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LAS DOS VARAS DE MEDIR DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

8 Nov

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Dicen que la medida de la democracia es la existencia de un poder judicial independiente. Y digo poder judicial, no fiscalía, que no deja de ser un apéndice del poder ejecutivo, y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más.

En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia…, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales –que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.

Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir “a dedo”, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general.

Al mismo tiempo que el panorama que narro, que es vergonzoso y lamentable, se está desarrollando una justicia de dos velocidades:

JUSTICIA RÁPIDA cuando se trata de privar al ciudadano de derechos, ingresarle en prisión provisional, juzgarle y condenarle casi sin instrucción, y con escasas posibilidades de defenderse, obteniendo conformidades con la rebaja de un tercio de la condena, etc.

JUSTICIA LENTA, cuando es el vasallo, el súbdito quien tiene la osadía de pedir cuentas a quienes gobiernan, y recurre una resolución administrativa cualquiera. Y no voy a hablar de los muchos años que tardaron en crearse los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, pese a estar previstos legalmente desde trece años antes, sino del mal funcionamiento de una buena parte de estos Juzgados, saturados de procedimientos y con un reducido número de órganos, claramente insuficientes, parece como buscado a propósito para que los litigios de los siervos se conviertan en papel mojado.

Y para muestra dos casos: recientemente he tenido que formular sendas demandas ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en procedimientos abreviados, es decir que comienzan con la presentación de la demanda, y únicamente se recaba el expediente administrativo y se cita a las partes para el juicio verbal correspondiente. En uno de los casos la citación es a tres años y medio de la presentación de la demanda, y en el otro a cuatro años vista…

¿Está es la Justicia que tenemos? ¿Qué le importará al justiciable la Sentencia que se dicte a los cinco años de haber comenzado el pleito…, en el hipotético supuesto de que la Administración no recurra en apelación y fácilmente tarde un par de años más en resolverse el asunto? Por no hablar de la ejecución, que ya es para echarse a llorar, al quedar totalmente en manos de la Administración condenada su realización. Y, por supuesto, sin que se derive responsabilidad alguna hacia el político o funcionario autor de la tropelía, que seguramente ya ni siquiera estará ocupando el cargo correspondiente. ¡Faltaría más! Somos un país regido por personas irresponsables, jurídicamente hablando, y así nos va.

Puesta esta anómala situación en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, y tras meses de espera, recibo un simple acuse de recibo que me informa de que la Comisión Permanente ha acordado incoar diligencias informativas. Y hasta hoy, pues de ello hace ya varios meses.

En resumen, tenemos una administración de justicia que no nos merecemos. Y no olvidemos que como decía el Conde de Romanones en su “Breviario de Política Experimental”: “No hacer justicia a tiempo debiera considerarse como grave delito. Tales son los estragos que produce. Porque omitir la justicia es confirmar la injusticia. En lo individual y en lo social”.

Pasado el medio siglo, y cuando uno ya está de vuelta de muchas cosas, reafirmo mi creencia en la Justicia Divina, pues la humana deja mucho que desear, al menos en España.

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LOS JEFES DE PRENSA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

14 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

A finales del 2004, o principios del 2005, andaba yo de fiscal sustituto por Teruel (sí, Teruel existe, aunque a veces lo dudo), o de secretario de la citada Audiencia Provincial (Teruel también tiene una Audiencia, aunque parezca mentira), cuando llegó a mis manos un escrito del CGPJ, de solo un folio, diciendo que se había abierto un plazo para presentar candidaturas a jefes de prensa de todos los Tribunales Superiores de Justicia de España, a excepción de Madrid y Barcelona, creo recordar, que ya los tenían nombrados.

Como estaba al borde del cese, por reincorporación del secretario titular, y/o llegada de un nuevo fiscal de carrera (no recuerdo con certeza en cuál de los dos destinos estaba), y los requisitos que se pedían eran de risa, envié el curriculum solicitado al CGPJ, en la seguridad –uno ya tenía sus años- de que era poco menos que perder el tiempo, pues la convocatoria era tan etérea que podían nombrar hasta a su propia mujer… (Creo que hubo algún caso).

Ni siquiera se pedía ser licenciado en ciencias de la información, creo recordar, aunque sí la posesión de una licenciatura universitaria, y experiencia en medios de comunicación social, en redactar escritos, entender el lenguaje y la terminología jurídica, etc.

Estaba claro que querían nombrar libremente a quien les diese la gana, pero eso sí, simulando que se trataba de un concurso público, con todas las de la ley.

Los seleccionados irían a Madrid, para realizar una entrevista personal, tras la cual, los definitivamente seleccionados adquirirían la condición de personal eventual (es decir siempre con el culo en el aire), y cobrarían con un nivel 24.

Huelga decir que nunca fui llamado a la entrevista de selección, por lo que debí de ser descartado ab initio. Es posible que mi perfil no fuese el adecuado, aunque llevo décadas escribiendo en la prensa y revistas especializadas, tengo varias carreras, he publicado numerosos libros, he sido juez, fiscal y secretario judicial sustituto, en fin, que algún mérito debo de tener. Pero me debía de faltar el principal: el enchufe.

Lo cierto es que esas personas, nombradas prácticamente a dedo, realmente a dedo, se han “consolidado” en esos cargos, y deben de llevar alrededor de trece años en unos cargos a los que no han accedido con arreglo a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. ¿Pero eso, a quien le importa?

A veces veo en televisión, aunque cambio rápidamente de cadena, a una señora con pintas de histérica, que trabajó en uno de esos empleos, pero fue cesada por determinados problemas que no vienen a cuento… Conozco a otra “jefa” absolutamente inútil, que sigo sin explicarme como la pueden aguantar, pues es totalmente inoperante. (Es posible que la mayoría sean mejores, por lo menos eso espero).

¿Es lógica esta situación? Yo creo que no.

¿Para que existen las facultades de ciencias de la información, además de para producir parados, y como “almacén” de las nuevas generaciones? ¿No sería lo lógico convocar una oposición, pura y dura, para cubrir estas plazas?

O, si realmente se entiende que son personal eventual, permitir que cada Presidente de Tribunal Superior de Justicia pueda nombrar a quien considere conveniente, con una cierta discrecionalidad, que no tiene por qué ser arbitrariedad. Es más, estoy seguro de que este método sería mucho mejor que el actual, pues al menos podrían trabajar a gusto con personas competentes, elegidas por ellos mismos, y que siguieran sus pautas de trabajo.

Hoy por hoy los presidentes van por un lado, y estos “jefes” de comunicación social, por el suyo… Y muchas veces siguiendo caminos divergentes, cuando no directamente contrarios.

LA PRESENCIA DE FOTÓGRAFOS EN LOS JUICIOS PENALES

6 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Después de la aprobación de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, comenzó a permitirse la presencia de fotógrafos en los juicios, un mundo que siempre había sido hermético a la publicidad, salvo algunos jueces estrella, que al final acabaron estrellados.

Se entendía que la justicia debe de ser pública, y que la mejor forma seria permitiendo la mayor publicidad posible a los juicios, para que la población se enterase de los mismos.

El CGPJ dictó algún Acuerdo sobre el particular, que ahora no tengo a la vista, pero que, en síntesis, consideraba que era bueno que los ciudadanos se enteraran de a quien se juzgaba, y porqué.

Se crearon unos gabinetes de prensa o comunicación social en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la misma forma que el propio CGPJ creó también su propio gabinete de información, situando a su frente a avezados profesionales…, aunque no siempre, y a este asunto dedicaré un próximo artículo.

Recientemente asistí a un juicio penal en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el pobre acusado fue reiteradamente fotografiado –más bien crucificado- por un avezado fotógrafo, al que alguien le abrió la puerta de la sala de vistas, antes de comenzar la vista propiamente dicha.

Esa misma tarde el diario Aragón Digital publicó la foto del acusado, y una amplia reseña del juicio, firmada por una periodista que obviamente asistió al juicio.

No esperó a que hubiera una sentencia condenatoria contra él, como hubiera sido lo lógico y procedente…, no fuera a ser que la realidad le estropeara una buena noticia.

El “único problemas” es que unos días después se dictó una sentencia absolutoria sobre este señor, pero eso no le supuso ningún problema ni al medio ni a la periodista: volvieron a la carga, publicando de nuevo todos los datos más escabrosos del caso, así como la fotografía del entonces acusado, y ahora absuelto, por si alguien no se había enterado todavía… ¡Y aquí paz, y después gloria!

¿A mí que coño me importa el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, si lo único que quiero es tener más audiencia, y ya sabemos que este tipo de noticias, propias del antiguo periódico “El Caso” son las que más interesan a una población formada mayoritariamente por ignorantes, envidiosos, cotillas y correveidiles?

Formulada la demanda correspondiente contra el citado medio, repito, Aragón Digital, su director, la periodista y el fotógrafo del diario digital, estos reciben copia de la demanda en la sede de la empresa, pero posteriormente su abogado presenta un escrito diciendo que no hay tal fotógrafo –al parecer, se ha evaporado-, y que las fotos en cuestión fueron obtenidas por la periodista que cubrió el juicio, lo que no es cierto, pero puede decir en su defensa lo que quiera, y es posible que el fotógrafo sea un freelance, que cobre a tanto la foto, y carezca de contrato de trabajo y seguros sociales, o sea autónomo, etc. (Cosas más raras se han visto).

Tras preguntar a la Audiencia Provincial correspondiente, la de Zaragoza, repito, contestan lo siguiente: “…se pone en su conocimiento que esta Audiencia no dispone de un registro de periodistas y fotógrafos acreditados, pudiendo obtener dicha información dirigiéndose al Gabinete de Comunicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Y en esas estamos.

Fotos, sí, pero asumiendo las responsabilidades que procedan en Derecho.

Para lo cual será preciso que los Tribunales o Juzgados correspondientes identifiquen debidamente a todos y cada uno de los fotógrafos actuantes, vamos, digo yo.

LAS TOGAS ROJAS ESTÁN EN GUERRA CONTRA EL GOBIERNO

2 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO. Ex fiscal sustituto

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La fiscalía es una institución bastante opaca, pero tal vez no haya otro remedio.

Los asuntos que llevan entre manos requieren mucha prudencia, pues se puede acabar con el prestigio y la honorabilidad de una persona por un quítame aquí estas pajas…

Cualquier filtración a los medios de comunicación social, que muchas veces actúan como voceros de intereses bastardos (quiero pensar que sin ser conscientes de ello), puede acabar con una brillante carrera, y algún fiscal jefe debe de pensar, si llega a leer este artículo, que tengo toda la razón.

Hay muchas cosas oscuras en el mundo judicial y fiscal, y aunque en el caso de los juzgados (no me atrevería a decir de los jueces), ya nos hemos acostumbrado a las filtraciones, un día sí y otro también, no sucede lo mismo con una casa tan cerrada como es la fiscalía.

Pero, por lo visto, se está imitando el proceder judicial en todo, hasta en lo malo.

Hoy, 1 de junio, por ejemplo, leo en Voz pópuli que el abogado de don Rodrigo Rato ha denunciado la presunta filtración por parte de un fiscal de datos de sus asuntos judiciales… Ignoro si es cierto, obviamente, pero algún tipo de información tendrá al respecto, antes de atreverse a denunciar o quejarse de todo un señor fiscal, o fiscala, esa palabreja que me parece tan horrorosa.

¿Se está perdiendo el miedo a la fiscalía…? Pues ya era hora. Una cosa es que no se les pueda recusar, tal y como establece el estatuto orgánico del ministerio fiscal (también llamado el misterio fiscal), y otra bien distinto es que no sean funcionarios, como cualquier otro, y por lo tanto sujetos a la triple responsabilidad: administrativa o disciplinaria, civil, y penal.

Para los que hemos trabajado en esa institución, tan denostada en los últimos años, siempre nos ha llamado la atención la “colonización” de la misma por las huestes socialistas y giliprogresistas, desde el famoso “Pollo del Pinar”, don Eligio Hernández, que tuvo que dimitir unos días antes de que el Tribunal Supremo fallara que no cumplía los requisitos legales para acceder el cargo (15 años de profesión jurídica de verdad, no como gobernador civil), o el inefable Conde Pumpido, que burocratizó la fiscalía a imagen y semejanza del poder judicial, de forma que ahora ya casi hay más jefes que fiscales de a pie…

Y todo ello seguido de la creación de numerosas fiscalías especiales, que lo único que han servido ha sido para romper la tradicional cadena de mando, y crear guetos donde unos determinados fiscales, generalmente de izquierdas, han actuado al albur de su libre albedrío, haciendo poco más o menos lo que les ha dado la gana.

Muchas veces utilizando la fiscalía como ariete como determinados partidos políticos o ideologías, tan respetables como cualquier otra, al tiempo que se aminoraba la presión sobre los “amigos”, o siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia se investigaban exhaustivamente, y ad nauseam, unas cosas sí, y otros no tanto.

Pero llegó el fiscal don Manuel Moix a poner orden en semejante desorganización, y una buena parte de sus teóricos subordinados, se revolvieron contra él. ¡Hasta ahí podríamos llegar!

Qué razón tenía un viejo fiscal jefe cuando decía que estaba en contra de la creación de fiscalías especializadas, pues se iba a perder la unidad del Ministerio Fiscal, además de generarse todas estas disfunciones en el funcionamiento ordinario de la casa.

En fin, veremos en que queda todo esto, pero en principio hay algo que parece evidente: ¡que se vayan olvidando los fiscales de ser los instructores de los procesos penales! No creo que la opinión pública, ni la publicada, lo admitieran fácilmente, y más ahora que vamos conociendo todas estas interioridades, propias de un patio de vecinos mal avenidos.

Las togas rojas están consiguiendo sus objetivos: permanecer en sus puestos de combate y desprestigiar al enemigo, es decir, a los compañeros… ¡Hay que seguir luchando contra el PP, que total, solo han ganado las elecciones generales, y eso no les legitima para ocupar el poder! Nosotros tenemos la superioridad moral de la izquierda, armados de nuestra doble moral: progresistas de salón y burgueses en la intimidad…

Ramiro GRAU MORANCHO,

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LA “JURISPRUDENCIA” DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno.

El último de los asuntos llevaba el número mil y pico, de lo que se deduce que diariamente se registran unas tres quejas, por término medio, incluidos los días feriados, es decir, inhábiles…

¿No sería mejor que en vez de un solo Promotor hubiera dos o tres Magistrados, lo que podría servir, además, para aquilatar las resoluciones, y evitar el excesivo poder de esta figura, que vacía de competencias el Servicio de Inspección del CGPJ, que supongo seguirá existiendo y funcionando…?

Acato y respeto, pero no comparto, las citadas resoluciones, que supongo serán también los “criterios” del citado Promotor, y voy a comentarlos someramente, dando mi punto de vista como iletrado (ahora que no nos lee nadie). Para mí, como para cualquier analfabeto jurídico, el Derecho es, o debe ser, sobre todo sentido común. Y cuando falta el sentido común, que es el aplicado por la generalidad de la población, es que algo falla.

No se puede legislar contra natura, aunque en este país, antes llamado España, lo estamos viendo todos los días, por desgracia: se llama “matrimonio” a las uniones de homosexuales y lesbianas, pero en cambio las parejas de hecho (que según las malas o buenas lenguas son millones las personas que están en esa situación), permanecen en el limbo jurídico; se legisla sobre las operaciones de cambio de sexo, y se financian con dinero público, mientras que personas que esperan un trasplante o una operación de corazón fallecen en las listas de espera; se acaba de disponer que los alumnos suspendidos en la Eso puedan pasar al Bachillerato, sin problema alguno, y demos gracias a Dios que no se legisle, también, que cualquier burro con alas tiene “derecho” a ser graduado universitario, preferentemente en Derecho, faltaría más… En fin, el acabose.

En el primer y segundo casos el Promotor entiende que una jueza puede comportarse en la sala de vistas con el mismo apasionamiento que los abogados de las partes, criterio que no comparto.

Un juez no solo debe de ser imparcial y objetivo, sino también parecerlo.

Todos tenemos un mal día, aunque esta jueza los debe de tener muy a menudo (ahora mismo acabo de recibir un correo electrónico de una señora que también va a denunciarla), pero todos esperamos de la jurisdicción que dejen sus problemas en su casa, o en su despacho, y no los lleven a la sala de vistas.

En el segundo asunto, sobre esa misma jueza, que no se ha abstenido de intervenir, a pesar de haber sido denunciada con anterioridad, el Promotor sostiene el “criterio”, legal pero irrazonable, por lo menos desde mi punto de vista, de que al no haberse sancionado a la jueza, no hay motivos para que no siga resolviendo, como si tal cosa.

Un juez no solo debe de ser honesto, sino también parecerlo. Es posible que yo fuera un mal juez sustituto –aunque nadie se quejó de mí, al menos que yo sepa-, pero si alguien me hubiera denunciado, desde luego que me hubiese apartado del procedimiento, por entender que no iba a poder actuar con imparcialidad, probidad y objetividad. Pero claro, hubiera sido una decisión tomada desde el sentido común, que tal vez la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente hubiera invalidado, obligándose a seguir actuando en el pleito concreto y determinado…

Según el Promotor, aunque te denuncien todas las veces que quieran, sino eres sancionado por ello, no hay problema alguno. ¡Curiosa forma de ver la realidad, que creo se aparta bastante del sentido común!

¿O es que todos somos seres angelicales, que estamos por encima el bien y el mal, que no profesamos fobias y filias, simpatías y antipatías, en función de nuestra relación con una determinada persona, abogado, procurador, fiscal, etc.?

En el tercer y último caso, una sección que denuncia a un abogado ante su colegio profesional por haber criticado una resolución de la secretaria judicial (perdón, de la letrada de la administración de justicia), el Promotor no entra al trapo, cual toro bravo, y dice que es un acto jurisdiccional, y que por tano no debe conocer del asunto. Y, obviamente lo archiva.

¿Puede utilizarse el enorme poder que la Constitución y las leyes dan a los jueces para emplearlo en contra de abogados molestos, por ser moscas cojoneras del sistema…, pero que se expresan libremente en el ejercicio de su profesión, y en defensa de su cliente, en este caso él mismo?

Yo creo que no. Y es más, si los 150.000 abogados que hay en España, se dedicaran a quejarse de todas las actuaciones presuntamente irregulares, desatenciones, comienzo de las vistas con retrasos notables, suspensiones de juicios sin avisar, dilaciones en la resolución de los recursos, procedimientos y sentencias, de los 5.500 jueces que tenemos, creo haría falta una docena de Promotores de la Acción Disciplinaria…

Contra la impunidad judicial. Denuncia contra la Juez de primera Instancia Número Nueve de Zaragoza

9 Dic

impunidad-judicialNuestro diario tiene claro que uno de los principales males de la España actual es la falta de una auténtica separación de poderes.

En los últimos años el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una dependencia más del Ministerio de Justicia, y su presidente, y presidente también del Tribunal Supremo, no pasa de ser un Subsecretario del Departamento, o, como mucho, un Secretario de Estado.

Pero nunca un poder, o más bien un contra poder, distinto al poder ejecutivo y al legislativo.

La creación de la figura del “Promotor de la Acción Disciplinaria” supone que el CGPJ atribuye a una sola persona la instrucción de todos los procedimientos disciplinarios sobre un colectivo de más de 5.000 jueces profesionales, además de varios miles de eméritos, sustitutos y suplentes.

Todo lo cual hace que, en la práctica, escasamente se investiguen las actuaciones claramente arbitrarias de muchos jueces –y juezas-, ante la imposibilidad de que una sola persona (por mucho que disponga de algún Letrado de apoyo) pueda hacer frente a la marabunta de denuncias que se presentan anualmente ante el citado Consejo.

Somos conscientes de esta situación, y precisamente por ello queremos servir de plataforma informativa para las numerosas denuncias que se presentan, y que a la hora de la verdad, por un corporatismo mal entendido (hoy por ti, mañana por mí), se acaban quedando en nada, ante el pasmo de propios y ajenos…

Si los ciudadanos de a pie, que somos la mayoría, nada podemos esperar del Consejo, ¿qué solución nos queda?

Abrimos esta galería informativa sobre las quejas contra la actuación presuntamente arbitraria de muchos jueces con la publicación de la denuncia adjunta, de la que es autor nuestro colaborador, el abogado don Ramiro Grau Morancho.

Denuncia

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Ramiro GRAU MORANCHO, con domicilio en la dirección ut supra indicada, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:

1º. – Que en su día formulé denuncia contra doña Eva María CHESA CELMA, Juez titular del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 9 DE ZARAGOZA, en relación con su actuación en el acto de la vista del juicio verbal nº. 1102/15-C (DERECHO DE RECTIFICACIÓN), tramitándose en ese Consejo como Diligencia Informativa 214/2016, decretándose por Acuerdo de 20 de junio de 2016 su archivo, decisión que no fue recurrida. –

2º. – Con posterioridad se han producido varias actuaciones de la señora Magistrada-Juez que entendemos pudieran ser merecedoras de reproche disciplinario, y que son las siguientes:

A/. – Al impugnar la tasación de costas efectuada por la Sra. Letrada del Juzgado pon indebidas, al tratarse de un procedimiento en el que se ejercitaba el derecho de rectificación (vid. documento núm. 1), la citada señora lo confirmó y dio por buenas las “cuentas del gran capitán” aportadas por el letrado y procurador de los demandados, pese a ser incorrectas, tal y como expusimos ante el órgano judicial. –

B/. – La señora Juez, en lugar de abstenerse de resolver el asunto, pues la habíamos denunciado, y obviamente estaba predispuesta en contra nuestra –un juez no sólo debe ser imparcial, sino también parecerlo-, se apresuró a “legalizar” la actuación de la Sra. Letrada del Juzgado, pese a ser totalmente incorrecta (vid. documento núm. 2). –

Esta parte no la recusó porque entendía que era obvio que debería abstenerse, y cual fue nuestra sorpresa cuándo vimos que seguía interviendo en el procedimiento, sin problema alguno…

C/. – Pero lo que ya ha superado nuestra capacidad de asombro ha sido que el Letrado contrario ha extendido una minuta de honorarios a nombre de una empresa con la que no hemos tenido relación alguna (vid. documento núm. 3), y al plantear ante S. S. I. la necesidad de rectificar ese mayúsculo error, que lo único que acredita es el total pasotismo de la señora letrada y de la señora juez (por no decir su incompetencia profesional), al no molestarse ni siquiera en leerse las minutas de honorarios…, su contestación fue “que haberlo dicho antes”, condenándonos por tanto al pago de una elevada cantidad de dinero a una empresa totalmente ajena a la causa. –

Suponemos que después de tomar una decisión tan arbitraria, dicho sea con todo respeto, y en términos de defensa, se iría a tomar algo, con la satisfacción “del deber cumplido”. –

En otras palabras, que ni como abogado ni como simple ciudadano tengo el deber jurídico de soportar una actuación tan arbitraria e injusta, tanto de la señora juez como de la señora letrada (que será debidamente denunciada ante el Ministerio de Justicia), por lo que ruego a V. E. que, previa verificación de los datos expuestos (quedando a su entera disposición para la aportación de cualquier documentación complementaria que precise), ejercite las funciones disciplinarias que tiene legalmente atribuidas. –

Zaragoza, 5 de diciembre de 2016. –

EXCMO. SR. PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.         MADRID.

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