El Consejo Interterritorial pedirá derogar el decreto del PP

24 jul

En el Consejo Interterritorial de Sanidad que tendrá lugar la semana que viene, los nuevo consejeros socialistas –que son mayoría– ya han pedido que se incluya en el orden del día la derogación del decreto del Gobierno del PP que privó de tarjeta sanitaria en el 2012 a “muchos ciudadanos”, según precisó ayer el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya. Será la primera reunión de este consejo desde que se produjera el cambio de Gobierno. Los socialistas plantearán otras cuestiones, por ejemplo, en relación al IAI.

Fuente: El Consejo Interterritorial pedirá derogar el decreto del PP – Aragón – El Periódico de Aragón.

BOA: Interinidades en Teruel

24 jul

BOA-CABECERA

Interinidades en Teruel

Obispo Polanco

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la convocatoria para el nombramiento con carácter temporal de cuatro plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en el Sector Sanitario de Teruel Hospital Obispo Polanco.

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Cirugía Oncológica Ginecológica y de Suelo Pélvico en el Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel.

Hospital San José

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la convocatoria para el nombramiento con carácter temporal de una plaza de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Geriatria en el Sector Sanitario de Teruel Hospital San José.

Titulados Técnicos de Administración Sanitaria

Admitidos y excluidos

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2015, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Titulados Técnicos de Administración Sanitaria, y se señala lugar y fecha para la celebración del primer ejercicio.

 

 

Transparencia insta a publicar la declaración de intereses del Comité de Expertos de Hepatitis C – Acta Sanitaria

24 jul

Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad

Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido recientemente una resolución por la que insta al Ministerio de Sanidad a hacer públicas las declaraciones de intereses del Comité de Expertos de la Hepatitis C, que elaboró hace unos meses el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C.

A juicio de este órgano, el cual tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia (LTAIBG), “es innegable que conocer si existen eventuales conflictos de intereses entre los encargados de realizar un Plan Estratégico en el campo de la Sanidad y evitar así que dicha planificación obedezca a fines más allá del interés público, como medio de controlar el proceso de adopción de decisiones de relevancia pública es, precisamente, el objetivo principal que persigue la Ley de Transparencia”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno explica que, la citada resolución, pretende dar respuesta a una reclamación particular “en la que se solicitaba copia de Declaración de Intereses de todos los miembros del Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, incluidos los revisores externos”.

En este contexto, se expone que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguró en su momento, en la celebración de una Comisión de Sanidad, que todos los integrantes del Comité de Expertos de la Hepatitis C “presentaron la declaración de conflicto de intereses”, algo que es “obligatorio y perceptivo”. Además, explicó que éstos “no están relacionados con los laboratorios que fabrican los nuevos medicamentos contra la hepatitis C”, lo que, a su juicio, supone “una garantía de su independencia”.

Los revisores externos no estuvieron obligados a presentarla

De cualquier forma, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno recuerda que, en el caso de los revisores externos, los mismos “no realizaron dicha firma al no tener obligación de ello, por no ser personas responsables de la elaboración del Plan”. Según se señaló, se considera que éstos “tienen una función meramente evaluadora”.

Por último, y por aclarar este concepto, este órgano declara que, “en ningún momento, la declaración de intereses, y de acuerdo con lo establecido en estos casos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), contiene datos que pudieran ser calificados como especialmente protegidos”. Por ello, insta a la cartera sanitaria del Gobierno “a hacer públicas dichas declaraciones de intereses”, ya que “existe un interés público superior en conocer la información solicitada”.

Fuente: Transparencia insta a publicar la declaración de intereses del Comité de Expertos de Hepatitis C – Acta Sanitaria.

Lo que V.O. sí desnuda

24 jul

Lo que verdaderamente enerva ahora es que se indique claramente quién ha cometido el fallo. Eso saca de sus casillas a muchos

Elisa Beni

Elisa Beni

La polémica en torno a la web de Carmena tiene una gran importancia pero no por la web sino por lo que desnuda. Es un paradigma de las falsas discusiones a las que nos abocan por mor de utilizar los asuntos contra el adversario político. Es un ejemplo de pensamiento orweliano, de instrumentación de la opinión pública y del relativismo factual en que se ampara la manipulación. Algo que puebla el panorama público español empañándolo todo, amalgamándolo todo, imposibilitando el pensamiento estructurado y crítico y el establecimiento de puntos firmes y comunes. Además descubre los pesebres ideológicos, la pobreza del seguidismo argumental y la sumisión de organizaciones que se suponen representativas a un determinado hilo ideológico que sólo acoge a algunos. Muestra además la profunda crisis del periodismo en España. Díganme si no supone un repaso eficiente a la dura realidad.

Los hechos: la web Versión Original es una fórmula de expresión del derecho de rectificación del Ayuntamiento. El artículo 1 de la Ley Reguladora del Derecho a la Rectificación dice textualmente “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información defendida por cualquier medio de comunicación social, de hecho que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda suponerle un perjuicio”. A continuación establece una fórmula extrajudicial de lograrlo y otra judicial para si esta no prospera. Todo el que habita los medios conoce la dificultad de aplicación práctica de esta ley y todo el que conoce los juzgados entiende de su poca efectividad en la práctica. Carmena lo sabe así que arbitra una modalidad novedosa en España, no en otros lugares, para cubrir el mismo derecho. Nada que no hagan todos los días los jefes de Prensa de España. Incluidos los del PP que tampoco se cortan nada en levantar el teléfono para llamar a los medios cuando las noticias contienen inexactitudes. Seamos serios incluso cuando simplemente no les gustan.

¿Saben la diferencia? Es necesario conocerla para entender el girigay que han organizado los propios medios. La diferencia es que eso pasa entre bambalinas y los ciudadanos y la competencia no se enteran. Lo que verdaderamente enerva ahora es que se indique claramente quién ha cometido el fallo. Eso saca de sus casillas a muchos. No sólo a los que fallan sino también a los que realmente lo hacen conscientemente para manipular la realidad porque eso les hará trabajar ahora delante del telón y no en la tramoya y eso es más peligroso y menos eficaz. A mí también intentaron ejecutarme civilmente por señalar en mi libro sobre el 11-M desmanes, errores y manipulaciones de los medios con nombres y apellidos. Así que pueden creer que sé de lo que hablo.

Pero, como decía, lo importante de esto es lo que saca a la luz. Deja al descubierto que el ministro de Justicia no entiende el concepto de derecho de rectificación ni el de libertad de expresión y oírlo hablar de “tufo” a “regímenes totalitarios en los que se encarcela a la disidencia” produce sonrojo. Máxime cuando dos asociaciones de jueces – Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria- ya se han pronunciado abundando en el tema del derecho de rectificación y avalando la legitimidad de la iniciativa. Supongo que la conservadora APM sigue silente porque no le apetece salir a contradecir al PP para decir lo único que puede decir desde un punto de vista profesional que es lo mismo que las otras dos.

Luego tenemos el panorama de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España que pretende representar a los periodistas españoles y cuya presidenta ha dejado muy claro que no entiende en qué consiste la Libertad de Prensa ni la Libertad de Expresión dado que si las tuviera interiorizadas no hubiera podido salir a afirmar que esta iniciativa las conculca. En todo caso no representa en tal opinión a todos los periodistas de España y se alinea claramente con un pensamiento ideológico concreto. La animo a realizar un debate entre periodistas en la sede de la FAPE sobre esta cuestión. Ya verá como su criterio no es compartido por muchos. Pedir que en un régimen democrático los medios cumplan las normas básicas del periodismo, contrastando las fuentes y ofreciendo las versiones de todas las partes cuando hagan información no conculca ningún derecho ni restringe ninguna libertad sino muy al contrario.

La ultra reacción de los populares es comprensible. Si hubiéramos leído desde el principio en qué contexto se pregunta y se responde sobre el cambio del callejero y qué se contesta -como figura en el acta colgada en V.O- muchos voceros no hubieran podido defender impunemente que Carmena quería quitarle su calle a Dalí o a Bernabeu. La propia respuesta afirma que cuando se dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica -lo que no estima urgente- se consensuará con fuerzas sociales respecto a qué calles y cómo hacerlo. Lo que no es periodismo es coger esta respuesta, y titular que Carmena va a sacar del callejero a Pemán y a Dalí porque, saltando en el vacío, se sacan de la manga que utilizará para ello una lista que en su día hizo un tipo por encargo de IU. Eso no es periodismo. No quiero que defiendan tal aberración en su nombre.

Tampoco entiendo el papel del PSOE sumándose a esta ordalía. Supongo que habrán pensado que no conviene enfrentarse con los medios y los periodistas en plena campaña. O con unos en concreto dado que el diario independiente fue señalado con el dedo y se descolgó con un editorial inflamado. Por cierto, los que razonan que la web del Ayuntamiento no deja lugar para la respuesta de los medios ignora que estos han tenido, tienen y tendrán siempre EL lugar donde responder.

Lo que duele y preocupa de esto no es una web -que, por cierto, tendrá que estar atenta a señalar a todos y no a unos sí y a otros no- sino la penuria de conceptos democráticos y valores profesionales en la que estamos sumergidos. Eso sí que sí.

Fuente: http://www.eldiario.es Lo que V.O. sí desnuda.

La reforma electoral del PP le daría poder absoluto en casi 400 alcaldías más con los resultados del 24M

24 jul

El PP quiere que un partido con el 35% de los votos y una distancia de cinco puntos sobre el segundo, o el 30% de los votos y 10 puntos sobre el siguiente, tenga automáticamente la mayoría absoluta

Ese cambio en la ley le hubiera permitido tener en una primera vuelta 386 alcaldías más de las que gobierna ahora con poder absoluto y al PSOE, 293

Mariano Kin-Yong-Un

Mariano Kin-Yong-Un


El PP quiere acabar con lo que llama los “pactos de perdedores” que le han arrebatado el poder en numerosos municipios tras los comicios municipales del 24M. Con ese objetivo ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma electoral que pretende que el partido más votado sea el que gobierne. El proyecto le permitiría tener, sin necesidad de una segunda votación, el poder absoluto en 386 ayuntamientos más de los que gobierna ahora con mayoría absoluta.

 ¡Los conservadores plantean dar una prima a los partidos que obtengan ventaja en las urnas. Así, si una fuerza alcanza el 35% de los votos y se sitúa cinco puntos por encima de su rival inmediato, el sistema le otorgaría “automáticamente” la mayoría absoluta. Ese mismo beneficio lo obtendría una candidatura que consiguiera el 30% de los votos y 10 puntos sobre el siguiente más votado.
Fuente: La reforma electoral del PP le daría poder absoluto en casi 400 alcaldías más con los resultados del 24M.

El Servicio Aragonés de Salud tiene dos Directores Gerentes

23 jul

Por gerentes que no quede. El Servicio Aragones de Salud no tiene uno sino dos Directores Gerentes, uno de hecho nombrado por el PSOE y otro de derecho nombrado por el PP.

Sebastian Celaya Pérez, Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón

Sebastian Celaya Pérez, Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón

El mas antiguo -el de derecho- es Angel Sanz Barea, el que puso el PP con nombramiento como Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud en el BOA del 10/bril/2014. El otro -el de hecho- es Manuel Garcia Encabo, el desde ayer Director General de Asistencia Sanitaria cargo desde el cual según el Consejero de Sanidad Sebastian Celaya se convierte  el autentico Gerente del Servicio Aragonés de Salud salvo unos pocos temas”menores” como compras, personal o logística.

De momento Celaya ha nombrado a Gª Encabo sin cesar a Sanz Barea, es decir se trata de una Gerencia Bicéfala. Para complicar el tema no ha publicado la normativa que quita prerrogativas al Gerente del Salud a favor del Director General de Asistencia Sanitaria. Las competencias del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud no las establece el capricho verborreico de Celaya. Ni siquiera las establece el Presidente de Aragón Javier Lamban. Las establece el Artículo 13. Competencias del Director Gerente del Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud que dice en su punto 1: 1. “El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud ostentará la representación legal del mismo y ejercerá la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades, de acuerdo con las directrices del Consejo de Dirección”!.

Lo anterior quiere decir que si el Gerente -de hecho- Garcia Encabo firma algo que sea competencia exclusiva del Gerente de -de derecho- Sanz tarea se puede meter en un lío muy gordo. El mismo Celaya se puede ver en apuros si da ordenes a GªEncabo que vayan en contra la normativa vigente.

El problema de la bicefalia va a durar meses ya que cambiar una norma de este tipo con rango de Ley no es fácil.

El Consejero Celaya lleva 17 días en el cargo pero se está cubriendo de gloria. Dice Nos apostamos unas cañas a que no llega a Navidades.

Hepatitis C: Sanidad oculta posibles conflictos de interés del comité de la hepatitis C

23 jul

El Consejo de la Transparencia insta al ministerio a hacer públicas las declaraciones de los expertos nombrados por el Gobierno

Accede al Informe con los nombres de los facultativos pinchando INFORME DE LA AFDSP

doctor-dineroEl Ministerio de Sanidad ha estado ocultando los posibles conflictos de intereses de los expertos que nombró para el comité del plan nacional contra la hepatitis C, algo que le censura el Consejo de la Transparencia en una resolución reciente, donde además insta a hacer públicas las declaraciones firmadas por los expertos. Este órgano, que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, considera necesario que se conozca esta información para evitar que el plan “obedezca a fines más allá del interés público”.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció a principios de enero la creación de un comité de expertos naciones e internacionales, coordinados por el hepatólogo Joan Rodés, para elaborar el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. Lo hacía después de varias semanas de protestas en la calle y encierros de afectados en varios hospitales, que reclamaban acceder a los nuevos y costosos tratamientos para esta enfermedad, y de la presión del colectivo de hepatólogos, que lamentó públicamente no poder tratar a sus pacientes con los mejores fármacos disponibles.

Poco después de que se diera a conocer el nombre de los expertos elegidos (seis españoles y tres extranjeros), la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó un informe sobre los conflictos de interés que, en su opinión, tenían estos especialistas por sus relaciones con laboratorios que producen los fármacos, especialmente con Gilead, la farmacéutica fabricante de Sovaldi, la más conocida de estas nuevas píldoras.

El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, pidió durante una comparecencia parlamentaria de Alonso que los expertos firmaran una declaración de interés. El ministro contestó que así se había hecho, pero siempre se ha negado, también ante la petición de los medios de comunicación, a hacer públicas esas declaraciones. Ahora el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno le insta a ello en una resolución con fecha de 25 de junio. “Es innegable a nuestro juicio que conocer si existen eventuales conflictos de intereses entre los encargados de realizar un plan estratégico en el campo de la sanidad […] es, precisamente, el objetivo principal que persigue la Ley de Transparencia.

La resolución del Consejo deriva de la queja presentada por un ciudadano que, a través del Portal de Transparencia, pidió las declaraciones de interés de los expertos. El Ministerio de Sanidad le denegó la petición. La Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia contestó con una lista de los miembros del plan estratégico que incluía nombre y apellidos, cargo y centro de trabajo. En otra, informaba de quiénes eran los expertos de apoyo y finalmente del grupo de revisores externos. “Todos los participantes han firmado una declaración de intereses según el modelo y procedimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, añadía la contestación.

Pero esa era información ya publicada y conocida, por lo que el reclamante insistió. El Consejo entiende que lo que pedía era la copia de esa declaración firmada, es decir, saber efectivamente si existe algún tipo de conflicto de interés que cuestione la independencia de los expertos. Entre los argumentos que da el Consejo está el código ético de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del ministerio, que incluye a los miembros de comités entre los que deben dar a conocer las declaraciones de intereses.

Sanidad no preguntó a los expertos

El Ministerio de Sanidad alegó que dar a conocer las declaraciones de los expertos del comité de la hepatitis C vulnera la normativa de protección de datos. Añadió que no contaba con el consentimiento de los afectados. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechaza esos argumentos; no solo porque los datos no están “calificados como especialmente protegidos”, sino porque Sanidad ni siquiera intentó recabar el consentimiento de los expertos.

Así lo confirma a EL PAÍS Agustín Albillos, jefe de Gastroenterología del hospital Ramón y Cajal de Madrid, catedrático y miembro del comité, que añade que no pondría impedimentos a que se divulgara la declaración que firmó. Le preocupa, eso sí, que la información se divulgue sin ir acompañada de una explicación, porque “está sujeta a demagogia”.

Colaboración con las farmacéuticas

También explica que en el ámbito académico e investigador es muy habitual colaborar con las farmacéuticas, en parte porque son las que dan formación continua a los médicos. “Cualquiera que esté en el ámbito académico necesita a la industria farmacéutica, y al revés. Es mutuo. Nosotros los necesitamos a ellos y ellos a nosotros para desarrollar mejor sus productos y divulgar sus resultados. Eso no quiere decir que un médico pierda su independencia”, añade Albillos.

“Colaboro prácticamente con todas las compañías. Lo raro es no trabajar con ninguna, porque quiere decir que alguien no tiene actividad investigadora. Lo sospechoso es cuando solo aparece una empresa, cuando un médico solo da charlas solo para un laboratorio y habla únicamente de los beneficios de sus productos”, añade. En su caso, la FADSP publicó como posible conflicto de interés que dirige un master en Hepatología en la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con Roche. “El dinero lo recibe la universidad, no el médico, y se destina para becar a alumnos; eso es algo que tiene que entender el público”, subraya.

Fuente: hepatitis c: Sanidad oculta posibles conflictos de interés del comité de la hepatitis C | España | EL PAÍS.
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