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LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL CGPJ ESTÁN TOTALMENTE INACTIVOS ANTE EL GRAN FRAUDE CONTINUADO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

4 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

El mayor escándalo de corrupción de fondos públicos, nacionales y de la Unión Europea, son los “cursos de formación” protagonizado por los agentes sociales (sindicatos y patronales), y con la responsabilidad “in vigilando” de las Administraciones Públicas, ha quedado impune, a pesar de que la Audiencia Nacional y el CGPJ recibieron numerosas denuncias, querellas y quejas de nuestro Sindicato Manos Limpias, desde el año 1999.

Este gran fraude masivo y continuado, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pero con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, las zonas españolas con más porcentaje de paraos sobre el total de la población activa, tenía un organismo judicial competente para su investigación y enjuiciamiento, la Audiencia Nacional, al haberse realizado en la práctica totalidad del territorio de España, a tenor de lo preceptuado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se instruyeron numerosos procedimientos judiciales individuales, en varias provincias, siendo investigados los hechos por los juzgados de instrucción correspondientes, en lugar de centralizar todo el asunto en la Audiencia Nacional, que para algo está.

No solo eso, sino que en los casos que llegaron a la Audiencia, esta se inhibió en favor de los juzgados de instrucción que habían comenzado la investigación, impidiendo así tener una visión en conjunto, total y completa, del latrocinio, sin que el CGPJ quisiera o pudiera obligar al citado órgano a cumplir con su deber…

Ya en el año 1999, el Sindicato Manos Limpias denunció ante el Juzgado Central de Instrucción Núm. Tres, cuyo titular entonces era la magistrada doña Teresa Palacios, a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, señores Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, por su presunta participación en estos delitos de malversación de caudales públicos.

El fiscal jefe por aquel entonces de la AN, don Eduardo Fuigariño, no pudo, no quiso, o no le dejaron, asumir la investigación de este fraude.

Más recientemente, en el año 2.012, Manos Limpias vuelve a la carga, y presenta nueva denuncia ante la AN contra los máximos responsables de CC.OO, UGT y la Patronal, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción Núm. UNO de la AN, siendo juez del mismo Santiago Pedraz, que rápidamente se quitó de encima la denuncia, inhibiéndose en favor de los Juzgados de Sevilla.

Allí la causa recayó en el juzgado de la Juez doña Mercedes Ayala, que fue la única magistrada que realmente cumplió con su deber, y se tomó interés por el asunto.

Al tratarse de un asunto que afectaba a numerosas provincias, y dónde se hablaba de un fraude de alrededor de 3.000 (tres mil) millones de euros, con los que se habían estado financiado los principales sindicatos, patronales y, posiblemente el PSOE, Manos Limpias pidió al CGPJ la creación de un juzgado específico, dentro de la AN, para centralizar la investigación de estos asuntos, solicitud que ni que decir tiene, no fue tomada en consideración. El CGPJ prefirió mirar para otro lado, con tal de no ver nada.

Ante esa imposibilidad de obtener alguna tutela judicial efectiva en España, Manos Limpias pidió a la Unión Europea la suspensión de esas ayudas a España, en tanto en cuanto no se aclararan todos estos fraudes.

La única medida que tomó el ministerio de empleo y seguridad social, posiblemente a instancias de la UE, fue la de privar a los agentes sociales del control de las referidas subvenciones, que pasaron a estar controladas, por lo menos teóricamente, por las Administraciones Públicas competentes en la materia.

Dos datos a tener en cuenta: a todo trabajador por cuenta ajena se le descuenta el 0,5% de su nómina para formación, lo que multiplicado por los quince millones de empleados por cuenta ajena que hay en España, más o menos, supone unas cantidades millonarias, que mucho nos tememos se han malversado, alegremente.

Había y hay tanto interés en ocultar este asunto, que salpica a todos, sindicatos, empresarios, PSOE, y seguramente algún otro partido político, que rápidamente se apartó a la juez Ayala de la instrucción del asunto, no fuera a descubrir cosas que debían permanecer en el olvido…

Su actuación, con total independencia y profesionalidad, habría sido un auténtico peligro público para el sistema, pues podría haber puesto en jaque a todos los beneficiarios de este dinero público, detraído –más bien sustraído- a los trabajadores cotizantes…

El fraude de los Eres, que estos meses se está juzgando, supone un perjuicio a las arcas públicas de unos 950 millones de euros, aunque ahora se está intentando minimizar y reducir su cuantía, pero el caso de los “cursos de formación” se ha valorado en más de 3.000 (tres mil) millones de euros, lo que da cuenta de su importancia.

Ahora, que está de moda imputar a los presuntos delincuentes su pertenencia a “organizaciones criminales”, según la Fiscalía, es decir, creadas para delinquir, resulta obvio que la legislación atribuye su persecución a la Audiencia Nacional, como Tribunal especializado en estos temas, y ello a pesar de su “resistencia” a asumir este asunto.

Y lo mismo digo de la necesidad de instar la disolución de esas “organizaciones criminales”, previo procesamiento de sus máximos dirigentes.

Nada de esto se ha hecho.

Al fin y al cabo, vivimos en Italia, digo en España, y la existencia de la mafia y de las organizaciones criminales –en el caso de España, que todo se andará-, es el pan nuestro de cada día.

¿Y quién nos dice que algunos de aquellos que deberían perseguirlas no están a sueldo de las mismas…?

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EL VERGONZOSO ESPECTÁCULO DEL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE TORRA ANTE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO DEL PP

29 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Ya la proclamación o elección del nuevo Presidente de la Generalidad, Torra, con el voto delegado de dos huidos de la justicia, Puigdemont y Comín, y de presos sin la más mínima cobertura legal, hacían presagiar lo que se os venía encima…

A ello hay que añadir el acto de toma de la toma de posesión de Torra, un auténtico esperpento, radicalmente ilegal, y nulo de pleno derecho, por no haberse observado las formalidades establecidas legalmente.

Ya con anterioridad a la toma de posesión, el presidente del Parlamento catalán, que también apunta maneras, remite vía email un “simple comunicado” del resultado de la votación al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

El protocolo establece que el presidente del Parlamento debe acudir ante el Jefe del Estado, para dar cuenta del resultado de la elección, pero en una muestra más del desprecio más absoluto a los requisitos establecidos en el funcionamiento de las Instituciones.

El escenario de la toma de posesión y el juramento de Torra traspasan las más elementales reglas y requisitos de la legislación vigente.

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los candidatos, antes de tomar posesión del cargo correspondiente, deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, y éste precepto obliga también a las Comunidades Autónomas, como es Cataluña.

Torra ni siquiera jura “por imperativo legal”, que fue la fórmula utilizada por los miembros de Bildu, y de otros cargos electos independentistas, siendo avalada esta fórmula por los Tribunales.

En el caso que nos ocupa, el matiz es diferente. Torra ni jura ni promete “por imperativo legal”. Simplemente proclama su fidelidad “al 1 de Octubre y al pueblo de Cataluña”, (pero no a todo el pueblo catalán, solo a los catalanes independentistas), aunque más bien parece un perrito faldero de Puigdemont, un hombre sobre cuya estabilidad mental tengo serias dudas…

Pero abundando más en el juramento de Torra, sus declaraciones públicas de implantación de la república catalana, etc., dejan bien claro que su juramento es nulo de pleno derecho, o cuando menos, anulable, y este acto administrativo debería haber sido impugnado por la Abogacía del Estado, que para algo está, vamos, digo yo.

El escenario de la toma de posesión sin la Bandera Nacional presidiendo el acto, ni el retrato del Jefe del Estado, simbolizan claramente un total alejamiento del Estado español, que queda aun más acreditado por la ausencia de un relevante miembro del Gobierno de España, que debería haber sido el presidente del Gobierno, o por delegación del mismo, la “gobernadora general de Cataluña, ex. Art. 155 de la Constitución”, la vicepresidenta del gobierno.

Terminaré con una conclusión: el Gobierno de M. Rajoy tenía que haber impugnado el voto delegado de los políticos huidos, así como el juramento, por no atenerse a la legalidad vigente, y el Jefe del Estado –que supongo estará para algo-, no tendría que haber validado este esperpento, que pone de relieve el deterioro de nuestro sistema democrático.

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UNA JUSTICIA Y UNA FISCALÍA TOTALMENTE POLITIZADAS

14 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

A las cuatro asociaciones de jueces, con distintas adscripciones ideológicas, hay que añadir las tres asociaciones de fiscales, igualmente con diferentes ideologías políticas. ¡Menos mal que no están politizados!

La sociedad no entiende que existan juezas y jueces por la democracia, como tampoco es concebible una Unión Progresista de Fiscales.

¿Y qué pasa, que los demás jueces son partidarios de la dictadura, o que los fiscales que no son progresistas son reaccionarios…?

Es evidente que dentro de las reivindicaciones de jueces y fiscales, se encuentra la insuficiencia de medios tecnológicos, la sobrecarga de trabajo, la falta de más jueces, la modernización de edificios… También es evidente que estas reivindicaciones no afectan a la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades autónomas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Por otra parte, son evidentes las protestas por la politización del órgano de gobierno y administración de los jueces, esto es, el Consejo General del Poder Judicial. Las cuotas de nombramiento de sus miembros por los diferentes partidos políticos, es vergonzosa.

De este órgano dimanan los expedientes disciplinarios y los nombramientos discrecionales de jueces para los Tribunales Superiores, Audiencia Nacional, Tribunales Supremo y Constitucional, es decir, la cúpula del “poder judicial”, o más bien de la Administración de Justicia, vista su total dependencia del poder ejecutivo.

Dentro de este contexto de politización, nos encontramos con la cantidad de recusaciones que se producen en los procedimientos penales, y que se instruyen por haber manifestado el juez correspondiente sus “simpatías” por determinados partidos políticos o sindicatos.

El dato de jueces que abandonan la judicatura para integrarse en partidos políticos, para ocupar cargos políticos, o ser elegidos diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, etc., y su posterior vuelta a la judicatura en muchos casos, pues no todo el monte es orégano, es la prueba más evidente de esta politización de la “justicia”.

Finalmente, y respecto a la huelga anunciada, y la concentración de jueces y fiscales ante el Ministerio de Justicia, representan una imagen totalmente politizada del poder judicial, pues evidencian de una forma clara y palmaria su total dependencia del “amo”, del señor que paga la nómina, es decir, del poder ejecutivo.

Si es cierto que el 80% de esas concentraciones las conforman jueces y fiscales “progresistas”, alineados con la izquierda de este país, parece evidente que mal andamos, y que se puede utilizar esos cargos privilegiados para “hacer política partidista”.

La última concentración pidieron la dimisión del Ministro de Justicia, siendo uno de los protagonistas el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz, calificado por el Sindicato Unificado de Policía, SUP, de “pijo rojo”, y por don Rafael Hernando, del PP, de “pijo ácrata”.

Una última puntualización, para que no se den por aludidos los miles de jueces y fiscales que desarrollan su trabajo en primeras instancias, que generalmente no están politizadas, por lo que no tienen que soportar presiones políticas, y que en muchas ocasiones se llevan el trabajo a sus domicilios particulares, para seguir sacando asuntos durante los fines de semana.

¡Mientras sigan existiendo jueces como ellos, podremos tener alguna esperanza en la justicia española!.

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LA UTILIZACIÓN ESPURIA DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

3 May

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Estamos asistiendo atónitos a acusaciones del Ministerio Fiscal contra personas, atribuyéndoles que forman parte de una organización criminal.

Es evidente que no hay duda que determinadas personas sí que reúnen los requisitos que el Código Penal establece para la organización criminal. Pero no es menos cierto que, de una forma arbitraria y retorcida, se está abusando de esta calificación jurídica contra personas normales y corrientes, como el que suscribe, con la única finalidad de aumentar las peticiones de pena, y estigmatizarles, al presentarles ante la sociedad como unos auténticos “criminales”.

Además, con ese auténtico abuso de derecho, se fuerza a que la Audiencia Nacional tenga que juzgar esos asuntos, con lo cual tienen una mayor relevancia informativa, que posiblemente es el fin último que se pretende…

No es lo mismo que un asunto se investigue en un juzgado de instrucción, a que lo haga la Audiencia Nacional, donde no faltan los “filtradores” de cualquier información gravosa para el investigado, de una forma que es cualquier cosa, menos inocente, pues al mismo tiempo nunca se facilitan a los medios aquellas partes de la instrucción que le son favorables, o vienen a corroborar su inocencia en los hechos que a priori se le imputan.

En mi caso, que puede servir como ejemplo de lo que pretendo exponer, se me atribuye de una manera espuria y preterintencionada, la pertenencia a una “organización criminal”, creada ad hoc para extorsionar a una Infanta de España, nada menos, Hija y Hermana de Reyes…

La organización sindicato Manos Limpias se creó precisamente para luchar contra la corrupción, en 1995, y ahí están las más de mil denuncias y querellas presentadas desde entonces hasta la actualidad, durante veintitrés años de trabajo constante, sacrificado y duro, contando con el apoyo de un numeroso grupo de abogados y procuradores de los tribunales, que en la práctica totalidad de los casos han actuado gratis et amore.

Ahora bien, era necesario criminalizar y desacreditar a Miguel Bernad, personalmente, y a Manos Limpias como primera organización española en la lucha contra la corrupción, haciéndolo de una forma totalmente indecente y falsa, presentando al sindicato como un instrumento para extorsionar a las empresas, bancos, y hasta a la Infanta, “forrándose” sus directivos con estas “operaciones”, empezando por su fundador y máximo dirigente, don Miguel Bernad Remón.

Mis cuentas bancarias son transparentes, mis ingresos y patrimonio también. Vivo de mi pensión como Letrado jubilado del Ayuntamiento de Madrid, como es público y notorio, y he recibido alguna propiedad en herencia, además de los pequeños ahorros que tengo, fruto de una vida austera y sin lujos.

El Ministerio Fiscal, de forma torticera y prevaricadora, utiliza la figura del delito de “pertenencia a organización criminal”, para encajarme en esa figura, realmente con calzador, pues ya me dirán ustedes si yo soy un delincuente, o si Manos Limpias es una organización criminal…

Cuando interesa políticamente acusar a determinados personajes de algún delito, se viene utilizando la figura de “pertenencia a organización criminal”, que mediáticamente suena muy bien, y tiene largo recorrido.

Una cosa son las organizaciones criminales reales, de traficantes de personas, de armas, de drogas, e prostitución, terroristas, de ladrones a gran escala, etc., y otra bien distinta utilizar esa figura jurídica para dar cabida en ella a quienes incomodan al poder político, o son un grano molesto en salva sea la parte de los mandamases del sistema…

Confío y espero que los muy dignos magistrados y jueces españoles no caigan en esta trampa, y sepan actuar con la profesionalidad, competencia, imparcialidad e independencia que les pide y exige la sociedad española.

El Código Penal no puede aplicarse de forma torticera y arbitraria, y mucho menos al servicio de los políticos de turno, que hoy ostentan el poder, pero mañana pasarán a su vez a ser investigados por sus muchos desmanes.

Por cierto, hablando de “organizaciones criminales”, ¿qué me dicen de los principales partidos políticos y sindicatos españoles…?

Miguel BERNAD REMÓN,

Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

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LA FISCALÍA HACE ACUSACIONES DESMESURAS, ADEMÁS DE INJUSTAS

27 Abr

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Con motivo de la acusación de la fiscalía en el caso de la máxima responsable de los denominados C.D.R., Comités de Defensa de la a catalana, donde se le imputan delitos de terrorismo y rebeldía, el juez instructor rechaza ab initio esa acusación, y la rebaja a unas “simples” alteraciones del orden público.

Estamos asistiendo todos los días a acusaciones de la fiscalía, y solicitudes de penas totalmente absurdas y desproporcionadas.

En el caso de mi proceso, se me acusa por la fiscalía de pertenecer a una “organización criminal”, y se me piden 24 años y 10 meses de prisión, nada menos… (Teniendo en cuenta que tengo 75 años, agradezco mucho que hagan previsiones tan optimistas de longevidad para mi humilde persona. ¡Ojalá se cumplan!).

Es un verdadero disparate judicial, y de una irresponsabilidad extrema, tanto la acusación como la pena solicitada…

Los hechos acontecidos y las diligencias practicadas han puesto de reliévela desfachatez de la actuación del Ministerio Público. El juez Pedraz, lejos de rechazar “de plano” las pretensiones o acusaciones de la fiscalía, avala (él sabrá que “otras razones” existen…) las mismas sin el más mínimo rigor procesal.

En definitiva, estamos asistiendo a un despropósito total y absoluto en los asuntos judiciales, con condenas constantes, y llamadas de atención a los órganos judiciales de España por parte de los organismos internacionales, que ponen en cuestión que “vivamos en un verdadero Estado de Derecho”.

Aquí se infringen, un día sí, y otro también, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de proporcionalidad, etc., por no hablar de la total falta de independencia del poder judicial, que cada día es más una simple Administración de Justicia, como uno de los brazos del poder ejecutivo…

En definitiva, el sistema judicial español no está a la altura de lo que debe exigirse a un Estado que pretenda ser reconocido internacionalmente como una auténtica democracia.

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LAS LAGUNAS DEL PROCESO CONTRA EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

6 Abr

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

En el procesamiento del magistrado Llarena contra los responsables de la declaración de la república catalana, son todos los que están, pero no están todos los que son…

En efecto, se han obviado una serie de responsables que a la luz del Código Penal, tenían también que estar procesados.

Manos Limpias presentó siete denuncias contra Arturo Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada su condición de aforado, así como contra todo su Gobierno, por la preparación con comportamientos y actos de los delitos de rebelión y sedición, facilitando por tanto la actuación posterior de Carlos Puigdemont, pese a lo cual no ha sido procesado…

Excuso decirles que el TSJ de Cataluña tampoco hizo prácticamente nada para seguir adelante con esas denuncias y querellas, y la fiscalía, todavía menos.

Tanto ese gobierno anterior al de Puigdemont, como los 70 diputados que votaron a favor del proceso separatista, algunos con mucha cobardía ocultando el sentido de su voto, para evitar posibles responsabilidades penales, en opinión de Manos Limpias, y en la mía propia, debería estar procesados.

Hay dos figurar penales que en mi modesta opinión el magistrado Llarena no ha tenido en cuenta, y son las siguientes:

  1. La existencia del art. 17 del Código Penal, relativo a la conspiración y proposición, y la regulación por el art. 18 del citado Código de la provocación a la comisión de los delitos de rebelión y sedición.

Ambas eran claramente palpables y evidentes en el ejecutivo de Arturo Mas.

Además se denunció a Arturo Mas por malversación de caudales públicos, y a pesar de ello, el TSJ de Cataluña se lavó las manos como Pilatos, archivando las denuncias de Manos Limpias.

Con el informe favorable de la fiscalía, que todo hay que decirlo…

  1. La otra figura penal es la del cooperador necesario, que está regulado en el art. 28, b, del Código Penal vigente.

Los 70 diputados autonómicos que votaron a favor de la república, y por lo tanto de separarse de España, fueron cooperadores necesarios en ese delito.

Sin su voto no se hubiera producido la proclamación de la república catalana.

El magistrado Llarena, pese a que yo mismo le envié toda la documentación con las denuncias previas de Manos Limpias al respecto, no ha dictado resolución alguna al respecto, desestimando por lo tanto, y por segunda o tercera vez –si contamos con la sin par “colaboración” de la fiscalía- investigar estos presuntos delitos, como entendemos es su obligación.

Todo ello evidencia, pues, que en este proceso, por las razones que sean, el magistrado Llarena ha dejado impunes a responsables evidentes y manifiestos del proceso separatista, como instigadores y cooperadores necesarios.

Se olvida Llarena de la existencia de un plan concebido por una pluralidad de personas, perfectamente identificales, lo que debe dar lugar a la existencia de una organización criminal, y el agravamiento consiguiente de las penas, al tratarse de un plan preconcebido, y de un grupo de más de tres personas.

Y no creemos que un magistrado de su fuste y rigor intelectual desconozca estas circunstancias, cuando un simple jurista como el que suscribe lo conoce perfectamente…, de lo que debemos deducir que algo huele a podrido en este asunto.

Recuerdo finalmente que cuando se detectó la primera cédula cancerígena del proceso, si se hubiese actuado con determinación, aplicando la Ley y el Derecho, que son los dos brazos del sistema jurídico, no hubiéramos llegado a la actual situación de metástasis separatista, y cuyas consecuencias son impredecibles…

Desde Manos Limpias se denunció ante la Fiscalía General del Estado, y ante el propio Presidente del Gobierno, a la sazón don Mariano Rajoy, esta situación, e hicieron oídos sordos, pues no “interesaba” molestar a los “amigos” catalanes.

Los poderes públicos solo han actuado cuándo ya no les quedaba más remedio, y posiblemente era ya demasiado tarde, y la Historia –y nosotros también, en las próximas elecciones generales-, tendremos que exigirles las correspondientes responsabilidades.

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CONSIDERACIONES SOBRE LA DETENCIÓN Y PRISIÓN DE MIGUEL BERNAD

28 Mar

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

La operación Nelson, por la que se detiene e ingresa en prisión preventiva incondicional a Miguel Bernad, tenía como objeto salvar a la Infanta.

Para ello era necesario criminalizar ante la sociedad a dicho hombre, así como al sindicato denunciante, Manos Limpias.

El impacto social de la “pena de telediario· para cumplir ese objetivo.

Ante la sociedad, una organización criminal por su dedicación a extorsionar empresas y hasta a la propia Infanta, no estaba legitimada para sentar en el banquillo de Palma de Mallorca a la Infanta Cristina de Borbón.

El siguiente paso fue solicitar la expulsión de Manos Limpias del procedimiento de Palma de Mallorca.

No se consiguió porque hubiera sido un verdadero escándalo, pero se consiguió el resultado final: sentencia absolutoria a la Infanta de dos delitos de libro, como eran los de cooperadora necesaria con su esposa, Iñaki Urdangarín, en delitos fiscales.

Y para mayor castigo a la acción popular, ejercitada por Manos Limpias, se la condenó en costas, pese a su condición de entidad que actuaba y actúa con fines altruistas, al servicio del bien común y del interés general, y sin ningún ánimo de lucro…

Vivir para ver.

La operación Nelson fue diseñadas por las “cloacas del Estado”, que buscan como excusa para detener a Miguel Bernad una relación puntual y temporal con la organización AUSBANC, retorciendo unos hechos, y darles con calzador un presunto encaje penal.

La Udef elabora un informe con hipótesis y conjeturas que utilizan un juez, Pedraz, y un fiscal, Daniel Campos, para decretar la detención y prisión preventiva incondicional del que suscribe. Vulnerando flagrantemente los requisitos de la detención y la medida excepcional que supone la prisión preventiva.

El mantenimiento y prolongación de la prisión durante 9 meses, se produce además por una falsedad en documento público, efectuada por el fiscal, y avalada por el juez sustituto de Pedraz, don Fernando Andreu.

En este proceso, se vulneraron derechos fundamentales: a la presunción de inocencia, el derecho a la propia imagen, el principio de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el derecho a un juez imparcial, etc. (El juez Pedraz fue recusado por Miguel Bernad por enemistad manifiesta, y no obstante ello, instruyó el proceso).

Asimismo se vulneraron principios esenciales del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que están siendo investigados en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Manos Limpias había traspasado las “líneas rojas” al denunciar a un Miembro de la Casa Real, y el sistema no podía consentir tal osadía.

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