Luces y sombras de la Ley General de Sanidad

30 años de la norma

Tres protagonistas en primera fila de la evolución de la Ley General de Sanidad analizan su desarrollo y sus puntos fuertes y débiles 30 años después de su nacimiento.

Fernando Lamata, Ginés Madrid, Francisco Javier Elola y Javier Sánchez Caro, protagonistas del simposio de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (Somuca) dedicado a la Ley General de Sanidad. (Pilar Laguna)

Tres pesos pesados de la Sanidad española han hecho un repaso de las reformas sanitarias de los últimos 30 años durante un Simposio de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (Somuca) dedicado a la Ley General de Sanidad (LGS). Fernando Lamata, Francisco Javier Elola y Javier Sánchez Caro, protagonistas en primera fila de las tres décadas de desarrollo y aplicación de la ley, han apuntado algunas de sus luces y sombras.

Lamata, que ha sido director de la Escuela Nacional de Sanidad, consejero de Castilla-La Mancha y secretario general del Ministerio de Sanidad, asegura que a lo largo de estos años se percibe «tensión y regresión por la limitación de algunos derechos que restan universalidad a la atención sanitaria, entre ellos el copago, la pérdida de prestaciones y de profesionales, que deterioran el derecho de acceso a la sanidad».

Revalidar su origen
Para garantizar un futuro a la LGS asegura que es necesario «revalidar sus principios y las alianzas sociales y políticas en defensa de esos derechos».

Sánchez Caro se muestra partidario de que cada país tenga el estado de bienestar que sea capaz de mantener, de forma que sea la distribución de la renta la que determine un posible pago o copago de servicios determinados. «Recordemos que la Sanidad no es un derecho absoluto, sino un principio de nuestra Constitución que se hace derecho al desarrollarse la LGS. Pero sería un contrafuero intentar garantizar la universalidad por encima de todo sin disponer de los recursos necesarios».

Este jurista que fue secretario del Insalud y responsable de la Unidad de Bioética de la Comunidad de Madrid, cree que el principio de igualdad está dinamitado entre comunidades autónomas y que la LGS necesitaría vertebrar ciertos mecanismos para evitarlo.

Otro experto con larga dedicación en cargos del Insalud y del Ministerio de Sanidad, Javier Elola, destaca que lo mejor que hizo esta Ley fue trazar un camino para que el modelo sanitario se basara en el SNS «que es un modelo más eficiente y equitativo que el del aseguramiento». Pero también hay errores: «En España se ha centrifugado el SNS encuestiones de cohesión, incluso después de la Ley de Cohesión y Calidad, que es sólo un catálogo de buenas intenciones, pero no aporta instrumentos de aplicación».

Ley de Autonomía del Paciente
Quizá una de las leyes más positivas desarrolladas a partir de la LGS sea la Ley 42/2001 de Autonomía del Paciente, que Sánchez Caro ayudó a concebir. «Todavía no están desarrolladas todas sus posibilidades, pues la autonomía del paciente tiene que estar en todos los actos sanitarios», explica, detallando la necesidad de extender ese principio a los tratamientos curativos estandarizados, el estado actual de la ciencia, a la experimentación con humanos o el auxilio al morir.

Según este jurista lo que peor se ha hecho ha sido el consentimiento informado (CI) en papel. «Es un exabrupto que la ley confunda información y CI con un papel que sólo sirve para medicina defensiva. La información al paciente es un proceso total, ético, fundamental, y desde luego oral, que dura siempre y no se limita al acto de entregar un documento», sostiene, añadiendo que informar tiene que ser «tan habitual como tomar las constantes al enfermo».

Otra de sus críticas se ha centrado en la falta de armonía entre la citada Ley de Autonomía y la Ley de Protección de Datos, que sitúa a los actos sanitarios en el nivel más elevado de discreción. «Desde luego esa normativa se infringe cuando se cita a los pacientes por teléfono», comenta.

Modelo de financiación
Los expertos también han debatido sobre los déficits en la gestión de los sistemas sanitarios Para Fernando Lamata habría que discutir «qué parte de la renta debe recaudarse en impuestos, porque el modelo de financiación debe canalizarse a través de los tributos».

También sugiere que se establezca un suelo de gasto sanitario público de igual rasero en todas las autonomías, sin importar la fórmula de gestión que cada una adopte. Para Elola sería más importante ver con qué eficacia y calidad gestionan esos recursos las comunidades autónomas.

Sobre la posibilidad de llegar a un consenso acerca del modelo sanitario del futuro es Sánchez Caro quien se muestra más negativo, viendo «tortuosidad» en el camino.» Veo enormes dificultades políticas porque algunas autonomías tienen pactos bilaterales pero es difícil que sin comer y dormir en la misma casa se llegue a buen puerto», apostilla.

Javier Elola, más optimista, dice que saldrá bien «siempre que el consenso se aleje de la confianza política y se lleve a un terreno práctico , porque es necesario que la sociedad civil – colegios de médicos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes …- tengan un peso relevante».

Por su parte, Lamata cree que en los momentos de dificultad está habiendo más sensibilidad y entendimiento que antes, al menos en la Comunidad de Madrid, donde el PP y Ciudadanos han aceptado ya algunas propuestas de PSOE y Podemos.

Julio Sánchez-Fierro: no derogar, sino actualizar

«La idea de llegar a un pacto sanitario es una necesidad absoluta para encarar el futuro de la Sanidad», según ha señalado Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y participante en los dos pactos por la Sanidad que intentaron alcanzarse en 2010 y 2013. Para intentar un acuerdo amplio hay que conciliar posiciones bastante enfrentadas que Sánchez Fierro resume en «los que dicen que que la LGS se ha quedado vieja y hay que derogarla para hacer otra nueva, y los que creen que hay que hacer una ley complementaria que la actualice y la lleve a pleno rendimiento». Este jurista no coincide en absoluto con el afán derogador “porque existe un SNS que es un éxito colectivo de la democracia” y le parece absurdo comenzar a discutir principios ya asentados en la cultura sanitaria de los españoles. En este momento las prioridades de un Pacto por la Sanidad serían los principios de universalidad y de igualdad, un modelo de financiación suficiente y estable, y recuperar la posición que tenían el personal sanitario y los pacientes. «No todo es dinero y estructura, la alianza terapéutica existe y hay que recuperarla», señala Sánchez Fierro , arguyendo que es la parte más sensible y humanizada del ámbito sanitario. También considera esencial la gobernanza del sistema, que tiene que saber a dónde va «y que el esfuerzo de los gestores cobre sentido en un proyecto global, que es el SNS». Para los profesionales sanitarios pide un lugar prioritario en cualquier estrategia de futuro que afecte al SNS, y propone variadas reformas, algunas relacionadas con contrataciones públicas, regulación de la colaboración público-privada o la forma de informar a los pacientes. «Todos esos objetivos pueden lograrse a través de diferentes opciones, menos con la de cruzarse de brazos», apostilla Sánchez Fierro.

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