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VARAPALO AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

5 Abr

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

No hay justicia cuando los procedimientos se eternizan”

El artículo 24 del Texto Constitucional, es taxativo al respecto.

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que en ningún caso se produzca indefensión”.

Para garantizar el cumplimiento efectivo de este precepto constitucional, la Justicia deber ser ágil, eficaz, rigurosa e independiente.

Las dilaciones en dictar sentencia conllevan inexorablemente a vulnerar el artículo 24 de nuestra Norma Fundamental.

Una justicia lenta, a la hora de dictar sentencia, contamina y desvirtúa, no sólo el buen funcionamiento de la Justicia, sino que puede dar lugar a resoluciones injustas, donde los derechos del litigante se ven alterados en sus planteamientos iniciales.

Es bochornoso, el espectáculo de aquellos procesos que duran eternamente; y por poner un ejemplo, podríamos mencionar “el caso Pallerols” en el Sindicato Manos Limpias se personó como única acusación popular, y que fue un proceso que duró 17 años. El resultado final se alteró respecto de los planteamientos iniciales desvirtuándose el mismo.

Otro ejemplo permanente y cotidiano que se podría citar igualmente , es el referido al tiempo que se tarda judicialmente en desalojar a un “okupa” de una vivienda que no es suya, con el consiguiente perjuicio para el propietario legítimo.

Por otra parte, todos los días estamos asistiendo a diligencias donde:

Los litigantes comparecen en sillas de ruedas.

Se cancelan comparecencias porque a los litigantes les ha sobrevenido una enfermedad mental a causa de la edad.

Hay cambios en los letrados.

Hay cambios en los componentes de los jueces y miembros de los tribunales.

Litigantes que han fallecido.

Testigos donde su situación personal ha variado.

De otro lado, es una perversión que permanezcan hasta cuatro años presos preventivos sin ser juzgados debido a la lentitud de la justicia.

La credibilidad de la justicia y la garantía de los derechos de los ciudadanos pasa por tener una justicia ágil y eficaz en consonancia con lo prescrito en el artículo 24 de la Constitución.

A pesar de los esfuerzos del Consejo General del Poder Judicial para resolver el problema, y pese a la digitalización llevada a cabo por la Audiencia Nacional en su jurisdicción, los resultados no son los deseados. De igual forma, es de agradecer a aquellos jueces que conscientes de que la justicia ha de ser efectiva, se llevan los expedientes a sus domicilios particulares para agilizar los procedimientos.

En definitiva, un mal funcionamiento o funcionamiento anormal de la justicia, nunca podrá compensarse con la indemnización a cargo del Estado.

Desde mi posición, inicio una petición al Parlamento Español para que aborde este gravísimo problema.

ACOSO Y DERRIBO DE LA ACCIÓN POPULAR

30 Mar

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el “caso Noös”, donde se condena a pagar las costas a la acción popular de Manos Limpias bajo el pretexto de que la acusación era temeraria y de mala fe, es una seria advertencia para las acusaciones populares, y una forma de amedrentar a aquellas que ejerzan la misma.

Desde que el Sindicato Manos Limpias, haciendo uso legitimo que le confiere el articulo 125 del Texto Constitucional, comenzó a ejercitar la acción popular, por los poderes del Estado se comenzó a estudiar la forma para “exterminar y liquidar” la misma.

Se intentó a base de una reforma de la L.E.Cr. Pero el inconveniente mayor, radicaba y radica que hay que modificar el Texto Constitucional que da la legitimidad y cobertura de origen a la misma.

La acusación popular, resulta incómoda a los poderes públicos así como para el Ministerio Público que le impide llegar a acuerdos o pactos con los acusados.

La experiencia, durante más de 20 años ejerciendo la acción popular, me ha puesto de manifiesto lo antedicho, y a ello hay que añadir, los “celos“ del Ministerio Fiscal el creerse tener el monopolio de defensa de la legalidad y del interés público general. Le guste o no el monopolio no lo ostenta el Ministerio Público.

Además, hay otro motivo fundamental a la hora de defender el interés general y la legalidad vigente por parte de la acusación popular, y es el hecho de que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado y politizado, por mucho que se trate desde los poderes públicos manifestar su independencia.

Gracias a la acción popular se han producido hechos delictivos que no han quedado impunes.

El caso Atutxa, que dio lugar al nacimiento de “la doctrina Atutxa”, sólo acusó Manos Limpias mientras el Ministerio Público miraba para otro lado.

En el caso de los Eres, cursos de formación, 3% de mordida del CDC, Pujol-Ferrusola, asalto al parlamento Catalán, el referéndum ilegal del 9 n, la imputación de Artur Mas, entre otras muchos casos, fueron iniciados mediante la acusación popular de Manos Limpias, y el Ministerio público, para no quedar en evidencia, se sumó posteriormente a las querellas De Manos Limpias.

Indudablemente que existen querellas espurias y con objetivos interesados o partidistas. Las personaciones como acusaciones populares de los partidos políticos pretenden sacar rédito al querellarse contra el rival político.

Por otra parte, si la querella es temeraria, o de mala fe, existe el mecanismo legal y procedimental de desecharla o archivarla “ad limine”.

Hay un dato que conviene destacar: La acción popular ya está limitada, cuando se le impone una fianza desproporcionada para admitirla. A este respecto, traigo a colación y aporto una resolución del ex-juez Baltasar Garzón, cuando Manos Limpias, quiso ejercitar la acción popular, en el caso de la “amnistía fiscal” del año 1999, cuyo importe ascendió a más de 200.000 millones de las antiguas peseta. Se nos exigió en el plazo de 10 días abonáramos, en efectivo, 30 millones de las antiguas pesetas.

La ponderación de los instructores a la hora de fijar fianzas a la acción popular, es la mejor regulación. Manos Limpias, tampoco pudo ejercer la acción popular en el caso Botín al haberse pedido 60.000.-€, o caso Neymar otros 60.000.-€, por poner algunos ejemplos.

Sí se pudo ejercitar en el caso de los Eres (300€), asalto al Parlamento Catalán (3.000€), Pujol-Ferrusola (6.000€), Instituto Noös (cero euros) o Artur Mas (3.000€) gracias a las aportaciones de simpatizantes.

Quiero finalizar este análisis de la acción popular, reflejando en letras destacadas, las manifestaciones efectuadas por la juez Mercedes Ayala.

                “Sin la acción popular la justicia no es igual para todos”.

               “Hay una justicia para ricos y otra para los que no lo son”.

               “La Fiscalía es el brazo ejecutor del control político”.

REFLEXIONES ACERCA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA (Riesgo de fuga)

15 Mar

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Todos los días estamos asistiendo a noticias, referentes a personajes públicos sobre los que el Ministerio Público o las acusaciones populares o particulares solicitan la medida de prisión preventiva (cárcel) incondicionalmente u otras veces eludible mediante una fianza.

En España, se hace un uso abusivo de esta medida, que es excepcional, y que no tiene parangón en el derecho comparado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha llamado varias veces la atención a España, al utilizar esta medida de manera desproporcionada, convirtiéndola de excepcional en normal. Si bien es cierto que jueces garantistas la aplican de manera excepcional.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece unos requisitos concretos para su aplicación, a saber:

  1. El riesgo de fuga,
  2. La destrucción de pruebas,
  3. La gravedad de las penas,
  4. La posibilidad de reincidencia.

Estos parámetros deben de ser analizados de manera ponderada y teniendo en cuenta la situación personal, familiar (arraigo) y social del investigado.

RIESGO DE FUGA

Ahora bien, la práctica habitual, para el ingreso en prisión preventiva no eludible mediante fianza y la continuidad de esa prisión, incide fundamentalmente en el riesgo de fuga del investigado.

Los dos pilares básicos en que se fundamenta el riesgo de fuga son:

  1. La capacidad económica del investigado para eludir la acción de la justicia,
  2. Las cuentas corrientes y contactos en el extranjero.

Pero aún dándose esos dos pilares básicos, no es motivo suficiente, puesto que hay que valorar, vuelvo a insistir, la situación personal, familiar (arraigo) y social del investigado.

Los casos de Iñaki Urdangarín, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Imanol Arias, Gustavo de Arístegui, Pujol Ferrusola, Messi, Neymar, investigados por presuntos graves delitos, no se les puede aplicar la prisión preventiva incondicional, puesto que pese a tener capacidad económica para eludir la acción de la Justicia, la situación personal, familiar y social, hace inviable la fuga. Medidas cautelares menos gravosas, incluida la fianza para eludir la prisión preventiva, entrarían dentro del parámetro de la ponderación para no ingresar en prisión preventiva.

La prisión preventiva tiene una justificación en caso de flagrante delito, los casos de asesinato, atraco a mano armada, pederastas, violencia de género, .., y siempre y cuando no se traten de simples indicios, sino de sólidos, robustos y contundentes.

MOTIVACIÓN

Es inadmisible motivar la prisión preventiva con una sola línea y de forma genérica. Se consideran suficientemente motivadas, las resoluciones apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esencialmente fundamentadores de la decisión, esto es, “la ratio decidendi” que ha determinado aquella.

Las resoluciones administrativas, y con mucho más motivo, las resoluciones judiciales restrictivas, limitativas de derechos fundamentales (la prisión preventiva limita el derecho fundamental de la libertad), deben ser muy escrupulosas, rigurosas y garantistas.

VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES

La prisión preventiva incondicional, supone una vulneración de un concurso de derechos fundamentales, a saber:

  1. El principio de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva: Con la dilación de los procesos se puede llevar al averiguado hasta cuatro años de prisión sin haber sido juzgado.
  2. El principio constitucional del derecho a la propia imagen del investigado, con la “pena del telediario” y con su criminalización, queda igualmente vulnerado.
  3. El principio de igualdad de todos los españoles ante la ley es constantemente transgredido con agravios constantes, lo que supone la existencia de varias varas de medir de la justicia.

Dentro de la jerarquía de derechos fundamentales, no sólo a nivel nacional sino universal, se encuentran el derecho a la vida y el derecho a la libertad.

Los sistemas democráticos, la inexistencia de la pena de muerte, es un hecho universal. Asimismo, la pena de privación de libertad en el caso de la prisión preventiva, sin la celebración de un juicio justo, rápido y sin dilaciones, es también un derecho universal que produce unos daños irreparables a la persona y a su entorno familiar.

CLAVES DE ACTUALIDAD POLÍTICA

20 Feb

Por Miguel Bernad Remón, Abogado y Secretario General de Manos Limpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy saca pecho, en el sentido de que España va bien y que tenemos el camino adecuado, la sociedad española permanece pasiva y conformista ante unos hechos y acontecimientos que deberían tener una respuesta contundente, al menos de rechazo y protesta pasiva.

La subida de un 0,25 de las pensiones, cuando la inflación es del 3%, y con la hucha de las pensiones desvalijada por parte del Gobierno.

El escándalo de la familia Pujol-Ferrusola, permitiendo por parte de la justicia destruir pruebas y blanquear dinero, lo que demuestra las distintas varas de medir de la justicia.

La conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, con el portazo de los Presidentes de la Generalitat de Cataluña y del País Vasco, donde se evidencia la fragmentación de la unidad de España y el caos y desigualdad de la aplicación de los diversos sistemas impositivos autonómicos.

Las derogaciones totales o parciales de leyes aprobadas por el Legislativo anterior, en base a una clara bajada de pantalones del Ejecutivo, poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

La exhumación del escándalo del Yak, donde fallecieron 62 militares.

El esperpento de la declaración de Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP, que debe hacerse extensiva a todos los partidos políticos, sindicatos y patronal.

El servilismo e indignidad de la vicepresidenta ante el separatismo catalán y vasco, ofreciéndoles más dinero a cambio de paralizar el proceso secesionista, sin atreverse a aplicar el artículo 155 del Texto Constitucional de intervención de la autonomía. Intervención de esta Autonomía que Manos Limpias ha pedido quince veces al Gobierno de España.

El estallido de las facturas de la luz, que supone la inexistencia de una real y social política económica.

A ello hay que añadir, que ya no se habla ni se ahonda en el escándalo de los papeles de Panamá, de la amnistía fiscal y de la ex Directora General de Tráfico.

Ahora conviene políticamente al gobierno de Mariano Rajoy sacar el escándalo del 3% de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, cuando Manos Limpias lo denunció ante la Fiscalía hace más de diez años.

Finalmente queremos reseñar el escándalo del Rey emérito con la actriz Bárbara Rey. Pagando el silencio con quinientos millones de pesetas (tres millones de euros).

Mientras haya una respuesta social, dentro de unos cauces del Estado de Derecho, la corrupción del sistema se consolida, empobreciendo a la población y convirtiendo en España en un “Estado de desecho”.

Miguel BERNAD REMÓN,

Abogado y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

 

LA SENTENCIA DEL CASO NÓOS: DEMAGOGIA, POPULISMO E INJUSTICIA

17 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

         Tenía la vana esperanza de pensar que hoy iban a cambiar un poco las cosas, y que se impondría el Derecho sobre el estado de desecho en el que vivimos, pero no ha sido así.

         Como soy pesimista, la verdad es que me temía, más o menos, lo que ha sucedido.

         Una sentencia extremadamente benigna para el “Duque empal-mado” (le sale un año de prisión por cada millón mangado), más dura con su ex socio, que no tiene quien le proteja, y totalmente absolutoria, faltaría más, para la ex Duquesa pero todavía Infanta de España, la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia (omito cualquier tratamiento, pues a estas alturas, no creo que los merezca).

         Y, por supuesto, hay que guardar las formas, se absuelve también a la esposa del otro socio, más que nada por el que dirán…

         La noticia me ha sorprendido en una cafetería tomando el inevitable cortado de las mañanas, y la reacción del populacho allí congregado, oficinistas, parados de larga duración, jubilados, etc., me ha resultado francamente lamentable: se limitaban a leer en voz alta las penas en esa especie de tribunal popular que son las televisiones, en este caso concreto Antena 3, pero ni un comentario, ni una sola reflexión, ni mucho menos cualquier opinión, crítica o laudatoria, nada de nada.

         Es evidente que estamos ante un pueblo de borregos, y que ese pueblo tiene un pastor, que se llama Rajoy. Y un amo, que es la irreal familia Borbón, que llevan más de trescientos años, que se dice pronto, viviendo a cuerpo de rey –y nunca mejor dicho-, de todos nosotros.

         Hay un detalle morboso, irónico, o más bien satírico: la condena a MANOS LIMPIAS, el único acusador de la todavía Infanta de España (y de Suiza, pues vive allí, cerca de los dos millones de euros que dicen posee allí su padre) al pago de la totalidad de las costas para esta ciudadana, a la que, dicho sea de paso, creo que la mayoría de los españoles desearíamos no volver a ver más.

          Esas costas supondrán la abultadísima minuta del despacho de ese “padre” de la Constitución, supongo que putativo, que no voy a nombrar pues me dan nauseas. Un urdidor de enjuagues de todo tipo, retorcido como él solo, y un auténtico hijo de… su madre. Gran amigo del Emérito –dime con quien andas y te diré como eres-, y que asumió la defensa como un compromiso personal con el ex Rey, pero que ahora por lo visto pretende cobrar de MANOS LIMPIAS.

         ¡Pues cómo no les embarguen el Apartado de Correos, que creo es lo único que les queda!

         El “detalle” es muy significativo, y dice mucho de la mala uva de las tres magistradas, sin duda ávidas de hacer méritos, que son relativamente jóvenes, y supongo que con muchas ambiciones profesionales y personales, y hay que hacer “méritos” ante los Borbones, que al fin y al cabo son los que dirigen el “rebaño”.

         Como jurista, profesor de derecho, abogado, ensayista sobre temas legales, es decir, aprendiz de todo y maestro de nada, la sentencia me ha producido asco y ganas de vomitar. Y, por supuesto, mucha vergüenza ajena.

         El propio juez Castro, magistrado instructor de la causa, y por lo tanto profundamente conocedor de la misma, ya ha dicho “que no entiende la sentencia”. Y yo tampoco (obviamente salvando las distancias, pues yo soy un simple becario a su lado).

         Teniendo en cuenta que la Infanta disfrutó de dos abogados defensores, dada la incompetencia del titular, y de otros dos abogados en las personas del Fiscal y del Abogado del Estado, ¿deberá pagar el sindicato los salarios de todos ellos…?

         En ese caso, pido que se deduzca de nuestros impuestos el sueldo del Fiscal y del Abogado del Estado, a ver si así, por lo menos ahorramos algo, para poder devolverle a la ciudadana Borbón los gastos que ha tenido con este asunto.

         En fin, España es ansí. Lo dejo por hoy, sin perjuicio de volver sobre el asunto cuándo esté más calmado.

         Justicia a la española. Marca España.

ESPAÑA LE DEBE A MANOS LIMPIAS…

17 Feb

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

     Decía don Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, que la mejor forma de guardar un secreto es publicarlo en un libro, dada la tradición alergia de la mayoría de los españoles a leer…

         Y no le faltaba razón.

         Así hice yo, convencido de la bondad de la acción, al publicar como Epílogo de la tercera edición de “El Libro Negro de la Fiscalía Española” el texto que reproduzco a continuación, y que no es mío, sino que estaba colgado en la web de Manos Limpias, esa que fue retirada de internet al decretarse el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de su líder y secretario general, el abogado don Miguel Bernad Remón, con cuya amistad me honro.

         ¡Parece ser que había robado, presuntamente, una gallina!, y como muy bien dijo el presidente del consejo general del joder judicial (perdón, ha sido un error, quiero decir el poder), aquí sólo se persigue a los robagallinas, o a aquellos a quiénes el poder les tiene ganas.

         Como decía don Miguel Bernad en el Prólogo a la segunda edición:

         “Las sombras prevalecen indudablemente sobre las luces y es dentro de esta opacidad y oscuridad, que las decisiones importantes del Ministerio Público, se toman en petit comité, las actas no reflejan la realidad de los hechos, y los fiscales jefes son unos auténticos señores feudales.

         Dentro de las sombras cabe destacar las innumerables falsas denuncias de los menores y de las mujeres maltratadas, que no son investigadas en multiplicidad de ocasiones por la Fiscalía.

         Finalmente, queremos destacar lo que a nuestro juicio corrobora EL LIBRO NEGRO DE LA FISCALÍA ESPAÑOLA y las sombras que rodean a esta Institución: es el comportamiento del Fiscal Pedro HORRACH, convirtiéndose en el mejor defensor abogado y además gratuito (con el dinero de todos los españoles) de la Infanta Cristina de Borbón en el juicio Noos”.

         Y añade en el Prólogo a la tercera edición el texto siguiente, que suscribo totalmente:

         “Nadie discute la falta de independencia del Ministerio Fiscal, nadie discute su politización, nadie discute su jerarquización.

         El Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio del derecho de defensa de la legalidad y del interés público, y no quiere asumir que la acción popular, por mandato constitucional, está habilitada para defender la legalidad y el interés público.

         No acepta ni soporta el Ministerio Público que en cualquier proceso puede intervenir la acusación popular, que puede cambiar el criterio de los jueces o magistrados con su acusación, tan legítima como la de la Fiscalía, dio sea de paso, y para ello utiliza todos los mecanismos a su alcance para dificultar esa acción popular, como solicitar fianzas descomunales y desproporcionadas, sabedora además de la falta de recursos de quienes sostenemos dicha acusación popular…”.

(Prisión de Madrid IV, Navalcarnero, Madrid, diciembre de 2016).

           Y sigo con la transcripción ad pedem literae,, del texto que Manos Limpias tenía colgado en su web, que Dios quiera vuelva a lucir pronto en el ancho mundo de internet:

         “En España, cualquier ciudadano de a pie, sin ostentar ningún cargo de responsabilidad, esta sometido si comete algún delito a tener que comparecer ante los Tribunales y ser condenado si se demuestra la comisión del delito

         En España, los políticos, los empresarios, sindicalistas y los banqueros, en menor medida, pero también si cometen algún delito, están sometidos a los Tribunales

         En España, los jueces y magistrados, si cometen alguna falta administrativa, están sometidos al órgano de Gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, y si cometen algún delito también se les juzga y se les condena por sus compañeros de los Tribunales.

         En España, los Fiscales, el Ministerio Público, campan por sus anchas, y no se que clase de privilegios tienen, que les convierten en impunes en todas sus actuaciones. No conozco ni un solo caso de sanción o apartado de la carrera fiscal si cometen algún delito. (Sólo hubo un caso de expulsión de la carrera fiscal, posteriormente anulado por los tribunales, por “desobedecer” las órdenes del fiscal jefe provincial. Una vez anulada la sanción, la citada fiscal jefe, en lugar de ser cesada de inmediato, fue ascendida a fiscal superior…).

         En España, los Fiscales, son el prototipo de cuerpo jerarquizado, reciben órdenes de sus superiores. Acusan según convenga o no a sus superiores. No tienen autonomía para cumplir con el precepto constitucional del artículo 124: defensa del interés público y de la legalidad vigente.

         Los Fiscales, dictan resoluciones estereotipadas, sin la más mínima motivación, este es el ejemplo o muestra de lo que afirmamos:

         “Vista la denuncia efectuada por ese Sindicato, se decreta el archivo y puede proceder a reiterarla en el Juzgado correspondiente”.

         En multiplicidad de procedimientos penales, el Juez Instructor tiene que reiterar al fiscal que debe emitir el informe preceptivo, aunque no es vinculante.

         El Ministerio Público incumple en ocasiones la legalidad, como sucedió en el caso en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rodríguez Sol, se posicionó a favor del independentismo y no se le sancionó por esta acción.

         El Ministerio Público manifiesta que los ultrajes al Jefe del Estado, a la Bandera Nacional, y a las Instituciones Oficiales, no son delitos, y no le pasa nada.

         El Ministerio Público se permite insultar a los jueces que juzgaron al Juez Garzón en el procedimiento de la ley de memoria histórica y no le pasó nada.

         El Ministerio Público no acusa en el caso Atutxa y este fue condenado únicamente por la acusación de la acción popular, concretamente nosotros, Manos Limpias.

         El Ministerio Público no acusa en los procedimientos contra Baltasar Garzón, (Ley de memoria histórica; escuchas telefónicas a los abogados y mordida al ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín), y Garzón fue condenado por la acción popular de Manos Limpias.

         El Ministerio Público puede acusar falsamente, presentar querellas prevaricadoras y políticas contra la Letrada de Manos Limpias y de su Secretario General, y no le pasa nada.

         El Ministerio Público atiza permanentemente contra la Acusación Popular, por celos, puesto que quiere tener el monopolio en la defensa de la legalidad, e insta al Juez Instructor a no admitir querellas de la acusación popular, e imponer fianzas descomunales para impedir que la acusación popular pueda estar en los procedimientos, controlando y supervisando la actuación, muchas veces “política”, del Ministerio Fiscal.

         El Ministerio Público llega a pactos con imputados, con objeto de convertirlos en chivatos, pidiendo para ellos penas ridículas, e injustas, por la gravedad de los delitos…

         El Ministerio Público se ha convertido en el mejor defensor o abogado de un imputado, como es el caso de la Infanta Cristina de Borbón.

         El Ministerio Público interfiere en las pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

         El Ministerio Público ha sido retratado por el ex Fiscal don Ramiro Grau Morancho, quien define en su Libro Negro de la Fiscalía Española su actuación de la forma siguiente:

         “La mucha opacidad y grandes dosis de arbitrariedad con la que actúa, presuponen un riesgo para la seguridad jurídica, al poder ser utilizada la Institución para fines políticos partidistas y prestarse a que los delitos cometidos por los partidos gobernantes y sus dirigentes no sean debidamente investigados y sancionados”.

         Esta es la gran asignatura pendiente que tiene nuestro sistema constitucional y democrático.

         Mientras se siga manteniendo ese privilegio de impunidad, la sociedad española no tendrá la garantía de que estamos ante un verdadero Estado de Derecho.

         Si la ley es igual para todos, tal y como hemos demostrado con la acusación popular contra la Infanta Cristina de Borbón, ésta debe también ser aplicada al Ministerio Fiscal”.

       Dicen que las deudas más importantes de la vida son las que nunca pagamos.

         ¿Alguien cree que ha pagado bien la deuda con sus padres, con algún buen amigo, que te ha dado cobijo y apoyo en situaciones difíciles, etc…?.

         Pues así nos sucede a los españoles de bien con MANOS LIMPIAS.

         Que nadie nos ha pasado al cobro factura alguna, ni lo harán nunca, pero somos conscientes de que tenemos una deuda con ellos.

         Quisiera que este artículo fuera mi modesta contribución al pago de una pequeña parte alícuota de esa deuda, por otra parte, totalmente impagable, por su magnitud.

         Como he dicho en alguno de mis artículos previos sobre el asunto: si MANOS LIMPIAS no existiera, TENDRÍAMOS QUE CREARLA.

Atraco del pirata Fabián Picardo a Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias.

20 Dic

Por Miguel Bernad Remón. Secretario General de Manos Limpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Cuando se produce el lanzamiento de 70 bloques de hormigón por parte de Fabián Picardo, en aguas jurisdiccionales españolas, para que los pescadores de nuestra Patria no pudieran faenar, Miguel Bernad Remón, en nombre de MANOS LIMPIAS, denuncia estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por delito medioambiental.

Asimismo denuncia ante las autoridades españolas y comunitarias al Alcalde de Gibraltar,   el citado Picardo, el consentimiento y complicidad con el tráfico de tabaco ilegal, el hecho de que el Peñón sea un refugio de miles de empresas, que así evaden impuestos, al ser un puerto franco, y no existir prácticamente tributación, etc.

En otras palabras, Gibraltar es un parásito de España, un paraíso fiscal en el que se han refugiado más de 70.000 empresas, cuando la población escasamente llega a 30.000 habitantes…

La respuesta de Fabián Picardo, como buen picapleitos que es (otra cosa no pero leguleyo y liante, un rato largo), con el asesoramiento de su amigo Baltasar Garzón (expulsado de la carrera judicial por una querella contra él de MANOS LIMPIAS), fue presentar una demanda contra su honor ante la Corte Suprema de Gibraltar, es decir ante sí mismo, por medio de personas interpuestas.

Obviamente Miguel Bernad Remón no compareció ante un “tribunal” nombrado a dedo por el propio Fabián Picardo, y que por lo tanto actuará como la voz de su amo, y se le declara en rebeldía, condenándole a pagarle nada menos que 120.000 (ciento veinte mil) euros, que ahora trata de ejecutar el Juzgado de lª. Instancia Núm. 47 de Madrid.

         Al respecto quiero recordar:

1º. – Que el “gobierno de Gibraltar” no es reconocido por el Gobierno del Reino de España. –

2º. –   Que la auto denominada “Corte Suprema de Gibraltar” es un “tribunal” fantasma, sin independencia. –

3º. – Que si el señor Picardo estimaba que se le había injuriado, la querella, denuncia o demanda para defender su honor, debería haberla presentado ante los Juzgados y Tribunales españoles, a virtud el principio de territorialidad, pues los hechos se produjeron en España, y Miguel Bernad Remón es ciudadano español, de origen y ejercicio. –

4º. – Que existe normativa europea la existencia de una doble instancia, es decir, la posibilidad de poder recurrir contra la sentencia inicial ante otro Tribunal, lo que no sucede en el caso de Gibraltar, dónde sólo existe un juzgado o tribunal, totalmente politizado, y que carece de cualquier rasgo o rastro de independencia judicial. –

5º. – El atraco termina con una condena por más de 120.000 euros, ya que se me condena también en costas, pero sin justificar en modo alguno las citadas costas, honorarios del abogado, tasas judiciales, en su caso, etc., y sin posibilidad alguna de impugnarlas, como sucede en España, a través de la tasación de costas, con una doble posibilidad de impugnación, por indebidas y/o por excesivas. –

6º. – Lo más vergonzoso del asunto es que un Juzgado español trate de ejecutar y dar por bueno este atraco a uno de nuestros ciudadanos, cuyos derechos debería proteger, en lugar de dar credibilidad a la “sentencia” de un juzgado fantasma, carente de legalidad, de imparcialidad y de objetividad, procedente de una colonia extranjera, que podrá reconocerle determinadas facultades en el ámbito de la Gran Bretaña, pero nunca en España, dónde solamente reconocemos la legitimidad de las resoluciones adoptadas por los juzgados ingleses, pero no de los que hayan podido crear ad hoc sus colonias, como es Gibraltar, por mucho que les pese. –

7º. – Es decir, un Juzgado de Primera Instancia español parece ser que no respeta el principio de legalidad y de seguridad jurídica, produciendo una total y absoluta indefensión a un ciudadano nuestro, de los que pagan impuestos, con los cuáles se mantiene ese mismo juzgado…

8º. –Ni el Ministro de Justicia, ni el Ministro de Asuntos Exteriores, ni la Defensora del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos conocedores del caso, pues les he informado por escrito de lo sucedido, han hecho absolutamente nada para defender los derechos e intereses legítimos de un ciudadano español. –

Por defender la dignidad de España y de los españoles ante el pirata de Fabián Picardo, he sufrido y estoy sufriendo un gran castigo moral y económico en solitario, sin que nuestras autoridades sean capaces de defender las actuaciones legítimas y de defensa de los intereses generales de los españoles de este ciudadano español.

El pirata Fabian Picardo

El pirata Fabian Picardo