones de españoles… Y que confunden memoria con inteligencia.

Pero que listos lo son, y un rato largo. Desde la actual ministra de defensa, que evidentemente no tiene ni puta idea de temas militares, o la vicepresidenta, tan espabilada para colocar a su marido, también abogado del estado, faltaría más, en Telefónica, con un sueldo millonario. (El marido de la primera se dedica a turbios negocios, que para él deben de ser negocios pero para las empresas por las que pasa no dejan de ser ruina, pura y dura).

Estos señores acostumbran a “adornar” los consejos de administración de los bancos y grandes empresas, pues igual que en Navidad queda muy bien poner a un pobre en la mesa, el resto del año da mucho fuste tener a un abogado del estado de compañero en el consejo de administración, y más en estos tiempos que escasean los títulos nobiliarios para que den prestancia al consejo correspondiente…

Hace unos años tuve un juicio en la Audiencia Nacional, y el abogado del estado que compareció ostentando la defensa y representación de la administración demandada, el Ministerio de Justicia, en concreto, basó su defensa en un ataque al demandante, en este caso el que suscribe, que no me quedo más remedio que formular una denuncia contra él, en vía disciplinaria. Por supuesto no me hicieron nada, faltaría más. Estoy seguro de que mi queja la informó alguno de sus compañeros, y hoy por ti, mañana por mí.

Pero al investigar sobre su vida y obras en esa moderna portería universal que se llama Internet, Google, Facebook, etc., observé que el citado individuo era consejero de varias empresas, y creo recordar que hasta ejercía la abogacía privada en Madrid.

¿Y la ley de incompatibilidades? Pues la ley de incompatibilidades los abogados del estado se la pasan por donde usted y yo sabemos, siguiendo la máxima del Conde de Romanones: “Dejarles que hagan las leyes que quieran, que yo haré los reglamentos”.

En efecto, un real decreto de 1985, creo recordar, les autoriza a ejercer la abogacía sin grandes problemas… El argumentarlo del cuerpo, expuesto verbalmente por un Director del Servicio Jurídico del Estado al que suscribe, en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, era el siguiente: “Tenemos que dejarles ejercer la abogacía privadamente, porque sino se nos irían todos, dado lo buenos juristas que son, y lo poco que les pagamos, en relación con lo que podrían ganar en despachos privados de abogados”.

¿Y cuál es el problema? Con reformar la legislación para que el funcionario excedente por asuntos propios –salvo por maternidad o paternidad, o circunstancias análogas- pierda la plaza, asunto solucionado. ¡Seguro que se lo pensarían dos veces antes de marcharse!

Mientras sigamos teniendo estos cuerpos medievales, que creen ser propietarios del Estado, o por lo menos usufructuarios –y los letrados del Consejo de Estado son otro claro ejemplo de lo que digo-, no creo que España progrese ni vaya hacia adelante, pues constituyen una clara rémora para la defensa de los intereses generales, que confunden con los suyos propios, corporativos, de casta, de clase social, y hasta de familias…

En fin, termino ya, que no hay que cansar a los lectores. Pero prometo nuevas entregas sobre el particular, con el caso concreto de la defensa en Derecho de la Universidad de Zaragoza por un abogado del estado “en el ejercicio privado de la abogacía”, es decir, cobrando sus buenos dineros, durante más de treinta años. Pero eso sí, nadie reconoce que le haga nombrado o hecho ese encargo. Un caso realmente acojonante, por no decir para vomitar. (Todo lo que digo lo tengo documentado, y si alguien lo duda o quiere discutirlo judicialmente, por mi parte encantado).