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A la Consejera Ventura tambien le gustan “sumisos”

18 Sep

Pilar Ventura

Por Manolo Varoufakis

Porqué será que a los Consejeros les gustan mas los Jefes de Servicio y Sección “sumisos”. Prefieren que sean sumisos a brillantes en su profesión. Para buscar sumisos entre los afiliados, familiares y amiguetes tienen tres instrumentos:

1) Convocar las plazas “temporales”, es decir con alto grado de provisionalidad. Si a algún “jefe/a” le pasa por la cabeza defender a los pacientes frente ante los frecuentes disparates de la dirección o de los políticos tiene dos posibilidades a saber a) Ponerse en su sitio lo que tiene el grave peligro de que le corten la cabeza máxime la provisionalidad del cargo. b) Tragar carros y carretas en bien del cargo. Si las plazas no fueran “temporales” sino definitivas las posibilidades de “ponerse en su sitio” serian, sin duda, mayores.

2) Tribunales “amañados”. No quiere decir que estén formados por “maños” sino que en su composición el “mando” elija los miembros. Es lo que pasa. De siete miembros cinco son de carácter político con lo que es fácil darles órdenes para que salga elegido un delfín de la PSOE o del PP.

3) Primer ejercicio eliminatorio y de valoración subjetiva. El primer ejercicio de las oposiciones de Jefe de Servicio y Sección es eliminatorio de forma que si el aspirante no lo supera es suspendido “ipso facto” por lo que no puede pasar al segundo. La valoración de este ejercicio es subjetiva por parte del tribunal ya que se trata de la defensa de una memoria en la que no hay puntos que sumar sino opiniones puras y duras.

Supongamos que el aspirante es un Premio Nobel llamado Santiago Ramón y Cajal pero es “díscolo” y critico con los ignorantes. El tribunal podría suspenderlo y no pasaría al segundo ejercicio que es la valoración de méritos. Lo mismo le podría pasar a Golgi.

Con estos tres procedimientos los Jefes de Servicio y Sección tienen mas posibilidades de ser muy dóciles y de no ser los mejores.

La Consejera Pilar Ventura “La Veneno” los prefiere “sumisos/as”

Prueba de ello es que desde que ha accedido al cargo (sin preparación) todas las convocatorias de plazas de Jefes de Servicio y Sección son de carácter temporal. Hoy mismo el boa convoca dos plaza temporales. Una de Jefe de Sección de Geriatría en el Hospital “San José” de Teruel y la otra de Jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Clínico.

Los antiguos Jefes de Servicio y Sección eran “pata negra”, es decir el cargo era vitalicio y no se ls podia sacar salvo con un expediente. Las direcciones y los políticos los respetaban.

Ventura no sabe nada de sanidad ya que su anterior cargo de Secretaria Técnica no tenia nada que ver con la sanidad sino con los procedimientos administrativos. No suple su carencia rodándose de buenos técnicos. El Director General de Asistencia sanitaria Chema Abad, es médico preventivista, pero no sabe nada de sanidad ya que lo suyo es la estadística y los sistemas de información. Además nunca había ocupado un cargo directivo aunque si cargos de libre elección. El gerente del Salud es un marioneta creada por Chano y lo sigue siendo.

Como Ventura tiene “mala leche” y sabe poco o nada prefiere poner sumisos que no la tapen con su sombra y que no pongan en tela de juicio sus “consejos” a Lamban.

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Los médicos auguran (otra vez) un “otoño caliente” si no mejoran salarios y plantillas

18 Sep

El sindicato subraya que las plantillas y los salarios siguen siendo cortos y la temporalidad, un problema

Francisco Miralles, secretario general de CESM, en la manifestación del 21M. Lleva en el sindicalismo (sin hacer nada) toda su vida.

La multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid el pasado 21 de marzo, y que movilizó a alrededor de 5.000 médicos de toda España en la capital del reino, parece haber caído en saco roto. Ninguno de los problemas que denunciaron los facultativos en aquel equinoccio de primavera, como la falta de sanitarios para atender adecuadamente a la población o la excesiva temporalidad, ha sido resuelto, por lo que desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se vuelven a plantear movilizaciones para este otoño.

“Es una posibilidad que tendrá que plantearse en el Comité Ejecutivo de CESM, porque la situación de todos los profesionales de la sanidad española es tensa, y si no hay soluciones habrá un otoño caliente”, ha indicado Francisco Miralles, secretario general del sindicato médico, a Redacción Médica.

“Con los medios que actualmente tenemos es imposible garantizar una asistencia de calidad”

El sindicalista ha especificado que este verano se han vuelto a repetir los contratiempos que los médicos llevan denunciando desde hace tiempo en el Sistema Nacional de Salud, como la falta de profesionales y la mayor presión asistencial derivada de ésta. “Con los medios que actualmente tenemos es imposible garantizar una asistencia de calidad, y cuando llegan vacaciones como estas el problema se agudiza de tal manera que la situación se hace insostenible”, explica.

Miralles ha señalado que, tras la movilización de la pasada primavera, “no se ha hecho absolutamente nada”, ni por parte del anterior Gobierno ni por el encabezado ahora por Pedro Sánchez: “Esta Administración ni nos ha recibido, nos enteramos por la prensa de sus decisiones. Cuando Carmen Montón fue nombrada ministra le enviamos una carta poniéndonos a su disposición para, con nuestro mejor ánimo, trasladarle nuestras inquietudes y tratar de solucionar los problemas. Pero a fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”.

Cambio de ministra con Carcedo al frente

El secretario general de CESM también ha señalado a este periódico que el cambio al frente del departamento de Sanidad no cambia sus planes, puesto que se trata del mismo Gobierno pese a que ahora sea otra la ministra: “El orden del día del Comité Ejecutivo de CESM está fijado y no vamos a cambiarlo por esta dimisión, porque los problemas siguen siendo los mismos esté quién esté al frente de Sanidad”.

Por todo ello, el secretario general de CESM señala la posibilidad de nuevas movilizaciones este otoño, aunque subraya que esa decisión deberá tomarla el Comité Ejecutivo del sindicato, que se reunirá en la segunda quincena de septiembre.

Origen: Redacción Médica Los médicos auguran un “otoño caliente” si no mejoran salarios y plantillas

Así se venden puntos para la bolsa de trabajo de la sanidad pública andaluza (o aragonesa): “Te lo ponemos muy fácil. ¡Hacemos todo el trabajo!”

18 Sep

Existe un mercado negro de trabajos de investigación que sirven para escalar posiciones en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud

“Al fin y al cabo es comprar los puntos. Eso lo sabe la Bolsa y todo el mundo”, admite una persona que ha realizado trabajos por encargo

Algunas entidades como Asunivep organizan congresos en los que se admiten miles de estos ‘posters’ que sirven como mérito profesional

En las webs donde se ofrecen todo tipo de artículos se venden también trabajos de investigación que sirven para escalar posiciones en las bolsas de empleo público. “¿Eres Enfermer@, quieres presentarte a un congreso y no sabes cómo realizar tus posters? Te lo ponemos muy fácil, ¡nosotros hacemos todo el trabajo! Amplia experiencia en congresos enfermeros”, dice uno de esos anuncios.

Esos trabajos, llamados posters, se presentan luego a alguno de los congresos que han proliferado por decenas en los últimos años, y sirven para sumar una décima, hasta un máximo de veinte puntos. Un botín muy valioso para una bolsa donde haber aprobado la oposición supone un punto y toda la experiencia puede sumar un máximo de 55. “ Al fin y al cabo es comprar los puntos. Eso lo sabe la Bolsa y todo el mundo”, admite una persona que ofrece estos servicios en una página de anuncios.

Mercadeo de méritos

El SAS y los sindicatos han ignorado durante años este mercadeo de méritos cada vez más popular, hasta que este año ha sido denunciado públicamente. En la última lista provisional de auxiliares de Enfermería,  el recorte de puntos por Otros Méritos (donde se incluyen estos trabajos) ha sido generalizado, según el sindicato SAE. Aunque la existencia de este trasiego de posters es  vox populi, es imposible cuantificar su alcance exacto.

“Yo el anuncio lo puse por ayudar, sobre todo a los más mayores, porque sé que tienen pocos conocimientos en informática. Pero me sentí mal cuando contactaron conmigo porque lo que busca la gente es que alguien le haga un póster, pagar y llevarse los puntos, cosa con lo que no estoy de acuerdo moralmente”, responde (bajo condición de anonimato) la persona que publicó el anuncio del primer párrafo, ya retirado antes de recibir la llamada.

“Sé de gente que cobra 200 euros por hacer cuatro posters”, asegura otra persona profesional de la Enfermería que aún se ofrece para hacer esos trabajos por 30 euros. Tarda unas siete horas en hacer cada uno, pero su negocio últimamente ha sido escaso porque con el revuelo por el recorte de este tipo de méritos, el mercado está parado: “La gente no se arriesga a pagar para que no se los baremen”, lamenta. “Ojalá me encargaran 200 trabajos, sé que no es legal, pero como muchas cosas en la vida…”.

Para esta persona, que pide el anonimato, la solución pasa por rebajar la puntuación “desmesurada” asignada a este tipo de trabajos. “Hay gente que tiene dinero, se inscribe en muchos congresos y hacen auténticas basuras de trabajo; y empresas que crean congresos que no son fiables ni tienen carácter científico”, admite.

Congresos sin control

La concesión de hasta 20 puntos sobre un total de 120, y la alta tasa de temporalidad (más del 50%, según SATSE), provocó la aparición de esta picaresca hace unos cuatro años. Los congresos en los que se acreditan los trabajos, muchos de ellos online, son la segunda pata del sistema. Los profesionales del sector admiten que hay jornadas que ponen escaso celo en verificar el rigor científico de los trabajos que acreditan, y sindicatos como CSIF han pedido que se extreme el control sobre las entidades organizadoras.

“Hay muchos que organizan congresos sin tener ningún tipo de acreditación” y otros en los que “el control no está siendo eficaz”, señala María del Carmen Pérez, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Almería. Pérez es también la portavoz de Asunivep, una de las entidades más conocidas en el sector, que ahora está recibiendo decenas de llamadas de profesionales cuyos trabajos no han sido reconocidos en las bolsas del SAS.

Asunivep es una asociación de profesores universitarios (la mayoría, de la Universidad de Almería). Comenzó a organizar congresos con un centenar de participantes hace diez años, pero ahora ofrece congresos online en España e Iberoamérica donde se presentan miles de trabajos de investigación. Un ejemplo: las actas del I Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud, celebrado en septiembre de 2015, recogen unos 4.000 resúmenes de posters.

A la pregunta de si está garantizado el control sobre los trabajos, Pérez asegura que sí. Existe una primera revisión antiplagio, una revisión posterior del título y los aspectos formales, y por último el comité científico verifica el póster, que se presenta en modelos estandarizados. El comité científico encargado de revisar estos trabajos suele estar formado por decenas de profesores, catedráticos o médicos especialistas. Con todo, Pérez insiste en que lo único que la organización certifica es “una aportación a un congreso”. Es decir, el folio resumen, y no el trabajo que hay detrás. “Hay muchos congresos que certifican capítulos de libros con doscientas palabras”, denuncia. La profesora aclara que la asociación no trabaja “para la Bolsa del SAS”, sino para que “la gente haga investigación”.

Asunivep, que como asociación no tiene teóricamente ánimo de lucro, participa en un negocio en el que se mueve mucho dinero. Presentar un póster a uno de sus congresos cuesta 50 euros, pero ofrece descuentos: cuatro salen por 85 euros, y además hay rebajas adicionales en Latinoamérica. Todos sus congresos son online. María del Carmen Pérez dice desconocer los ingresos de la asociación.

Un mercado en crecimiento

Este mercado se multiplicó cuando se modificó el sistema de estudios de Enfermería, que pasó de Diplomatura a Grado, con trabajo final de investigación. “Antes sólo investigaban los médicos, pero ahora hay muchas enfermeras que son doctoras. La enfermería ha dejado de ser una profesión asistencial, y se ha visto la necesidad de investigar”, argumenta Pérez. Los profesionales pueden optar por una investigación empírica, pero también por metanálisis y revisiones, cuyo principal requisito es un buen manejo de bases de datos. “En una tarde puedes leer cinco artículos, sintetizarlos y plasmarlos en un resumen de 200 palabras”.

Sin embargo, muchos profesionales veteranos, que estudiaron antes de que la investigación fuese un requisito, y cuyas nociones informáticas y de manejo de base de datos son limitadas, se han visto compitiendo en terreno desconocido. Ante esto, algunos se han reciclado, otros han recurrido a los encargos y otros piden la modificación del baremo.

La solución del SAS no ha satisfecho a nadie: ha dado validez en la Bolsa de Enfermería a trabajos desestimados en la de Auxiliar, donde el recorte ha sido generalizado. Tampoco ha explicado con claridad el criterio para desestimar algunos posters. “Si existe un problema que le pongan remedio, pero no a mitad del partido, porque la gente organiza su vida y tiene unas expectativas”, concluye la portavoz de Asunivep. “Si deciden retirarlos [los posters], o a todos o a ninguno”, pide la enfermera que retiró su anuncio.

Origen: El Diario Así se venden puntos para la bolsa de trabajo de la sanidad pública andaluza: “Te lo ponemos muy fácil. ¡Hacemos todo el trabajo!”

Un pequeño comentario sobre la curiosa Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón

18 Sep

Por Verónica del Carpio. Abogada. Profesora de Derecho Civil.

Verónica del Carpio

Daría para mucho el análisis de la Ley 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón, que es una simple ley autonómica, no un Estatuto de Autonomía, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de julio de 2018, enlace aquí, y en el Boletín Oficial del Estado de 29 de agosto de 2018, enlace aquí. Voy a centrarme en el comentario de unos extremos de la ley, no sin encarecer la lectura detenida del resto; he de aclarar que no todo el texto de la ley es tan desconcertante como los extremos que a continuación resalto -hay más también desconcertantes, pero me centraré en unos cuantos- y que creo que hay preceptos muy loables. La ley aún está en plazo de recurso al Tribunal Constitucional.

  • Artículo 4.1. ¿Dicen las Cortes de Aragón que en Aragón no rige el Derecho de la Unión Europea?

Artículo 4 . Carácter originario e imprescriptibilidad.
1. Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas.

No voy ni a entrar en que las Cortes de Aragón, al parecer, consideran el Derecho aragonés, si es que dentro de “derechos históricos” incluimos, por ejemplo, su Derecho foral conforme al artículo 2 de la misma ley, por encima de o al margen de la Constitución. Voy centrarme en el inciso sobre la Unión Europea, que será quizá que no acabo de entender bien, porque da la impresión de que las Cortes de Aragón no saben que existe un principio de primacía del Derecho Europeo, y hasta su aplicación directa en ciertas circunstancias, y, además, la llamada “cuestión prejudicial” que pueden plantear los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que da lugar a que se aplique la normativa europea.

En los últimos años ha habido y sigue habiendo una larga lista de cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo, en todo tipo de temas, incluso tan sensibles y de enorme alcance social, político y económico como Derecho Laboral, ejecuciones hipotecarias y Derecho del Consumo; por ejemplo, el Derecho Hipotecario español ha cambiado sustancialmente por imposición de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ello ha sido y sigue siendo portada muchas veces (cláusula suelo, intereses moratorios, Derecho procesal hipotecario…). Es público y notorio y afecta de forma  directa a los mecanismos normativos y a la sociedad en su conjunto. Incluso el Derecho español aplicable a todo el territorio español emanado de las Cortes Generales (al igual que el francés, y el belga y el alemán y el italiano y el holandés y todos los de la UE) ha tenido que cambiar por imposición de los criterios europeos; el Derecho aragonés aplicable al territorio de Aragón no puede quedar exento de que sus leyes forales y autonómicas resulten afectadas porque las Cortes aragonesas así lo digan, si es que es eso lo que quieren decir.

  • Artículo 33.5. Dicen las Cortes de Aragón que la institución constitucional del habeas corpus, recogida expresamente en la Constitución con el nombre de habeas corpus y regulada por ley orgánica,  se llamará oficialmente en Aragón de otra forma

Transcribo el artículo 33.5 de la Ley aragonesa 8/2018:

“33.5 En Aragón, el procedimiento de habeas corpus recupera la denominación foral de “recurso de manifestación de personas”, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal.

Transcribo el artículo 17.4 de la Constitución, enlace aquí:

La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.”

El habeas corpus es una institución esencial en nuestro ordenamiento, de alcance constitucional, por la que, simplificando, se establece un mecanismo para conceder judicialmente una tutela judicial ágil contra privación ilegal de libertad por detención judicial o gubernativa; es de uso frecuente. La Constitución ha escogido y utiliza una denominación técnica de raigambre histórica básicamente anglosajona: la de “habeas corpus”, en ese artículo 17. Con ese nombre es regulada por ley orgánica estatal, la  Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», porque la normativa procesal penal es competencia exclusiva del Estado; e incluso el Tribunal Constitucional parece definirlo como proceso constitucional más que penal (vd., entre muchas, STC 172/2008, de 18 de diciembre de 2008, entre las clásicas, y la STC 21/2018, de 5 de marzo, última publicada.)

Sorprende que pueda plantearse siquiera que ninguna autoridad, ni siquiera las Cortes Generales, pueda cambiar la denominación oficial de una institución respecto de la cual la Constitución escogió una denominación oficial, y no digamos ya si, además, como es el caso, por razón de la materia es competencia exclusiva del Estado esa institución y solo ha de regularse, y en efecto se regula, por ley orgánica, estatal.

La ley argumenta que existía algo parecido en la legislación histórica de Aragón, lo que nadie discute porque, de hecho, la propia Ley Orgánica 6/1984 reguladora del procedimiento de Habeas Corpus menciona en su preámbulo que es una institución procedente del Derecho anglosajón y alude a ese antecedente aragonés como “antecedente lejano”, además de otros en Derecho forales y en anteriores Constituciones españolas. Pero no se entiende cómo ello podría dar lugar a modificar una institución constitucional y cuyo desarrollo normativo además es competencia exclusiva del Estado y solo modificable por las Cortes Generales por ley orgánica que afecta a todo el territorio español y con modificación de nombre que ni las Cortes Generales podrían aprobar. La frase de cobertura del artículo 33.5 de la ley aragonesa de “sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal” sorprende y no veo qué sustancia jurídica puede tener porque, precisamente, estamos en el ámbito procesal.

  • La pretensión de que el Gobierno derogue los Decretos de Nueva Planta de la época de Felipe V, a primeros del siglo XVIII.

Disposición final primera. Derogación de los Decretos de abolición foral.

Con el objetivo de hacer posible la superación histórica de las consecuencias negativas que, derivadas de los Decretos de abolición foral de 1707, todavía hoy padece Aragón como nacionalidad histórica, tanto en lo político o cultural como en lo relativo a la financiación, la Diputación General de Aragón se dirigirá al Gobierno del Estado español para que este derogue formalmente el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, que, dictado por el derecho de conquista, supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V.”

No voy a entrar en lo de que se pretenda derogar unas normas de hace más de 300 años y allá cada cual con sus criterios políticos. Simplemente voy a decir que no veo cómo “el Gobierno del Estado español” podría derogar esas normas. Que se llamen “decretos” los Decretos de Nueva Planta del año 1707  no significa en modo alguno que sean jurídicamente equiparables a los “decretos” reglamentarios que conforme al ordenamiento jurídico dicta y deroga el Gobierno. Ordenamientos jurídicos tan manifiestamente distintos como el más que preconstitucional de hace 300 años y el constitucional de ahora no permiten equiparar rangos normativos simplemente porque haya mera coincidencia de nombre. No hay equivalentes normativos exactos, evidentemente, pero si a algo se parecen los Decretos de Nueva Planta no es ciertamente a los decretos actuales, meras normas reglamentarias que dicta y deroga el Gobierno y que jamás pueden afectar a leyes porque están por debajo de estas, sino a las leyes,  incluso quizá a leyes orgánicas, y ello si es que no pudieran entenderse equiparables incluso en su día a una reforma constitucional muy avant la lettre. No sé si las Cortes Generales podrían derogar los Decretos de Nueva Planta, porque no sé si es posible derogar normas de hace más 300 años y que además quizá iban más allá de mero rango legal, pero ciertamente quien no puede hacerlo es el Gobierno.

Recuérdese, además, que las Cortes de Aragón tienen capacidad constitucional de presentar iniciativas legislativas a las Cortes Generales conforme al artículo 87.2 de la Constitución, enlace aquí. Se me escapa la finalidad de un precepto autonómico de las Cortes de Aragón por el cual pretenden exigir al Gobierno central lo que este no puede hacer por sí mismo cuando, además, quienes sí pueden intentar que se haga son las propias Cortes de Aragón.

  • La entrada en vigor retroactiva

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 29 de junio de 2018, fecha en la que se cumplen trescientos once años desde la aprobación del primer Decreto de Nueva Planta que abolió, por derecho de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón.

La ley se publicó en el Boletín Oficial de Aragón con fecha 10 de julio de 2018, o sea, once días después de la entrada en vigor. Quizá no les dio tiempo de publicar la ley antes de ese aniversario, o quién sabe qué pasaría, y la “solución” para dar contenido simbólico a la ley en relación con ese aniversario es la vigencia retroactiva. Vigencia retroactiva, pues, a que las Cortes de Aragón puedan exigir tal cosa al Gobierno estatal, que el Justicia de Aragón tenga tales o cuales deberes, que se cree retroactivamente una Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que el habeas corpus cambie de nombre retroactivamente, que retroactivamente se facilite el conocimiento del Derecho Civil aragonés, que retroactivamente rijan los criterios interpretativos legales que establece la propia ley, que la bandera ondee retroactivamente en los edificios públicos en la forma y con el tamaño que indica la ley y todo lo demás, retroactivamente.

Me pregunto si las Cortes de Aragón creen quizá que pueden abolir el Tiempo.

  • El preámbulo de la Ley.

Hubo un momento en que se reprochaba al legislador que en época de “legislación motorizada” no se molestase en incluir preámbulos en las leyes; en qué momento empezó a generalizarse la práctica legislativa contraria de larguísimos preámbulos, sería interesante saberlo. Cuando en la Constitución el preámbulo no llega a 150 palabras y en la Ley Orgánica de Habeas Corpus a 950, esta ley autonómica tiene más de 2.000, y no es ni de las más largas ni de las más curiosas por su contenido como lección de Historia; porque el preámbulo de la Ley aragonesa 8/2018 está redactado como si fuera una lección de Historia y como si la finalidad de los preámbulos fuera dar lecciones oficiales de Historia y fijar la Historia oficial, en el tono que sea. Porque hay tonos muy diversos, y cómo no recordar, por  cierto, aquella Ley 6/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación al municipio de Albacete del régimen de organización de los municipios de gran población, ley de Castilla-La Mancha, enlace aquí, cuyo preámbulo empezaba así:

Éramos unos cuantos en la aldea, nos apañábamos con lo puesto, teníamos un buen pastizal para los animales, agua abundante, uvas y hortalizas, caza, leña, cereal en el secano y el trigal de las estrellas para los sueños, el primero de todos con mucho tiempo por delante porque la Historia va despacio, y si entonces queríamos algo, seguramente sin sospechar una infinita tardanza, era ser una gran ciudad, de forma que todo sucedía con los pies en el suelo, por sus pasos contados. El poblado ni siquiera tenía nombre. Vivíamos casi a la intemperie bajo las faldas de Chinchilla -nunca mejor dicho- y un día llegaron los beréberes, gente ruda, y se quedaron a cenar. Es una forma de contar lo que pasó.

Y si echamos una ojeada desde el cerro de Montearagón lo que se ve, hasta donde la vista alcanza, es una pradera, y tal vez una pequeña fortaleza en el llano extendido como la palma de la mano, así que para bautizar el territorio -olvidando toda tentación litúrgica- en árabe por más señas, ponerle rótulo a una calle inexistente fue sencillo: Al Basit, o sea, la llanura, y no se hable más. Esa es la huella intelectual que dejamos, y unos trozos de cerámica, un cantil descubierto, pasados los siglos, en un lugar que sería teatral, de modo que, ni aposta, ya tenía eso que llamamos la posteridad la representación en la calle Isaac Peral, predestinada para el hallazgo. Y después de islámicos fuimos cristianos, déjenme que lo cuente a salto de mata, y nuestra voluntad de crecer se fue afianzando.

Y seguía de ese tenor casi 2.000 palabras y para terminar acordando, en dos artículos, que a Albacete se le aplicaría la normativa de municipio de gran población.

El profesor L.M. Díez-Picazo, maestro de juristas, explicó allá por 1993 qué es un preámbulo, en su artículo “Los preámbulos de las leyes (En torno a la motivación y la causa de las disposiciones normativas)“, enlace aquí,  y el Tribunal Constitucional ha resuelto sobre el efectivo alcance concreto interpretativo que tienen los preámbulos en varias sentencias (vd., por todas, y por citar una reciente, la STC 170/2016, de 6 de octubre, enlace aquí, y sin olvidar la STC 150/1990, de 4 de octubre, enlace aquí (“[…] en la demanda de los Diputados se solicita incluso la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados párrafos o apartados de la Exposición de Motivos de la Ley, pretensión ésta que debe ser rechazada a limite, pues los preámbulos o exposiciones de motivos de las leyes carecen de valor normativo y no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad”).

Buen momento para recordar las palabras del profesor Díez-Picazo, referidas a las Cortes Generales, y que podrían ser tambien aplicables a las autonómicas: “los preámbulos […] únicamente pueden ser configurados hoy en día como un mecanismo que facilita la efectividad de la responsabilidad política difusa del Parlamento ante los ciudadanos“.

Grandes palabras, si bien quizá demasiado optimistas. Tengo curiosidad por saber qué responsabilidad política efectiva se exigirá por la sociedad aragonesa a los parlamentarios que parecen haber votado que en Aragón el Derecho Europeo no tiene primacía y que las banderas ondeen retroactivamente en la forma y con el tamaño que la propia ley indica.

Origen: Un pequeño comentario sobre la curiosa Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón | Rayas en el agua. El otro blog de Verónica del Carpio

Decenas de enfermeras linchan a un médico tras abusar de una compañera

18 Sep

Un vídeo muestra cómo las trabajadoras se enfrentaron y golpearon con zapatillas al facultativo

El acoso laboral que sufren las mujeres en su puesto de trabajo es, lamentablemente, una realidad que se vive a diario. Se trata de una lacra que parece no tener fin, que no distingue de clases y que traspasa fronteras. Pero tras la indignación por este tipo de sucesos y la irritación que se genera hacia los agresores, hay quién le echa valor a enfrentarse a los culpables. Un claro ejemplo han sido lo que han hecho las enfermeras de un hospital de Bihar (India) que han atacado a un médico tras conocer que abusó de una joven residente.

Entre gritos y empujones (incluso con zapatilla en mano), todas las trabajadoras golpearon con fuerza al facultativo tras descubrir este domingo que había acosado sexualmente a una joven del centro sanitario. Los hechos se han podido ver por un vídeo que ha sido difundido en redes sociales en el que se puede observar las represalias físicas que se tomaron.

Durante una de las sesiones informativas, a residente confesó a sus compañeros que había sido víctima de acoso por parte de este médico. Al enterarse de lo ocurrido, las compañeras se encargaron de presentar una queja formal al cirujano jefe del hospital, quién hizo llamar al especialista acusado a su despacho. En el documento presentado, las enfermas exigían que el hombre fuese castigado por el trato hacia la residente.

El médico en defensa propia trató de presentar su versión  de los hechos, pero fue ahí cuando más de 50 mujeres entraron al despacho donde el médico se encontraba y le empezaron a golpear e insultar.

Origen: Redacción Médica. Decenas de enfermeras linchan a un médico tras abusar de una compañera

Sí a los desaforamientos, no a las cortinas de humo

18 Sep

Eliminar los aforamientos, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez en la Casa de América de Madrid, resulta una medida acertada. Es un mecanismo efectivo para regenerar la realidad política y jurídica de España. No obstante, este anuncio inesperado no puede servir de cortina de humo para tapar las irregularidades sin resolver a propósito de la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Tampoco puede devenir en una excusa propiciatoria para que el cambio exprés de nuestra Carta Magna en sólo 60 días —plazo dado por el propio Pedro Sánchez— sirva para que nacionalistas e independentistas consigan más prebendas. Algo en lo que debe estar muy vigilante el Partido Popular, cuyo apoyo —Sánchez necesita 3/5 partes del Congreso— es imprescindible para aprobar el que sería el tercer cambio de la Constitución en sus 40 años de vida.

Sánchez ha apelado a la “altura de miras” del resto de grupos políticos, también a la “ejemplaridad”. Bien haría el jefe del Ejecutivo en practicar con el ejemplo, algo de lo que no puede presumir con todo el tema de su doctorado. Por otra parte, hay que admitir que el final de los aforamientos es más que necesario. España debe situarse al nivel de las mejores democracias internacionales. Países con tanta tradición en esta forma de gobierno como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos carecen de aforados. En países vecinos como Portugal o Itala, el único aforado es el presidente de la República. Mientras que en Francia, por su parte, sólo cuentan con esta ventaja el presidente, el primer ministro y su equipo de Gobierno.

Si bien es recomendable que el Rey y el jefe del Ejecutivo mantengan esta condición, España debe deshacerse de los 250.000 aforados existentes entre Familia Real, jueces, fiscales, cargos políticos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una cifra que, a modo de lastre, se da de bruces con el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles somos iguales ante la ley”. Por lo tanto, esta reforma que ya trató de lanzar Ciudadanos debería contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas. No obstante, Pedro Sánchez haría bien en no utilizarla para atenuar la realidad que lo atenaza por sus propias irresponsabilidades. Cualquier otra intención sería un nuevo farol político que tendría un rápido efecto bumerán

Origen: OkDiario.Sí a los desaforamientos, no a las cortinas de humo

Ministra de sanidad: “Hay que analizar medidas para que la ley no facilite la privatización”

17 Sep

En una entrevista concedida a DM horas después de tomar posesión del cargo como ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo señala que la ley sobre nuevas formas de gestión sanitaria ha aupado la gestión privada, que “no ha demostrado más eficiencia ni eficacia que la pública”

María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad

Llega al ministerio en una situación incómoda, tras la dimisión de Carmen Montón, su predecesora en el cargo, y en medio de una legislatura ya de por sí corta y compleja. ¿Debe temer el sector sanitario más inestabilidad?

Inestabilidad nunca. No ha habido un cambio de Gobierno, sólo un relevo en un departamento. No habrá cambio de proyecto político y la estabilidad está garantizada, porque las prioridades las fija el Gobierno y su presidente.

¿Hará cambios en el actual equipo ministerial?

Ni idea. Acabo de llegar. Para empezar, no depende sólo de mí, también de ellos. Es una pregunta prematura.

Una de las señas de identidad de la anterior ministra era la lucha contra la privatización sanitaria. ¿Cómo lo ve?

La posición del PSOE se manifiesta en los congresos y resoluciones congresuales. Otra cosa son opiniones personales de personas próximas al partido o con mayor o menor nivel de responsabilidad en él. Pienso que la ley de nuevas formas de gestión, que pudiera ser un instrumento para facilitar unos servicios tan complejos como los sanitarios, se ha utilizado realmente para abrir la puerta a la gestión privada de los servicios públicos. La gestión privada no ha demostrado mayor eficacia ni mayor eficiencia.

¿Sugiere modificar la ley?

Hay que analizar sus efectos y las posibilidades de introducir medidas que impidan que se utilice para este fin. Es una ley muy sencilla, de hecho tiene sólo un artículo, pero… ¡Boom! Abre las compuertas. Lo que no puede ser es que la ley sirva para hacer concesiones administrativas a empresas privadas, que vengan a gestionar servicios públicos, insisto, sin demostrar más eficiencia ni eficacia.

¿El problema son las herramientas que derivan de la ley?

Estas herramientas no se han convertido en instrumentos para facilitar ni mejorar la gestión, sino para la privatización. Hay que decir ya vale.

¿Qué hacer al respecto?

Poner en valor el saber hacer de la pública. Se puede convivir con organizaciones sin ánimo de lucro, pero derivar una gestión pública eficaz y eficiente e empresas con ánimo de lucro, que no aportan mejoras… La sanidad pública no sólo presta servicios, también ha sido una referencia en gestión de recursos humanos… No es sólo rentabilidad: es asentar servicios, promover la cohesión y la equidad social y territorial.

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, en la entrevista con DM

Los profesionales aplaudieron la llegada de una ministra médico conocedora del sistema sanitario. En este punto, la situación no cambia…

Son la columna vertebral del sistema. La ausencia de reposición y la prohibición de renovación, que afortunadamente se está desbloqueando, ha incidido en las plantillas. Los acuerdos recientes con los sindicatos están dando un impulso. Lo primero es retomar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y los acuerdos alcanzados con los agentes sociales para estabilizar plantillas, algo básico para la calidad de los servicios y mejorar la accesibilidad, por ejemplo, en listas de espera.

Solucionar el déficit de profesionales es una petición unánime

A veces no hay suficientes profesionales para mantener la calidad, sobre todo en lugares periféricos. Esto no depende sólo del ministerio de Sanidad, también de las universidades. No sólo hay déficit ahora; habrá muchas jubilaciones en los próximos años y algunas especialidades pueden sufrir más carencias. Cuando echó a andar el Sistema Nacional de Salud hubo una entrada masiva de profesionales bien formados que ahora están llegando a la edad de jubilación. Hay que estudiar en profundidad el asunto para introducir soluciones.

Uno de los grandes retos del sistema sanitario es ganar equidad y coordinación. ¿Cómo?

El Sistema Nacional de Salud nace así, compuesto por 17 servicios de salud. La palabra clave es cooperación. Las comunidades autónomas tienen competencias de gestión, pero hay margen para la política desde el Gobierno de España y las Cortes Generales. El Consejo Interterritorial está atascado por una cuestión muy básica: se crea en la Ley de Cohesión y Calidad con una orientación por las características especiales del SNS. Su reglamento interno no se puede enfocar como los de conferencias sectoriales de otras materias diferentes a la sanidad. Hay que pegarse a la Ley General de Sanidad y a la Ley de Cohesión y Calidad.

Tras la universalidad, ya encarrilada, otro objetivo del Gobierno es la eliminación del copago. ¿Qué augura?

Es lógico centrar primero el foco en los pensionistas. Un 4,7 por ciento de la población no puede comprar sus medicamentos. Hay que restituir un quebranto a los pensionistas, pero también hay que bucear en ese porcentaje y ver quién más tiene dificultades de acceso. Hay que estudiarlo con detalle y buscar solución a un problema económico: a ver cómo se paga. ¿Si habrá nuevos tramos? No estoy en condiciones de decir si vamos a ir por aquí o por allá. Prefiero no avanzar nada; no quiero tener luego que desdecirme. Demos tiempo.

¿Cree que podrá mejorarse a corto plazo la financiación sanitaria?

Lo que se pueda hacer cuando cambie el sistema de financiación autonómica influirá, pero, mientras esto se negocia, el Gobierno plantea mejorar su financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el techo de gasto está incluida esta mejora, con una partida importante. Si se aprueban los PGE de 2019 habrá una mejora sustancial. Acabo de llegar al ministerio: aún no estoy en condiciones de concretar más.

¿Es posible llegar al 7 por ciento del PIB en sanidad?

Es el escenario para homologarnos a los países de nuestro entorno.

Origen: “Hay que analizar medidas para que la ley no facilite la privatización” – Diariomedico.com
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