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UNA SOCIEDAD DE BOTARATES E INDOCUMENTADOS

18 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Las encuestas publicadas el domingo 10 de junio sobre el efecto de la moción de censura en la sociedad española, apuntan a una subida del Partido Popular, principal víctima de la crisis, así como del PSOE, “triunfador” de la moción, en definitiva, consagran y mejoran el bipartidismo rampante.

Analicemos someramente el porqué de esta situación, que evidencia que vivimos en una sociedad formada mayoritariamente por botarates e indocumentados, por desgracia para todos.

El Partido Popular sube en intención de voto, a pesar de quedar acreditada la gran corrupción de una parte importante de sus dirigentes, tanto en Madrid como en la comunidad valenciana –por ahora-, así como la total falta de liderazgo, al dimitir el no líder, pero gerente del partido, Mariano Rajoy, un hombre que todo lo cifraba en la mejora económica… para unos pocos, pero no para la mayoría de la población española.

El Partido Socialista, que ni es obrero ni español, y ha quedado sobradamente demostrado con los “socios” que ha buscado para su moción de censura, sube en intención de votos, lo que acredita que “España sí paga a traidores”, y que muchos ¿españoles? priman las actuaciones de los enemigos de España, así como a los traidores a nuestra Patria…, y que nos importa un higo el mantenimiento de la unidad nacional, la existencia de un mercado único, la igualdad de derechos y deberes en todo el territorio, etc.

En cualquier democracia europea serían criminalizados tanto el Partido Popular, con sus importantes focos de corrupción, falseamiento de las campañas electorales, con dinero negro, etc., así como el partido socialista, por actuaciones similares, caso de los Eres de Andalucía –denunciados por Manos Limpias-, cursos de formación –reiteradamente denunciados también por nuestro Sindicato, Manos Limpias-, etc., y ambos sufrirían un serio retroceso electoral, posiblemente descalabro.

Eso sería lo lógico y procedente en cualquier sociedad madura, civilizada, democrática, avanzada…

Pero como España es diferente, aquí aplicamos las máximas romanas del “pan y circo”, en nuestro caso “paro y fútbol”, y la gente cada día es más tonta, manejable y manipulable, y pasa de todo. ¿Habiendo mundial de fútbol, para que preocuparnos por estas chorradas…?

Somos una sociedad de botarates (hombres de poco juicio), e indocumentados (personas carentes de personalidad, de criterio, etc.).

Después de cuarenta años de democracia, o por lo menos pseudodemocracia, y de infinidad de procesos electorales, hasta producirnos hastío –elecciones municipales, autonómicas, nacionales y al parlamento europeo, nada menos-, vemos como nuestra sociedad -¿o debería decir suciedad?- vota de esta manera, premiando a los corruptos.

Quiere esto decir que el lema “España es diferente”, es una triste realidad, y no una mera ficción.

Pues nada, aprovechen la realidad y revuélquense en el cieno de la demagogia y corrupción.

¡Ustedes lo han querido!

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LA DOBLE VARA DE MEDIR, SENTENCIA GURTEL Y SENTENCIA NOOS

14 Jun

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Hasta la saciedad en todos los medios de comunicación se ha lapidado al Partido Popular, en el sentido de que había sido condenado a título lucrativo en la Sentencia del caso Gurtel, y por ende a don Mariano Rajoy, a la sazón presidente del gobierno.

En la sentencia por corrupción de la Gurtel, partido popular y dirigentes, entran todos en el mismo saco… La moción de censura se “justifica” por la corrupción del partido popular, con su máximo responsable, Mariano Rajoy, a la cabeza.

En el caso de la sentencia de Noós, han sido condenados el señor Urdangarín y otras personas a varios años de prisión, y su esposa, la Infanta de España Cristina de Borbón y Grecia, como beneficiaria a título lucrativo, a abonar una determinada cantidad de dinero, de la que se había beneficiado, al erario público. (Cantidad reducida por el Tribunal Supremo, dicho sea de paso).

El testimonio en el juicio oral del socio de Urdangarín, Diego Torres, de que la Casa Real estaba al corriente de las “actividades” de Urdangarín, ha pasado desapercibido para la opinión pública, y no se le ha dado relieve o importancia alguna…

Por mucho que se quiera “minimizar” la responsabilidad de la Casa Real en toda esta malversación de dinero público en su propio beneficio, es decir de la familia Borbón, lo cierto es que los hechos son los que son, y el Tribunal Supremo ha respetado totalmente los mismos, reduciendo sustancialmente las penas, por razones que desconozco, pero que intuyo.

Se envía a Urdangarín y a su esposa primero a Washington, como algo ejecutivo de la Telefónica, a la que por cierto no sé qué se le ha perdido en USA, y posteriormente se les “destierra” a Ginebra, donde al parecer La Caixa tiene alguna oficina, de su Obra Social, encima. ¡Claro que a lo mejor piensan que buscar acomodo a esta señora es la parte fundamental de su Obra Social!.

En definitiva, hay una responsabilidad “in vigilando” de la Casa Real, que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, y no dijo nada…, hasta que explotó el escándalo judicial, o lo que es peor, si dijo y no le hicieron ni caso.

La mayoría de los medios de comunicación, siempre al servicio del poder, han transmitido a la sociedad española esta doble vara de medir la responsabilidad en dos sentencias similares, en las que se condena a un tercero a título lucrativo, por haberse beneficiado económicamente del delito, pero sin haber participado en el mismo.

A un tercero que además, y en el caso del PP, cuya responsabilidad estaba circunscrita a solo dos ayuntamientos de la comunidad de Madrid.

El trato de privilegio dado por la mayoría de los medios de comunicación social a la sentencia del caso Noós es palmario y deberían hacérselo mirar…

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LAS MINAS DEL REY SALOMÓN

6 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

El que suscribe fue imputado hace ya más de dos años (entonces no existía el término investigado), por el juez Pedraz, el fiscal Daniel Campos y un inspector de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), como dirigente de una “organización criminal”, dedicada a extorsionar a Bancos y a la Infanta Cristina de Borbón.

El “botín” encontrado e incautado a tan peligrosa “organización criminal”, repito, fue el siguiente:

  • En mi domicilio particular se encontraron 650 euros.
  • En la oficina de Manos Limpias, 450 euros.
  • En mi cuenta bancaria particular, donde cobro la pensión de jubilado, y tengo domiciliados los pagos de casa, etc., 1.350 euros.
  • En la única cuenta del Sindicato, 2.300 euros.

La elemental contabilidad de MANOS LIMPIAS se nutría, y se sigue alimentado, pues el Sindicato sigue existiendo y funcionando, de las cuotas de los afiliados, y de algún donativo de simpatizantes o personas a las que se había apoyado, aconsejado, etc.

La información falsa de que AUSBANC sostenía al Sindicato se cae por su propio peso: en dos años de relación únicamente nos ayudaron con 7.200 euros, por la venta de Loterías de Navidad con un 20% a favor del vendedor, o ayuda para pagar alguna fianza que los juzgados nos exigían para poder comparecer como acusación popular…

Se chequeó exhaustivamente mi escaso patrimonio, para ver si tenía dinero en el extranjero, o de dónde procedían mis bienes, dando la imagen de que yo era un potentado, cuando los datos anteriores lo contradicen claramente.

No tengo cuenta bancaria alguna en el extranjero, y solo poseo mi piso y un pequeño patrimonio inmobiliario en régimen de condominio con mis hermanos, y heredado de nuestros padres, que fue adquirido por ellos en 1952, nada menos.

Las “extorsiones” que un mosquito como Manos Limpias pudieran hacer a los principales bancos del país (La Caixa, Santander, etc.), que son gigantes, nacionales e internacionales, no se las cree nadie, pues carecen de toda lógica y sentido común.

Pero es más, la desvergüenza y desfachatez de la acusación ha pretendido acusarme a mí, en particular, y a Manos Limpias, de esos delitos, que no se sostienen.

El Código Penal vigente, en su artículo 243, establece que:

“El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”.

El mosquino, Manos Limpias, a el que suscribe, un señor de 74 años de edad, cuando fui injustamente detenido y presentado ante la sociedad española como “el criminal número uno”, ¿qué violencia pudo ejercer ante el elefante del Santander, la Casa Real o La Caixa…?.

¿Desde cuándo los mosquitos pueden agredir a los elefantes?

De esa supuesta violencia y presunta extorsión, Manos Limpias y el que suscribe obtuvieron “cero patatero” de ingresos, como ha quedado acreditado a lo largo y ancho de la instrucción judicial, que dura ya más de dos años, dicho sea de paso.

¿Qué pretendían el juez Pedraz, el fiscal Daniel Campos y el inspector de la UDEF, criminalizando y lapidando a Miguel Bernad y a Manos Limpias, usando y abusando torticeramente de sus atribuciones profesionales, con abuso de autoridad y con desviación de poder, ante la impunidad que por su privilegiada situación tienen?

Supongo que lo hicieron obedeciendo órdenes superiores, por lo menos la UDEF, y hasta se la persona que dio esa orden, y que a Dios gracias acaba de dejar su despacho en La Moncloa…, y no era el presidente.

Como sigo pensando que vivimos en un Estado de Derecho, con sus imperfecciones, por supuesto, espero que los Juzgados y Tribunales remedien este desaguisado cuando se celebre el juicio oral.

Y precisamente por ello, digo, alto y claro, que la “operación Nelson” contra el sindicato Manos Limpias y el que suscribe, Miguel Bernad, fue una auténtica “canallada”, no sé si a instancia propia o de la Casa Real.

¡Es sorprendente que quienes pertenecían –y seguramente lo siguen haciendo- a una auténtica organización criminal, tuvieran el descaro de acusarme de eso mismo!

Por lo visto veían la paja en mi ojo, pero no la viga en el suyo propio…

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EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN: TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, ES PURA FICCIÓN

5 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Únicamente analizando superficialmente unos datos del sistema tributario, se pone en evidencia la gran farsa, la pura ficción que supone el artículo 14 de la Constitución: todos los españoles somos iguales ante la ley.

El dato más escandaloso lo representa el impuesto de sucesiones.

Mientras en la comunidad autónoma de Madrid ese impuesto no existe, de padres a hijos, en el resto de las comunidades autónomas se aplica con tanta voracidad fiscal que se convierte en una auténtica expoliación o decomiso de los bienes, y muchos beneficiarios tienen que renunciar a la legítima herencia de sus padres…

Si analizamos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucede lo mismo. Voy a poner tres casos diferenciados:

  • En la comunidad de Madrid está en el 0,75%.
  • En la comunidad de Castilla y León, es el 1,5%, es decir, exactamente el doble que en Madrid.
  • En el País Vasco, con su régimen de privilegio del concierto, solamente tienen que pagar el 0,50%…

Finalmente, los valores catastrales y los tipos a aplicar en el IBI, Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, en las distintas autonomías, las diferencias también son descomunales.

A toda esta clase de desigualdades hay que añadir las diferentes exenciones y tipos en el impuesto sobre la renta que aplican las diferentes comunidades autónomas.

Si a estos datos se ha quiere aplicar el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley, derecho fundamental consagrado por el artículo 14 de la Constitución, vemos que es pura ficción, pura farsa, pura España…

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LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL CGPJ ESTÁN TOTALMENTE INACTIVOS ANTE EL GRAN FRAUDE CONTINUADO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

4 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

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El mayor escándalo de corrupción de fondos públicos, nacionales y de la Unión Europea, son los “cursos de formación” protagonizado por los agentes sociales (sindicatos y patronales), y con la responsabilidad “in vigilando” de las Administraciones Públicas, ha quedado impune, a pesar de que la Audiencia Nacional y el CGPJ recibieron numerosas denuncias, querellas y quejas de nuestro Sindicato Manos Limpias, desde el año 1999.

Este gran fraude masivo y continuado, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pero con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, las zonas españolas con más porcentaje de paraos sobre el total de la población activa, tenía un organismo judicial competente para su investigación y enjuiciamiento, la Audiencia Nacional, al haberse realizado en la práctica totalidad del territorio de España, a tenor de lo preceptuado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se instruyeron numerosos procedimientos judiciales individuales, en varias provincias, siendo investigados los hechos por los juzgados de instrucción correspondientes, en lugar de centralizar todo el asunto en la Audiencia Nacional, que para algo está.

No solo eso, sino que en los casos que llegaron a la Audiencia, esta se inhibió en favor de los juzgados de instrucción que habían comenzado la investigación, impidiendo así tener una visión en conjunto, total y completa, del latrocinio, sin que el CGPJ quisiera o pudiera obligar al citado órgano a cumplir con su deber…

Ya en el año 1999, el Sindicato Manos Limpias denunció ante el Juzgado Central de Instrucción Núm. Tres, cuyo titular entonces era la magistrada doña Teresa Palacios, a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, señores Fidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, por su presunta participación en estos delitos de malversación de caudales públicos.

El fiscal jefe por aquel entonces de la AN, don Eduardo Fuigariño, no pudo, no quiso, o no le dejaron, asumir la investigación de este fraude.

Más recientemente, en el año 2.012, Manos Limpias vuelve a la carga, y presenta nueva denuncia ante la AN contra los máximos responsables de CC.OO, UGT y la Patronal, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción Núm. UNO de la AN, siendo juez del mismo Santiago Pedraz, que rápidamente se quitó de encima la denuncia, inhibiéndose en favor de los Juzgados de Sevilla.

Allí la causa recayó en el juzgado de la Juez doña Mercedes Ayala, que fue la única magistrada que realmente cumplió con su deber, y se tomó interés por el asunto.

Al tratarse de un asunto que afectaba a numerosas provincias, y dónde se hablaba de un fraude de alrededor de 3.000 (tres mil) millones de euros, con los que se habían estado financiado los principales sindicatos, patronales y, posiblemente el PSOE, Manos Limpias pidió al CGPJ la creación de un juzgado específico, dentro de la AN, para centralizar la investigación de estos asuntos, solicitud que ni que decir tiene, no fue tomada en consideración. El CGPJ prefirió mirar para otro lado, con tal de no ver nada.

Ante esa imposibilidad de obtener alguna tutela judicial efectiva en España, Manos Limpias pidió a la Unión Europea la suspensión de esas ayudas a España, en tanto en cuanto no se aclararan todos estos fraudes.

La única medida que tomó el ministerio de empleo y seguridad social, posiblemente a instancias de la UE, fue la de privar a los agentes sociales del control de las referidas subvenciones, que pasaron a estar controladas, por lo menos teóricamente, por las Administraciones Públicas competentes en la materia.

Dos datos a tener en cuenta: a todo trabajador por cuenta ajena se le descuenta el 0,5% de su nómina para formación, lo que multiplicado por los quince millones de empleados por cuenta ajena que hay en España, más o menos, supone unas cantidades millonarias, que mucho nos tememos se han malversado, alegremente.

Había y hay tanto interés en ocultar este asunto, que salpica a todos, sindicatos, empresarios, PSOE, y seguramente algún otro partido político, que rápidamente se apartó a la juez Ayala de la instrucción del asunto, no fuera a descubrir cosas que debían permanecer en el olvido…

Su actuación, con total independencia y profesionalidad, habría sido un auténtico peligro público para el sistema, pues podría haber puesto en jaque a todos los beneficiarios de este dinero público, detraído –más bien sustraído- a los trabajadores cotizantes…

El fraude de los Eres, que estos meses se está juzgando, supone un perjuicio a las arcas públicas de unos 950 millones de euros, aunque ahora se está intentando minimizar y reducir su cuantía, pero el caso de los “cursos de formación” se ha valorado en más de 3.000 (tres mil) millones de euros, lo que da cuenta de su importancia.

Ahora, que está de moda imputar a los presuntos delincuentes su pertenencia a “organizaciones criminales”, según la Fiscalía, es decir, creadas para delinquir, resulta obvio que la legislación atribuye su persecución a la Audiencia Nacional, como Tribunal especializado en estos temas, y ello a pesar de su “resistencia” a asumir este asunto.

Y lo mismo digo de la necesidad de instar la disolución de esas “organizaciones criminales”, previo procesamiento de sus máximos dirigentes.

Nada de esto se ha hecho.

Al fin y al cabo, vivimos en Italia, digo en España, y la existencia de la mafia y de las organizaciones criminales –en el caso de España, que todo se andará-, es el pan nuestro de cada día.

¿Y quién nos dice que algunos de aquellos que deberían perseguirlas no están a sueldo de las mismas…?

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EL VERGONZOSO ESPECTÁCULO DEL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE TORRA ANTE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO DEL PP

29 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Ya la proclamación o elección del nuevo Presidente de la Generalidad, Torra, con el voto delegado de dos huidos de la justicia, Puigdemont y Comín, y de presos sin la más mínima cobertura legal, hacían presagiar lo que se os venía encima…

A ello hay que añadir el acto de toma de la toma de posesión de Torra, un auténtico esperpento, radicalmente ilegal, y nulo de pleno derecho, por no haberse observado las formalidades establecidas legalmente.

Ya con anterioridad a la toma de posesión, el presidente del Parlamento catalán, que también apunta maneras, remite vía email un “simple comunicado” del resultado de la votación al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

El protocolo establece que el presidente del Parlamento debe acudir ante el Jefe del Estado, para dar cuenta del resultado de la elección, pero en una muestra más del desprecio más absoluto a los requisitos establecidos en el funcionamiento de las Instituciones.

El escenario de la toma de posesión y el juramento de Torra traspasan las más elementales reglas y requisitos de la legislación vigente.

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que los candidatos, antes de tomar posesión del cargo correspondiente, deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, y éste precepto obliga también a las Comunidades Autónomas, como es Cataluña.

Torra ni siquiera jura “por imperativo legal”, que fue la fórmula utilizada por los miembros de Bildu, y de otros cargos electos independentistas, siendo avalada esta fórmula por los Tribunales.

En el caso que nos ocupa, el matiz es diferente. Torra ni jura ni promete “por imperativo legal”. Simplemente proclama su fidelidad “al 1 de Octubre y al pueblo de Cataluña”, (pero no a todo el pueblo catalán, solo a los catalanes independentistas), aunque más bien parece un perrito faldero de Puigdemont, un hombre sobre cuya estabilidad mental tengo serias dudas…

Pero abundando más en el juramento de Torra, sus declaraciones públicas de implantación de la república catalana, etc., dejan bien claro que su juramento es nulo de pleno derecho, o cuando menos, anulable, y este acto administrativo debería haber sido impugnado por la Abogacía del Estado, que para algo está, vamos, digo yo.

El escenario de la toma de posesión sin la Bandera Nacional presidiendo el acto, ni el retrato del Jefe del Estado, simbolizan claramente un total alejamiento del Estado español, que queda aun más acreditado por la ausencia de un relevante miembro del Gobierno de España, que debería haber sido el presidente del Gobierno, o por delegación del mismo, la “gobernadora general de Cataluña, ex. Art. 155 de la Constitución”, la vicepresidenta del gobierno.

Terminaré con una conclusión: el Gobierno de M. Rajoy tenía que haber impugnado el voto delegado de los políticos huidos, así como el juramento, por no atenerse a la legalidad vigente, y el Jefe del Estado –que supongo estará para algo-, no tendría que haber validado este esperpento, que pone de relieve el deterioro de nuestro sistema democrático.

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UNA JUSTICIA Y UNA FISCALÍA TOTALMENTE POLITIZADAS

14 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

A las cuatro asociaciones de jueces, con distintas adscripciones ideológicas, hay que añadir las tres asociaciones de fiscales, igualmente con diferentes ideologías políticas. ¡Menos mal que no están politizados!

La sociedad no entiende que existan juezas y jueces por la democracia, como tampoco es concebible una Unión Progresista de Fiscales.

¿Y qué pasa, que los demás jueces son partidarios de la dictadura, o que los fiscales que no son progresistas son reaccionarios…?

Es evidente que dentro de las reivindicaciones de jueces y fiscales, se encuentra la insuficiencia de medios tecnológicos, la sobrecarga de trabajo, la falta de más jueces, la modernización de edificios… También es evidente que estas reivindicaciones no afectan a la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades autónomas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Por otra parte, son evidentes las protestas por la politización del órgano de gobierno y administración de los jueces, esto es, el Consejo General del Poder Judicial. Las cuotas de nombramiento de sus miembros por los diferentes partidos políticos, es vergonzosa.

De este órgano dimanan los expedientes disciplinarios y los nombramientos discrecionales de jueces para los Tribunales Superiores, Audiencia Nacional, Tribunales Supremo y Constitucional, es decir, la cúpula del “poder judicial”, o más bien de la Administración de Justicia, vista su total dependencia del poder ejecutivo.

Dentro de este contexto de politización, nos encontramos con la cantidad de recusaciones que se producen en los procedimientos penales, y que se instruyen por haber manifestado el juez correspondiente sus “simpatías” por determinados partidos políticos o sindicatos.

El dato de jueces que abandonan la judicatura para integrarse en partidos políticos, para ocupar cargos políticos, o ser elegidos diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, etc., y su posterior vuelta a la judicatura en muchos casos, pues no todo el monte es orégano, es la prueba más evidente de esta politización de la “justicia”.

Finalmente, y respecto a la huelga anunciada, y la concentración de jueces y fiscales ante el Ministerio de Justicia, representan una imagen totalmente politizada del poder judicial, pues evidencian de una forma clara y palmaria su total dependencia del “amo”, del señor que paga la nómina, es decir, del poder ejecutivo.

Si es cierto que el 80% de esas concentraciones las conforman jueces y fiscales “progresistas”, alineados con la izquierda de este país, parece evidente que mal andamos, y que se puede utilizar esos cargos privilegiados para “hacer política partidista”.

La última concentración pidieron la dimisión del Ministro de Justicia, siendo uno de los protagonistas el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz, calificado por el Sindicato Unificado de Policía, SUP, de “pijo rojo”, y por don Rafael Hernando, del PP, de “pijo ácrata”.

Una última puntualización, para que no se den por aludidos los miles de jueces y fiscales que desarrollan su trabajo en primeras instancias, que generalmente no están politizadas, por lo que no tienen que soportar presiones políticas, y que en muchas ocasiones se llevan el trabajo a sus domicilios particulares, para seguir sacando asuntos durante los fines de semana.

¡Mientras sigan existiendo jueces como ellos, podremos tener alguna esperanza en la justicia española!.

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