Tag Archives: manos limpias

STOP A LAS FILTRACIONES DE LOS SUMARIOS

19 May

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Límpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Estamos asistiendo día a día, y hora a hora, a la continua filtración a los medios de comunicación de datos de sumarios que están declarados secretos.

El anuncio del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción sobre una posible regulación y sanción de estas filtraciones ha provocado reacciones totalmente salidas de tono, y sin fundamento alguno.

“Matar al mensajero”, “atentado al derecho de información”, son algunos de los editoriales que se han dedicado al tema, por parte de la práctica totalidad de los medios de comunicación social.

El “chollo” de las filtraciones toca a su fin. No vale todo, como hasta ahora.

Documentos privadísimos, conversaciones telefónicas íntimas, son portada a diario de la prensa, radio y televisiones, públicas y privadas. No se respeta nada.

El “morbo” atrae lectores y el negocio para el medio de comunicación está garantizado.

Pero, cabe hacerse la pregunta clave:

¿Quién es el chivato que efectúa las filtraciones?

Varias son las hipótesis:

  • El Juez Instructor.
  • El Ministerio Fiscal.
  • Algún funcionario, del juzgado o de la fiscalía.
  • Los propios policías investigadores (UDEF, UCO, etc.).
  • (No incluimos a los abogados y/o procuradores, pues al ser actuaciones secretas, no tienen acceso a las mismas).

Respecto al Juez Instructor lo descartamos, pues confiamos en su profesionalidad.

Con relación al Ministerio Público, excepcionalmente se han producido filtraciones, que han sido debidamente denunciadas o corregidas disciplinariamente.

Ahora bien, no pondría la mano en el fuego por los funcionarios de los juzgados y/o de la fiscalía, y lo mismo pienso respecto a los investigadores de la UDEF (altamente politizada, y escorada a babor), o la UCO, bastante más seria y profesional.

Para que los sumarios no se conviertan con las filtraciones en seriales que alimenten el morbo y el negocio de los medios de comunicación, los anuncios del Fiscal General del Estado y del Fiscal Jefe Anticorrupción en este asunto, merecen el respeto y el apoyo de la ciudadanía.

Hay una pregunta para la que la respuesta no debe admitir dudas: ¿A cambio de que contraprestación se producen esas filtraciones?

Es decir, ¿qué obtiene “el chivato” a cambio de la filtración?

Quien escribe este artículo ha sido víctima de filtraciones (interesadas, parciales y sesgadas), de datos que estaban protegidos bajo “el secreto del sumario”.

Cuándo se me detuvo el 15 de abril de 2016, a las 7,15 horas de la mañana, “el chivato2 ya había filtrado a los medios de comunicación social la hora y el lugar de la detención, para que todos los medios pudieran estar presentes, sacarme fotos, divulgarlas urbi et orbe, y ofrecer a la sociedad el testimonio de mi “criminalización” y condena anticipada…

Es decir, lo que se conoce como la “pena del telediario”, que aunque luego seas declarado absuelto, o se archiven las actuaciones, te acompañará el resto de tu vida.

No creo que estas filtraciones se produzcan a cambio de dinero, aunque puede haber algún caso menor. Más bien creo que forman parte de una campaña destinada a “hundir” al adversario político, o desacreditar al denunciante que ha tenido el atrevimiento de denunciar a toda una Infanta de España, Hija y Hermana de Reyes.

¡Qué país, que paisaje y que paisanaje!, como diría el gran Unamuno…

MANOS LIMPIAS SIGUE GANANDO BATALLAS DESPUÉS DE HABER SIDO DECLARADA MUERTA, PREMATURAMENTE

17 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Acabo de recibir copia del Auto de 24 folios de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Tercera, de la que ha sido Ponente el Ilmo. Señor magistrado don Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz, y que estima la recusación promovida por el Sindicato de Funcionarios MANOS LIMPIAS contra Don Pedro IZQUIERDO MARTÍN, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, y Presiente de la misma.

Esta resolución, contra la cual no cabe recurso alguno, ha sido notificada a las partes el día 12 de mayo pasado, y se refiere al caso de los Eres (expedientes de regulación de empleo), en el que están siendo acusados don Manuel Chaves González, como Presidente de la Junta de Andalucía; don José Antonio Griñán Martínez, como Consejero de Economía y Hacienda; don Gaspar Zarrias Arévalo, como Consejero e Presidencia; doña Magdalena Álvarez Arza, como Consejera de Economía y Hacienda y una lista de varias decenas de ex Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de la citada Junta, así como el Letrado Jefe del Gabinete Jurídico y los Directores Generales de IFA/idea, por supuestos delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos y delito de asociación ilícita.

Como indica el antecedente procesal cuarto: “…el Magistrado recusado emitió informe no admitiendo como ciertas las causas de recusación alegadas por los recusantes”.

Explica el fundamento de derecho primero que: “En concreto, el Sindicato de Funcionarios MANOS LIMPIAS, entiende que concurren en el citado magistrado la causa prevista en el número 9 del artículo 219 de la LOPJ, al mantener amistad íntima con (varios de los acusados)…, como consecuencia de haber sido nombrado por Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez, Gaspar Zarrias Arévalo, Francisco Vallejo Serrano y ntonio Fernández García para desempeñar un alto cargo político en la Junta de Andalucía, habiéndose mantenido en él durante varios años, lo que arroja serias dudas sobre su imparcialidad dentro de los cánones exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

En el fundamento de derecho quinto: “Por último, se alega…la causa prevista en el artículo 219.10 de la LOPJ, la de tener interés directo o indirecto en la causa o pleito… Con esta causa de recusación…, se permite a la parte controlar la necesaria imparcialidad subjetiva del juez… Lo fundamental no es determinar si el juez ha perdido o no la imparcialidad sino si de las circunstancias objetivas que concurren se deriva alguna duda, para las partes o para la sociedad, sobre su parcialidad; esto es, si existe una sospecha razonable de parcialidad….

En nuestro caso, lo que se denuncia es la relación del magistrado ponente con varios de los acusados, al haber desempeñado un alto cargo en la Junta de Andalucía, primero como Secretario General para la Modernización de la Justicia y, después, como Secretario General de Justicia, durante más de cinco años, habiendo sido nombrado por uno de los acusados, Manuel Chaves González, previa deliberación de un Consejo de Gobierno del que formaban parte cinco de los acusados, derivándose de esa relación una sospecha de apariencia de parcialidad que indicaría un interés directo o indirecto en el proceso.

Son hechos no discutidos los siguientes:

  1. “El magistrado ponente fue nombrado el 29 de abril de 2008 por Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía, (acusado en esta causa),… Secretario General de Modernización de la Justicia.
  1. El 20 de mayo de 2008 es nombrado Secretario General para la Justicia, con nivel orgánico de Viceconsejero, y poseía la consideración de alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo cargo de libre designación de especial confianza o responsabilidad.
  1. Don Pedro Izquierdo Martín (el magistrado ponente de la causa, ahora recusado), ha venido desempeñando el cargo de Secretario General para la Justicia desde el 20 de mayo de 2008 hasta el 22 de julio de 2015…, habiendo permanecido en la Secretaría General bajo el mandato de tres Presidentes de la Junta de Andalucía (los acusados Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez y la actual Presienta), y de un total de cinco Consejeros de Justicia.
  1. Pues bien, todos estos datos objetivos y que no ofrecen discusión, desde el punto de vista de un observador exterior y objetivo…, acarrearían dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad dada la relación de dependencia que mantuvo el magistrado ponente con alguno de los acusados, la confianza que en él depositaron para nombrarle para un cargo de gran responsabilidad en la Junta de Andalucía y para mantenerle en él durante más de cinco años; y ello, pese a los distintos cambios en la Consejería de Justicia de la que dependía, todo lo cual genera una justificada percepción de cercanía, confianza y proximidad”.

Un juez –o fiscal- no solo debe de ser imparcial, sino también parecerlo.

Un gran magistrado, de egregia memoria, don Federico Carlos Sainz de Robles y Rodríguez, ex Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Magistrado de la Sala Tercera del Supremo, se presentó como candidato en las elecciones generales de 1986, por el Partido Reformista Democrático, no consiguiendo un escaño.

Dijo públicamente que para un juez aspirar a la política era pasar el Rubicón, y por lo tanto no solicitó el reingreso en la carrera judicial, a que tenía derecho, sino que abrió un despacho de abogado, dedicándose al ejercicio libre de la abogacía ¡Y eso que ni siquiera se había “contaminado” políticamente, pues no había llegado a ser diputado!

Que calidad de jueces teníamos antaño, y que clase de “jueces” tenemos hogaño…

Ahora comprendo que hayan tenido a don Miguel Bernad más de ocho meses en prisión provisional, y ello a pesar de su edad, 74 ó 75 años…, y la total carencia de antecedentes desfavorables.

Y que quieran cargarle la acusación popular. ¡Es que estos de MANOS LIMPIAS en particular, y en general todas las acusaciones populares, son unos toca cojones de cuidado!

De seguir existiendo, y actuando, la gente no se va a creer que vivimos en “Alicia en el país de las maravillas”, o dicho de otra forma, “España, un paraíso para la corrupción”.

ÉRASE UNA VEZ DOS AMIGOS

4 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Marhuenda y Casals, director y presidente del diario LA RAZÓN y del grupo editorial, tenían y tienen un amigo, consejero del citado grupo, y actualmente en prisión provisional por la operación “Lezo”.

Este hombre es el testaferro y persona de confianza de Ignacio González, el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los dos amigos, Marhuenda y Casal, consolaban a su deprimido y abatido amigo, pues tenía el temor (fundado) de que la justicia le pasaba los talones, con el anuncio de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, les había denunciado.

Ambos amigos consolaban al consejero y testaferro del ex presidente, diciéndole que estuviera tranquilo, que pondrían toda la artillería mediática (La Razón, Antena 3, la Sexta, Onda Cero) a trabajar, para desactivar la anunciada denuncia de la señora Cifuentes.

El juez don Eloy Velasco abre una investigación –antes imputación- contra los dos amigos, por presuntas coacciones, para rápidamente archivar el procedimiento, basándose en el argumento absolutamente insólito desde el punto de vista jurídico de que: “trataron, mediante mentiras piadosas y paliativas de convencer y consolar al amigo, y hacerle creer que el control mediático de que disponían influiría en que el procedimiento penal no siguiera adelante”.

El juez don Eloy Velasco tenía un argumento mucho más riguroso, técnico y creíble para sobreseer y archivar la causa contra ellos (como así ha sucedido), cual es: “no existen o e aprecian, después de las declaraciones y conversaciones telefónicas, suficientes indicios racionales de que se hubiera producido un delito de coacciones”.

Como mínimo podemos calificar ese sobreseimiento de la investigación de los dos amigos como una motivación francamente insólita a la hora de justificar una resolución judicial.

VARAPALO AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

5 Abr

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

No hay justicia cuando los procedimientos se eternizan”

El artículo 24 del Texto Constitucional, es taxativo al respecto.

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que en ningún caso se produzca indefensión”.

Para garantizar el cumplimiento efectivo de este precepto constitucional, la Justicia deber ser ágil, eficaz, rigurosa e independiente.

Las dilaciones en dictar sentencia conllevan inexorablemente a vulnerar el artículo 24 de nuestra Norma Fundamental.

Una justicia lenta, a la hora de dictar sentencia, contamina y desvirtúa, no sólo el buen funcionamiento de la Justicia, sino que puede dar lugar a resoluciones injustas, donde los derechos del litigante se ven alterados en sus planteamientos iniciales.

Es bochornoso, el espectáculo de aquellos procesos que duran eternamente; y por poner un ejemplo, podríamos mencionar “el caso Pallerols” en el Sindicato Manos Limpias se personó como única acusación popular, y que fue un proceso que duró 17 años. El resultado final se alteró respecto de los planteamientos iniciales desvirtuándose el mismo.

Otro ejemplo permanente y cotidiano que se podría citar igualmente , es el referido al tiempo que se tarda judicialmente en desalojar a un “okupa” de una vivienda que no es suya, con el consiguiente perjuicio para el propietario legítimo.

Por otra parte, todos los días estamos asistiendo a diligencias donde:

Los litigantes comparecen en sillas de ruedas.

Se cancelan comparecencias porque a los litigantes les ha sobrevenido una enfermedad mental a causa de la edad.

Hay cambios en los letrados.

Hay cambios en los componentes de los jueces y miembros de los tribunales.

Litigantes que han fallecido.

Testigos donde su situación personal ha variado.

De otro lado, es una perversión que permanezcan hasta cuatro años presos preventivos sin ser juzgados debido a la lentitud de la justicia.

La credibilidad de la justicia y la garantía de los derechos de los ciudadanos pasa por tener una justicia ágil y eficaz en consonancia con lo prescrito en el artículo 24 de la Constitución.

A pesar de los esfuerzos del Consejo General del Poder Judicial para resolver el problema, y pese a la digitalización llevada a cabo por la Audiencia Nacional en su jurisdicción, los resultados no son los deseados. De igual forma, es de agradecer a aquellos jueces que conscientes de que la justicia ha de ser efectiva, se llevan los expedientes a sus domicilios particulares para agilizar los procedimientos.

En definitiva, un mal funcionamiento o funcionamiento anormal de la justicia, nunca podrá compensarse con la indemnización a cargo del Estado.

Desde mi posición, inicio una petición al Parlamento Español para que aborde este gravísimo problema.

ACOSO Y DERRIBO DE LA ACCIÓN POPULAR

30 Mar

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el “caso Noös”, donde se condena a pagar las costas a la acción popular de Manos Limpias bajo el pretexto de que la acusación era temeraria y de mala fe, es una seria advertencia para las acusaciones populares, y una forma de amedrentar a aquellas que ejerzan la misma.

Desde que el Sindicato Manos Limpias, haciendo uso legitimo que le confiere el articulo 125 del Texto Constitucional, comenzó a ejercitar la acción popular, por los poderes del Estado se comenzó a estudiar la forma para “exterminar y liquidar” la misma.

Se intentó a base de una reforma de la L.E.Cr. Pero el inconveniente mayor, radicaba y radica que hay que modificar el Texto Constitucional que da la legitimidad y cobertura de origen a la misma.

La acusación popular, resulta incómoda a los poderes públicos así como para el Ministerio Público que le impide llegar a acuerdos o pactos con los acusados.

La experiencia, durante más de 20 años ejerciendo la acción popular, me ha puesto de manifiesto lo antedicho, y a ello hay que añadir, los “celos“ del Ministerio Fiscal el creerse tener el monopolio de defensa de la legalidad y del interés público general. Le guste o no el monopolio no lo ostenta el Ministerio Público.

Además, hay otro motivo fundamental a la hora de defender el interés general y la legalidad vigente por parte de la acusación popular, y es el hecho de que el Ministerio Público es un órgano jerarquizado y politizado, por mucho que se trate desde los poderes públicos manifestar su independencia.

Gracias a la acción popular se han producido hechos delictivos que no han quedado impunes.

El caso Atutxa, que dio lugar al nacimiento de “la doctrina Atutxa”, sólo acusó Manos Limpias mientras el Ministerio Público miraba para otro lado.

En el caso de los Eres, cursos de formación, 3% de mordida del CDC, Pujol-Ferrusola, asalto al parlamento Catalán, el referéndum ilegal del 9 n, la imputación de Artur Mas, entre otras muchos casos, fueron iniciados mediante la acusación popular de Manos Limpias, y el Ministerio público, para no quedar en evidencia, se sumó posteriormente a las querellas De Manos Limpias.

Indudablemente que existen querellas espurias y con objetivos interesados o partidistas. Las personaciones como acusaciones populares de los partidos políticos pretenden sacar rédito al querellarse contra el rival político.

Por otra parte, si la querella es temeraria, o de mala fe, existe el mecanismo legal y procedimental de desecharla o archivarla “ad limine”.

Hay un dato que conviene destacar: La acción popular ya está limitada, cuando se le impone una fianza desproporcionada para admitirla. A este respecto, traigo a colación y aporto una resolución del ex-juez Baltasar Garzón, cuando Manos Limpias, quiso ejercitar la acción popular, en el caso de la “amnistía fiscal” del año 1999, cuyo importe ascendió a más de 200.000 millones de las antiguas peseta. Se nos exigió en el plazo de 10 días abonáramos, en efectivo, 30 millones de las antiguas pesetas.

La ponderación de los instructores a la hora de fijar fianzas a la acción popular, es la mejor regulación. Manos Limpias, tampoco pudo ejercer la acción popular en el caso Botín al haberse pedido 60.000.-€, o caso Neymar otros 60.000.-€, por poner algunos ejemplos.

Sí se pudo ejercitar en el caso de los Eres (300€), asalto al Parlamento Catalán (3.000€), Pujol-Ferrusola (6.000€), Instituto Noös (cero euros) o Artur Mas (3.000€) gracias a las aportaciones de simpatizantes.

Quiero finalizar este análisis de la acción popular, reflejando en letras destacadas, las manifestaciones efectuadas por la juez Mercedes Ayala.

                “Sin la acción popular la justicia no es igual para todos”.

               “Hay una justicia para ricos y otra para los que no lo son”.

               “La Fiscalía es el brazo ejecutor del control político”.

REFLEXIONES ACERCA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA (Riesgo de fuga)

15 Mar

Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de MANOS LIMPIAS.

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bwrnad Remón

Todos los días estamos asistiendo a noticias, referentes a personajes públicos sobre los que el Ministerio Público o las acusaciones populares o particulares solicitan la medida de prisión preventiva (cárcel) incondicionalmente u otras veces eludible mediante una fianza.

En España, se hace un uso abusivo de esta medida, que es excepcional, y que no tiene parangón en el derecho comparado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha llamado varias veces la atención a España, al utilizar esta medida de manera desproporcionada, convirtiéndola de excepcional en normal. Si bien es cierto que jueces garantistas la aplican de manera excepcional.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece unos requisitos concretos para su aplicación, a saber:

  1. El riesgo de fuga,
  2. La destrucción de pruebas,
  3. La gravedad de las penas,
  4. La posibilidad de reincidencia.

Estos parámetros deben de ser analizados de manera ponderada y teniendo en cuenta la situación personal, familiar (arraigo) y social del investigado.

RIESGO DE FUGA

Ahora bien, la práctica habitual, para el ingreso en prisión preventiva no eludible mediante fianza y la continuidad de esa prisión, incide fundamentalmente en el riesgo de fuga del investigado.

Los dos pilares básicos en que se fundamenta el riesgo de fuga son:

  1. La capacidad económica del investigado para eludir la acción de la justicia,
  2. Las cuentas corrientes y contactos en el extranjero.

Pero aún dándose esos dos pilares básicos, no es motivo suficiente, puesto que hay que valorar, vuelvo a insistir, la situación personal, familiar (arraigo) y social del investigado.

Los casos de Iñaki Urdangarín, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Imanol Arias, Gustavo de Arístegui, Pujol Ferrusola, Messi, Neymar, investigados por presuntos graves delitos, no se les puede aplicar la prisión preventiva incondicional, puesto que pese a tener capacidad económica para eludir la acción de la Justicia, la situación personal, familiar y social, hace inviable la fuga. Medidas cautelares menos gravosas, incluida la fianza para eludir la prisión preventiva, entrarían dentro del parámetro de la ponderación para no ingresar en prisión preventiva.

La prisión preventiva tiene una justificación en caso de flagrante delito, los casos de asesinato, atraco a mano armada, pederastas, violencia de género, .., y siempre y cuando no se traten de simples indicios, sino de sólidos, robustos y contundentes.

MOTIVACIÓN

Es inadmisible motivar la prisión preventiva con una sola línea y de forma genérica. Se consideran suficientemente motivadas, las resoluciones apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esencialmente fundamentadores de la decisión, esto es, “la ratio decidendi” que ha determinado aquella.

Las resoluciones administrativas, y con mucho más motivo, las resoluciones judiciales restrictivas, limitativas de derechos fundamentales (la prisión preventiva limita el derecho fundamental de la libertad), deben ser muy escrupulosas, rigurosas y garantistas.

VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES

La prisión preventiva incondicional, supone una vulneración de un concurso de derechos fundamentales, a saber:

  1. El principio de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva: Con la dilación de los procesos se puede llevar al averiguado hasta cuatro años de prisión sin haber sido juzgado.
  2. El principio constitucional del derecho a la propia imagen del investigado, con la “pena del telediario” y con su criminalización, queda igualmente vulnerado.
  3. El principio de igualdad de todos los españoles ante la ley es constantemente transgredido con agravios constantes, lo que supone la existencia de varias varas de medir de la justicia.

Dentro de la jerarquía de derechos fundamentales, no sólo a nivel nacional sino universal, se encuentran el derecho a la vida y el derecho a la libertad.

Los sistemas democráticos, la inexistencia de la pena de muerte, es un hecho universal. Asimismo, la pena de privación de libertad en el caso de la prisión preventiva, sin la celebración de un juicio justo, rápido y sin dilaciones, es también un derecho universal que produce unos daños irreparables a la persona y a su entorno familiar.

CLAVES DE ACTUALIDAD POLÍTICA

20 Feb

Por Miguel Bernad Remón, Abogado y Secretario General de Manos Limpias

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy saca pecho, en el sentido de que España va bien y que tenemos el camino adecuado, la sociedad española permanece pasiva y conformista ante unos hechos y acontecimientos que deberían tener una respuesta contundente, al menos de rechazo y protesta pasiva.

La subida de un 0,25 de las pensiones, cuando la inflación es del 3%, y con la hucha de las pensiones desvalijada por parte del Gobierno.

El escándalo de la familia Pujol-Ferrusola, permitiendo por parte de la justicia destruir pruebas y blanquear dinero, lo que demuestra las distintas varas de medir de la justicia.

La conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, con el portazo de los Presidentes de la Generalitat de Cataluña y del País Vasco, donde se evidencia la fragmentación de la unidad de España y el caos y desigualdad de la aplicación de los diversos sistemas impositivos autonómicos.

Las derogaciones totales o parciales de leyes aprobadas por el Legislativo anterior, en base a una clara bajada de pantalones del Ejecutivo, poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

La exhumación del escándalo del Yak, donde fallecieron 62 militares.

El esperpento de la declaración de Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP, que debe hacerse extensiva a todos los partidos políticos, sindicatos y patronal.

El servilismo e indignidad de la vicepresidenta ante el separatismo catalán y vasco, ofreciéndoles más dinero a cambio de paralizar el proceso secesionista, sin atreverse a aplicar el artículo 155 del Texto Constitucional de intervención de la autonomía. Intervención de esta Autonomía que Manos Limpias ha pedido quince veces al Gobierno de España.

El estallido de las facturas de la luz, que supone la inexistencia de una real y social política económica.

A ello hay que añadir, que ya no se habla ni se ahonda en el escándalo de los papeles de Panamá, de la amnistía fiscal y de la ex Directora General de Tráfico.

Ahora conviene políticamente al gobierno de Mariano Rajoy sacar el escándalo del 3% de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, cuando Manos Limpias lo denunció ante la Fiscalía hace más de diez años.

Finalmente queremos reseñar el escándalo del Rey emérito con la actriz Bárbara Rey. Pagando el silencio con quinientos millones de pesetas (tres millones de euros).

Mientras haya una respuesta social, dentro de unos cauces del Estado de Derecho, la corrupción del sistema se consolida, empobreciendo a la población y convirtiendo en España en un “Estado de desecho”.

Miguel BERNAD REMÓN,

Abogado y Secretario General de MANOS LIMPIAS.