El Servicio Aragonés de Salud investiga la presunta filtración del test de una oposición médica

22 Jun

Un trabajador del propio servicio de la DGA en un hospital de Zaragoza podría haber accedido a las redes informáticas en las que se custodiaba el ejercicio.

El Consejero de Sanidad Sebastian Celaya

El Servicio Aragonés de la Salud (Salud) ha abierto una investigación interna para tratar de esclarecer una posible filtración de un examen de oposición para cubrir 7 plazas de Nefrología, al que concurrieron medio centenar de aspirantes admitidos y que solo han aprobado 19. Las indagaciones se centran en la presunta implicación de un trabajador del propio Salud en un hospital público de Zaragoza, que por su puesto laboral podría haber accedido al sistema de redes informáticas donde se custodiaba el ejercicio.

Además, este  mantiene  una relación directa con una las opositoras, aprobada con la mejor nota, por lo que en principio se piensa que la filtración puede ceñirse en exclusiva a esta persona y no al resto de los candidatos. En cualquier caso, este extremo queda a expensas de los resultados de las diligencias incoadas y, por lo tanto, está en el aire si una eventual anulación de la prueba podría tener carácter general o solo individual. De confirmarse finalmente la filtración con la implicación de este empleado del Salud, no se descarta que el caso acabe en la Fiscalía o en los tribunales ordinarios de justicia.

Según ha podido saber Heraldo.es, las alertas saltaron entre los propios miembros del tribunal examinador, al comprobar que una de las aspirantes había acertado 108 de las 110 preguntas del test  (las 100 ordinarias, más otras 10 de reserva para eventuales anulaciones o impugnaciones entre las primeras). Se da, además, la circunstancia de que las dos únicas preguntas falladas por esta persona son  justo las que un examinador había decidido cambiar poco antes del examen. Una vez realizado, se atendieron también impugnaciones a cuatro preguntas que fueron reemplazadas por las cuatro primeras de reserva.

Tras reparar en esta coincidencia y en que la nota resultante era llamativamente alta, fuera de los valores normales de probabilidad, el tribunal se reunió para estudiar el caso.  Posteriormente, al menos uno de sus integrantes puso oficialmente los hechos en conocimiento del Departamento de Salud de la DGA, que ha abierto la investigación que concluirá en los próximos días.

De momento, solo ha trascendido que el examen investigado ha obtenido una puntuación de 97 sobre 100, con la que se da por hecho que la opositora tiene prácticamente garantizada una de las siete plazas ofertadas, incluso antes de que se valoren los méritos de cada uno de los aprobados que han pasado a la fase final de concurso. La diferencia entre esta primera nota y las otras cinco siguientes es realmente significativa: del 86 de la segunda y el 82 de la tercera, a los 70 del sexto mejor ejercicio.  

Estas oposiciones, que forman parte del gran paquete de oferta pública de empleo lanzado en los últimos años por el Gobierno aragonés, se realizaron el pasado abril. Al mes siguiente, en mayo, el Salud hizo pública la lista definitiva de aspirantes aprobados. En estos momentos, se está en fase de valoración de méritos para la asignación de definitiva de las plazas. Una espera a la que la indagación administrativa de las presuntas irregularidades va a añadir gran tensión e incertidumbre entre los aspirantes finalistas.

Origen: El Salud aragonés investiga la presunta filtración del test de una oposición médica | Heraldo.es
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Ley de eutanasia del PSOE: el médico que la aprueba también la aplica

22 Jun

Deberá contar con la opinión de un segundo facultativo y ninguno de ellos podrá ser el médico habitual del paciente

Dirigentes del PSOE registrando la Proporsición de Ley Orgánica.

El PSOE llevará al pleno del Congreso de los Diputados de la semana que viene la regulación de la eutanasia para que esta se incluya en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y sea de financiación pública. Una legislación novedosa que complementará la ya extraída del Parlament de Cataluña y que sitúa la figura del médico como uno de los agentes principales.

Será la profesión médica la encargada de estipular la idoneidad o no de los casos así como de dispensar o prescribir el fármaco que tiene como consecuencia la muerte. En el capítulo 3 de la proposición de ley, el documento estipula que el médico, antes de dar el visto bueno, tiene la obligación de “abrir un proceso deliberativo sobre diagnósticos con el paciente así como informarle de posibles cuidados paliativos”.

Pese a todo lo estipulado anteriormente, la ley orgánica señala que existe derecho a la objeción y conciencia de los profesionales sanitarios. De esta forma, se obliga a las administraciones sanitarias autonómicas a crear un registro de objetores de conciencia en la ayuda a morir que recoja las peticiones individuales y manifestadas “anticipadamente y por escrito” de todos los profesionales sanitarios.

La legislación solicita, además, que exista una segunda opinión de un médico del mismo ámbito de las patologías padecidas por el solicitante. Este segundo facultativo deberá estudiar la historia clínica y examinar al paciente en un plazo de diez días para verificar a su compañero.

Centros especiales para prestar el servicio

Uno de los aspectos más directos de la relación paciente-facultativo es que el médico deberá administrar el fármaco directamente al paciente si este así lo requiere. De esta forma, el médico asistirá al solicitante hasta el momento de su muerte siendo, hasta en los casos en los que se lo administre el mismo paciente, “acompañante y observador hasta el momento final”. El documento asegura que la práctica eutanásica se podrá ejecutar desde el propio domicilio o desde centros “prestadores del servicio”.

La legislación del PSOE recoge, de esta forma, la figura de estos nuevos centros especializados que deberán ofertar la eutanasia “desde la intimidad y la confidencialidad” y contando con sistemas de custodia activa de los historiales contando con medidas seguridad del nivel alto.

Comisión de Evaluación y Control

El papel del médico se verá, además, complementado por una Comisión de Evaluación y Control que tendrá el consentimiento final de estas prácticas. Este órgano, de carácter autonómico, recibirá todos los documentos de la prestación de ayuda a morir “en un plazo de días hábiles después de esta”.  En dichos papeles, se estipularán aspectos como la enfermedad de la persona, la fecha y el lugar de la muerte, la naturaleza de su sufrimiento, etc…

La Comisión estudiará los casos que los médicos han denegado previamente para establecer un dictamen al respecto. De esta manera, si el medico deniega la solicitud de la prestación de la ayuda a morir, la Comisión tendrá 15 días hábiles para evaluar el caso y el motivo de la denegación.

El papel de la Enfermería

Aunque el texto apenas haga referencias a otras profesiones más allá de la médica, sí se estipula que las enfermeras que pertenezcan al equipo asistencial deberán de tener comunicación de la petición de la prestación así como estar “implicadas” en el proceso de ayuda para morir “debiendo abstenerse de imponer criterios de adaptación basados en los suyos propios”.

Origen: Redacción Médica Ley de eutanasia del PSOE: el médico que la aprueba también la aplica

EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

22 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO

Jurista y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

Ramiro Grau Morancho

Escribo desde la indignación, cuando he conocido dos casos de explotación laboral de estudiantes en prácticas. Son dos ejemplos que me conciernen familiarmente, pero serán miles y miles de situaciones similares, que producen vergüenza ajena. ¡No me extraña que haya grandes empresas, y desaprensivos en general, que cada día ganan más dinero, a costa de la explotación de estos nuevos “esclavos” laborales!

Con la finalidad de acercar el mundo académico al mundo real, al trabajo, a alguien se le ocurrió que al finalizar los estudios, tanto de formación profesional como los grados universitarios, hubiera que estar un determinado tiempo realizando “prácticas” de la carrera o profesión en la que uno se estaba formando.

Nada que objetar. La idea es viable, y, se supone, puede servir de puente entre el mundo teórico y el práctico, la buena vida estudiantil –en la mayoría de los casos-, y la explotación, o sobre explotación laboral, en otros casos…

Les cuento estos dos asuntos que conozco personal y familiarmente, y juzguen ustedes mismos:

  1. Un estudiante de Derecho, con brillantes calificaciones, es enviado a un supuesto despacho de abogados, con un nombre rimbombante, y lleno de falsos autónomos, que en realidad trabajan para la sociedad limitada que es la titular del “negocio”.

Una empresa de servicios, teóricamente dedicada al asesoramiento jurídico, pero que en la práctica se dedican al marketing, a la captación de clientes extranjeros que deseen invertir en España (pues lo tienen claro, con este gobierno que tenemos), a pedir subvenciones a diestro y siniestro para sus clientes, etc.

Aprovechándose que el chico domina estupendamente el inglés, le someten durante una jornada laboral de 9 horas diarias, a la redacción de contratos y documentos en inglés, a la elaboración de estudios que en la práctica copian de Internet, etc.

Por supuesto ni van al juzgado ni llevan pleitos. Es más, sus problemas legales se los encomiendan a un abogado “de verdad”.

¿Qué clase de prácticas son estas…?

¿Es qué el tutor de este estudiante no se entera de lo que hay?

En definitiva, un futuro graduado en Derecho haciendo de traductor, y tareas de auxiliar administrativo, con lo cual la empresa reduce sus gastos, pues obviamente no le paga nada, ni tiene necesidad de cubrir ese puesto de trabajo, o incluso esos dos empleos: traductor y administrativo.

Pero, eso sí, le han prometido expedirle un certificado al final de sus “prácticas”, que dirá que es un buen chico, y un gran abogado…

  1. Un estudiante de formación profesional, rama administrativa, que ha finalizado el grado.

Le envían de prácticas a una gran empresa, ubicada en Puerto Venecia –no doy más datos, por ahora-, donde en lugar de integrarle en sus oficinas, y enseñarle tareas administrativas prácticas, que es lo que ha estudiado, le tienen de 8 a 10 horas diarias, con jornada partida, vendiendo productos, cara al público y, por supuesto, a coste cero, o casi cero.

¡Estos, por lo menos, hace poco le dieron doscientos euros como gratificación!

Pero claro, se ahorran un contrato de trabajo, aunque sea en prácticas o de formación, las correspondientes cotizaciones a la seguridad social, el sueldo, el finiquito, etc.

Y yo me pregunto:¿cuántos miles de puestos de trabajo no existen en España gracias a estas prácticas, permitidas y toleradas por el PP, y ahora por los nuevos “amos”…?

¿Cómo se puede permitir esta explotación, o sobre explotación, de nuestros estudiantes, haciéndoles realizar labores propias de un trabajador normal y corriente?

Los tutores de estos estudiantes no se enteran de la misa la media…, o hacen la vista gorda, porque les da igual? Total, ellos sí van a cobrar a final de mes.

Y, por último, ¿en España existe la Inspección de Trabajo? De ser afirmativa la respuesta, ¿no piensan controlar estas situaciones abusivas, visto que el sistema universitario y académico pasa de todo…?

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La OMC exige un protocolo para velar por la seguridad del médico rural

22 Jun

Hermenegildo Marcos

Tras la agresión a un médico en la provincia de Toledo, la Vocalía de Atención Primaria Rural de la OMC exige un protocolo coordinado de seguridad para velar por la seguridad de los médicos de este ámbito. Además, pide a las consejerías que apliquen sus respectivos planes.

La Vocalía Nacional de Atención Primaria Rural de la OMC reclama protocolos de actuación para velar por la seguridad de los facultativos de este ámbito, especialmente los del primer nivel, “por ser el colectivo más afectado por la violencia“, según reza el comunicado emitido por la vocalía que dirige Hermenegildo Marcos. La petición de la OMC se produce tras la agresión sufrida por un médico el pasado 14 de junio en la localidad toledana de Camarena.

Según la vocalía, ese protocolo debe ser coordinado por los servicios responsables de los equipos sanitarios, Policía, Protección Civil y el cuerpo de Bomberos, ya que “en el medio rural, los equipos de salud de guardia atienden a poblaciones con gran dispersión geográfica y que, en ocasiones, distan de 20 a 40 minutos de cualquier miembro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según el comunicado.

La vocalía que dirige Marcos entiende, además, que “el apoyo y reconocimiento” a las vícitimas de agresiones en el ejercicio de su profesión, “en condiciones nada fáciles, es un imperativo ético y moral irrenunciable“.

Además de generar un protocolo específico y coordinado, Marcos insta a los servicios autonómicos de salud a desarrollar y aplicar sus respectivos planes de seguridad para prevenir situaciones de riesgo.

Origen: La OMC exige un protocolo para velar por la seguridad del médico rural – DiarioMedico.com

Facciones de los Mossos se reorganizan para “lograr la autodeterminación” tras levantarse el 155

22 Jun

Facciones de los Mossos d’Esquadra se reorganizan para “lograr la autodeterminación” tras levantarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tan sólo dos semanas después de finalizar la intervención del Estado en Cataluña, la Policía Nacional ya ha detectado llamamientos de las facciones separatistas a reorganizarse para “lograr la vigencia efectiva de la democracia, el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación y para dejar de estar sometidos a la voluntad de los poderes fácticos externos”.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presentes aún en esta región han interceptado los llamamientos por medio de las organizaciones clásicas de los mossos separatistas, entre ellas, Mossos por la Democracia.

A través de comunicados —como el que hoy reproduce OKDIARIO— estos colectivos, entre los que se encuentra una sectorial de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) que comanda el golpismo dentro del cuerpo autonómico policial, han empezado a reorganizarse y a subrayar que los Mossos vuelven a ser “una pieza clave” para lograr la “autodeterminación”.

Mossos d'Esquadra
Documentos intercambiados por grupos de mossos golpistas en Cataluña.

Y lanzan una advertencia directa contra los mossos —y los no mossos— donde se destaca que estarán atentos a “quién colabora y sigue los dictados de quienes han pretendido extinguir nuestra voluntad”.

Hay que recordar que, de estos colectivos se nutrió la UCRO —Unidad Central de Recursos Operativos—, una unidad desde la que se realizaron espionajes a personas de la sociedad civil, periodistas y políticos constitucionalistas.

Y que un grupo de mossos constitucionalistas lleva meses advirtiendo de que seguían teniendo un poder clave sobre áreas como Asuntos Internos, cuerpo que utilizaban para identificar y controlar a los mossos que no apoyaban el golpismo.

De hecho, agentes de los Mossos llegaron a reunirse con el entonces delegado del Gobierno en Barcelona, Enric Millo, para pedirle ayuda ante la reaparición generalizada de casos de discriminación ideológica contra aquellos integrantes de la policía autonómica que no son separatistas.

La información denunciada ante el delegado del Gobierno alertaba de que las promociones y ascensos seguían favoreciendo a los mossos que acreditaban su separatismo y castigaban a los que no comulgan con ese planteamiento. Entre la información facilitada se recordaba la existencia de colectivos totalmente separatistas que hacían alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo, campaban a sus anchas sin el más mínimo problema.

De hecho, se recordó concretamente la existencia de una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana que agrupa a mossos y que, ya en el pasado más reciente, afirmó que se mantendrían “leales al Parlament y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.

Los mossos constitucionalistas igualmente denunciaron que la DAI, la División de Asuntos Internos de los Mossos, seguía controlada por grupos separatistas que, pese al control de la policía autonómica por parte del Gobierno de España en la época del 155, habían vuelto a usar su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, los desplazamientos a zonas alejadas del domicilio de aquéllos que se significan como contrarios al separatismo.

El caso hecho a las advertencias es descriptible. Hoy, con el 155 retirado, directamente los mossos separatistas llaman a organizarse como cuerpo rebelde y volver a colaborar con el golpe.

Origen: OKDiario Facciones de los Mossos se reorganizan para “lograr la autodeterminación” tras levantarse el 155

La peculiar vida de la jueza pitonisa: ganó al CGPJ para ser stripper en Canarias

22 Jun

La magistrada que echa las cartas en Lugo ya tuvo conflicto de intereses en Las Palmas. Pero tuvo razón. Actuar en un local de manera altruista era reprochable, pero compatible

La jueza María Jesús García, a la izquierda. (Foto: El Progreso de Lugo)

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga el curioso pluriempleo de María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. La magistrada cobra por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad gallega, como publicó ‘El Progreso de Lugo’. El pastel se descubrió cuando su señoría comenzó a distribuir por la calle publicidad en la que se anunciaba como “tarotista y vidente” y periodistas del diario se personaron en su ‘consulta’ haciéndose pasar por clientes. El CGPJ ha incoado diligencias informativas para establecer la veracidad de los hechos y determinar si incumple las incompatibilidades previstas para los jueces.

La Ley Orgánica del Poder Judicial regula las pocas actividades en las que puede trabajar un juez: la docencia o investigación jurídica, la producción y creación literaria, artística y científica, y la administración de empresas que gestionan patrimonio familiar. Nada más. Y para todo ello debe pedir permiso al Poder Judicial, como dictamina el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial. Con la normativa en la mano, ser pitonisa y cobrar por ello no es compatible con impartir justicia. No obstante, será el Poder Judicial quien determine si ha cometido alguna irregularidad o no. Otra vez. Según ha podido saber El Confidencial, María Jesús García ya tuvo un conflicto de intereses cuando estaba destinada en Canarias que tuvo que dirimirse en el seno del CGPJ. Y ganó la magistrada.

María Jesús García Pérez ingresó en la carrera judicial en 1992. Su primer destino fue Laredo (Cantabria). De ahí pasó en 1996 al municipio madrileño de Collado Villalba, donde ya tuvo algún problema con sus superiores. Su tercer destino fue Las Palmas de Gran Canaria, donde su vida personal fuera de lo juzgados llamó la atención del CGPJ. Fuentes judiciales señalan a El Confidencial que el servicio de inspección del Poder Judicial tuvo que desplazarse a la isla ante una denuncia interna que había llegado: por las noches la magistrada García Pérez actuaba puntualmente en un local de ‘striptease’ de un amigo. “Se abrieron diligencias informativas”, explican las mismas fuentes, que estuvieron presentes en todo el proceso para esclarecer qué estaba ocurriendo. Nos remontamos al año 2001.

El asunto tuvo su miga. ¿Lo que hacía la jueza en sus ratos libres era una falta disciplinaria?, ¿vulneró las incompatibilidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial? La jueza argumentó que no cobraba por ello y que lo hacía en su tiempo libre, como una especie de ‘hobby’. “Su actitud era reprochable, pero compatible porque no tuvo encaje como actividad incompatible”, concluyen las mismas fuentes. En esta ocasión se libró. No hubo ningún tipo de sanción y su caso se archivó. También salió airosa cuando la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario, llegó a reclamarle unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot. Según ha publicado la prensa canaria, ella se defendió achacando las llamadas a los funcionarios del departamento.

Imagen del folleto publicitario que supuestamente repartía la jueza de Lugo. EFE

Antes de llegar a Las Palmas, en 1999, el Poder Judicial le había impuesto ya un año de suspensión de empleo por una falta disciplinaria muy grave. ¿El motivo? Desatención injustificada de sus deberes. La sanción fue confirmada por el Tribunal Supremo. La magistrada decidió no acudir a su puesto cuando estaba de guardia y no tramitar la puesta a disposición judicial de un detenido acusado de un robo con fuerza. Estaba en el gimnasio. La verdad es que en Collado Villalba se hizo famosa. Abogados y funcionarios comentaban en tono de broma que debía hacer “actos de hechicería” debido al estado del suelo del juzgado. “Tenía todo el suelo de madera de la sala de vistas quemado por las velas. Iguales condiciones tenía el suelo de la casa que tenía alquilada en esa localidad. Su sucesora fue a alquilar también el mismo y se encontró con el panorama”, señalan compañeros de profesión.

No acabaron aquí sus excentricidades. Tras Las Palmas fue destinada en 2006 al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander. Aquí fue sancionada por el CGPJ con una multa de 3.000 euros por conceder una entrevista al diario ‘El Mundo’, en la que criticaba este tipo de juzgados, la ley contra la violencia de género y llegaba a cuestionar a las víctimas y ridiculizar muchos de los casos que juzgaba: “Una cantidad de ridiculeces que considero innombrables; mujeres que vienen porque les han dado un mensajito en el móvil, a las que, en un calentón, les han podido decir una palabra mas alta que otra, mujeres que les pegan a ellos (aquí han venido hombres arañados, golpeados y tirados de los pelos que se creen que, porque sea una mujer la que se lo ha hecho, no la pueden denunciar y se lo tienes que explicar), gente que se cree que esto es el divorcio exprés”.

Origen: ElConfidencial. La peculiar vida de la jueza pitonisa: ganó al CGPJ para ser stripper en Canarias

Estupor en el mundo judicial por la libertad de La Manada: Es una decisión absurda

22 Jun

La medida acordada desconcierta a jueces, fiscales y abogados, que señalan su incongruencia con la decisión mayoritaria de condenarlos a nueve años

Imagen del exterior de la cárcel de Pamplona donde se encuentras tres de los cinco miembros de La Manada. (EFE)

La noticia sobre la puesta en libertad provisional de los cinco condenados por el abuso sexual con prevalimiento a una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016 ha desconcertado al mundo judicial. Numerosas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial han mostrado su estupor ante la decisión de excarcelar a La Manada tras una condena a nueve años de prisión y cuando han cumplido dos años desde su entrada preventiva en la cárcel. “Es una decisión absurda”, “incomprensible”, “cuanto menos, extraña”, “muestra las dudas y la división del tribunal”, han sido algunas de las expresiones empleadas por los jueces y fiscales consultados a la hora de valorar un fallo que incrementa exponencialmente la polémica que ya arrastraba el caso desde la sentencia, que rebajó considerablemente la pena que se hubiera impuesto en caso de agresión sexual. Pese a todo, los juristas defienden que se trata de un criterio absolutamente legal y empleado en muchos otros casos.

La opinión generalizada es que la sorprendente decisión, tomada por el mismo tribunal que los condenó, no casa con lo dictado en esa resolución de hace ahora casi dos meses. Dos de los tres jueces tenían claro y así lo reflejaron en sentencia, que José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo eran culpables de un delito con una pena alta, de nueve años. Ayer, sin embargo, una de los miembros de la mayoría que les consideró culpables, la magistrada Raquel Fernandino -que, recalcan, condenó sin duda- se inclinó por apoyar junto al juez Ricardo Rodríguez la salida de la cárcel. ¿Qué ha sucedido en estas semanas para que la jueza que dictó una estancia en prisión de nueve años defienda ahora que deben salir hasta que haya sentencia firme?

Es una incógnita que nadie entiende y que resta, además, credibilidad al fallo que aún debe ser revisado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después previsiblemente por el Supremo. Algunos de los consultados especulan con la posibilidad de que, quizá, uno de los motivos valorados para adoptar la sorprendente medida es que la condena se decidió sin unanimidad. Eso da mayores posibilidades de éxito a los recursos que han presentado las defensas contra la condena y abre la puerta a rebajas en la pena y, en último caso, la absolución.

Es incongruente, destacan, con el criterio anterior. Pese a ello, la decisión se ajusta a Derecho: la prisión provisional puede modificarse en cualquier momento a petición de los condenados, que no pasan a ser penados hasta que hayan decidido todas las instancias superiores. Es, como su nombre indica, ‘provisional’, aunque lo habitual es que se alargue hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, en este caso cuatro años.

A falta de conocer el contenido del auto que no se hará publico hasta este viernes, las fuentes consultadas recuerdan recientes decisiones judiciales que irían en esta línea. Por ejemplo, condenados por la trama Gürtel con penas de hasta 15 años quedaron libres a la espera de la confirmación del TS. Lo mismo sucedió con Iñaki Urdangarin, en la calle hasta esta misma semana.

Es previsible que los dos jueces que han inclinado la balanza hayan tenido en cuenta argumentos empleados cientos de veces en casos menos mediáticos.Argumentarían, en ese caso, que la prisión dictada ha perdido su finalidad principal que es la de asegurar la presencia en el juicio de los acusados. Existe, además, numerosa jurisprudencia que indica que este tipo de privación de libertad no puede convertirse en una pena anticipada.

Otro de los aspectos que habrá valorado el tribunal es la disminución del riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Para conjurar su existencia, los jueces han previsto comparecencias tres veces por semana, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional. También de acercarse a Madrid, donde vive la víctima, y de comunicar con ella a través de medio alguno.

El caso va de polémica en polémica. La ruptura con la opinión pública se evidenció de forma brutal el 26 de abril. Millones de personas salieron a la calle para protestar por una resolución que la sociedad no entendió. La brecha crece más ahora hasta un punto en el que la propia carrera judicial comienza a quedarse sin argumentos para defender decisiones judiciales como la tomada. En la fase de instrucción, el tribunal negó por mayoría hasta en tres ocasiones la salida de la cárcel que ahora apoya una mayoría.

La Fiscalía, que defendió la necesidad de prorrogar el encarcelamiento, poco podrá hacer. Solo cabe recurrir ante los tres mismos jueces que ya han tomado la decisión. Así las cosas los cinco condenados quedarán libres en horas y solo regresarán a prisión si el Tribunal Supremo confirma su condena. El plazo para que llegue ese momento supera el año.

Origen: El Confidencial Estupor en el mundo judicial por la libertad de La Manada: Es una decisión absurda
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