El PP ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar este martes en el Pleno del Senado su veto -enmienda a la totalidad- a la Ley de Amnistía, por lo que ha devuelto esta norma al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente.
Como era previsible, la amnistía ha sido vetada en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP, sumando además los votos favorables de Vox, UPN y AHI. Por su parte, el PSOE y sus socios parlamentarios, como ERC, Junts, Bildu o PNV, han rechazado este veto en una votación por llamamiento. El expresidente socialista aragonés Javier Lambán no ha votado.
La encargada de defender el veto del PP en el Pleno de este martes ha sido su portavoz, Alicia García, que ha calificado la amnistía como un «inmenso fraude democrático», destacando las diferencias con la amnistía aprobada en 1977.
«Esa amnistía nos ayudó modélicamente a pasar de una dictadura a una democracia, en aquel momento primó la generosidad. Hoy solo encontramos una cosa: la ambición de un presidente que haría lo que fuera para seguir habitando en la Moncloa», ha denunciado Alicia García.
La portavoz de los ‘populares’ ha recriminado al PSOE que desdeñaran la amnistía que posteriormente pactaron con las formaciones independentistas: «Lo que antes de julio era inconstitucional, ahora es un acto impecable por el cual se felicitan ustedes a sí mismos».
En este contexto, cree que la amnistía «es un pago más de la deuda» con las formaciones independentistas. Y se ha preguntado «para cuándo el referéndum de autodeterminación». «Señorías socialistas, su dependencia del independentismo es cada vez mayor. Hoy es más grande que hace dos días porque el sillón de su jefe depende de (Carles) Puigdemont y ERC», ha sentenciado.
Vox también la pretendía vetar
Por contra, el PP ha descartado apoyar la propuesta de veto de Vox a esta ley de amnistía, aunque su portavoz, Paloma Gómez Enríquez, ha denunciado que la norma «atenta contra el orden constitucional» y que «son muchas» las organizaciones e instituciones españolas e internacionales que «han mostrado su preocupación y su rechazo» a esta iniciativa, en referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado.
Al hilo, ha insistido en que la proposición de ley «es una moneda de cambio de (Pedro) Sánchez para permanecer en el poder» y «garantizar una absoluta impunidad a todos los delincuentes involucrados». Así, ha afeado al PSOE que impulse una iniciativa «con pleno conocimiento de su inconstitucionalidad y con premeditado propósito de infringir la Constitución».
Para Vox, esta proposición «no es la herramienta que necesitamos para buscar y conseguir la normalización institucional, política y social de Cataluña», por lo que ha formulado su propuesta de veto al texto de la amnistía aprobado por el Congreso el pasado 14 de marzo.
PSOE, ERC y Junts defienden la ley
Por su parte, el senador de Junts Josep Lluís Cleries se ha mostrado en contra de los vetos presentados por PP y Vox al considerar que la amnistía es «plenamente ajustada al derecho internacional» y está «preparada para el recorrido y encaje europeo». «Nuestro no rotundo a los vetos presentados y nuestro sí rotundo a la proposición de la ley de amnistía», ha dicho.
Por ERC, la senadora Sara Bailac ha defendido la iniciativa legislativa y ha acusado al PP de intentar «retrasar» la tramitación de la amnistía. «Hoy aquí ustedes no pueden dilatar más el trámite de una ley que se aprobará pese a su veto infructuoso», ha espetado para luego celebrar que su formación ha «abierto un cambio» para «reparar en parte los efectos de la represión política». «Hemos logrado la amnistía y vamos a por el referéndum de autodeterminación», ha añadido.
En su turno de intervención, el senador del PSOE Toni Magdaleno ha aprovechado para recordar la «victoria de los socialistas en las elecciones de Cataluña» y asegurar que el PP ha «fracasado» en su «labor de oposición». «Han sido incapaces de proponer una solución y han fracasado en su intento de convencernos que estas Cortes Generales no tienen la legitimidad constitucional de aprobar una ley de amnistía», ha subrayado.
En este sentido, ha señalado que la «estrategia de la polarización» de los ‘populares’ no ha conseguido «ocultar el elefante en la habitación» que, a su juicio, fue «la mayor crisis constitucional y de convivencia en Cataluña». «Cuando ustedes gobernaban: dos referéndums ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración de independencia inconstitucional. Y hoy estamos aquí también por su culpa, señorías del PP, porque no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad», ha agregado.
El paso de la amnistía por el Senado
Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría ‘popular’, ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.
Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como «reforma encubierta de la Constitución».
Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.
Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.
En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.
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