Ramiro GRAU MORANCHO
Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Pensaba escribir un artículo sobre los problemas de la Abogacía en España, a mi modesto entender, pero acabo de recibir una encuesta del Colegio de Abogados sobre los problemas de la justicia en España, y voy a utilizar ese título, en el bien entendido supuesto de que los problemas de la Abogacía son sólo una parte de la problemática general de la justicia.
Lo que está claro es que la abogacía es un sector en crisis, en profunda crisis. Y ello se debe a múltiples circunstancias, de las que voy a reseñar las más importantes, en mi opinión:
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- Las costas, es decir la condena en costas. Institución procesal que consiste en que cuándo se desestime totalmente la demanda, el juez o tribunal puede condenar a la parte demandante, denunciante, etc., a las costas de la otra parte, que comprende los honorarios de su abogado y los derechos del procurador, lo que supone que el pobre litigante tienen que afrontar las honorarios de nada menos que cuatro profesionales: dos abogados y dos procuradores.
Vamos, que ese señor ya no vuelve a aparecer por el juzgado en su vida…
Hasta la llegada de Gallardón al Ministerio de Justicia, las condenas en costas eran mucho más limitadas, y en la mayoría de los casos no se imponían, por lo menos en la primera instancia, salvo que mediara temeridad o mala fe por parte del supuesto “demandante de justicia”.
Pero con las reformas de la legislación procesal de Gallardón, son de imposición obligatoria, salvo excepciones, incluso en la primera instancia, lo que supone que el derecho a la tutela judicial efectiva en la práctica ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora sólo tienen derecho a tutela judicial los que puedan pagarla…, y los insolventes, que acogiéndose a la ley de justicia gratuita, pleitean todo lo que quieren, colapsando los juzgados de demandas y denuncias infundadas, en la seguridad de que ellos no tendrán que pagar costa alguna…
2. Por si éramos pocos, parió la abuela. La ley de tasas supone que numerosos litigantes tienen que pagar por acudir al servicio público de la justicia.
Y como quiera que ya estamos trabajando la mitad del año para mantener el gigantesco tinglado de las administraciones públicas, más que de un pago tendríamos que hablar, en propiedad, de un repago, pues supone pagar dos veces por lo mismo, para que unos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la administración de justicia, a los que mantenemos con nuestros impuestos, nos atiendan cuándo vamos a “molestarles” con nuestras pretensiones…
Vivir para ver. Las sumas recaudadas, aunque importantes, no solucionan los problemas de la justicia, ni mucho menos, pero el fin que se pretendía posiblemente se ha conseguido: desaminar al ciudadano medio, sobre todo al menos sobrado económicamente, de acudir a los tribunales.
¿Y dónde queda el derecho fundamental a la tutela judicial de nuestros derechos e intereses legítimos…?
3. Y como colofón, para rematar la faena, dando el último aguijonazo al justiciable, se sigue manteniendo la obligatoriedad del procurador de los tribunales, prácticamente desaparecidos en todo el mundo civilizado, o, como mucho, de utilización voluntaria, no preceptiva.
La imposición legal de utilizar al procurador supone un incremento para el justiciable de entre un veinte a un cuarenta por ciento del coste total del pleito.
Pero, por lo visto, de eso se trata, de disuadir a la gente de acudir a los tribunales, sin darse cuenta de que al final pueden acabar tomándose la “justicia” por su mano. Recordemos los crímenes de Fago o de León, por ejemplo…
¿Qué sentido tiene que yo, abogado redacte una demanda, la envíe por correo electrónico al procurador, y este, a su vez, la reenvíe al juzgado, también informáticamente?
¿Qué “valor añadido” aporta esta actuación procesal de los procuradores?
¿Por qué los abogados no podemos asumir la representación de nuestros clientes, como sucede en todas partes, dicho sea de paso?
Resumiendo y concretando: si el PP quería cargarse la administración de justicia, debemos felicitarles por ello. Lo han conseguido plenamente.
Hoy por hoy sólo van a poder litigar los bancos, aseguradoras y grandes empresas…
HERALDO SANITARIO y POLÍTICO - SATÍRICO DE OREGÓN 
Un artículo muy, pero que muy interesante.
Reblogueó esto en millonmcy comentado:
Así pues, se cumple una vez más el famoso dicho: «el que hace la ley, hace la trampa…»!
siempre existiran sus admirados MANOS BLANCAS-( QUE RECOJEN DONACIONES PARA REALIZAR DEMANDAS-O LOS SINDICATOS ALETERNATIVA ESPAÑOLA , E- CRISTIANS , FUNDACION ALDO MORO ) LOS CUALES CON CAPITAL DE LA EXTREMA DERECHA REALIZAN ESTOS PAGOS ……………….Y ADEMAS LAS PONEN PARA LOS RECURSOS DE CASACION ………
ESOS SIEMPRE ESTAN EN LO CONCERNIENTE A LA MORAL , AL ESPIRITU NACIONAL Y Y A LA PATRIA…………..
YA VIOMOS QUIEN FINANCIABA A MANOS LIMPIAS ……PORQUE LAS DONACIONES PARA LETRADOS NO SE INVESTIGA EN DICHOS SINDICATOS DENOMINADOS DE EXTREMA DERECHA, ULTRACONSERVADORES.ULTRACATOLICOS
SR. RAMIRO SU ADMIIRACION A GALLARDON EN EL ARTICULO SOBRE LA LEY DEL ABORTO Y HACIA EL SR. BERNARD DE MANOS LIMPIAS EN AQUELLOS FAMOSOS ARTICULOS SUYOS , LO RETRATARON …………….DONDE NO IMPORTABA EL DEMANDANTE SI LA CAUSA ERA JUSTA……
CUANDO SE VA A CALLAR , SU LIBERTAD DE EXPRESION Y SU ENIGMATICA IDEOLOGIA SEGUN LLUEVE PARA UN LADO U OTRO ES ALARMANTE…….
LA FOTO———– DE COLEGIAL DE LA POSGUERRA CIVIL ESPAÑOLA O PERDON CRUZADA ESPAÑOLA————–LA SUYA LO DELATA –
Le dice usted al articulista, entre otras lindezas:
«Cuándo se va a callar, su libertad de expresión y su enigmática ideología según llueve para un lado u otro es alarmante…».
A mi, en cambio, me gusta mucho leer al señor Grau en estas páginas.
Y, por supuesto, no siempre coincido con lo que dice, pero me gusta su forma de decir las cosas claramente.
Y perdone que no use LAS MAYÚSCULAS COMO USTED, pero molestan y mucho, y dificultan la lectura, ya que cansan mucho. ¿No podría usted escribir en minúsculas, como todo el mundo, o es que se cree usted más que los demás…?
Buenas tardes y cordiales saludos.
Los procuradores son incesarios, pero al estado les interesa mantenerlos Para nosotros lo estrecho que ellos se resevan lo ancho Que caradura
Es acojonante lo que sucede: el Estado impone con sus leyes LA OBLIGATORIEDAD DEL PROCURADOR, pero los Abogados del Estado no lo necesitan, pues puede asumir, también por ley, LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.
Y lo mismo sucede con los Letrados de las Comunidades Autónomas, Seguridad Social, Organismos Públicos y Corporaciones Locales…
En otras palabras, a los ciudadanos de a pie SE NOS EXIGE QUE VAYAMOS CON UN PROCURADOR, pero como es evidente que tiene un coste muy elevado, y que HOY POR HOY ES INNECESARIO, el Estado se exime a si mismo, y a los organismos públicos, de su utilización.
¡Es increible tanta cara dura!
Evidentemente, y como dice el comentarista anterior, esto también es MARCA ESPAÑA.
En estos momentos, y «gracias» a la legislación del PP de la mano de Gallardón, LA CONDENA EN COSTAS está generalizada, y los jueces cada vez condenan más en costas a los litigantes vencidos.
Que muchas veces no son los que no tienen razón, sino simplemente los que TIENEN PEORES ABOGADOS, DE OFICIO, etc., pues los juicios son un mero teatro, y al final se acaba dando la razón al que mejor representa su papel en la «comedia judicial».
¡Y el Estado, con sus Abogads del Estado, o el Gobierno de Aragón, con sus Letrados, suelen tener una estupenda defensa jurídica, además del trato de favor que les dispensan los jueces y fiscales…!
Los procuradores prácticamente se han extinguido en todo el mundo…, menos en España.
O, por lo menos, pasar a ser voluntarios, optativos, no de utilización obligatoria.
Si quiero vender mi piso, no debo acudir OBLIGATORIAMENTE a un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, en cambio para ir al juzgado, tengo que ir de la mano de un PROCURADOR.
Ni siquiera los ABOGADOS pueden ir sólos, necesitan al PROCURADOR.
Es absurdo, y un contrasentido, QUE NOS CUESTA MUCHOS MILLONES DE EUROS A LOS ESPAÑOLES, Y QUE DA DE COMER OPÍPARAMENTE A MÁS DE 10.000 PROCURADORES.
Por cierto, Gallardón y el PP apoyan a los procuradores. Hace dos ó tres días el propio Rajoy fue a inaugurar su nueva sede en Madrid, Y LA LEGISLACIÓN PROCESAL CADA DÍA LES DA MÁS COMPETENCIAS.
El mundo al revés. España camina en sentido contrario al resto del mundo.
Esto es lo que podríamos denominar MARCA ESPAÑA.