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EL PRINCIPIO PROCESAL DE LA MOTIVACIÓN, Y EL ESTADO DE DERECHO

26 Jun

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

El Estado de Derecho requiere, por parte de los poderes públicos, el respeto a la legalidad vigente.

Dentro de la legalidad vigente se encuentra el principio procesal de “motivar”, tanto las resoluciones administrativas como las judiciales.

Motivar suficientemente, y con rigor. No basta una mera referencia, superficial a las razones por las que se adopta una determinada decisión, y no otra, o incluso la contraria. Es necesario extenderse en los fundamentos de derecho para dar respuesta a los hechos y circunstancias.

Y esta motivación adquiere su máximo valor y exigencia, cuando se trata de resoluciones administrativas o judiciales que sean limitativas o restrictivas de derechos fundamentales.

Es muy habitual, yo diría una práctica consuetudinaria, las motivaciones de una sola línea, del estilo siguiente: “No han variado las circunstancias”, por ejemplo, para mantener a una persona en prisión como si fuera el Conde de Montecristo, o “las alegaciones no desvirtúan los hechos”, sin molestarse en explicar porque el juzgador a quo o ad quem así lo considera…

En definitiva, son auténticas burlas al ciudadano y contribuyente que les paga el sueldo, y a quien se trata como a un auténtico borrego o besugo, igual –o peor- que se trataba a los súbditos en el siglo XVI, por ejemplo.

Es así muy fácil para el órgano administrativo o judicial la “motivación”, mediante resoluciones estereotipadas, de formulario, en las que únicamente se cambia el nombre del “beneficiario”, y lo digo con sorna, es decir, del destinatario.

Este uso abusivo y contrario al Estado De Derecho deja al ciudadano en una total indefensión y frustración, pues es imposible recurrir contra una resolución de la que se desconoce la ratio dicendi, es decir las razones que han llevado al órgano judicial o administrativo a adoptar una determinada y concreta resolución.

Obviamente, contribuye, y mucho, al deterioro de las autoridades judiciales y administrativas, cuya actuación se asocia en estos casos, que por desgracia son cada vez más habituales, con el despotismo y la arbitrariedad.

Un buen funcionamiento de los poderes públicos debe conllevar que las resoluciones administrativas y judiciales se ajusten a la legalidad vigente para el ciudadano, aunque por fuerza una resolución desfavorable para el interesado, si está suficientemente razonada y argumentada, debe ser aceptada –aunque no estemos de acuerdo con ella-, como la expresión del poder coercitivo del Estado.

Me estoy refiriendo no a las Sentencias, que generalmente están bastante bien motivadas, aunque podamos no estar de acuerdo con ellas, sino a la infinidad de resoluciones tipo autos, providencias, etc., que muchas veces se tira de formulario, y realmente no se sabe por qué se adopta una decisión y no otra…

El respeto al estado de derecho debe ser garantizado, precisamente, por aquellos que son garantes del mismo.

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UNA JUSTICIA Y UNA FISCALÍA TOTALMENTE POLITIZADAS

14 May

Por Miguel Bernad Remón, Jurista y Secretario General de Manos Limpias. www.manos-limpias.es

Miguel Bwrnad Remón

Miguel Bernad Remón

A las cuatro asociaciones de jueces, con distintas adscripciones ideológicas, hay que añadir las tres asociaciones de fiscales, igualmente con diferentes ideologías políticas. ¡Menos mal que no están politizados!

La sociedad no entiende que existan juezas y jueces por la democracia, como tampoco es concebible una Unión Progresista de Fiscales.

¿Y qué pasa, que los demás jueces son partidarios de la dictadura, o que los fiscales que no son progresistas son reaccionarios…?

Es evidente que dentro de las reivindicaciones de jueces y fiscales, se encuentra la insuficiencia de medios tecnológicos, la sobrecarga de trabajo, la falta de más jueces, la modernización de edificios… También es evidente que estas reivindicaciones no afectan a la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades autónomas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Por otra parte, son evidentes las protestas por la politización del órgano de gobierno y administración de los jueces, esto es, el Consejo General del Poder Judicial. Las cuotas de nombramiento de sus miembros por los diferentes partidos políticos, es vergonzosa.

De este órgano dimanan los expedientes disciplinarios y los nombramientos discrecionales de jueces para los Tribunales Superiores, Audiencia Nacional, Tribunales Supremo y Constitucional, es decir, la cúpula del “poder judicial”, o más bien de la Administración de Justicia, vista su total dependencia del poder ejecutivo.

Dentro de este contexto de politización, nos encontramos con la cantidad de recusaciones que se producen en los procedimientos penales, y que se instruyen por haber manifestado el juez correspondiente sus “simpatías” por determinados partidos políticos o sindicatos.

El dato de jueces que abandonan la judicatura para integrarse en partidos políticos, para ocupar cargos políticos, o ser elegidos diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, etc., y su posterior vuelta a la judicatura en muchos casos, pues no todo el monte es orégano, es la prueba más evidente de esta politización de la “justicia”.

Finalmente, y respecto a la huelga anunciada, y la concentración de jueces y fiscales ante el Ministerio de Justicia, representan una imagen totalmente politizada del poder judicial, pues evidencian de una forma clara y palmaria su total dependencia del “amo”, del señor que paga la nómina, es decir, del poder ejecutivo.

Si es cierto que el 80% de esas concentraciones las conforman jueces y fiscales “progresistas”, alineados con la izquierda de este país, parece evidente que mal andamos, y que se puede utilizar esos cargos privilegiados para “hacer política partidista”.

La última concentración pidieron la dimisión del Ministro de Justicia, siendo uno de los protagonistas el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz, calificado por el Sindicato Unificado de Policía, SUP, de “pijo rojo”, y por don Rafael Hernando, del PP, de “pijo ácrata”.

Una última puntualización, para que no se den por aludidos los miles de jueces y fiscales que desarrollan su trabajo en primeras instancias, que generalmente no están politizadas, por lo que no tienen que soportar presiones políticas, y que en muchas ocasiones se llevan el trabajo a sus domicilios particulares, para seguir sacando asuntos durante los fines de semana.

¡Mientras sigan existiendo jueces como ellos, podremos tener alguna esperanza en la justicia española!.

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JUECES QUE SOLO IMPARTEN JUSTICIA CUANDO SE EQUIVOCAN

27 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor. Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

Ramiro Grau Morancho

He dejado pasar unos días para tranquilizarme, pero estoy absolutamente cabreado por el mal funcionamiento de algunos juzgados, que lo único que quieren es cumplir con los módulos de trabajo que marca el CGPJ…, pero sin hacer justicia, solucionar problemas, ni nada que se le parezca.

Estoy empezando a pensar que algunos jueces solo hacen justicia cuando se equivocan…

Voy a comentar dos casos concretos, y juzguen ustedes mismos a nuestros “juzgadores”. Hablando de juzgadores, por cierto, siempre he pensado que los jueces y fiscales deberían ser juzgados por un jurado popular, y no por sus propios compañeros.

En el primer supuesto, se formula un proceso monitorio en el que se reclaman cuotas ordinarias y extraordinarias de una comunidad de propietarios, por la instalación de ascensor, en total varios miles de euros.

Se presenta toda la documentación preceptiva, pero al tratarse de una casa pequeña, en la que los propios vecinos se llevan la administración, –lo que demuestra una gran inteligencia en todos ellos, pues hay que joderse con los administradores de fincas- el presidente de la comunidad expide un certificado acreditativo de la deuda vencida y exigible, que es expuesto en el tablón de anuncios de la casa durante treinta días, etc.

Pues bien, el juzgado correspondiente, de Zaragoza, por cierto, tarda un mes y medio, por lo menos, en “estudiar” la demanda, y la antigua secretaria judicial, ahora letrada –o iletrada- de la administración de justicia, se despacha diciendo que la inadmite pues según ella la certificación debe ser firmada por el secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente… ¡Acojonante!

Obviamente no nos da plazo para subsanar, como preceptúa el art. 231 de la ley de enjuiciamiento civil, que se trata de quitarse el asunto de encima, aumentar sus datos estadísticos de asuntos despachados, etc., por supuesto, sin solucionar el fondo del litigio, y generando un nuevo pleito…

Interpuesto el recurso correspondiente, previo pago de la tasa judicial, la juez o jueza confirma la resolución, faltaría más, que por algo es “mi” letrada y amiga, compañera de confidencias varias, y la que me cubre cuándo no voy al juzgado, que son muchos días, sobre todo los viernes.

Segundo caso, también de Zaragoza, juicio verbal contra uno de nuestros grandes bancos, de esos que se dedican a actividades cuasi delictuales, a gran escala… Y perdónenme la digresión, pero es la pura verdad.

Como quiera que el interesado ya estaba cansado de quejarse ante el propio banco –cuyas oficinas de reclamaciones son un auténtico cachondeo-, al final opta por formular una reclamación ante el Banco de España, que la deriva a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, al tratarse de un problema relacionado con los depósitos de valores, acciones, etc.

Dicho organismo le da la razón, como no podía ser de otra forma, pues la tenía –y la tiene-, totalmente, pero nos encontramos con que esas “resoluciones” son papel mojado, pues no nos ejecutivas, es decir, en la práctica no sirven para nada, pues es el propio denunciado el que puede optar por cumplirlas…, o no.

Excuso decirles que en este caso concreto, y supongo que en casi todos, el banco utiliza la resolución para limpiar los cristales de sus oficinas, por no decir otra cosa, y no nos queda otra que acudir al juzgado.

El abogado interesa por otrosí de la demanda lo siguiente:

“Como prueba documental anticipada, y con la finalidad de que el Juzgado tenga un conocimiento total y cabal del asunto, interesamos que se oficie a la CNMV para que aporte copia testimoniada del expediente…, tramitado a instancia de don… contra BANCO… S. A.”.

Obviamente el ¿letrado? de la administración de justicia no provee esa petición –no creo fuera tan difícil, pues era la única que se hacía-, y puesta dicho omisión en conocimiento del juzgado, contesta diciendo que lo presentemos nosotros…

¿Pero cómo vamos a llevar al pleito un expediente administrativo que está guardado en un organismo oficial? Evidentemente solo podemos presentar los diversos escritos enviados y contestaciones recibidas, pero el juez en el acto de la vista dice que al no haberse presentado con la demanda inicial, es preferible que desistamos, dando a entender que el juicio está perdido…

El juez basa su resolución en el art. 265, 1, 1º. de la LE Civil, y dice que aunque nos concedió recurso de reposición, no lo formulamos.

¿Para qué, si es obvio que el 99% de estos recursos –por no decir el 100%-, son desestimados…?

Pero omite decir que el mismo artículo, en su núm. 3 dice textualmente lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio, o en la vista del juicio verbal (como sucedía en el caso que nos ocupa), los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda”

Un asunto más resuelto, estadísticamente hablando, pero en la práctica no se ha solucionado ningún problema.

Pero, eso sí, no se olvida de imponernos las costas, pues sino doña Ana Botín no va a poder cobrar los 10.900.000 euros que percibe al año, según la prensa…, además de un generosísimo fondo de pensiones auto concedido por ella misma, faltaría más, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo.

En fin, para que seguir. Podría contar más casos, pero los dejaré para otros artículos, pues la paciencia de los lectores tiene un límite, y la mía también.

Un juez tiene que ser buena persona, tener sentido común, y si encima sabe algo de Derecho, pues mucho mejor.

Pero debe tener claro, meridianamente claro, que cobra un sueldo para solucionar problemas, y no para crearlos.

¡Que para eso ya están los políticos!

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LAS DOS VARAS DE MEDIR DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

8 Nov

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Dicen que la medida de la democracia es la existencia de un poder judicial independiente. Y digo poder judicial, no fiscalía, que no deja de ser un apéndice del poder ejecutivo, y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más.

En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia…, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales –que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.

Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir “a dedo”, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general.

Al mismo tiempo que el panorama que narro, que es vergonzoso y lamentable, se está desarrollando una justicia de dos velocidades:

JUSTICIA RÁPIDA cuando se trata de privar al ciudadano de derechos, ingresarle en prisión provisional, juzgarle y condenarle casi sin instrucción, y con escasas posibilidades de defenderse, obteniendo conformidades con la rebaja de un tercio de la condena, etc.

JUSTICIA LENTA, cuando es el vasallo, el súbdito quien tiene la osadía de pedir cuentas a quienes gobiernan, y recurre una resolución administrativa cualquiera. Y no voy a hablar de los muchos años que tardaron en crearse los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, pese a estar previstos legalmente desde trece años antes, sino del mal funcionamiento de una buena parte de estos Juzgados, saturados de procedimientos y con un reducido número de órganos, claramente insuficientes, parece como buscado a propósito para que los litigios de los siervos se conviertan en papel mojado.

Y para muestra dos casos: recientemente he tenido que formular sendas demandas ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en procedimientos abreviados, es decir que comienzan con la presentación de la demanda, y únicamente se recaba el expediente administrativo y se cita a las partes para el juicio verbal correspondiente. En uno de los casos la citación es a tres años y medio de la presentación de la demanda, y en el otro a cuatro años vista…

¿Está es la Justicia que tenemos? ¿Qué le importará al justiciable la Sentencia que se dicte a los cinco años de haber comenzado el pleito…, en el hipotético supuesto de que la Administración no recurra en apelación y fácilmente tarde un par de años más en resolverse el asunto? Por no hablar de la ejecución, que ya es para echarse a llorar, al quedar totalmente en manos de la Administración condenada su realización. Y, por supuesto, sin que se derive responsabilidad alguna hacia el político o funcionario autor de la tropelía, que seguramente ya ni siquiera estará ocupando el cargo correspondiente. ¡Faltaría más! Somos un país regido por personas irresponsables, jurídicamente hablando, y así nos va.

Puesta esta anómala situación en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, y tras meses de espera, recibo un simple acuse de recibo que me informa de que la Comisión Permanente ha acordado incoar diligencias informativas. Y hasta hoy, pues de ello hace ya varios meses.

En resumen, tenemos una administración de justicia que no nos merecemos. Y no olvidemos que como decía el Conde de Romanones en su “Breviario de Política Experimental”: “No hacer justicia a tiempo debiera considerarse como grave delito. Tales son los estragos que produce. Porque omitir la justicia es confirmar la injusticia. En lo individual y en lo social”.

Pasado el medio siglo, y cuando uno ya está de vuelta de muchas cosas, reafirmo mi creencia en la Justicia Divina, pues la humana deja mucho que desear, al menos en España.

España, una democracia aparente

20 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Llamamos democracia a aquel sistema político en el que el gobierno se realiza por representantes elegidos por el pueblo. Es decir una forma de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, y los políticos son meros mandatarios, que actúan en nombre y representación de sus electores, el pueblo soberano.

¿España es una democracia? Parece evidente que no. Los políticos constituyen una clase aparte, una casta de intocables, absolutamente profesionalizados, que hacen de la política su única ocupación, y que van saltando de cargo en cargo, hasta la jubilación, como cualquier otro trabajador. Y, para más inri, muchos de ellos nunca han ejercido profesión u oficio que no sea la política, por lo que tienen un desconocimiento, total y absoluto, de la realidad social.

Por no hablar de la escasa preparación intelectual y académica de una buena parte de nuestra clase política, que es inferior a la de cualquier demandante de empleo en el Inem, pese a lo cual se les nombra ministros o consejeros de estado, sin rubor alguno por parte de quien les nombra.

El resultado está a la vista: ocurrencias y chorradas por doquier, estupideces dichas con voz grandilocuente, generalidades y vaguedades dichas sin ton ni son, y demagogia, mucha demagogia, convencidos como están de que el pueblo es todavía más tonto que ellos, que ya es decir. Confío y espero que tras el batacazo electoral del pasado día 24 de mayo, los dirigentes del PP se hayan dado cuenta de que los electores no son tan cortos como ellos suponían, aunque haya que elegir entre Guatemala-PP o Guatepeor-PSOE, teniendo en cuenta el sistema bipartidista que existe en España, pienso que por poco tiempo, pues vamos a pasar a un modelo de cuatro partidos estatales, incluyendo a Podemos y Ciudadanos.

Tanto el legislativo como el ejecutivo tienen las mismas carencias de formación, y persiguen la búsqueda no del interés general, sino el interés particular, propio y privativo, de los respectivos partidos políticos, salvo honrosas excepciones, que también las hay. Pero excepciones, al fin y al cabo.

¿Y el poder judicial? Pues ni está ni se le espera. La administración de justicia ha pasado a ser eso, una administración más, con un buen número de jueces y fiscales que saltan alegremente de la política a la justicia y de la justicia a la política, siempre de la mano de un partido político al que deberán sus ascensos y cargos. Y las deudas hay que pagarlas… Menos mal que todavía quedan jueces y fiscales independientes, y auténticamente profesionales.

Una Cataluña insolidaria con el resto de España, unas comunidades autónomas disfrutando de privilegios fiscales heredados del franquismo, como el País Vasco y Navarra, y dos focos separatistas en Cataluña y Vascongadas, sin que el Gobierno se atreva a coger el toro por los cuernos…

Mientras tanto las competencias sanitarias, educativas e incluso policiales, se han ido dejando en manos de las autonomías, algunas de las cuales están creando auténticos cuerpos armados, que Dios quiera no utilicen algún día para defender su “independencia”

¿Tiene solución España? La verdad es que lo dudo.

Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. http://www.ramirograumorancho.com

 

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