En un movimiento que ha desatado una oleada de críticas y controversias, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han alcanzado un acuerdo para repartirse el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este pacto, realizado en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha sido visto por muchos como una amenaza directa a la independencia del poder judicial en España.
Un Reparto Cuestionable
El acuerdo estipula que ambos partidos políticos seleccionarán a diez vocales cada uno de los veinte que integran el CGPJ. Además, han acordado presentar una proposición de ley orgánica destinada a «reforzar la independencia del Poder Judicial» y nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, este reparto equitativo ha sido duramente criticado por implicar una politización del órgano de gobierno de los jueces.
Complicidad y Control
La maniobra ha sido interpretada por algunos como una estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para consolidar su control sobre el poder judicial. Al acceder a este pacto, el PP muestra su complicidad en lo que muchos consideran un intento de Sánchez por manipular el sistema judicial a su favor. Esta percepción se ve reforzada por el contexto actual de numerosas investigaciones por corrupción que rodean al ejecutivo socialista.
Reacciones de la Oposición
La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Santiago Abascal, presidente de VOX, ha condenado enérgicamente el acuerdo, describiéndolo como una «traición consumada». Según Abascal, el PP y el PSOE están entregando la justicia a Sánchez, legitimando lo que él considera un golpe a la Constitución y a la separación de poderes en España. «Son lo mismo», ha declarado, refiriéndose a los dos grandes partidos políticos.
Ceremonia en Bruselas
La Comisión Europea ha anunciado una comparecencia de Jourová junto a los negociadores, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en su sede en Bruselas. Este evento se llevará a cabo como una «ceremonia de firma», lo que para muchos añade una capa adicional de legitimidad a un acuerdo profundamente polémico.
Un Paso Atrás para la Democracia
Este pacto ha sido criticado no solo por la oposición política, sino también por varios sectores de la sociedad civil y expertos en derecho que ven en este reparto un retroceso para la democracia y la independencia judicial en España. La separación de poderes es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, y movimientos como este pueden erosionar la confianza pública en las instituciones judiciales.
Conclusión
La decisión de PP y PSOE de repartirse el CGPJ y nombrar conjuntamente a un nuevo magistrado del TC ha encendido un debate sobre la politización de la justicia en España. Con la presión de la Comisión Europea y la fuerte oposición interna, el futuro de este acuerdo y su impacto en la independencia judicial queda por verse.
HERALDO SANITARIO y POLÍTICO - SATÍRICO DE OREGÓN 