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PENSIONES DE PRIVILEGIO PARA ALTOS CARGOS

17 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La crisis actual, una vez más, vamos a pagarla el pueblo llano, las clases pasivas, los funcionarios, y los contribuyentes en general –que somos todos- mediante el incremento del IVA y otros impuestos, que ya se anuncia…

La clase dirigente (por llamarla de alguna manera, aunque realmente habría que denominarla la clase inepta) se librará de la quema, y seguirá usando y abusando del Estado y las diversas Administraciones Públicas, en provecho propio. Y para muestra, un botón.

Al comienzo de la transición, esa que ahora se quiere enterrar, por mor de volver a las luchas fratricidas y enfrentamientos entre hermanos, que fueron el preludio de la guerra civil, se organizó una gran polémica con las pensiones vitalicias de que disfrutaban quienes habían sido ministros en los diversos gobiernos de Franco (alrededor de un centenar de personas), y que les permitían vivir con dignidad a quienes habían descuidado su vida profesional, o, simplemente, la habían abandonado, por el servicio público. Al final, y tras mucha polémica, se llegó a una solución de consenso, consistente en dejarles una paga durante dos años, que les permitiera rehacer su actividad laboral, una vez cesados, pues ya sabemos que aquí no dimite nadie o casi nadie.

¿Qué sucede ahora? Los socialistas introdujeron hace algunos años una modificación legal en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, en virtud de la cual todos los directores generales que hayan ocupado el cargo durante más de dos años, disfrutarán del complemento específico de alto cargo hasta que se jubilen, por el simple hecho de haberlo sido. Y una vez jubilados, pasan a disfrutar de la pensión máxima de nuestro generoso sistema de clases pasivas.

¿Y qué pasa con los profesionales liberales, empresarios, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, etc., que hayan sido nombrados directores generales, en los pocos casos en que es posible ocupar el cargo sin ser funcionario? Pues que se joroben… Ellos no tienen derecho alguno, una vez cesados, por no ser funcionarios.

Esta medida, claramente UN PRIVILEGIO PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS (y cargos asimilados a directores generales, delegados del gobierno, rectores de universidades públicas, etc.), pretendía compensarles por el esfuerzo y la dedicación al cargo. Rápidamente los ex directores generales de las 17 comunidades comenzaron a acudir a los tribunales, diciendo que ellos no eran menos directores generales que los de la administración central del Estado, y consiguieron idéntico beneficio…

Multiplíquese el número de ministerios –muchos de ellos inútiles- por los numerosos directores generales existentes en cada uno de ellos, las consejerías de las 17 comunidades autónomas por los varios altos cargos existentes en cada una, a un promedio de diez a quince departamentos por autonomía, el alrededor de medio centenar de universidades públicas, etc., y nos encontraremos con VARIOS MILES DE FUNCIONARIOS disfrutando del complemento específico de alto cargo, y camino de una jubilación millonaria, en su día.

¿Puede España seguir soportando este despilfarro? Evidentemente, NO.

(Las Cortes de Aragón han aprobado recientemente un Acuerdo, por unanimidad, faltaría más, por el que extienden este privilegio a sus 67 diputados. ¡Y es que con las cosas de comer no se juega! Por supuesto los podemistas fueron los primeros en votar a favor…).

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EL FIASCO AUTONÓMICO ARAGONÉS

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Dentro de unos días celebraremos de nuevo el Día de Aragón, y creo es hora de poner sobre el papel más bien sobre el ordenador, la opinión que a muchos miles de aragoneses –seguramente cada vez a más- nos produce este curioso fenómeno del autonomismo español.

En el caso aragonés, que creo es trasladable a las 17 autonomías, y a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, una profunda decepción.

Creo que a muchos no nos parecen nada buenos los resultados.

Hemos conseguido hacer un país absolutamente ingobernable, pero que es un verdadero paraíso para los abogados y otras profesiones parecidas: 18 normativas legales y reglamentarias, la estatal y las 17 autonomías, de forma que no hay quien se aclare ante ningún asunto.

Tenemos 18 directores generales de carreteras por ejemplo, pero no podemos arreglar ninguna vía, pues no hay dinero.

También un SALUD en cada autonomía, pero un sistema sanitario que todavía sigue funcionando por la profesionalidad y competencia de los profesionales, no por los políticos que, en general, no saben ni lo que llevan entre manos.

Una gran cantidad de competencias compartidas entre dos o tres administraciones, que es “ideal” para cuándo pasa algo, y todo el mundo procura escurrir el bulto.

Un sobredimensionamiento de las administraciones públicas, pero eso sí, sin suprimir ningún ayuntamiento (aunque ya no quede población; si hace falta se empadrona a las ovejas y cabras, que para algo están); con 38 diputaciones provinciales que todos sabemos que no sirven para nada, pero que dan de comer a 60.000 empleados públicos; con un senado que es como la isla de los piratas, a donde van a parar todos los delincuentes políticos retirados, jubilados o echados de las poltronas regionales correspondientes… En fin, para que seguir, que me entra la depresión.

En Aragón estamos francamente contentos, sobre todo los políticos y aspirantes a serlo.

Hemos descubierto numerosos “yacimientos” de empleo:

  • 10 consejeros, creo recordar.
  • 66 directores generales (más o menos).
  • 67 diputados autonómicos o diputados aldeanos (para diferenciarlos   de los nacionales).
  • 100 asesores, más o menos, sólo en el gobierno regional.
  • 150 altos cargos en las 38 empresas públicas que creo todavía subsisten.
  • 1.500 empleados en dichas empresas, la mayoría ingresados en ella por rigurosa oposición, digo enchufe (en que estaría yo pensando).

En fin, para que seguir.

¿Van las cosas mejor que cuándo éramos parte de un estado centralista, en el que todas las decisiones importantes se tomaban en Madrid?

No, ni mucho menos.

Ahora hemos sustituido en centralismo madrileño por el centralismo zaragozano, y sino que les pregunten a los de Huesca y Teruel…

Todo ello mantenido por una población de escasamente 1.300.000 personas, de las que nativos o indios escasamente somos un millón, y el resto son extranjeros, la mayoría de los cuales han venido aquí para “disfrutar” de nuestro estado de bienestar, ayudas sociales, asistencia sanitaria gratuita (para ellos), etc., y que por lo tanto aportan bien poco para mantener toda esta estructura elefantiásica.

Y del millón de “indios”, una buena parte son personas jubiladas, con reducidos ingresos, y expuestas a la extorsión fiscal del impuesto de sucesiones, por ejemplo, para poder sostener todo este tinglado, que hace aguas por todas partes.

Pero eso sí, han aumentado nuestras posibilidades de colocación, digo de chupar del bote, sobre todo si somos políticos o empleados públicos:

Podemos ser directores generales, diputados autonómicos, asesores (pero solo los que no tengan ni puta idea de nada), y hasta consejeros.

El cargo de presidente queda reservado al más listo (no digo inteligente, sino listo, que es otra cosa), pillo y taimado de cada casa…

Todo lo que digo en tono jocoso, por desgracia debe entenderse como algo dicho con total seriedad.

Voy a ver si me tomo un carajillo de coñac, a ver si me ánimo un poco…