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EL PPPSOE QUIERE HACERNOS A TODOS FUNCIONARIOS

20 Mar

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Cualquier persona medianamente normal piensa, y con razón, que en España sobran empleados públicos en todas las administraciones, a excepción de sanidad y educación.

Es algo tan obvio que sólo hay que darse una vuelta por cualquier organismo público para ver como se “trabaja”. A algunos amigos míos, que son funcionarios, tengo que ir a buscarlos a los bares próximos a su lugar de “trabajo”…, donde pasan la mañana, entre café y café.

Los más honrados te dicen que no hay nada que hacer, que está prácticamente todo parado, por la falta de dinero, y otros te espetan: ¿qué pasa, que yo no tengo derecho a ir a desayunar, o qué?, y lógicamente te tienes que callar, sobre todo si quieres continuar siendo amigos.

Pues bien, a RAJOY MONTORO, CHAPUZAS Y DERRIBOS, no se les ha ocurrido otra brillante idea que aumentar los empleados públicos en 300.000, a razón de 100.000 al año, durante 2017, 2018 y 2019…, a ver si con un poco de suerte pasamos de los cuatro millones el año 2020.

Y así, de paso, disminuye el número de parados, ya que es mentira que las empresas privadas estén aumentando el empleo. Lo único que aumenta son los contratos de mierda, a tiempo parcial, por horas, y a veces hasta por minutos, pero que estadísticamente vienen muy bien para hacer ver que las cosas están cambiando a mejor.

Siempre se ha dicho que si necesitas un mentiroso, busca a un estadístico.

A las estadísticas se les puede hacer decir lo que uno quiera. Todo depende de como se interpretan.

Si aumenta el número de parados, por ejemplo, se dice que es cierto –las verdades es difícil negarlas-, pero que el número es inferior al de años anteriores, por lo que resulta evidente que la situación va a mejor.

O si la seguridad social no tiene dinero para pagar las pagas extraordinarias, se explica que ello es consecuencia del incremento del número de jubilados, y de las elevadísimas pensiones de las que disfrutan, pero nunca reconociendo la situación de quiebra del sistema, faltaría más.

Es decir, vivimos en una “realidad virtual”, que no tiene nada que ver con la auténtica realidad, que es aquella que cualquiera de nosotros puede detectar, simplemente saliendo a pasear por las calles, entrando en los bares y oyendo las conversaciones ajenas… Sí, ya se que es de mala educación, pero en mi caso no es ningún problema, pues en Zaragoza todos hablamos gritando, con lo cual lo realmente difícil sería no escuchar lo que dicen los demás.

En resumen, todas las empresas privadas están reduciendo sus plantillas, a pasos agigantados, como consecuencia de la informatización, la externalización de muchas actividades, la subcontratación, etc., menos las administraciones públicas, que dan acomodo a nuevas levas de futuros empleados públicos, normalmente entrados por la gatera, a través de interinidades, contrataciones temporales, suplencias, sustituciones, etc., y posteriormente convertidos en personal fijo, a través de concursos-oposición, o de simples concursos. O, simplemente, a dedo puro y duro.

Cómo me decía un Graduado Social del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿Quién soy yo para decirle a un Concejal que me niego a contratar a una persona que él me ordena que contrate…, por supuesto sin concurso público alguno? No quiero problemas, Agacho la cabeza, hago el contrato y el alta en seguridad social, y aquí paz y después gloria…

Comprendo que hay cientos de miles de personas que preguntan en sus respectivos partidos todos los días: ¿y qué hay de lo mío? Pues tranquilos, que habrá para todos.

Primero “colocaremos” a 300.000 mil y después, cuándo hayan dejado de estar enchufados en los organismos correspondientes, por haber pasado a ser funcionarios de carrera, nos veremos en la “obligación” de contratar a 300.000 interinos más, para cubrir el hueco que estos dejaron…

Y los contribuyentes que van a mantener todo este despilfarro, que se jodan, que para eso están.

¡Haberse hecho funcionarios, como nosotros!

IMPUTADO E INVESTIGADO SON SINÓNIMOS, PERO ACUSADO NO

13 Mar

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

.A propósito de la polémica en relación con la imputación del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, quisiera hacer algunas precisiones jurídicas o lexicológicas, que no es lo mismo, pero en este caso parece que sí.

En primer lugar diré que desconozco que formación tiene el presidente de Murcia, en el supuesto de que tenga alguna… Pero su comentario de días pasados en el sentido de que dimitiría cuando hubiera una “imputación formal” contra él, chirría por todas partes.

La palabra imputado ha desaparerizo de la legislación procesal penal, y por consiguiente de la práctica judicial. Ahora se le llama investigado, pero para el caso es lo mismo. Es la persona que tiene que dar cuenta de sus actos ante la justicia, con el acompañamiento coreográfico de un fiscal, y a veces ni eso, que la mayoría son de mesa camilla…

El investigado –antes imputado-, es una persona contra la que se presenta una querella, denuncia o se deduce testimonio por un determinado asunto, con apariencia presuntamente delictiva, para que de explicaciones de su actuación, o falta de ella, debidamente asistido por un abogado defensor, y con todos los derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a no decir nada que pueda involucrarle, e incluso a mentir, o por lo menos a decir solamente aquello que pueda beneficiarle. O incluso a no declarar absolutamente nada, que en boca cerrada no entran moscas…

Una vez practicada esa fase de la instrucción, el asunto pasa al fiscal y a los abogados de la acusación, particular, privada o popular, quienes pueden pedir el sobreseimiento del procedimiento, es decir su archivo, o la continuación del mismo, presentando en este último caso el denominado escrito de acusación, en donde se pide la celebración de juicio oral, se presentan los medios de prueba de que quiere valerse la acusación o acusaciones, se hace un breve relato de los hechos, se encuadran en un tipo del Código Penal vigente, se valoran las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren, se fija la responsabilidad civil, y se solicita la imposición de una determinada pena. (Todo esto explicado a grandes rasgos, se entiende, y sin profundizar en ello).

El magistrado ponente, en el caso de tribunales colegiados, o el juez de instrucción correspondiente, dictan un Auto de apertura del juicio oral, previa valoración del material incriminatorio presentado por el fiscal y/o los abogados de la acusación o acusaciones.

Y a partir de ese momento, el investigado (otrora imputado), pierde esa condición y pasa a ser el acusado.

¿Se refiere a esa situación el presidente de Murcia cuándo dice que él dimitirá cuando sea “imputado formalmente”? Yo creo que sí, aunque es posible crea que en ese momento es cuando se le imputa formalmente, pero en realidad lo que se hace es acusarle…

Y seguramente confiará en seguir manteniendo su virginidad delictual, habida cuenta de que la fiscalía depende del Ministerio de Justicia, acaba de sustituirse al fiscal superior, el propio ministro del ramo ha desautorizado expresamente a las dos fiscales que intervenían en el asunto, y no sigo más, que me pierdo…

LOS DELITOS DE ODIO, O LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS ADVERSARIOS IDEOLÓGICOS

9 Mar

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Los llamados delitos de odio hacen su entrada en nuestro ordenamiento penal de la mano del PP, faltaría más, siempre en su papel de tontos útiles del sistema, siendo ministro de injusticia un tal Ruiz Gallardón, fiscal de carrera, pero político de profesión.

En la reforma del Código Penal de 2015, teniendo el PP mayoría absoluta, encima, se introducen en nuestro ordenamiento jurídico estos delitos, que son utilizados como ariete para la persecución de los grupos políticos o ideológicos minoritarios, y la extensión, por tierra, mar y aire, del “buenismo político”, consistente en las imbecilidades de la etapa zapateril: todos somos hermanos (pero no primos), la tierra es del viento, y otras chorradas similares.

Consiguientemente se pretende perseguir a quienes mantengan o sostengan ideas contrarias a estos ideales masónicos de la sociedad. Una sociedad de los bienpensantes, pero que viven en urbanizaciones de lujo, sus hijos se forman en colegios de élite, alternan en clubs que son auténticos cotos cerrados, y no tienen ninguna relación con los inmigrantes o extranjeros, salvo como servicio doméstico, y eso en el mejor de los casos.

¡Así se puede ser solidario!

Sobre todo cuando no necesitas ninguna ayuda social, ni tienes que ver como se da preferencia a los extranjeros, antes que a los españoles de origen, para dar esos subsidios, subvenciones, prestaciones, comida, ropa, etc., por parte de las diversas administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales, que en realidad deberían llamarse gubernamentales a secas, pues todas viven mayoritariamente del dinero público.

La Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal de 1995 (el llamado Código Belloch, promulgado por el biministro socialista, de Interior y de Justicia), establece en sus artículos 510, 510 bis, 511, 512 y 515, numerosas penas, de hasta cuatro años de prisión, para quienes inciten, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo social o contra una persona determinada por motivos racistas, antisemitas, o relativos a la orientación e identidad sexual, pertenencia a una etnia determinada, nación, raza, etc.

En otras palabras, el bien jurídico protegido realmente es indeterminado e indeterminable, y queda al albur de cualquier fiscal o juez ávido de protagonismo social, o de “hacer méritos”, el acusar o condenar a cualquier persona que haga algún tipo de manifestación pública que se aparte de lo que podríamos llamar “políticamente correcto”.

Así ha sucedido, por ejemplo, con el llamado caso Blanquerna, o más recientemente con la organización Hazte Oír al recordarle a la sociedad algo tan obvio, y de derecho natural, como que un hombre es un hombre, y una mujer es una mujer…

O el caso de don Pedro Varela a quien secuestran quince mil libros que tenía a la venta en la Librería Europa, de su propiedad, en Barcelona, y todo el fondo de la Editorial Ojeda, también de su titularidad, dejando en la calle a varios empleados, entre ellos el propio Varela. (Supongo que así creerán que contribuyen a la mejora de la economía, disminución del desempleo, aumento de la recaudación fiscal, cotizaciones a la seguridad social, etc.).

Esta nueva “catalogación delictiva”, totalmente politizada, como puede entreverse, ha generado la creación de una nueva especialidad en las fiscalías, los llamados “fiscales contra el odio”, aunque hay quienes hablan de los “fiscales del odio”, cuya principal función, parece ser, es acabar con todos estos disidentes políticos, que se apartan del “buenismo zapateril”, que tanto éxito ha tenido en la reciente historia de España.

¿Hacia dónde nos lleva esta nueva legislación?

Pues nada menos que hacía la persecución penal y la criminalización de los que piensan diferente, que están en contra de la lenta pero constante –nueva- invasión de España por los musulmanes (espero que yo no esté delinquiendo ahora mismo, por ejemplo), la necesidad de priorizar a los españoles frente a los extranjeros a la hora de obtener empleos, prestaciones y ayudas sociales, si no queremos desaparecer como pueblo, etc.

Digamos que, al igual que en los regímenes comunistas (tal vez no estemos muy alejados de ellos) se persigue penalmente a los disidentes políticos, a los que hay que “reformar”.

Y, por supuesto, no puede negarse el holocausto judío en la segunda guerra mundial, pues ello es materia de fe. Es parte del dogma del nuevo orden mundial…

Se puede dudar de la existencia de Dios; podemos opinar si preferimos la república a la monarquía; también decantarnos por ser agnósticos o ateos…, pero lo que nunca podremos hacer es cuestionarnos la versión oficial de la segunda guerra mundial, por ejemplo, o que los comunistas no asesinaron a miles de sacerdotes y monjas católicas durante la guerra civil española. ¡Acojonante!

Espero que, con el tiempo, los jueces y tribunales atemperaran los efectos de esta nefasta legislación, pero no cabe albergar grandes esperanzas, sobre todo a la luz de sentencias extremadamente duras, como la del caso Blanquerna, por ejemplo. O la actuación manu militari contra la librería Europa y ediciones Ojeda…

En fin, y sin perjuicio de volver sobre el asunto, para no hacer este artículo excesivamente farragoso, soplan malos vientos para la libertad de expresión, la libertad de opinión e incluso la libertad ideológica, por lo menos si se pretende manifestarla públicamente. Vamos camino de una “dictadura de lo políticamente correcto”, ante el desinterés general, lo que no es de extrañar, en un pueblo compuesto mayoritariamente por ganado ovino, y algunos cabrones..

Se quiere acabar con la disidencia, el pensamiento independiente, las opiniones contrarias, etc., y para ello se utiliza el derecho penal. Como bien dice el catedrático don Francisco Javier Álvarez García en el Prólogo al Código Penal publicado por la editorial Tirant lo Blanch: “…sí esa reforma se caracteriza por algo es por la abrogación del Principio de Legalidad…”.

Y continua diciendo: “¿Qué escenario se nos puede presentar dentro de unos meses?… no es la mejora de la convivencia ciudadana lo que impulsa la reforma… no sólo es cuestión de completar lo más rápidamente posible el “paquete represivo”, sino de dificultar todo lo posible la “marcha atrás”… Así, pues, nos espera a los españoles un futuro incierto, también en esta materia. ¡Qué pueblo más desgraciado!”.

Pero de la misma forma que es imposible defender la virginidad de una puta vocacional con el Código Penal, creo que igual sucederá con el pensamiento libre y rebelde…

CIENTO SESENTA MIL MANIFESTANTES… A FAVOR DE QUE ESPAÑA MANTENGA A TODOS LOS EXTRANJEROS QUE QUIERAN VENIR

20 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Siento decirlo, pero la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo.

Yo solo doy aquello que me sobra; llámenme egoísta, pero es lo que hay.

O, aunque no me sobre, no me importa compartir con la familia, los parientes, los amigos, y con cualquier español que tirite de frio en una esquina, o no tenga algo que llevarse a la boca.

No hablo de mis aportaciones a otras personas, pues creo es demagógico e hipócrita. Creo que dice el Evangelio que lo que des con una mano no debe saberlo la otra, o algo parecido… Aquellas personas que se vanaglorian de lo mucho que ayudan a los demás, siempre me han parecido absolutamente falsas y presuntuosas. Como dice el refrán, dime de que presumes y te diré de qué careces. Pues eso mismo.

Leo hoy en la prensa digital que 160.000 personas se han manifestando en Barcelona a favor de los refugiados, y denunciando que en España “únicamente” se admite a un 30% de los que piden asilo o refugio. La verdad es que a mí la cifra me parece muy elevada, excesiva, y estoy seguro de que dentro de ese 30% se están colando algunos terroristas, maltratadores de mujeres e hijos de puta, en general. (En esto coincido con el Cardenal Cañizares, a quien casi todo el mundo puso a parir, a pesar de que tenía más razón que un Santo).

Cualquier persona normal sufre cuando ve a otros seres humanos pasándolo mal, pero seamos serios: España es un país mediano, de menos de 50 millones de habitantes, y en el mundo hay varios miles de millones de personas pasando hambre, necesidad, sin acceso a la educación, sanidad básica, etc. ¿De verdad pensamos que la solución es que vengan todos aquí…, a vivir de qué?

España tiene más de diez millones de jubilados e inválidos, seis millones de parados, etc., y realmente cada día se nos hace más cuesta arriba poder mantener nuestro menguado “estado de bienestar”, como para seguir acogiendo a todos los que vienen…, como los 498 que saltaron la valla de Ceuta hace unos días.

El problema de los refugiados tiene fácil solución: que esos 160.000 manifestantes acojan en sus casas a un refugiado, por supuesto a pensión completa: desayuno, almuerzo, cena y cama.

Pero no, da la casualidad de que muchos “solidarios” de boquilla lo único que quieren es que “papa Estado” se haga cargo del sostenimiento de todos los refugiados, de forma permanente, pues muchos han venido a vivir de nosotros, que no es lo mismo que con nosotros.

Hace unos días tuve que acudir a la sede central del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, a realizar una gestión. Había alrededor de cuarenta personas en el vestíbulo, y a excepción de media docena de gitanos, el resto de los peticionarios eran todos extranjeros, la mayoría musulmanes… Todos ellos cargados de hijos, faltaría más. Y beneficios de “nuestras” ayudas sociales, asistencia sanitaria gratuita, educación gratuita, subvenciones para el alquiler de viviendas, ingreso aragonés de inserción, y la biblia en verso.

Posiblemente hay muchos aragoneses tan necesitados o más que ellos, pero normalmente a los españoles nos da vergüenza pedir, por el que dirán, por si nos ve alguien, porque se acude a la ayuda de los familiares, padres jubilados, hermanos, y hasta de los hijos trabajando…

En ese caso, parece evidente que tendremos que opinar todos los españoles, no solo los 160.000 manifestantes. Y yo voto que no. Que se vayan por donde han venido, que aquí nadie les ha invitado.

O, alternativa y subsidiariamente, como decimos los juristas, que se obligue a todos y cada uno de los manifestantes a hacerse cargo de un refugiado, a pensión completa, y de forma permanente.

Seguro que a la próxima manifestación acudirían menos “solidarios”, pero con el dinero de los demás.

LA SENTENCIA DEL CASO NÓOS: DEMAGOGIA, POPULISMO E INJUSTICIA

17 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

         Tenía la vana esperanza de pensar que hoy iban a cambiar un poco las cosas, y que se impondría el Derecho sobre el estado de desecho en el que vivimos, pero no ha sido así.

         Como soy pesimista, la verdad es que me temía, más o menos, lo que ha sucedido.

         Una sentencia extremadamente benigna para el “Duque empal-mado” (le sale un año de prisión por cada millón mangado), más dura con su ex socio, que no tiene quien le proteja, y totalmente absolutoria, faltaría más, para la ex Duquesa pero todavía Infanta de España, la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia (omito cualquier tratamiento, pues a estas alturas, no creo que los merezca).

         Y, por supuesto, hay que guardar las formas, se absuelve también a la esposa del otro socio, más que nada por el que dirán…

         La noticia me ha sorprendido en una cafetería tomando el inevitable cortado de las mañanas, y la reacción del populacho allí congregado, oficinistas, parados de larga duración, jubilados, etc., me ha resultado francamente lamentable: se limitaban a leer en voz alta las penas en esa especie de tribunal popular que son las televisiones, en este caso concreto Antena 3, pero ni un comentario, ni una sola reflexión, ni mucho menos cualquier opinión, crítica o laudatoria, nada de nada.

         Es evidente que estamos ante un pueblo de borregos, y que ese pueblo tiene un pastor, que se llama Rajoy. Y un amo, que es la irreal familia Borbón, que llevan más de trescientos años, que se dice pronto, viviendo a cuerpo de rey –y nunca mejor dicho-, de todos nosotros.

         Hay un detalle morboso, irónico, o más bien satírico: la condena a MANOS LIMPIAS, el único acusador de la todavía Infanta de España (y de Suiza, pues vive allí, cerca de los dos millones de euros que dicen posee allí su padre) al pago de la totalidad de las costas para esta ciudadana, a la que, dicho sea de paso, creo que la mayoría de los españoles desearíamos no volver a ver más.

          Esas costas supondrán la abultadísima minuta del despacho de ese “padre” de la Constitución, supongo que putativo, que no voy a nombrar pues me dan nauseas. Un urdidor de enjuagues de todo tipo, retorcido como él solo, y un auténtico hijo de… su madre. Gran amigo del Emérito –dime con quien andas y te diré como eres-, y que asumió la defensa como un compromiso personal con el ex Rey, pero que ahora por lo visto pretende cobrar de MANOS LIMPIAS.

         ¡Pues cómo no les embarguen el Apartado de Correos, que creo es lo único que les queda!

         El “detalle” es muy significativo, y dice mucho de la mala uva de las tres magistradas, sin duda ávidas de hacer méritos, que son relativamente jóvenes, y supongo que con muchas ambiciones profesionales y personales, y hay que hacer “méritos” ante los Borbones, que al fin y al cabo son los que dirigen el “rebaño”.

         Como jurista, profesor de derecho, abogado, ensayista sobre temas legales, es decir, aprendiz de todo y maestro de nada, la sentencia me ha producido asco y ganas de vomitar. Y, por supuesto, mucha vergüenza ajena.

         El propio juez Castro, magistrado instructor de la causa, y por lo tanto profundamente conocedor de la misma, ya ha dicho “que no entiende la sentencia”. Y yo tampoco (obviamente salvando las distancias, pues yo soy un simple becario a su lado).

         Teniendo en cuenta que la Infanta disfrutó de dos abogados defensores, dada la incompetencia del titular, y de otros dos abogados en las personas del Fiscal y del Abogado del Estado, ¿deberá pagar el sindicato los salarios de todos ellos…?

         En ese caso, pido que se deduzca de nuestros impuestos el sueldo del Fiscal y del Abogado del Estado, a ver si así, por lo menos ahorramos algo, para poder devolverle a la ciudadana Borbón los gastos que ha tenido con este asunto.

         En fin, España es ansí. Lo dejo por hoy, sin perjuicio de volver sobre el asunto cuándo esté más calmado.

         Justicia a la española. Marca España.

ESPAÑA LE DEBE A MANOS LIMPIAS…

17 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

     Decía don Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, que la mejor forma de guardar un secreto es publicarlo en un libro, dada la tradición alergia de la mayoría de los españoles a leer…

         Y no le faltaba razón.

         Así hice yo, convencido de la bondad de la acción, al publicar como Epílogo de la tercera edición de “El Libro Negro de la Fiscalía Española” el texto que reproduzco a continuación, y que no es mío, sino que estaba colgado en la web de Manos Limpias, esa que fue retirada de internet al decretarse el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de su líder y secretario general, el abogado don Miguel Bernad Remón, con cuya amistad me honro.

         ¡Parece ser que había robado, presuntamente, una gallina!, y como muy bien dijo el presidente del consejo general del joder judicial (perdón, ha sido un error, quiero decir el poder), aquí sólo se persigue a los robagallinas, o a aquellos a quiénes el poder les tiene ganas.

         Como decía don Miguel Bernad en el Prólogo a la segunda edición:

         “Las sombras prevalecen indudablemente sobre las luces y es dentro de esta opacidad y oscuridad, que las decisiones importantes del Ministerio Público, se toman en petit comité, las actas no reflejan la realidad de los hechos, y los fiscales jefes son unos auténticos señores feudales.

         Dentro de las sombras cabe destacar las innumerables falsas denuncias de los menores y de las mujeres maltratadas, que no son investigadas en multiplicidad de ocasiones por la Fiscalía.

         Finalmente, queremos destacar lo que a nuestro juicio corrobora EL LIBRO NEGRO DE LA FISCALÍA ESPAÑOLA y las sombras que rodean a esta Institución: es el comportamiento del Fiscal Pedro HORRACH, convirtiéndose en el mejor defensor abogado y además gratuito (con el dinero de todos los españoles) de la Infanta Cristina de Borbón en el juicio Noos”.

         Y añade en el Prólogo a la tercera edición el texto siguiente, que suscribo totalmente:

         “Nadie discute la falta de independencia del Ministerio Fiscal, nadie discute su politización, nadie discute su jerarquización.

         El Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio del derecho de defensa de la legalidad y del interés público, y no quiere asumir que la acción popular, por mandato constitucional, está habilitada para defender la legalidad y el interés público.

         No acepta ni soporta el Ministerio Público que en cualquier proceso puede intervenir la acusación popular, que puede cambiar el criterio de los jueces o magistrados con su acusación, tan legítima como la de la Fiscalía, dio sea de paso, y para ello utiliza todos los mecanismos a su alcance para dificultar esa acción popular, como solicitar fianzas descomunales y desproporcionadas, sabedora además de la falta de recursos de quienes sostenemos dicha acusación popular…”.

(Prisión de Madrid IV, Navalcarnero, Madrid, diciembre de 2016).

           Y sigo con la transcripción ad pedem literae,, del texto que Manos Limpias tenía colgado en su web, que Dios quiera vuelva a lucir pronto en el ancho mundo de internet:

         “En España, cualquier ciudadano de a pie, sin ostentar ningún cargo de responsabilidad, esta sometido si comete algún delito a tener que comparecer ante los Tribunales y ser condenado si se demuestra la comisión del delito

         En España, los políticos, los empresarios, sindicalistas y los banqueros, en menor medida, pero también si cometen algún delito, están sometidos a los Tribunales

         En España, los jueces y magistrados, si cometen alguna falta administrativa, están sometidos al órgano de Gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, y si cometen algún delito también se les juzga y se les condena por sus compañeros de los Tribunales.

         En España, los Fiscales, el Ministerio Público, campan por sus anchas, y no se que clase de privilegios tienen, que les convierten en impunes en todas sus actuaciones. No conozco ni un solo caso de sanción o apartado de la carrera fiscal si cometen algún delito. (Sólo hubo un caso de expulsión de la carrera fiscal, posteriormente anulado por los tribunales, por “desobedecer” las órdenes del fiscal jefe provincial. Una vez anulada la sanción, la citada fiscal jefe, en lugar de ser cesada de inmediato, fue ascendida a fiscal superior…).

         En España, los Fiscales, son el prototipo de cuerpo jerarquizado, reciben órdenes de sus superiores. Acusan según convenga o no a sus superiores. No tienen autonomía para cumplir con el precepto constitucional del artículo 124: defensa del interés público y de la legalidad vigente.

         Los Fiscales, dictan resoluciones estereotipadas, sin la más mínima motivación, este es el ejemplo o muestra de lo que afirmamos:

         “Vista la denuncia efectuada por ese Sindicato, se decreta el archivo y puede proceder a reiterarla en el Juzgado correspondiente”.

         En multiplicidad de procedimientos penales, el Juez Instructor tiene que reiterar al fiscal que debe emitir el informe preceptivo, aunque no es vinculante.

         El Ministerio Público incumple en ocasiones la legalidad, como sucedió en el caso en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rodríguez Sol, se posicionó a favor del independentismo y no se le sancionó por esta acción.

         El Ministerio Público manifiesta que los ultrajes al Jefe del Estado, a la Bandera Nacional, y a las Instituciones Oficiales, no son delitos, y no le pasa nada.

         El Ministerio Público se permite insultar a los jueces que juzgaron al Juez Garzón en el procedimiento de la ley de memoria histórica y no le pasó nada.

         El Ministerio Público no acusa en el caso Atutxa y este fue condenado únicamente por la acusación de la acción popular, concretamente nosotros, Manos Limpias.

         El Ministerio Público no acusa en los procedimientos contra Baltasar Garzón, (Ley de memoria histórica; escuchas telefónicas a los abogados y mordida al ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín), y Garzón fue condenado por la acción popular de Manos Limpias.

         El Ministerio Público puede acusar falsamente, presentar querellas prevaricadoras y políticas contra la Letrada de Manos Limpias y de su Secretario General, y no le pasa nada.

         El Ministerio Público atiza permanentemente contra la Acusación Popular, por celos, puesto que quiere tener el monopolio en la defensa de la legalidad, e insta al Juez Instructor a no admitir querellas de la acusación popular, e imponer fianzas descomunales para impedir que la acusación popular pueda estar en los procedimientos, controlando y supervisando la actuación, muchas veces “política”, del Ministerio Fiscal.

         El Ministerio Público llega a pactos con imputados, con objeto de convertirlos en chivatos, pidiendo para ellos penas ridículas, e injustas, por la gravedad de los delitos…

         El Ministerio Público se ha convertido en el mejor defensor o abogado de un imputado, como es el caso de la Infanta Cristina de Borbón.

         El Ministerio Público interfiere en las pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

         El Ministerio Público ha sido retratado por el ex Fiscal don Ramiro Grau Morancho, quien define en su Libro Negro de la Fiscalía Española su actuación de la forma siguiente:

         “La mucha opacidad y grandes dosis de arbitrariedad con la que actúa, presuponen un riesgo para la seguridad jurídica, al poder ser utilizada la Institución para fines políticos partidistas y prestarse a que los delitos cometidos por los partidos gobernantes y sus dirigentes no sean debidamente investigados y sancionados”.

         Esta es la gran asignatura pendiente que tiene nuestro sistema constitucional y democrático.

         Mientras se siga manteniendo ese privilegio de impunidad, la sociedad española no tendrá la garantía de que estamos ante un verdadero Estado de Derecho.

         Si la ley es igual para todos, tal y como hemos demostrado con la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón, ésta debe también ser aplicada al Ministerio Fiscal”.

       Dicen que las deudas más importantes de la vida son las que nunca pagamos.

         ¿Alguien cree que ha pagado bien la deuda con sus padres, con algún buen amigo, que te ha dado cobijo y apoyo en situaciones difíciles, etc…?.

         Pues así nos sucede a los españoles de bien con MANOS LIMPIAS.

         Que nadie nos ha pasado al cobro factura alguna, ni lo harán nunca, pero somos conscientes de que tenemos una deuda con ellos.

         Quisiera que este artículo fuera mi modesta contribución al pago de una pequeña parte alícuota de esa deuda, por otra parte, totalmente impagable, por su magnitud.

         Como he dicho en alguno de mis artículos previos sobre el asunto: si MANOS LIMPIAS no existiera, TENDRÍAMOS QUE CREARLA.

EL CASO BLANQUERNA: ENTRE LA POLÍTICA Y LA INJUSTICIA

7 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor. Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

         Hace años, cuando era más joven, y posiblemente más tonto, o menos quemado por la vida, creía en la justicia humana. Ahora cada vez menos.

         Hoy por hoy sólo creo en la justicia divina, y con grandes dudas, pues viendo como va el mundo, presiento que Dios está de vacaciones una buena parte del año… Si, ya se: el libre albedrío, la libertad de cada cual y todas esas monsergas. Pero lo cierto es que la sociedad es tremendamente injusta, y cada vez más, por desgracia para todos.

         Uno de estos casos sangrantes, que más me han lastimado jurídica y moralmente, ha sido el caso Blanquerna, llamado así por haber sucedido una manifestación o escrache ante la biblioteca Blanquerna, que al parecer está situada en los bajos del edificio que alberga las dependencias de la Generalidad de Cataluña en Madrid.

         Por cierto que la calle Alcalá, 44, me trae alguna reminiscencia de la época franquista. ¿No estaba allí la Secretaría General del Movimiento…, o me equivoco de número? De cualquier forma, sino era el mismo edificio, no creo estuviera muy lejos.

         Leyendo, o más bien estudiando, detenidamente la Sentencia, sigo viendo bastantes cosas raras, que dan que pensar, y no bien, precisamente:

Folio 8: tras narrar lo sucedido, bastante exagerado, en mi opinión (yo vi la grabación en televisión; no se si es que ya sabían lo que iba a suceder y les estaban esperando, o fue por casualidad), dice así la Sentencia:

         “Tras poco más de un minuto, el mentado grupo, que exhibía banderas de España y de los partidos políticos aludidos, abandonó el local coreando “catalanidad es Hispanidad” y “ser español es un orgullo”… tremendos e injuriosos lemas, supongo, que merecen el reproche penal más severo. (Entiéndase la ironía).

         Por supuesto que en un minuto se puede asesinar a una persona, y hasta intentar violar a una chica, sobre todo si uno es un eyaculador precoz, o atracar a una persona con un arma en la mano…, pero da la casualidad que ninguno de esos delitos se cometieron.

         Simplemente se empujó a un diputado al Congreso, y al delegado de la Generalidad en Madrid, desconociendo los manifestantes los cargos que ocupaban, como recoge la sentencia. Y al marcharse del lugar los manifestantes –o escrachantes, esa palabreja que ha puesto de moda la izquierda más rancia-, que ellos sí tiene derecho a manifestarte: “…arrojando uno…, cuya identidad no ha podido determinarse, un spray irritante que provocó picores, irritación, náuseas y otros menoscabos físicos en los asistentes al acto lo que obligó a suspender el mismo…”.

         La Sentencia es, cuando menos, contradictoria, pues en ese mismo antecedente primero, in fine, se dice que:

         “Posteriormente José María Bosch pronunció, en unos jardines próximos, unas palabras a los asistentes que se mantenían en el lugar”.

         De la interpretación literal del texto yo entiendo que únicamente se suspendió el mismo durante un tiempo indeterminado, que la Sentencia no fija, pero que posteriormente se continuo con la realización del acto, si bien es cierto que “en unos jardines próximos”, no se si refiere a la propia calle de Alcalá, o a algún patio interior del edificio.

         Pero en modo alguno se impidió su realización, o al menos así se deduce de la lectura literal del texto.

         Antecedente Sexto: “se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 16 de noviembre de 2016, prolongándose los mismos hasta el día de la fecha”.

         Como quiera que la Sentencia es de fecha 11 de enero de 2017, ¿debemos suponer que los cinco señores magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo han estado casi dos meses deliberando sobe un hecho puntual, que duró alrededor de un minuto…? Claro que también podemos suponer que las Navidades son sagradas, el fin y comienzo de año también, etc., y han hecho un receso en su atareada vida

       ¡Ahora empiezo a entender el tradicional retraso de la administración de justicia en España!.

         Y digo más, aprovechando la ley de transparencia, y aunque supongo que se habrán dedicado a otras causas de mayor calado y enjundia, quiero suponer, ¿sería posible conocer el coste económico de estos cinco señores durante casi dos meses de deliberación…?

         El fiscal formula recurso de casación basándose en la “indebida aplicación del artículo 22.4 del Código Penal (agravante de cometer el delito por motivos ideológicos), y por “estimar indebidamente aplicado el artículo 21.5 (atenuante de reparación del daño) en el delito de desórdenes públicos con la consiguiente inaplicación del artículo 66.3 del Código Penal”.

         Los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia (fols. 16 a 20), acogen favorablemente la tesis de la fiscalía, una fiscalía que se caracteriza por su “gran comprensión” hacia la mafiosa familia Pujol, ladrones millonarios, o hacia los sucesivos presidentes y consejeros de la Generalidad, a ninguno de los cuales aplica el tipo penal de malversación de caudales públicos, pues ello podría suponer su ingreso en prisión por varios años. Únicamente se les acusa de prevaricaciones administraciones que, como mucho, y en el peor de los casos, podrían suponer una inhabilitación temporal para el acceso a cargos públicos… ¡Y es que todavía hay clases, y en el derecho penal donde más!

         Pero claro, aquí no están acusando a políticos, sino a ciudadanos, y más que a ciudadanos maduros a jóvenes, que han podido meter la pata, pero no la mano, y que, además, han actuado con fines de defensa de nuestra Patria, y de su unidad e integridad territorial, esa misma que el desgobierno de Rajoy es incapaz de defender, y lo estamos viendo todos los días.

         Resumiendo y concretando, esta sentencia hace bueno el título de mí último libro: Justicia Injusta (Grau Editores, Zaragoza, 2016), que aprovecho para recomendar a quiénes no crean demasiado en la justicia humana…