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LAS TOGAS ROJAS ESTÁN EN GUERRA CONTRA EL GOBIERNO

2 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO. Ex fiscal sustituto

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La fiscalía es una institución bastante opaca, pero tal vez no haya otro remedio.

Los asuntos que llevan entre manos requieren mucha prudencia, pues se puede acabar con el prestigio y la honorabilidad de una persona por un quítame aquí estas pajas…

Cualquier filtración a los medios de comunicación social, que muchas veces actúan como voceros de intereses bastardos (quiero pensar que sin ser conscientes de ello), puede acabar con una brillante carrera, y algún fiscal jefe debe de pensar, si llega a leer este artículo, que tengo toda la razón.

Hay muchas cosas oscuras en el mundo judicial y fiscal, y aunque en el caso de los juzgados (no me atrevería a decir de los jueces), ya nos hemos acostumbrado a las filtraciones, un día sí y otro también, no sucede lo mismo con una casa tan cerrada como es la fiscalía.

Pero, por lo visto, se está imitando el proceder judicial en todo, hasta en lo malo.

Hoy, 1 de junio, por ejemplo, leo en Voz pópuli que el abogado de don Rodrigo Rato ha denunciado la presunta filtración por parte de un fiscal de datos de sus asuntos judiciales… Ignoro si es cierto, obviamente, pero algún tipo de información tendrá al respecto, antes de atreverse a denunciar o quejarse de todo un señor fiscal, o fiscala, esa palabreja que me parece tan horrorosa.

¿Se está perdiendo el miedo a la fiscalía…? Pues ya era hora. Una cosa es que no se les pueda recusar, tal y como establece el estatuto orgánico del ministerio fiscal (también llamado el misterio fiscal), y otra bien distinto es que no sean funcionarios, como cualquier otro, y por lo tanto sujetos a la triple responsabilidad: administrativa o disciplinaria, civil, y penal.

Para los que hemos trabajado en esa institución, tan denostada en los últimos años, siempre nos ha llamado la atención la “colonización” de la misma por las huestes socialistas y giliprogresistas, desde el famoso “Pollo del Pinar”, don Eligio Hernández, que tuvo que dimitir unos días antes de que el Tribunal Supremo fallara que no cumplía los requisitos legales para acceder el cargo (15 años de profesión jurídica de verdad, no como gobernador civil), o el inefable Conde Pumpido, que burocratizó la fiscalía a imagen y semejanza del poder judicial, de forma que ahora ya casi hay más jefes que fiscales de a pie…

Y todo ello seguido de la creación de numerosas fiscalías especiales, que lo único que han servido ha sido para romper la tradicional cadena de mando, y crear guetos donde unos determinados fiscales, generalmente de izquierdas, han actuado al albur de su libre albedrío, haciendo poco más o menos lo que les ha dado la gana.

Muchas veces utilizando la fiscalía como ariete como determinados partidos políticos o ideologías, tan respetables como cualquier otra, al tiempo que se aminoraba la presión sobre los “amigos”, o siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia se investigaban exhaustivamente, y ad nauseam, unas cosas sí, y otros no tanto.

Pero llegó el fiscal don Manuel Moix a poner orden en semejante desorganización, y una buena parte de sus teóricos subordinados, se revolvieron contra él. ¡Hasta ahí podríamos llegar!

Qué razón tenía un viejo fiscal jefe cuando decía que estaba en contra de la creación de fiscalías especializadas, pues se iba a perder la unidad del Ministerio Fiscal, además de generarse todas estas disfunciones en el funcionamiento ordinario de la casa.

En fin, veremos en que queda todo esto, pero en principio hay algo que parece evidente: ¡que se vayan olvidando los fiscales de ser los instructores de los procesos penales! No creo que la opinión pública, ni la publicada, lo admitieran fácilmente, y más ahora que vamos conociendo todas estas interioridades, propias de un patio de vecinos mal avenidos.

Las togas rojas están consiguiendo sus objetivos: permanecer en sus puestos de combate y desprestigiar al enemigo, es decir, a los compañeros… ¡Hay que seguir luchando contra el PP, que total, solo han ganado las elecciones generales, y eso no les legitima para ocupar el poder! Nosotros tenemos la superioridad moral de la izquierda, armados de nuestra doble moral: progresistas de salón y burgueses en la intimidad…

Ramiro GRAU MORANCHO,

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www.ramirograumorancho.com

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No pisar la cárcel por sacar buenas notas en Medicina

25 May

Por Diego Fierro Rodríguez. Abogado y articulista

Diego Fierro Rodriguez

Diego Fierro Rodriguez

Lavinia Woodward es una inteligente chica que estudia Medicina en Oxford con el claro objetivo de ser cirujana. Tiene 24 años y parece que un prometedor futuro por delante mientras no se descuide mucho con lo que hace en su intimidad.

La joven parece tener bastante genio como para ir con la guardia alta. En una discusión, agitada por el consumo de alcohol y de drogas, la estudiante clavó en la pierna de su novio un cuchillo para el pan, le golpeó con un envase de mermelada en la cabeza, le pegó un puñetazo y, no satisfecha con lo que había hecho hasta el momento, le arrojó al chico el ordenador portátil. El motivo de la pelea. Es que el novio de Lavinia le contó a la madre de la chica que consumía drogas habitualmente.

Lo que pasó en el proceso posterior para enjuiciar lo sucedido fue algo inverosímil. Ian Pringles, un juez inglés, tras oír las alegaciones del abogado de Lavinia, cuyo pasado parece bastante oscuro, consideró que lo ocurrido se podía considerar un hecho aislado teniendo presente las buenas notas de la chica, sus artículos de investigación y su ambición, de manera que no procedía imponer la pena de prisión.

El Derecho Penal actual debe sancionar a las personas por hechos constitutivos de delito, no siendo admisibles los juicios de la circunstancias personales más allá de lo que es la comisión del delito. Permitir lo contrario implica ir más allá de la discrecionalidad judicial y admitir la arbitrariedad.

Puede pensarse que, si se hubiera tratado de una persona con otra situación, habría sido castigado con la pena de prisión por un acto como el de Lavinia. De ese modo, puede llegarse a la conclusión de que lo que para algunos es un hecho aislado insuficiente para sostener una pena de prisión, para otras personas la misma conducta es un crimen del que se desprenden indicios suficientes para considerar la posibilidad de comportamientos criminales en el futuro.

El problema de ser excesivamente benigno con las penas en los procesos penales es que los acusados en estas condiciones pueden terminar considerando que tienen privilegios que les van a servir para no llegar a ser castigados si vuelven a delinquir. Además, situaciones como la comentada sirven para cuestionar la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, que no pueden excepcionar la aplicación de la ley por circunstancias que no estén vinculadas con el propio hecho.

No se debe utilizar el conjunto de expectativas de una persona para juzgarla penalmente cuando ha podido poner en peligro la vida de otro. Si las mismas incluyen el deseo de ser médico especialista, puede tenerse miedo por lo que hará con instrumental quirúrgico cuando lo tenga en su poder.

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LA “JURISPRUDENCIA” DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno.

El último de los asuntos llevaba el número mil y pico, de lo que se deduce que diariamente se registran unas tres quejas, por término medio, incluidos los días feriados, es decir, inhábiles…

¿No sería mejor que en vez de un solo Promotor hubiera dos o tres Magistrados, lo que podría servir, además, para aquilatar las resoluciones, y evitar el excesivo poder de esta figura, que vacía de competencias el Servicio de Inspección del CGPJ, que supongo seguirá existiendo y funcionando…?

Acato y respeto, pero no comparto, las citadas resoluciones, que supongo serán también los “criterios” del citado Promotor, y voy a comentarlos someramente, dando mi punto de vista como iletrado (ahora que no nos lee nadie). Para mí, como para cualquier analfabeto jurídico, el Derecho es, o debe ser, sobre todo sentido común. Y cuando falta el sentido común, que es el aplicado por la generalidad de la población, es que algo falla.

No se puede legislar contra natura, aunque en este país, antes llamado España, lo estamos viendo todos los días, por desgracia: se llama “matrimonio” a las uniones de homosexuales y lesbianas, pero en cambio las parejas de hecho (que según las malas o buenas lenguas son millones las personas que están en esa situación), permanecen en el limbo jurídico; se legisla sobre las operaciones de cambio de sexo, y se financian con dinero público, mientras que personas que esperan un trasplante o una operación de corazón fallecen en las listas de espera; se acaba de disponer que los alumnos suspendidos en la Eso puedan pasar al Bachillerato, sin problema alguno, y demos gracias a Dios que no se legisle, también, que cualquier burro con alas tiene “derecho” a ser graduado universitario, preferentemente en Derecho, faltaría más… En fin, el acabose.

En el primer y segundo casos el Promotor entiende que una jueza puede comportarse en la sala de vistas con el mismo apasionamiento que los abogados de las partes, criterio que no comparto.

Un juez no solo debe de ser imparcial y objetivo, sino también parecerlo.

Todos tenemos un mal día, aunque esta jueza los debe de tener muy a menudo (ahora mismo acabo de recibir un correo electrónico de una señora que también va a denunciarla), pero todos esperamos de la jurisdicción que dejen sus problemas en su casa, o en su despacho, y no los lleven a la sala de vistas.

En el segundo asunto, sobre esa misma jueza, que no se ha abstenido de intervenir, a pesar de haber sido denunciada con anterioridad, el Promotor sostiene el “criterio”, legal pero irrazonable, por lo menos desde mi punto de vista, de que al no haberse sancionado a la jueza, no hay motivos para que no siga resolviendo, como si tal cosa.

Un juez no solo debe de ser honesto, sino también parecerlo. Es posible que yo fuera un mal juez sustituto –aunque nadie se quejó de mí, al menos que yo sepa-, pero si alguien me hubiera denunciado, desde luego que me hubiese apartado del procedimiento, por entender que no iba a poder actuar con imparcialidad, probidad y objetividad. Pero claro, hubiera sido una decisión tomada desde el sentido común, que tal vez la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente hubiera invalidado, obligándose a seguir actuando en el pleito concreto y determinado…

Según el Promotor, aunque te denuncien todas las veces que quieran, sino eres sancionado por ello, no hay problema alguno. ¡Curiosa forma de ver la realidad, que creo se aparta bastante del sentido común!

¿O es que todos somos seres angelicales, que estamos por encima el bien y el mal, que no profesamos fobias y filias, simpatías y antipatías, en función de nuestra relación con una determinada persona, abogado, procurador, fiscal, etc.?

En el tercer y último caso, una sección que denuncia a un abogado ante su colegio profesional por haber criticado una resolución de la secretaria judicial (perdón, de la letrada de la administración de justicia), el Promotor no entra al trapo, cual toro bravo, y dice que es un acto jurisdiccional, y que por tano no debe conocer del asunto. Y, obviamente lo archiva.

¿Puede utilizarse el enorme poder que la Constitución y las leyes dan a los jueces para emplearlo en contra de abogados molestos, por ser moscas cojoneras del sistema…, pero que se expresan libremente en el ejercicio de su profesión, y en defensa de su cliente, en este caso él mismo?

Yo creo que no. Y es más, si los 150.000 abogados que hay en España, se dedicaran a quejarse de todas las actuaciones presuntamente irregulares, desatenciones, comienzo de las vistas con retrasos notables, suspensiones de juicios sin avisar, dilaciones en la resolución de los recursos, procedimientos y sentencias, de los 5.500 jueces que tenemos, creo haría falta una docena de Promotores de la Acción Disciplinaria…