EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS MULTICULTURALISTAS

24 Ago

Por Santiago Molina García.Catedrático de Universidad y Escritor

Manuel Santiago Molina, Catedrçatico de Universidad y escritor

Manuel Santiago Molina, Catedrático de Universidad y escritor

Una tesis tan lógica como es la aceptación de que ningún hecho histórico se produce sin la existencia de una causa, a menudo suele servir para que determinados intelectuales y políticos confieran a la causalidad una connotación sectaria, lo cual les lleva a encontrar fácilmente culpables de los acontecimientos reprobables, como es el caso de los atentados terroristas. El ejemplo más evidente de ese análisis simplista es la interpretación causal que algunos han hecho de los terribles atentados provocados por islamistas radicales en países democráticos durante los últimos quince años. En todos los casos, esos grupos defienden que la causa es la política militarista llevada a cabo contra los musulmanes por los gobiernos de los países atacados y que, por lo tanto, son sus gobernantes los responsables del asesinato indiscriminado de sus ciudadanos inocentes.

En relación con el reciente atentado de Barcelona, los dirigentes de algunos grupos políticos, como es el caso de la C.U.P. y de los “intelectuales” que los apoyan, han dado un paso más declarando no dignos de presidir la manifestación antiterrorista barcelonesa al rey y al presidente de gobierno, por considerarlos los responsables directos de la masacre, debido a las buenas relaciones que mantienen con los gobiernos de Arabia Saudita y de Catar (según afirman esos “expertos politólogos”, dichos gobierno son los que subvencionan a los grupos yihadistas) y por venderles armamento, aviones y barcos de guerra. En esta ocasión, no vale esconder la cabeza debajo del ala aludiendo a que esos dirigentes políticos son unos analfabetos y que, por lo tanto, no hay que prestarles ninguna atención.

No creo que haya nadie mínimamente sensato que no reconozca que en la actuación militar de la OTAN en el medio oriente musulmán se han cometido errores garrafales. Pero de reconocer esos hechos a afirmar que son la causa de los ataques criminales que esos grupos islamistas llevan a cabo contra la población indefensa de los países con una cultura engarzada en el cristianismo hay un abismo. En definitiva, la conclusión a que han llegado esos “intelectuales y politólogos” es que si nos atacan es porque nos lo merecemos, en lugar de reconocer que el único objetivo de los imanes radicalizados que envenenan las mentes de los jóvenes musulmanes para que cometan esas monstruosas acciones criminales es tratar de cargarse los valores de la cultura occidental y, en su lugar, imponernos la sharía como ley universal.

Que es el odio musulmán a la cultura occidental la razón por la que llevan a cabo estas acciones terroristas, y no la actuación de las gobiernos occidentales en sus países de origen, resulta evidente si recordamos la persecución que generó la publicación de los Versos Satánicos contra Salman Rusdhie, cuando todavía no se había producido la invasión de Afganistán ni de Irak. Fue ese odio el que motivó el asesinato del traductor de la novela al japonés (Itoshi Igarahi) mediante una puñalada por la espalda, las graves heridas causadas en atentados semejantes al traductor al italiano (Ettore Capriolo) y al editor noruego (William Nygaard), o la muerte de 37 intelectuales turcos en un incendio perpetrado para asesinar al traductor de la novela al turco (Aziz Nesin). Afortunadamente, no pudieron acabar con la vida del autor. Mucho más reciente, el atentado contra la revista Charlie Hebdo es otro ejemplo demostrativo de que el odio de esos islamistas es contra la tolerancia y la libertad de expresión de la cultura occidental. Los terroristas islámicos saben que donde más fácilmente pueden planificar sus atentados es en los países democráticos en los que el respeto a todo tipo de libertades es la base de su ordenamiento jurídico. O dicho de otro modo, luchan contra nuestras libertades, pero al mismo tiempo se aprovechan de las contradicciones internas de los regímenes democráticos.

De entre las muchas contradicciones fortalecedoras de la expansión del extremismo islámico en el interior de nuestras fronteras, hay una que es la fundamental para contextualizar lo fácil que resulta a esos imanes criminales lograr que jóvenes musulmanes acaben convirtiéndose en terroristas profesionales: la nefasta política multicultural puesta en práctica durante las últimas décadas en la práctica totalidad de los países con democracias liberales. El ejemplo más evidente de que esas políticas han fracasado totalmente es el hecho de que los autores materiales de la mayoría de esos atentados terroristas son jóvenes, con padres y madres musulmanas, que han nacido, se han criado y han sido educados en los países atacados. Otro ejemplo es el gran número de jóvenes musulmanes, nacidos en Europa y educados en colegios públicos, que se enrolan en los ejércitos islámicos más radicales para luchar contra otras ramas islamistas en sus propios países, sin importarles nada que mueran millones de inocentes o dejando arrasados los lugares por donde pasan.

Como dice Andrew Anthony en su clarividente libro “El Desencanto”, se aceptó sin crítica alguna que la ética es algo específico de cada cultura y que cada cultura jamás debe ser juzgada con los criterios de otra. Por consiguiente, no solo se toleró que en algunas mezquitas se defendiera el odio hacia quienes no practican sus ritos, o la sumisión de la mujer al dominio del hombre bajo la justificación de que son valores que pertenecen a la ética de su propia cultura, sino que además se miró para otro lado cuando algunos periodistas constataron que en esos templos se predican doctrinas contrarias a los más elementales derechos humanos. De garantizar la igualdad entre la cultura liberal-democrática occidental y la musulmana, se pasó a tolerar en los espacios públicos, incluidos los escolares, actitudes y comportamientos incompatibles con las libertades individuales. Esa excesiva tolerancia propició que en lugar de producirse una cierta integración entre ambas culturas, se gestara un caldo de cultivo óptimo para la radicalización extrema de una parte de la juventud musulmana contra la civilización en la que se han criado y educado. El título del libro es bastante revelador, ya que el desencanto le surgió a su autor porque esas políticas multiculturales han sido diseñadas y puestas en práctica por los partidos de la izquierda a los que él mismo perteneció y defendió contra los ataques de los grupos de extrema derecha.

En el libro cuenta Andrew Anthony que cuando él era niño vivía en un barrio londinense de familias inglesas de nivel económico muy bajo, junto a otras musulmanas e indias sin que jamás existiera ningún problema de convivencia ni de rechazos excluyentes por cuestiones culturales y religiosas. Sin embargo, desde el momento en que los gobiernos laboristas pusieron a disposición de las familias inmigrantes bloques de apartamentos subvencionados en ciertos barrios londinenses, lugares de culto religioso especializado para cada cultura y, sobre todo, desde el momento en que se aceptó el derecho que tenían los niños a recibir adoctrinamiento religioso, pagando con dinero público los gastos que esa política multucultural generaba, surgieron los guetos étnicos y culturales en los que se fomentaba el odio contra el resto de ciudadanos que pertenecían a etnias y a culturas diferentes, especialmente contra la hegemónica, que obviamente era la cultura basada en los principios cristianos. Ese peligroso caldo de cultivo fue aprovechado por ciertos imanes para azuzar en los jóvenes musulmanes, la mayoría de ellos con una historia prolongada de fracaso escolar, en situación de paro, o con empleos muy precarios, el odio hacia las leyes y los principios que, según esos imanes, eran la raíz de todos sus males. Y mientras eso sucedía, lo políticamente correcto de una izquierda desnortada consistió en mirar para otro lado, argumentando que ser demócrata consiste en respetar todos los valores por igual, aunque algunos (como es el caso de los que defienden los yihadistas) tengan como último objetivo llevar a cabo acciones terroristas tan monstruosas como las de las torres gemelas en Nueva York, las de la estación de Atocha en Madrid, o la última y más reciente acaecida en Barcelona, por citar solo unas pocas.

Ese proceso del surgimiento de los guetos sociales ha sido analizado por infinidad de sociólogos, en tanto que fenómeno habitual y fácil de comprobar empíricamente, y todos coinciden en afirmar que las familias inmigrantes que forman parte de una misma cultura (sobre todo, religiosa), o que proceden de un mismo país, tienen tendencia a agruparse en unos determinados barrios muy concretos, saturados de congéneres de una mista etnia y cultura, como un recurso para sentirse arropados y protegidos contra las exclusiones que, según sus percepciones, provienen de los grupos sociales pertenecientes a la cultura hegemónica. Si, además de esa tendencia natural, las políticas sociales las enfatizan como ideales, los guetos son cada vez más selectivos, lo cual propicia lo contrario de lo que los teóricos de la interculturalidad defienden. Por regla general, son los barrios más degradados y en los que los alquileres de las viviendas son más baratos. Obviamente, la principal razón de instalarse en esas barriadas es económica, ya que sus salarios suelen ser muy bajos y en muchos casos ni siquiera tienen un trabajo, pero no es la única.

Otra razón muy explicativa de ese fenómeno social es la sensación de sentirse excluidos e incluso mal vistos por parte de la mayoría de la población del país al que han emigrado. Como consecuencia de esa percepción, optan por vivir lo más cerca posible de sus compatriotas, ya que ello les permite recibir el consuelo y la ayuda de sus congéneres en los casos de emergencia, o incluso les permite defenderse de manera colectiva de las agresiones de los grupos de nativos xenófobos e intransigentes, amén de las ventajas que posee poder encontrar en ese entorno bares, cafeterías y comercios regentados por personas que hablan su misma lengua y que comparten los mismos rituales culturales y religiosos.

Cuando terminé mis estudios universitarios me marché a trabajar a Francia como lector de español en una universidad pública y durante los tres años que permanecí en ese país pude comprobar que los emigrantes españoles solían vivir en los mismos barrios, que los jóvenes se encontraban los fines de semana en la misma plaza para marchar en grupo a los lugares de ocio regentados por españoles, que las familias frecuentaban las mismas cafeterías y que los lugares de reunión por excelencia eran las iglesias católicas dirigidas por curas españoles. Aunque mi situación social y económica no era semejante a la de aquellos jóvenes españoles emigrantes, yo me sentía mucho más integrado y seguro de mí mismo frecuentando los mismos lugares que el resto de mis compatriotas y divirtiéndome con ellos, aun sabiendo que con esa costumbre era prácticamente imposible que mi francés se perfeccionase.

A la vista de esa situación típica de las familias inmigrantes y de las políticas sociales que la propician, no hay que ser unos linces para inferir que las escuelas públicas situadas en los barrios donde hay una gran saturación de familias inmigrantes no tienen otro remedio que convertirse en guetos multiculturales sesgados. Digo sesgados porque en esos colegios públicos abundan los alumnos inmigrantes con diferentes etnias y culturas, pero prácticamente ningunos de familias españolas. No cabe duda de que las causas de ese sesgo cultural son muy complejas, pero la más determinante es la política educativa que concede prioridad para la escolarización de los niños en los colegios públicos a la proximidad del domicilio familiar y a las bajas rentas económicas. Como las familias que habitan esos barrios donde abundan los emigrantes suelen tener más hijos que las familias españolas y su nivel económico está muy por debajo de la media, es perfectamente lógico que los colegios públicos ubicados en dichos barrios se conviertan en auténticos guetos, ya que es muy difícil que los niños de las familias españolas sean admitidos al superar sus ingresos económicos a los de las familias inmigrantes. Obviamente, otro factor que contribuye a ese sesgo cultural de dichos colegios es el rechazo de los padres autóctonos a escolarizar a sus hijos en centros educativos donde la excepción es la existencia de alumnos españoles.

No sé qué tipo de políticas sociales convendría implementar para mejorar la convivencia entre la cultura liberal occidental y la musulmana, pero tengo muy claro que es imprescindible la apertura de un profundo debate para evitar la perversión ética de la política identitaria a que nos ha conducido un multiculturalismo que en lugar de ser un medio para liberar a las minorías de los prejuicios de la mayoría y para consensuar líneas rojas que nadie pueda saltarse alegando la autonomía de los valores de su cultura de procedencia, ha terminado convirtiendo a los individuos en prisioneros de sus grupos identitarios, fáciles de ser manipulados por líderes religiosos cegados por el odio hacia quienes no creen en sus dioses. Para una sociedad liberal y democrática, eso no solo es una ironía, sino que además es un daño mucho más difícil de reparar a medida que pasa el tiempo. Por ello, entiendo que ha llegado la hora de desenmascarar a los grupos políticos y a los “intelectuales” que siguen apoyando unas políticas multiculturales cuyo fracaso más evidente son los miles de muertos y de heridos inocentes que han sido masacrados por unos islamistas radicales en nombre de su dios.

RAJOY ES UN TRAIDOR, UN COBARDE O UN INÚTIL O LAS TRES COSAS

24 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Ante los graves sucesos ocurridos en Cataluña, y la total obstrucción por parte de los políticos separatistas y su brazo armado, los mozos de escuadra, a la leal colaboración del CNI, la guardia civil y la policía nacional, me asalta la duda de si Rajoy no será un traidor, un cobarde o un inútil… O las tres cosas.

En efecto, hemos tenido un ¿gobierno? Ausente, de vacaciones, pasando de todo, y sin hacer nada de provecho, además de salir en las fotos y sentir mucho lo sucedido. Como todo el mundo.

Lo cierto es que nuestro todavía Presidente del Gobierno dispone de amplios poderes para afrontar una situación de crisis como la actual, que afecta a la seguridad pública: la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

¿O es que alguien duda de que estamos ante una grave crisis, con atentados que pueden reproducirse pronto, y que rápidamente terminarían con la primera industria nacional, el turismo, por no hablar de las decenas o cientos de muertos que, Dios no lo quiera, podríamos sufrir…?

Voy a transcribir a continuación algunos apartados de la Ley, y que cada cual opine lo que estime oportuno. Pero para mí resulta obvio que el presidente ha hecho dejación de sus funciones, constitucionales y legales.

A un gobernante se le elige o nombra para que gobierne, y más en situaciones de crisis, no para que contemporice con todos y, sobre todo, con los independentistas catalanes.

Dice la Ley en su preámbulo: “…la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional…”.

Componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, art. 9, 2: “Los Servicios de Inteligencia e Información del Estado, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad Nacional, proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización”.

  • Pero la Generalidad catalana se ha negado, en forma reiterada y sistemática, a colaborar…
  • Y el Presidente del Gobierno no ha hecho nada.

El art. 15 establece que corresponde al Presidente del Gobierno:

a). Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional.

c). Declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional.

– Si esta no es una “situación de interés”, ¿cuándo piensa el Presidente que estaremos en ese trance…?

Art. 24. Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional:

“1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. (El Presidente no ha hecho absolutamente nada).

La declaración incluirá, al menos:

d). El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.

  1. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes (la Generalidad catalana y los Ayuntamientos de toda Cataluña, por ejemplo) de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia los Mozos de escuadra y la Guardia urbana), para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación.
  2. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional”.

– Rajoy no ha hecho absolutamente nada, pasando de todo.

Consiguientemente, y repito: ¿Rajoy es un traidor, un cobarde o un inútil…? O las tres cosas.

LLAMAMIENTO A LOS JUBILADOS PENSIONISTAS DE ESPAÑA

24 Ago

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Mientras los directivos de las entidades financieras se blindan con pensiones multimillonarias, a costa de los impositores; mientras los políticos se blindan con la pensión máxima de la seguridad social con solo dos legislaturas (8 años), el resto de los ciudadanos disfrutamos de una pensión decreciente, y encima con la espada de Damocles, permanentemente, de la viabilidad o más bien inviabilidad del sistema público de pensiones…

No se ha producido reacción alguna con el fraude que supone la irrisoria subida del 0,25%, cuando el IPC supera el 1,5%.

Tampoco se alza ninguna voz, y si se alza es silenciada rápidamente (como espero sucederá con este artículo), cuando todos los días se nos está alertando de que el sistema actual es inviable.

No se queja nadie, ante la pasividad de los componentes representativos de la democracia, que en realidad solo representan a las cúpulas de los partidos políticos que les han cooptado a dedo…

El denominado Pacto de Toledo está más muerto que vivo, y la inaninidad de la ministra de empleo y de la seguridad social (más bien ministra del paro), no augura nada bueno. Estos señores del PP por lo visto piensan que los problemas se solucionan escondiéndolos debajo de la mesa, o haciendo como que no existen.

La hucha de las pensiones ya está vacía, y aunque es verdad que quedan unos pocos miles de euros, ese dinero se adeuda al Estado, pues recientemente hizo un préstamo (sin intereses, espero), por un importe similar al de los fondos existentes en el sistema, para evitar su “vaciamiento”, dentro de esta realidad virtual en la que vivimos actualmente. (Es decir, si yo tengo mil euros, pero pido mil euros prestados al banco, que algún día tendré que devolver, parece obvio que en realidad no tengo nada, pues todo lo que tengo lo adeudo. Pues eso mismo es lo que sucede con la famosa hucha o fondo –sin fondos- de la seguridad social…).

Este años vamos a pasar de los diez millones de pensionistas, entre jubilados e inválidos permanentes, y todos estamos afectados por esta situación de incertidumbre, preocupación y precariedad, ante el temor a perder nuestra principal, por no decir única, fuente de subsistencia, viendo además como cada día va disminuyendo nuestro poder adquisitivo.

Quiero destacas dos situaciones denunciadas por MANOS LIMPIAS y a las que no se ha dado la trascendencia y relevancia que merecen:

La primera situación se refiere al “copago” farmacéutico, y la segunda a que es un contrasentido que se aplique el “Impuesto sobre la renta de las personas físicas”, IRPF, a los pensionistas…

Se les cobra un impuesto como si estuvieran trabajando, y sus rentas procedieran de una actividad laboral, cuándo lo que estamos cobrando son unas prestaciones a las que tenemos un legítimo Derecho, después de una vida dedicada a trabajar, por cuenta propia o ajena.

Y lo mismo sucede respecto al “copago” farmacéutico. Después de toda una vida cotizando a la seguridad social, y en muchas ocasiones habiendo utilizado muy poco el sistema sanitario, ahora, cuando llegamos a edades avanzadas que necesitamos medicinas, asistencia, etc., hay que pagar por todo o casi todo, puedas o no puedas, recibas una pensión mísera o la más elevada del sistema, tenga patrimonio o no. Me parece una auténtica afrenta, que los jubilados no merecemos, pues gracias a nuestro trabajo, esfuerzo y ahorro, España ha llegado a ser una de las primeras potencias del mundo.

Si el gran colectivo de casi diez millones de pensionistas permanentes no reaccionamos, las consecuencias de esta pasividad serán irreversibles, pues la casta política seguirá legislando en contra nuestra, pisoteando los derechos adquiridos y nuestra dignidad, tanto personal como laboral o funcionarial.

Urge que el gobierno, a través de un nuevo Pacto de Toledo, o de forma conjunta los principales partidos políticos, garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas e inválidos, mediante incrementos de las pensiones similares al Índice de precios al consumo, IPC.

No podemos conformarnos con el “chocolate del loro” del 0,25%, que es una auténtica burla y una afrenta, y mucho menos con la “propina” de los viajes del Inserso, que no dejan de ser un engañabobos, para intentar conseguir nuestros votos, cuando falta lo principal: el respeto y la dignidad, no darnos migajas, como a los pobres en las puertas de las Iglesias.

Hay que ser más realistas y defender, dentro de los cauces del Estado de Derecho, por supuesto, nuestro derecho fundamental a unas pensiones dignas.

Catorce especialistas solicitan al Salud que aplace su jubilación

24 Ago

Diez lo hicieron en la primera tanda y otros cuatro en la segunda-

Fasamet  se queja de discriminación

En las últimas semanas, los especialistas aragoneses han aumentado su interés en acogerse a la opción ofrecida por el Departamento de Sanidad de aplazar su jubilación y prolongar su vida activa. Según datos oficiales, cuatro profesionales han solicitado acogerse a esta vía desde que, el pasado mes de junio, la Administración decidiera ampliar esta posibilidad a médicos de siete especialidades –Dermatología, Otorrinolaringología, Pediatría, Urología, Cirugía General, Reumatología y Medicina de Familia– tras haberlo hecho anteriormente, en abril, con otras seis –Anestesiología, Anatomía Patológica, Cardiología, Traumatología, Ginecología y Radiodiagnóstico–.

Según Sanidad, las peticiones que se han hecho en la segunda tanda corresponden a médicos de familia (2), Cirugía General (1) y Pediatría de Atención Primaria (1). En la primera ya lo habían solicitado 2 profesionales de Radiodiagnóstico, 3 de Anestesiología, 2 traumatólogos y otros tres especialistas de Cardiología. En total, Sanidad cuenta con 14 peticiones.

Leandro Catalán, Presidente de Fasamet

Ayer, el sindicato de médicos de Atención Primaria Fasamet reiteró su deseo de que la Administración reconsidere su decisión de no permitir la solicitud de prolongación de la vida activa a galenos que ya se hayan jubilado este año antes de la entrada en vigor de la extensión de la medida. «No sabemos si jurídicamente es viable, pero lo que tenemos claro es que estamos ante una discriminación porque hay profesionales interesados en seguir en activo a los que no se les está permitiendo», lamentaron desde el colectivo, que, además, criticó que la opción otorgada a los médicos de familia haya llegado «tarde».

Origen: Catorce especialistas solicitan al Salud que aplace su jubilación – Aragón – El Periódico de Aragón

Malestar por un curso sobre cuidados con homeopatía a enfermos de cáncer

24 Ago

El Colegio de Médicos ha pedido dos veces que se cambie el título del programa formativo por inducir a error.

Frascos con medicamentos homeopáticos, en un laboratorio de Zaragoza.Víctor Lax/Heraldo

Un curso titulado ‘Cuidado del paciente oncológico con homeopatía’, que organiza la Sociedad Científica de Homeopatía de Aragón y que se impartirá el 28 de octubre en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, sigue generando polémica.

El malestar comenzó hace unos días, cuando el programa de formación fue anunciado en la página web de la Sociedad Española de Medicina Homeopática y algunos colegiados y asociaciones mostraron, sobre todo a través de las redes sociales, su desacuerdo con el mismo. La controversia llegó al Colegio de Médicos, que decidió pedir a los organizadores que cambiaran la denominación de la sesión formativa ya que, tal y como estaba formulada, podía inducir a error. “La alternativa que les propusimos desde el Colegio –explicó ayer la presidenta, Concha Ferrer– fue ‘Cuidados complementarios con homeopatía del paciente oncológico’, un título que consideramos se ajusta mejor al contenido y al planteamiento de la sesión y evita confusiones y malos entendidos sobre la reunión”.

Ferrer aseguró que los organizadores se comprometieron a hacer esta modificación, pero en la página de internet aún seguía anunciándose ayer con su título inicial, por lo que desde el Colegio volvió a pedirse su cambio.

Postura del Colegio

Concha Ferrer, Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza recordó que en la institución colegial hay una sección de homeopatía y que la asociación aragonesa reserva el salón del Colegio para celebrar sus reuniones anuales. El problema con que se han encontrado este año es que, aprovechando la reunión anual, la Sociedad Científica de Homeopatía de Aragón ha organizado también un curso cuyo contenido el Colegio desconocía porque no fue comunicado antes de ser difundido en la página web de la Sociedad Española de Homeopatía.

Ante el malestar mostrado por algunos colegiados, la presidenta subrayó que la postura que mantiene la institución con respecto a la homeopatía es clara: “La homeopatía no puede interferir ni sustituir un tratamiento prescrito por el oncólogo o médico especializado”, dijo. Asimismo, apuntó que debe explicarse al enfermo de cáncer que la homeopatía no ejerce una acción curativa. “Puede administrarse –dijo– como terapia complementaria que, en ocasiones, puede ser una ayuda para que los pacientes enfrenten mejor la enfermedad”.

En realidad, e independientemente del título más o menos afortunado del curso, este es el enfoque previsto para la sesión anunciada para octubre. En la web mencionada, se detalla que el doctor Jean-Lionel Bagot presentará en su conferencia las principales indicaciones de la homeopatía en oncología, a lo largo de las diferentes etapas de la enfermedad: en el momento de su diagnóstico, en la intervención quirúrgica, durante la quimioterapia, la radioterapia, hormonoterapia, y el post-tratamiento. “La homeopatía –se recoge textualmente en la página que anuncia el curso– tiene su lugar en el acompañamiento de los efectos secundarios y en la mejora de la calidad de vida del paciente”.

Control de los medicamentos

Ferrer explicó que en otros países esta complementariedad entre los tratamientos médicos y la homeopatía se estaba dando ya. “Hay hospitales en Europa en los que el oncólogo y el homeópata trabajan juntos, ya que la homeopatía puede ayudar a suavizar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos”, dijo.

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Médicos reconoció que este asunto es complejo y se refirió al hecho de que la práctica de la homeopatía la puede ejercer tanto un médico como el ciudadano que abre una herboristería. “Por ello, desde las asociaciones y colegios médicos –dijo– llevamos tiempo pidiendo que se controlen de manera rigurosa los medicamentos homeopáticos”.

En cualquier caso, reiteró la necesidad de que se modifique el título de la sesión. “Hay que evitar inducir a error en cuestiones, como los tratamientos oncológicos, tan delicadas, y a la vez, dirigidas a un sector de pacientes especialmente vulnerables”, dijo.

Menos comprensiva se mostró la delegación zaragozana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) quien rechazó que se organice este curso en la sede de la organización colegial. Para la AECC, la homeopatía es un asunto muy “polémico” y recordó que la medicina debe tener siempre un respaldo científico. “Si no lo tiene, para nosotros no es válido”, dijo un portavoz de la asociación.

Origen: B. Travesi Malestar por un curso sobre cuidados con homeopatía a enfermos de cáncer | Noticias de ARAGÓN en Heraldo.es

Condena de 354 millones por no advertir del riesgo tumoral en sus polvos de talco

24 Ago

Un tribunal de cuentes de los Ángeles ha condenado a una compañía farmacéutica con una multa de a 417 millones de dólares por considerarla responsable de un cáncer de ovario terminal diagnosticado a una mujer de 63 años, y apuntar a que no advirtió adecuadamente del riesgo asociado al uso de sus productos con talco.

La compañía estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ha sido condenada por un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, a pagar hasta 417 millones de dólares (354 millones de euros) al considerar que el grupo es responsable de un cáncer de ovario terminal diagnosticado a una mujer de 63 años, y apuntar a que no advirtió adecuadamente del riesgo asociado al uso de sus productos con talco, según informa el diario Los Ángeles Times.

En concreto, la empresa deberá indemnizar a la víctima con 70 millones de dólares (59,5 millones de euros) y a abonar otros 347 millones de dólares (295 millones de euros) en concepto de multa por ‘daños punitivos’.

Más demandas pendientes

Solo en California existen más de 300 demandas pendientes y hasta 4.500 denuncias teniendo en cuenta todo el país, donde se acusa al gigante de que sus productos con polvo de talco, especialmente el Johnson’s Baby Powder, son cancerígenos y que, además, ha ignorado numerosos estudios que así lo vinculan.

Por su parte, la compañía ha anunciado que apelará contra el veredicto de este caso y ha defendido la seguridad de sus productos.

Origen: Condena de 354 millones por no advertir del riesgo tumoral en sus polvos de talco – DiarioMedico.com

En periodo de vacaciones seguiremos a medio gas

12 Jul

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Estamos de vacaciones pero seguiremos pendientes de las noticias importantes y de los boletines oficiales y de la web del Salud. Funcionaremos a medio gas con una periodicidad variable.

La oferta de empleo sanitario, por fin

23 Ago

El Presidente de Aragón Javier Lambán y el Presidente Español Mariano Rajoy se han puesto de acuerdo.

Por fin se ha desbloqueado la Oferta Pública de Empleo de efectivos sanitarios en Aragón, con un total de casi 1.500 plazas. El proceso, inicialmente recurrido por el Estado, se ha podido poner en marcha tras el acuerdo en la comisión bilateral. Salvado el escollo político, las plantillas sanitarias en la comunidad conseguirán reducir la eventualidad del sector en el 2020 al 8%, frente al 30% actual. Dotar a la Sanidad pública de los recursos y con las condiciones laborales necesarias es una necesidad para la adecuada atención a los usuarios.

Aragón certifica el desbloqueo de las 1.483 nuevas plazas sanitarias

La medida permite acumular cerca de 900 puestos para enfermeros y más de 500 para especialistas. DGA y sindicatos acuerdan una convocatoria que se aprobará en septiembre tras ceder el Estado

Por segunda vez, Aragón aprobó ayer la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria de 1.483 plazas sanitarias en el Salud. DGA y sindicatos certificaron ayer, en mesa sectorial, el desbloqueo de una oferta que quedó paralizada tras el recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional y reactivada tras la reunión, a finales del pasado mes de junio, de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. La presión ejercida por los sindicatos, que llegaron a amenazar, incluso, con la posibilidad de una huelga, fue determinante para que la OPE haya vuelto a salir adelante.

El visto bueno otorgado al acuerdo se confirmará en septiembre con la aprobación definitiva, en Consejo de Gobierno, de la oferta de empleo, mientras que los exámenes se celebrarán a lo largo del primer trimestre del 2018. «Este acuerdo es fundamental para la aprobación definitiva de la oferta de empleo y pretende dar estabilidad a la plantilla del Salud, consolidando plazas ya existentes de carácter estructural ocupadas por personal interino», indicaron ayer desde el Departamento de Sanidad.

En su conjunto, la Oferta Extraordinaria de Empleo Público comprende 1.401 plazas de acceso libre, 77 para el turno de discapacidad y 5 para víctimas del terrorismo. «Está previsto que la aprobación definitiva se lleve a cabo en el Consejo de Gobierno del próximo 4 de septiembre y, a partir de entonces, el Salud irá convocando esas plazas», indicó ayer el gerente del Salud, Javier Marión.

POR COLECTIVOS // De las 1.483 plazas, 437 se ofrecerán al colectivo de enfermeros –el que disfrutará de una mayor oferta– mientras que otras 266 serán de médicos especialistas y 238 para Técnicos Auxiliares de Enfermería. Sin embargo, en los casos en los que ya se habían convocado en el BOA las ofertas ordinarias correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, las plazas aprobadas ahora se sumarán a aquellas.

De este modo, las previstas para médicos especialistas se sumarán a las 234 de la oferta ordinaria de empleo, lo que permitirá incrementar en 500 el número de efectivos sanitarios especializados. Algunas especialidades se convocarán por primera vez en Aragón.

Anestesiología y Reanimación (50), Radiodiagnóstico (43) y Cirugía Ortopédica y Trauma (34) son las especialidades que contarán con una mayor oferta acumulada por el sumatorio final de plazas, cuya convocatoria se publicará a lo largo del mes de septiembre. Precisamente, los anestesistas conforman, en la actualidad, el colectivo más numeroso de especialistas que trabajan en el Salud, con 217 profesionales en plantilla orgánica. Médicos de urgencias hospitalarias (159) y el personal de Obstetricia y Ginecología (141) son los siguientes.

Fuentes del sindicato médico Cemsatse aclararon ayer a sus afiliados que aquellos que ya presentaron la solicitud en tiempo y forma no tendrán que volver a hacerlo. «En las categorías donde ya se haya lanzado alguna oferta de empleo, vamos a acumular las plazas y, en las que no, tenemos tres años para incorporarlas a las ofertas ordinarias que se vayan poniendo en marcha en próximas convocatorias», insistió Marión.

Asimismo, la aprobación de la OPE permitirá la creación de 861 plazas de enfermería, de las que 664 serán de turno libre y 197 de promoción interna; así como 883 de técnicos de auxiliar de enfermería (735 turno libre y 98 promoción interna).

ESPECIALIDADES // Cemsatse recordó que en las ofertas anteriores no se convocaron plazas para Análisis Clínicos y Bioquímica, Endocrinología y Nutrición, medicina Física y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública, Psicología Clínica, Radiofísica Hospitalaria, Reumatología y Urgencias hospitalarias. «Se efectuará la convocatoria también en septiembre, pero la Administración se ha comprometido a que los exámenes de estas especialidades sean los últimos de todos», indicó el sindicato. En Cirugía Torácica, Inmunología y Medicina del Trabajo no hay plazas para convocar.

En principio, la Administración maneja como fecha de exámenes del 1 de febrero al 15 de marzo. En el caso de Urgencias Hospitalarias, dado que el volumen de plazas es de 72, probablemente será más tarde, quizá en mayo.

Las 1.483 plazas incluidas en la OPE extraordinaria forman parte del acuerdo por el empleo firmado en el 2014 para reducir la eventualidad en las plantillas.

La eventualidad pasaría del 30% al 8% en apenas tres años

La plantilla actual del Salud la componen alrededor de 18.700 personas. Cuando finalicen los procesos en marcha se quedará en el 15%

El acuerdo y la próxima aprobación de la oferta extraordinaria de empleo pública, junto a la celebración de los procesos que ya se encuentran en marcha, permitirá reducir más de un 20% la eventualidad en el personal sanitario aragonés. Según fuentes sindicales consultadas por este diario, el personal temporal del Salud supone ahora el 30% de la plantilla total, integrada por alrededor de 18.670 trabajadores. Cuando acaben este proceso y el resto que se encuentran activos, este porcentaje se reducirá hasta el 15%, mientras que en el 2020 debe quedar por debajo del 8% según lo acordado entre Administración y sindicatos. «Esta oferta sitúa a Aragón como la comunidad autónoma más adelantada en la reducción de la temporalidad en la sanidad española», aseguró ayer CCOO.

Además de la oferta extraordinaria acordada, este sindicato destacó que la Administración aragonesa «está en disposición de realizar otra gran convocatoria para rebajar la actual temporalidad en el sector sanitario en un 14%, con una oferta total de 4.092 plazas».

En ese sentido, el Salud compartió esa satisfacción por la «importante reducción de la temporalidad», lo que «consolidará el empleo de forma sustancial en todos los ámbitos, también en los hospitales más pequeños, lo que redundará también en una mejor asistencia», apuntó el gerente Javier Marión.

PRECARIEDAD // CSIF también subrayó la relevancia del acuerdo de cara a aumentar el volumen de plazas en propiedad y, por consiguiente, rebajar la eventualidad. «El acuerdo por el empleo del 2014 avanza en el camino de la eliminación de la precariedad laboral en el ámbito sanitario público, lo que viene a dar la razón a los sindicatos que lo firmamos», expuso.

Según publicó, hace dos años, el propio Departamento de Sanidad, los médicos contratados eventualmente para trabajar en los hospitales aragoneses lo son por una duración media de cuatro meses. Así, desde comienzos del 2014 hasta el 31 de agosto, se incorporaron 718 profesionales a los hospitales de la comunidad, de los cuales 73 llegaron mediante procesos de movilidad voluntaria –concursos de traslados– procedentes de otras regiones.

La duración media de los 645 restantes fue de 118 días, es decir algo menos de cuatro meses. Por su parte, el contrato con más duración fue de 243 días y el de menor duración lo fue de un solo día.

El anterior consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y los sindicatos acordaron reducir la temporalidad hasta alcanzar el 8%, un propósito que el actual Ejecutivo autonómico también ha apuntado como uno de sus principales objetivos. Así lo ha expuesto, en numerosas ocasiones, el actual consejero Sebastián Celaya.

Origen: J. OTO Aragón certifica el desbloqueo de las 1.483 nuevas plazas sanitarias – Tema del día – El Periódico de Aragón ,  La eventualidad pasaría del 30% al 8% en apenas tres años. El Periódico de Aragón y La oferta de empleo sanitario, por fin. El Periódico de Aragón