El PSOE y Podemos, con el preciado apoyo de Bildu como guinda del pastel del resto de socios de gobierno, ha aprobado una Ley de Vivienda fijando y topando el precio de los alquileres en España. Dicen que se trata de una medida pionera y revolucionaria en su progresismo, con la pequeña salvedad de que Franco ya hizo lo mismo en 1964.
O sea, todo el mundo sabe -o debería saber- que para bajar los precios hace falta aumentar la oferta. Otra cosa no funciona y tiene efectos indeseados que pueden ser más o menos graves en función de la agresividad con la que se intenten topar los precios. El caso más extremo es el desabastecimiento que hemos visto en todos los países socialistas con los precios intervenidos y fijados por el gobierno. ¿Qué hay que hacer para que baje el precio de la vivienda? Construir más vivienda y facilitar que se pongan más viviendas de las existentes en alquiler. Por cierto, esto se consigue protegiendo y mimando al propietario en vez de perseguirlo. Uno pone un piso en alquiler en primer lugar si puede obtener una rentabilidad atractiva, y segundo si se le garantiza que podrá desalojar fácilmente a los inquilinos que incurran en un impago. No digamos si el problema son unos okupas.
Alguien podría pensar que es contraintuitivo, pero lo cierto es que sólo si los precios del alquiler son atractivos para el propietario habrá más personas que inviertan en pisos de alquiler, o que pongan en alquiler viviendas que ya tienen, y a su vez si el alquiler de pisos es una inversión atractiva se propicia la construcción de pisos y con ello el aumento de la oferta. Es un círculo virtuoso. La mejor protección del inquilino, por otro lado, es que disponga de una amplia oferta de pisos.
Por el contrario, si se limitan los precios y se desprotege al propietario, lo que sucede es que a nadie le interesa poner un piso en alquiler, a nadie le interesa comprar por tanto un piso para alquilarlo, por tanto tampoco interesa construirlo si no hay demanda para comprarlo, por lo que baja la oferta y suben los precios. Además la hiperprotección al inquilino y la desprotección del propietario abocan a que el propietario exija garantías exageradas y reduzca extraordinariamente el espectro de personas de las que se fía para alquilarles su piso. Este es un círculo vicioso que encarece y dificulta el acceso a la vivienda.
Pero volvamos a Franco.
Antes de Ione Belarra, Otegui, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, el Generalísimo ya intentó “topar” el precio de los alquileres mediante la Ley de Reforma de Arrendamientos Urbanos de 1964, la cual por cierto comenzaba con un párrafo que ahora podrían firmar PSOE y Podemos
“El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político”.
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta feliz idea de Franco a la que llegan ahora el PSOE y Podemos con casi 60 años de retraso? Pues para empezar aquel lío de las rentas antiguas de las que todavía se acordarán muchas personas. O sea, rentas irrisorias que un inquilino pagaba por un inmueble totalmente fuera del precio real tras años y años de inflación, con gravísimo perjuicio para el propietario. Durante muchos años esta ley franquista desalentó la oferta de alquiler por completo, lo que algunos analistas consideran una de las causas por las que España es uno de los países con mayor porcentaje de vivienda en propiedad y menor cultura del alquiler. Claro que al menos con Franco los propietarios no tenían un problema como el de la okupación.
Pero por otro lado, ¿no fue el gobierno de Aznar liberalizando el suelo el que creó la burbuja inmobiliaria? ¿No se ha comprobado por tanto que la liberalización del suelo no puede ser la solución? ¿Franco y Sánchez tienen razón?
Pues no.
La verdad es que aquella ley de Aznar liberalizando el suelo en 1998 no tuvo ningún recorrido. Para empezar, el Supremo había sentenciado en 1997 que la competencia de la gestión del suelo correspondía a las autonomías, por lo que la ley estatal tenía que ser desarrollada en cada comunidad, cosa que nadie hizo, y desde luego no en términos de una liberalización real y eficaz. No es de extrañar que la liberalización del suelo encuentre grandes barreras en todos los partidos porque la recalificación del suelo es una vía de financiación extraordinaria para todos los partidos en todos los ayuntamientos. Así pues si alguien quiere encontrar la raíz de la burbuja inmobiliaria que la busque en la política de los bancos centrales de mantener artificialmente bajos los tipos de interés, por ejemplo. Y así por otra parte se encontrará una vez más al intervencionismo y no a la liberalización en la base de una burbuja y de una catástrofe financiera. Aunque la lógica y el socialismo mantienen una relación totalmente tóxica entre ellos, que los precios de las casas caen si se construyen más casas y se abarata el precio del suelo es algo que cae por su peso.
HERALDO SANITARIO y POLÍTICO - SATÍRICO DE OREGÓN 