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LAS MEDIDAS CAUTELARES A LA MESA DEL PARLAMENTO CATALÁN

22 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

En primer lugar es de significar que todos ellos, a excepción de uno que votó en contra, han sido cooperadores necesarios en la declaración de la “república independiente de Cataluña”.

Carlos Puigdemont, su gobierno y los 70 diputados que votaron a favor de la proclamación de la república catalana no hubieran podido hacerlo si los Miembros de la Mesa hubieran impedido dicha votación, o se hubieran opuesto a que se votase en el Parlamento, como era su obligación legal y constitucional.

Al gobierno de la Generalidad la Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva, para evita el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional para poder ingresar a un ciudadano en prisión provisional.

En cambio a la Mesa del Parlamento catalán el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo les aplicó unas medidas cautelares de libertad provisional con fianza por una cantidad bastante exigua, dicho sea de paso, y dándoles una semana de tiempo para depositar dicha fianza, y solamente a Carmen Forcadell, la “promotora” de la sublevación legal de la Cámara, desoyendo los dictámenes de los Letrados del Parlamento, del secretario general, y hasta del consejo consultivo de la Generalidad, se le impuso una fianza de 1560.000 euros, para poder quedar en libertad, teniendo que dormir esa noche en prisión…, más que nada para “tranquilizar” a la opinión pública, que asistimos incrédulos a todo este esperpento nacional.

El Magistrado del Tribunal Supremo, para adoptar estas medidas cautelares mucho más generosas con los golpistas, s eha basado en la falacia de las declaraciones de los investigados, diciendo que acataban la aplicación del artículo 155, así como la suspensión de la declaración unilateral de independencia, y de que renunciaban a actuar fuera de la ley y del orden constitucional.

El citado magistrado ha adoptado unas medidas cautelares que a mi modesta opinión, vulneran presuntamente los principios constitucionales de igualdad ante la ley de todos los españoles, así como el principio de seguridad jurídica, pues ante idénticos hechos un juez decreta el ingreso en prisión preventiva de todos los imputados, y otro, en cambio, les deja a todos en libertad, a excepción de la presidenta, a la que se tiene un solo día en prisión, supongo que “por el que dirán”, y para dar una impresión de firmeza de la justicia…

Es cierto que la Audiencia Nacional hace un uso abusivo y poco garantista de la prisión preventiva, y como lo he sufrido en carnes propias creo tengo todo el derecho a decirlo públicamente, pero no es menos cierto que en el caso que nos ocupa la prisión preventiva sin fianza estaba más que justificada, ante la gravedad de los hechos, y si de verdad vivimos en un Estado de Derecho.

Muy flaco favor ha hecho la justicia a la credibilidad por parte de la sociedad civil de que vivimos en una situación de seguridad jurídica.

Por el contrario, el Gobierno de España está celebrando que esa decisión del Tribunal Supremo reduzca el nivel de enfrentamiento con las fuerzas independentistas, y el grado de crispación de la sociedad catalana, sin darse cuenta de que está sembrando vientos para futuras tempestades.

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LA RESPONSABILIDAD “IN VIGILANDO” DE RAJOY EN LA DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA CATALANA

20 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Nunca una responsabilidad “in vigilando” ha sido más clara, evidente y manifiesta que la de Mariano Rajoy en todo el proceso independentista, y en la posterior proclamación de la “república catalana”.

La “hoja de ruta” que han ido marcando y anunciado en todos los medios de comunicación social los separatistas, tenía que haber sido tenido desde el principio la respuesta de Mariano Rajoy, y no solo no vigiló esa “hoja de ruta”, sino que consistió, con su pasividad y desinterés por afrontar el problema, que avanzara hasta su consumación final.

Es cierto que se han cometido uno o varios delitos en relación con el proceso, al infringirse de una forma clara y palmaria la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la propia Cataluña (vulnerado por aquellos que tenían el deber de defenderlo), y el Código Penal, pero no es menos cierto que Rajoy debe asumir sus propias responsabilidades, y no me refiero solo a las políticas, sino también las penales, puesto que a la negligencia de su función “in vigilando” hay que añadir su pasividad ante los delitos in fraganti cometidos por los golpistas, que no han recibido reproche policial alguno, permitiéndose incluso la huida –esperemos que no pactada- del máximo responsable de la sublevación, el tal Puigdemont, y la mayor parte de su gobierno, al extranjero.

Todo ello se hubiera podido evitar de haber actuado el gobierno con arreglo a la Ley y al Derecho, impidiendo la intentona golpista, y ordenando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (entre los que están los Mozos de Escuadra), la detención y puesta a disposición judicial de todos los golpistas, o por lo menos de los cabecillas de la sublevación.

De alguna manera, que habrá que determinar y concretar, Rajoy ha cooperado en la proclamación de la república catalana, no ejerciendo debidamente sus funciones.

Esta afirmación, algunos pensarán que es un disparate, pero si se analizan los hechos con objetividad e imparcialidad, resulta evidente que el Presidente del Gobierno de España es corresponsable de todo lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos meses, al no haber sabido, querido o atreverse a ejercer sus responsabilidades legales y constitucionales.

Parafraseando unas constantes palabras de Rajoy, la “proporcionalidad” y “el sentido común” han faltado en su actuación, que no ha sido ni firme, ni decidida…, hasta el último momento, cuándo ya no había vuelta atrás.

 

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ESTREPITOSO FRACASO DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD

17 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

La huelga política del 8 de noviembre en Cataluña ha puesto de manifiesto un estrepitoso fracaso del principio de autoridad, y por consiguiente, del Estado de Derecho, en España.

La inacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía nacional, guardia civil y mozos de escuadra), permitió que los piquetes “informativos” (más bien coactivos e intimidatorios), bloquearan las carreteras y las redes ferroviarias, originando graves quebrantos a la población y a las empresas que forman el núcleo productivo catalán, cada día más reducido, por cierto.

Los agentes de la autoridad, tenían que haber cumplido con las funciones que el ordenamiento jurídico les asigna, pero da la casualidad de que fueron las propias autoridades políticas del Gobierno las que les ordenaron que no hicieran su trabajo…

Es evidente que determinadas razones políticas, que analizaremos, hicieron prevalecer el incumplimiento de las normas legales sobre el Estado de Derecho, y ello es tan grave que ha puesto una vez más en la picota el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

El poder político no quería que se pudiera reeditar las actuaciones policiales del 1 de octubre, y para ello hicieron dejación de sus funciones, no cumpliendo con las leyes, en teoría para evitar “males mayores”, cuando realmente lo que sucede es que hubo un notorio y flagrante incumplimiento de las leyes, por parte de quienes tienen el mandato constitucional de cumplirlas, y hacerlas cumplir.

Se debería haber actuado contra los piquetes, impidiendo que el caos y la destrucción del orden público hayan impedido el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de trabajar, a la libre circulación, etc., de la mayoría de los catalanes, españoles y extranjeros afectados por esta situación, dando además una pésima imagen de nuestra Patria en el resto del mundo.

En definitiva, nos encontramos en un Estado que no garantiza la aplicación de la legalidad en unas parte del territorio nacional, Cataluña, que es incapaz de defender los derechos legítimos de los ciudadanos, trabajadores y empresarios, “dotando” a la convivencia de una total inseguridad jurídica, con todos los efectos adversos que ello supone para la economía, el orden público, las inversiones, etc.

En esta penosa situación, no es extraño que las empresas huyan de Cataluña… Lo raro sería que se quedaran allí.

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CARLOS PUIGDEMONT, EL CAPITÁN ARAÑA CATALÁN, SU GOBIERNO Y LA MESA DEL PARLAMENTO TENDRÍAN QUE HABER SIDO DETENIDOS POR DELITOS FLAGRANTES

8 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

El capitán Araña catalán ha huido de la justicia española, y no se sabe cuándo se le podrá poner a disposición judicial, para que de explicaciones de sus delitos…

Nadie se atrevió a detenerle. Ni “sus” mozos de escuadra, que espero no le protegieran en su huía, ni tampoco la guardia civil o la policía nacional, ante la falta de una orden expresa y terminante al respecto, por parte de quien la podría dar, en un Estado de Derecho como es el nuestro: la Fiscalía o el Poder Judicial.

Los fiscales y jueces habían empezado en su fin de semana, y esperemos que no fuera caribeño, es decir, de lunes a jueves, y ya sabemos que con el descanso no se juega. ¿Qué más da que haya un golpe de estado en Cataluña…? Lo primero es lo primero.

Espero que los enterradores no les imiten, sobre todo en verano, o que los cardiólogos cuándo vamos al hospital con un infarto no nos digan que volvamos el lunes próximo, pero solo si seguimos vivos.

Todo lo que ha sucedido en Cataluña es la crónica de un intento de separación anunciado desde hace años. Quien no se hubiera enterado todavía, es porque no se quiso enterar.

La fiscalía podía tener preparada su denuncia o querella, y el magistrado correspondiente, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, debería haber dictado las órdenes de detención correspondientes…

Pero nadie quiere asumir responsabilidades, y enfrentarse a todo un gobierno en pleno, y a un parlamento autonómico, aunque ambos estuvieran en proceso de descomposición, y cesados en sus cargos.

Ni la fiscalía ni los jueces se atrevieron a ordenar una detención por 72 horas, que es lo máximo que permite la legislación vigente, mientras se instruían los atestados respectivos, para su posterior pase a disposición de la Autoridad Judicial para decretar –en su caso-, el ingreso en prisión preventiva incondicional, para evitar el riesgo de fuga (como así ha sucedido), la destrucción de pruebas (que estoy seguro se ha realizado), y la reiteración delictiva.

Al tratarse de un delito “in fraganti”, cometido ante toda la sociedad española, la detención tenía que haberse producido de inmediato, incluso por parte de la policía, sin orden judicial, ante la gravedad y notoriedad de los hechos, a la vista de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Código Penal vigente… Los agentes policiales están facultados para detener a cualquier persona que haya cometido presuntos delitos, dando cuenta inmediatamente al Juzgado competente..

Ni los mozos de escuadra, una policía política al servicio del régimen separatista catalán, y muchos de ellos abiertamente independentistas, ni los fiscales (supongo que por el que dirán), ni los jueces, nadie se ha atrevido a cumplir con lo que establecen la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal vigente.

Se ha producido, por tanto, una no aplicación del ordenamiento jurídico a un caso que es realmente “de libro”, vulnerándose los principios constitucionales de igualdad de todos ante la ley, así como el de seguridad jurídica.

Dentro de este lamentable contexto, quiero reseñar también que la no intervención de TV3, ANC, la radio “nacional” catalana y Ómnium Cultural, entre otras empresas, instituciones y entidades, pone además de evidencia que se deja un campo de actuación impune, que mantendrá bien alimentado y consolidado el proceso secesionista, que no es de extrañar se repita a partir del próximo 21 de diciembre, con el nada improbable triunfo electoral de los secesionistas…

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APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE MANERA SELECTIVA, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

7 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

El fiscal general del estado, o del gobierno (que no es lo mismo), manifestó recientemente con motivo de los acontecimientos del proceso separatista en Cataluña, lo siguiente:

“No se puede imputar a todos los que son, puesto que es preciso seleccionar, para no perder eficacia”.

Esta afirmación me parece gravísima, pues supone:

a). La vulneración de un precepto constitucional, el de la igualdad de todos los españoles ante la Ley. –

b). La violación del principio de seguridad jurídica. –

Que en un “estado de derecho” y lo digo entre comillas, se esté aplicando el Código Penal de forma selectiva, es lisa y llanamente, como mínimo, un auténtico disparate y pone en clara y manifiesta evidencia que en nuestro ordenamiento jurídico no existen los mecanismos adecuados para garantizar la correcta aplicación de los principios constitucionales de igualdad de todos los españoles ante la Ley, y el principio de seguridad jurídica.

Y que esto lo diga el fiscal general del estado, o por lo menos del gobierno, es francamente preocupante…

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LOS COOPERADORES NECESARIOS EN LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LA “REPÚBLICA” CATALANA

6 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

A la hora de exigir responsabilidades penales con motivo de la declaración y proclamación de la “república” catalana, no es suficiente exigirlas únicamente a Carlos Puigdemont.

Es cierto que el principal actor y autor del hecho delictivo es el ex presidente de la Generalidad, a tenor del artículo 28 del Código Penal, pero ese delito no se hubiera producido sin la cooperación necesaria de los miembros de la Mesa del Parlamento, y sin los 70 votos favorables de los Diputados…

Por Ley hay más cooperadores necesarios, a saber: los máximos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana, ANC, y de Ómnium Cultural, dando la cobertura con sus afiliados y simpatizantes al proceso independentista.

Como cooperadores necesarios, en otra escala, estarían los responsables de TV3, como órgano de comunicación y difusión del proceso, al igual que la radio “nacional” catalana.

Y los responsables y dirigentes de Izquierda Republicana de Cataluña, ERC, y la CUP, ese partido de ultraizquierda, formado por comunistas, anarquistas y demás ralea, que tanto daño han hecho a Cataluña y a España.

No basta la cabeza de los imputados o investigados Carlos Puigdemont, su Vicepresidente y los trece Consejeros del Gobierno de la Generalidad, pues en cualquier Estado de Derecho serio –y no la falsa de Estado que tenemos-, se debe investigar a todos aquellos cooperadores necesarios con los hechos delictivos, con especial atención a la conducta pasiva y desobediente a la Autoridad Judicial de la cúpula de los mozos de escuadra, todos los cuales deberían estar ya en prisión preventiva, cesados en sus cargos y expedientados disciplinariamente, con suspensión de empleo y sueldo.

El Código Penal vigente, artículo 28, b, considera a los cooperadores necesarios también coautores del delito que se persiga en cada caso concreto…

Ahora bien, si nos atenemos a las manifestaciones del Fiscal General del Estado (o del Gobierno), de que para no perder eficacia en el proceso penal, hay que ser selectivos, quedarían impunes esos cooperadores necesarios y con ello la credibilidad del sistema judicial español, alcanzando así las más altas cotas de desprestigio y de indignidad.

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LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LA “REPÚBLICA” CATALANA, PODÍA HABERSE EVITADO

3 Nov

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Carlos Puigdemont proclama la independencia, basándose o amparándose en el mandato de los dos millones de ciudadanos que supuestamente votaron en el referéndum del 12 de octubre, de los que el diez por ciento votó en contra, dicho sea de paso…

Si el Gobierno de España hubiera evitado ese referéndum, de las 1.200 mesas programadas, solo se clausuraron 300, la mayoría por la guardia civil y la policía nacional, puesto que los mozos de escuadra pasaron de hacer su trabajo, en una actitud de clara rebeldía frente a los legítimos poderes del Estado, entre ellos el poder judicial.

La clausura de todas las mesas, o por lo menos de la mayoría de ellas, hubiera impedido la celebración del referéndum, y por ende la “proclamación” de Carlos Puigdemont como líder de la “nueva” república catalana, totalmente separada del Estado español, y con la presunta legitimidad de los votos anteriormente indicados…

Pero además, si nos fijamos en el “iter del proceso”, la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 (tarde y mal), no se hubiera producido.

En el año 2010, cuando se detectaron las primeras células cancerígenas del proceso secesionista, desde MANOS LIMPIAS ya se advirtió reiteradamente, y hasta en dieciséis ocasiones, de la fractura social de Cataluña, y de la necesidad de aplicar el artículo 155, en alguna de las múltiples variantes posibles.

Huelga decir que el Gobierno hizo caso omiso a todos los escritos enviados.

Las sucesivas Diadas, cada vez más numerosas, en favor del independentismo, así como la creación de estructuras de Estado, con la creación de las “embajadas”, que el Gobierno nunca se atrevió a clausurar, las leyes de creación de una agencia tributaria y seguridad social propia, etc., fueron dados alas a las aspiraciones de los separatistas, que veían enfrente a unos gobernantes débiles, cobardes y corruptos… (Tanto o más que ellos, lo que obviamente les restaba legitimidad a la hora de actuar, así como valentía, ante las amenazas de Jorge Pujol “de mover las ramas” del árbol de la corrupción política en España).

Se empezó a rotular a los vehículos en catalán, exigiendo que la publicidad de los comercios fuera también en catalán, e imponiendo fuertes sanciones a quienes no lo hicieran así, continuando con el “adoctrinamiento” de los niños, desde los 3 años de edad hasta los 16 o veintitantos, dependiendo de los estudios que cursaran, etc.

La Generalidad subvencionó con millones de euros a las organizaciones independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana, ANC, Ómnium Cultural, Nuevos Catalanes… Se permitió la presentación de mociones separatistas en más del 75% de los municipios catalanes, así como la retirada de la Bandera Nacional en la mayoría de los edificios públicos, sin que la Delegación del Gobierno y las Subdelegaciones respectivas fueran capaces de cortar todo ello…, posiblemente obedeciendo órdenes superiores, para no molestar.

En otras palabras: el Gobierno de España está recogiendo lo que sembró.

Esas cédulas cancerígenas separatistas han devenido en una metástasis completa en todo el cuerpo social catalán, y no hay institución u organización que no esté ya contaminada.

Las próximas elecciones del 21 de diciembre de 2017 en modo alguno van a devolver la legalidad vigente a la vida pública catalana, pues la oposición al Gobierno de España cada día va en aumento, seguramente por la equivocada política de no haber sabido –p querido- cortar todo esto a tiempo…

Todo ello lo denunció MANOS LIMPIAS, que incluso denuncio a Arturo Mas por sedición, y la respuesta de la fiscalía y de los tribunales fue mirar para otro lado.

Quedará en la Historia de España que hubo una declaración de independencia ilegal, propiciada por la irresponsabilidad de un Gobierno y unos Tribunales que pudieron evitarlo a tiempo, pero no quisieron hacerlo, o no se atrevieron a realizarlo (que no sé qué es peor), y que hubo una organización llamada MANOS LIMPIAS, que con visión de futuro denunció los numerosos hechos delictivos cometidos por la Generalidad…, que la fiscalía, actuando como el apéndice que es del Ejecutivo, y los juzgados y tribunales españoles, no quisieron atajar.

Pues este es el resultado, y es su responsabilidad ante la Historia.

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