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LA “JURISPRUDENCIA” DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno.

El último de los asuntos llevaba el número mil y pico, de lo que se deduce que diariamente se registran unas tres quejas, por término medio, incluidos los días feriados, es decir, inhábiles…

¿No sería mejor que en vez de un solo Promotor hubiera dos o tres Magistrados, lo que podría servir, además, para aquilatar las resoluciones, y evitar el excesivo poder de esta figura, que vacía de competencias el Servicio de Inspección del CGPJ, que supongo seguirá existiendo y funcionando…?

Acato y respeto, pero no comparto, las citadas resoluciones, que supongo serán también los “criterios” del citado Promotor, y voy a comentarlos someramente, dando mi punto de vista como iletrado (ahora que no nos lee nadie). Para mí, como para cualquier analfabeto jurídico, el Derecho es, o debe ser, sobre todo sentido común. Y cuando falta el sentido común, que es el aplicado por la generalidad de la población, es que algo falla.

No se puede legislar contra natura, aunque en este país, antes llamado España, lo estamos viendo todos los días, por desgracia: se llama “matrimonio” a las uniones de homosexuales y lesbianas, pero en cambio las parejas de hecho (que según las malas o buenas lenguas son millones las personas que están en esa situación), permanecen en el limbo jurídico; se legisla sobre las operaciones de cambio de sexo, y se financian con dinero público, mientras que personas que esperan un trasplante o una operación de corazón fallecen en las listas de espera; se acaba de disponer que los alumnos suspendidos en la Eso puedan pasar al Bachillerato, sin problema alguno, y demos gracias a Dios que no se legisle, también, que cualquier burro con alas tiene “derecho” a ser graduado universitario, preferentemente en Derecho, faltaría más… En fin, el acabose.

En el primer y segundo casos el Promotor entiende que una jueza puede comportarse en la sala de vistas con el mismo apasionamiento que los abogados de las partes, criterio que no comparto.

Un juez no solo debe de ser imparcial y objetivo, sino también parecerlo.

Todos tenemos un mal día, aunque esta jueza los debe de tener muy a menudo (ahora mismo acabo de recibir un correo electrónico de una señora que también va a denunciarla), pero todos esperamos de la jurisdicción que dejen sus problemas en su casa, o en su despacho, y no los lleven a la sala de vistas.

En el segundo asunto, sobre esa misma jueza, que no se ha abstenido de intervenir, a pesar de haber sido denunciada con anterioridad, el Promotor sostiene el “criterio”, legal pero irrazonable, por lo menos desde mi punto de vista, de que al no haberse sancionado a la jueza, no hay motivos para que no siga resolviendo, como si tal cosa.

Un juez no solo debe de ser honesto, sino también parecerlo. Es posible que yo fuera un mal juez sustituto –aunque nadie se quejó de mí, al menos que yo sepa-, pero si alguien me hubiera denunciado, desde luego que me hubiese apartado del procedimiento, por entender que no iba a poder actuar con imparcialidad, probidad y objetividad. Pero claro, hubiera sido una decisión tomada desde el sentido común, que tal vez la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente hubiera invalidado, obligándose a seguir actuando en el pleito concreto y determinado…

Según el Promotor, aunque te denuncien todas las veces que quieran, sino eres sancionado por ello, no hay problema alguno. ¡Curiosa forma de ver la realidad, que creo se aparta bastante del sentido común!

¿O es que todos somos seres angelicales, que estamos por encima el bien y el mal, que no profesamos fobias y filias, simpatías y antipatías, en función de nuestra relación con una determinada persona, abogado, procurador, fiscal, etc.?

En el tercer y último caso, una sección que denuncia a un abogado ante su colegio profesional por haber criticado una resolución de la secretaria judicial (perdón, de la letrada de la administración de justicia), el Promotor no entra al trapo, cual toro bravo, y dice que es un acto jurisdiccional, y que por tano no debe conocer del asunto. Y, obviamente lo archiva.

¿Puede utilizarse el enorme poder que la Constitución y las leyes dan a los jueces para emplearlo en contra de abogados molestos, por ser moscas cojoneras del sistema…, pero que se expresan libremente en el ejercicio de su profesión, y en defensa de su cliente, en este caso él mismo?

Yo creo que no. Y es más, si los 150.000 abogados que hay en España, se dedicaran a quejarse de todas las actuaciones presuntamente irregulares, desatenciones, comienzo de las vistas con retrasos notables, suspensiones de juicios sin avisar, dilaciones en la resolución de los recursos, procedimientos y sentencias, de los 5.500 jueces que tenemos, creo haría falta una docena de Promotores de la Acción Disciplinaria…

Contra la impunidad judicial. Denuncia contra la Juez de primera Instancia Número Nueve de Zaragoza

9 Dic

impunidad-judicialNuestro diario tiene claro que uno de los principales males de la España actual es la falta de una auténtica separación de poderes.

En los últimos años el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una dependencia más del Ministerio de Justicia, y su presidente, y presidente también del Tribunal Supremo, no pasa de ser un Subsecretario del Departamento, o, como mucho, un Secretario de Estado.

Pero nunca un poder, o más bien un contra poder, distinto al poder ejecutivo y al legislativo.

La creación de la figura del “Promotor de la Acción Disciplinaria” supone que el CGPJ atribuye a una sola persona la instrucción de todos los procedimientos disciplinarios sobre un colectivo de más de 5.000 jueces profesionales, además de varios miles de eméritos, sustitutos y suplentes.

Todo lo cual hace que, en la práctica, escasamente se investiguen las actuaciones claramente arbitrarias de muchos jueces –y juezas-, ante la imposibilidad de que una sola persona (por mucho que disponga de algún Letrado de apoyo) pueda hacer frente a la marabunta de denuncias que se presentan anualmente ante el citado Consejo.

Somos conscientes de esta situación, y precisamente por ello queremos servir de plataforma informativa para las numerosas denuncias que se presentan, y que a la hora de la verdad, por un corporatismo mal entendido (hoy por ti, mañana por mí), se acaban quedando en nada, ante el pasmo de propios y ajenos…

Si los ciudadanos de a pie, que somos la mayoría, nada podemos esperar del Consejo, ¿qué solución nos queda?

Abrimos esta galería informativa sobre las quejas contra la actuación presuntamente arbitraria de muchos jueces con la publicación de la denuncia adjunta, de la que es autor nuestro colaborador, el abogado don Ramiro Grau Morancho.

Denuncia

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Ramiro GRAU MORANCHO, con domicilio en la dirección ut supra indicada, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:

1º. – Que en su día formulé denuncia contra doña Eva María CHESA CELMA, Juez titular del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 9 DE ZARAGOZA, en relación con su actuación en el acto de la vista del juicio verbal nº. 1102/15-C (DERECHO DE RECTIFICACIÓN), tramitándose en ese Consejo como Diligencia Informativa 214/2016, decretándose por Acuerdo de 20 de junio de 2016 su archivo, decisión que no fue recurrida. –

2º. – Con posterioridad se han producido varias actuaciones de la señora Magistrada-Juez que entendemos pudieran ser merecedoras de reproche disciplinario, y que son las siguientes:

A/. – Al impugnar la tasación de costas efectuada por la Sra. Letrada del Juzgado pon indebidas, al tratarse de un procedimiento en el que se ejercitaba el derecho de rectificación (vid. documento núm. 1), la citada señora lo confirmó y dio por buenas las “cuentas del gran capitán” aportadas por el letrado y procurador de los demandados, pese a ser incorrectas, tal y como expusimos ante el órgano judicial. –

B/. – La señora Juez, en lugar de abstenerse de resolver el asunto, pues la habíamos denunciado, y obviamente estaba predispuesta en contra nuestra –un juez no sólo debe ser imparcial, sino también parecerlo-, se apresuró a “legalizar” la actuación de la Sra. Letrada del Juzgado, pese a ser totalmente incorrecta (vid. documento núm. 2). –

Esta parte no la recusó porque entendía que era obvio que debería abstenerse, y cual fue nuestra sorpresa cuándo vimos que seguía interviendo en el procedimiento, sin problema alguno…

C/. – Pero lo que ya ha superado nuestra capacidad de asombro ha sido que el Letrado contrario ha extendido una minuta de honorarios a nombre de una empresa con la que no hemos tenido relación alguna (vid. documento núm. 3), y al plantear ante S. S. I. la necesidad de rectificar ese mayúsculo error, que lo único que acredita es el total pasotismo de la señora letrada y de la señora juez (por no decir su incompetencia profesional), al no molestarse ni siquiera en leerse las minutas de honorarios…, su contestación fue “que haberlo dicho antes”, condenándonos por tanto al pago de una elevada cantidad de dinero a una empresa totalmente ajena a la causa. –

Suponemos que después de tomar una decisión tan arbitraria, dicho sea con todo respeto, y en términos de defensa, se iría a tomar algo, con la satisfacción “del deber cumplido”. –

En otras palabras, que ni como abogado ni como simple ciudadano tengo el deber jurídico de soportar una actuación tan arbitraria e injusta, tanto de la señora juez como de la señora letrada (que será debidamente denunciada ante el Ministerio de Justicia), por lo que ruego a V. E. que, previa verificación de los datos expuestos (quedando a su entera disposición para la aportación de cualquier documentación complementaria que precise), ejercite las funciones disciplinarias que tiene legalmente atribuidas. –

Zaragoza, 5 de diciembre de 2016. –

EXCMO. SR. PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.         MADRID.