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LOS CRITERIOS DE HONORARIOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS NO SON EL ORÁCULO DE DELFOS

22 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

“…los abogados son los menos interesados en pretender mejorar en nada el sistema judicial, y sin embargo cualquier acusado -y esto es muy peculiar- empieza siempre, desde su primer contacto con la justicia, a elucubrar proyectos de reformas, derrochando de tal manera el tiempo y las fuerzas que debería emplear más útilmente para su causa”.

(Franz Kafka, El Proceso, ed. Cívitas, Madrid, 1987, pág. 144).

En efecto, Kafka tenía razón. Como abogado todo te parece estupendo, pero cuándo pasas a ser justiciable –y muchas veces ajusticiado-, empiezas a encontrar defectos al procedimiento, tanto penal como civil, contencioso-administrativo, social, etc.

Y “curiosamente” los actores principales del proceso, jueces, fiscales, abogados, procuradores…, no encuentran problema alguno, y todo les parece una maravilla.

Es posible que hayan perdido su sentido crítico, e incluso que muchos de ellos nunca lo haya tenido .O, simplemente, piensen que la “administración de justicia” es un trabajo (para los jueces y fiscales), y un negocio (para los abogados y procuradores), y que por lo tanto no les de más vueltas al asunto, pues piensen, y con razón, que cualquier cambio pueda empeorar sus privilegios y derechos.

Así sucede, por ejemplo, con los honorarios de los abogados. Hay pleitos, muchos pleitos, en los que los honorarios son superiores al principal, o tienen mayor entidad que el fondo del asunto.

Cualquier persona honrada le diría al litigante que se olvide del asunto, y no quiero decir con esto que los abogados no sean honrados, pero lo cierto es que algunos embarcan a sus clientes en una patera que hace aguas por todas partes, y que cualquier lerdo jurídico sabe perfectamente que va a naufragar a las primeras de cambio.

Pero eso, ¿a quién le importa, si yo he estudiado para ganar dinero, y vivir mejor que los demás?

El sentido de la justicia, que creo es una cualidad innata que toda persona tiene o debería de tener, en muchísimos juristas brilla por su ausencia. Es triste decirlo, pero es lo que veo un día sí y otro también…

La Ley 17/2009, y la Ley 25/2009 (ley ómnibus), vinieron a “liberalizar”, muy tímidamente, el gremio de la Abogacía –entre otros-, estableciendo la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos, y por ende la pérdida de consistencia jurídico de los “criterios orientadoras en materia de honorarios”, que eran de aplicación obligatoria, como precio mínimo, a la hora de cobrar los servicios, pues si se cobraba por debajo de esos importes se podía entender que se estaba incurriendo en una competencia desleal.

(Lo que además era cierto, sobre todo en el caso de abogados funcionarios públicos, jubilados del ejército o cuerpos de seguridad del estado, etc., que tienen ya asegurados los garbanzos, y se podían permitir cobrar poco menos que lo que les diese la gana por su segundo trabajo…).

Esta Ley 25/2009 reforma varios artículos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, añadiendo un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:

“Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta”.

Esta nueva disposición adicional establece lo siguiente:

“Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas.

Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados”.

Ergo:

1º. – Los honorarios profesionales son libres. Un abogado puede cobrarte diez euros por una consulta verbal, y otro mil euros, y ambos honorarios son igualmente correctos, siempre y cuando se “legalicen”, expidiendo la factura correspondiente, cargando el IVA correspondiente, efectuando la retención por IRPF en el caso de las personas jurídicas, etc.

2º. – Pero cuando el cliente no paga por las buenas, es un moroso recalcitrante, te discute la cuantía de los honorarios (“esto me lo podría haber solucionado el portero de mi casa”), etc., el abogado tiene derecho a acudir al procedimiento de tasación de costas…

Y como me decía recientemente un secretario judicial, ahora letrado de la administración de justicia: “en estos momentos los juzgados están llenos de expedientes de tasaciones de costas”.

¿Cómo evitar que se pierda el tiempo en estos asuntos domésticos, de la intendencia judicial, en lugar de resolviendo los pleitos de los litigantes, que es, al fin y al cabo, la razón por la cual existen los juzgados…?

Pues muy sencillo: haciendo que los jueces fijen la cuantía máxima que podrá reclamarse en concepto de honorarios, para lo cual les faculta expresamente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su art. 139, 4:

“La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima”.

Muchos jugados y tribunales vienen estableciendo la cuantía máxima que puede reclamarse en concepto de costas para ambos profesionales actuantes, es decir, abogado y procurador, con lo cual luego tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para repartirse el estipendio.

(Y así se evitan también los posibles abusos que podrían producirse cuando del Arancel de los Procuradores resulta una cuantía superior a los honorarios del Letrado, fijados por el Tribunal, lo que obviamente sería injusto, pues la carga básica del proceso recae sobre el abogado…).

No entiendo como no se ha establecido un criterio similar en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que además es de aplicación supletoria en las demás jurisdicciones.

De esta forma se evitaría mucho trabajo a los secretarios y jueces, innumerables escritos y recursos, y, en definitiva, un exceso de tasaciones de costas para unos ya sobrecargados órganos judiciales…

Por no hablar, que también, de posibles abusos por la aplicación de unos criterios que, en no pocas ocasiones, son realmente excesivos, y la verdad es la verdad.

Nadie se embarca en un pleito sin algo de razón, salvo que tenga un abogado que le incite a ello, en cuyo caso habría que ver la posibilidad de condenar en costas al abogado, no al litigante.

En fin, termino ya, que estoy empezando a desbarrar, dentro de mi política de “hacer amigos” hasta en la curia.

ABOGADOS DEL ESTADO (I Y II): I.- Y PUERTAS GIRATORIAS. 2.- EMPLEOS PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS (II)

15 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

ABOGADOS DEL ESTADO Y PUERTAS GIRATORIAS

Ramiro Grau Morancho

Si hay un cuerpo realmente pernicioso en la administración española es el de los abogados del estado. Unos juristas con una gran preparación, que todo hay que decirlo, pero que acostumbran a mirar por encima del hombro a los demás abogados, y hasta a los jueces y fiscales.

Unas personas a las que les cabe el Estado en la cabeza, o más bien la gran cantidad de normas legales que dificultad la vida de los 47 millones de españoles… Y que confunden memoria con inteligencia.

Pero que listos lo son, y un rato largo. Desde la actual ministra de defensa, que evidentemente no tiene ni puta idea de temas militares, o la vicepresidenta, tan espabilada para colocar a su marido, también abogado del estado, faltaría más, en Telefónica, con un sueldo millonario. (El marido de la primera se dedica a turbios negocios, que para él deben de ser negocios pero para las empresas por las que pasa no dejan de ser ruina, pura y dura).

Estos señores acostumbran a “adornar” los consejos de administración de los bancos y grandes empresas, pues igual que en Navidad queda muy bien poner a un pobre en la mesa, el resto del año da mucho fuste tener a un abogado del estado de compañero en el consejo de administración, y más en estos tiempos que escasean los títulos nobiliarios para que den prestancia al consejo correspondiente…

Hace unos años tuve un juicio en la Audiencia Nacional, y el abogado del estado que compareció ostentando la defensa y representación de la administración demandada, el Ministerio de Justicia, en concreto, basó su defensa en un ataque al demandante, en este caso el que suscribe, que no me quedo más remedio que formular una denuncia contra él, en vía disciplinaria. Por supuesto no me hicieron nada, faltaría más. Estoy seguro de que mi queja la informó alguno de sus compañeros, y hoy por ti, mañana por mí.

Pero al investigar sobre su vida y obras en esa moderna portería universal que se llama Internet, Google, Facebook, etc., observé que el citado individuo era consejero de varias empresas, y creo recordar que hasta ejercía la abogacía privada en Madrid.

¿Y la ley de incompatibilidades? Pues la ley de incompatibilidades los abogados del estado se la pasan por donde usted y yo sabemos, siguiendo la máxima del Conde de Romanones: “Dejarles que hagan las leyes que quieran, que yo haré los reglamentos”.

En efecto, un real decreto de 1985, creo recordar, les autoriza a ejercer la abogacía sin grandes problemas… El argumentarlo del cuerpo, expuesto verbalmente por un Director del Servicio Jurídico del Estado al que suscribe, en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, era el siguiente: “Tenemos que dejarles ejercer la abogacía privadamente, porque sino se nos irían todos, dado lo buenos juristas que son, y lo poco que les pagamos, en relación con lo que podrían ganar en despachos privados de abogados”.

¿Y cuál es el problema? Con reformar la legislación para que el funcionario excedente por asuntos propios –salvo por maternidad o paternidad, o circunstancias análogas- pierda la plaza, asunto solucionado. ¡Seguro que se lo pensarían dos veces antes de marcharse!

Mientras sigamos teniendo estos cuerpos medievales, que creen ser propietarios del Estado, o por lo menos usufructuarios –y los letrados del Consejo de Estado son otro claro ejemplo de lo que digo-, no creo que España progrese ni vaya hacia adelante, pues constituyen una clara rémora para la defensa de los intereses generales, que confunden con los suyos propios, corporativos, de casta, de clase social, y hasta de familias…

En fin, termino ya, que no hay que cansar a los lectores. Pero prometo nuevas entregas sobre el particular, con el caso concreto de la defensa en Derecho de la Universidad de Zaragoza por un abogado del estado “en el ejercicio privado de la abogacía”, es decir, cobrando sus buenos dineros, durante más de treinta años. Pero eso sí, nadie reconoce que le haga nombrado o hecho ese encargo. Un caso realmente acojonante, por no decir para vomitar. (Todo lo que digo lo tengo documentado, y si alguien lo duda o quiere discutirlo judicialmente, por mi parte encantado).

ABOGADOS DEL ESTADO: EMPLEOS PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS (II)

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Recientemente publicamos un artículo sobre la encomienda a un abogado del estado de los cientos de pleitos que genera la Universidad de Zaragoza, con un coste en las dos últimas décadas de casi un millón de euros. Dinero cobrado por el citado señor como abogado particular, pues estaba autorizado a ejercer privadamente la abogacía. Es decir, totalmente legal, ya que hay un Real Decreto de 1985, creo recordar, que permite esa dedicación parcial a la Abogacía del Estado…

Lo cierto es que cuando pones en Internet el nombre de cualquier abogado del estado en activo, es raro no ver que son consejeros, letrados asesores, etc., de cientos de empresas, posiblemente de miles, muchas de ellas las más importantes del país, las que conforman el Ibex 35, es decir el club de las principales firmas que cotizan en bolsa.

No deja de ser sorprendente esta confluencia entre intereses públicos e intereses privados, pues supongo que en numerosas ocasiones se producirán choques entre unos y otros. ¿Y a favor de quien se inclinarán estos señores y señoras, pues no debemos olvidar que la actual vicepresidenta del gobierno, o la ministra de defensa, por ejemplo, son también abogadas del Estado…?

Respecto a la situación explicada en el artículo citado, el que suscribe ya denunció lo que venía sucediendo, y no solo a un organismo, pues ya sé cómo “funciona” este país, sino en tres instancias distintas, a ver si alguien hacía algo: el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Diputación General de Aragón, ahora pomposamente llamado el Gobierno de Aragón.

El Colegio de Abogados me comunicó que el asunto pasaba a estudio de una comisión, creo recordar que la comisión de defensa de la profesión, o algo así (no tengo ahora a mano la respuesta), y confirmó la tesis, creo que de Napoleón, de que cuando no quieras hacer algo, nombra una comisión… Del asunto nunca más se supo.

El Servicio Jurídico del Estado contestó en el sentido siguiente:

“PRIMERO. –     D. Jesús Solchaga Loitegui, en situación de activo en el Cuerpo de Abogados del Estado, y con destino en la Abogacía del Estado en Zaragoza, tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio libre de la Abogacía con las limitaciones que se señalan en los artículos 1.3, 11.1, en relación con los artículos 9 y 11.4 del Real Decreto 598/95 y 12.1 a) de la Ley 53/1984.

Es, por lo tanto, legal la situación del Sr. Solchaga Loitegui.

SEGUNDO. – Respecto a la posibilidad de suscribir un Convenio de Asistencia Jurídica entre esta Dirección y la Universidad de Zaragoza al amparo de la normativa vigente, se pone en su conocimiento que por parte de esta Dirección no existe ningún inconveniente en celebrar aquél, pero la iniciativa debe partir de la citada Universidad con la expresa conformidad del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón al estar la Universidad de Zaragoza transferida a aquélla”.

La Diputación General de Aragón dijo que:

“En contestación a su escrito…, en el que expone la actual organización de os servicios de representación y defensa en juicio de la Universidad de Zaragoza, y propone la alternativa de que los Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón asuman la citada representación y defensa, se remite copia del Informe emitido al respecto por el Letrado – Jefe de la Asesoría Jurídica”.

Reproducción textual de estos documentos puede verificarse en mi libro “Cuestiones Universitarias”, ed. Jalón, Zaragoza, 1999, págs… 13 a 16.

En dicho libro decíamos sobre este tema textualmente lo siguiente:

“Resulta sorprendente ver lo poco que han cambiado las cosas en España en los últimos años. A pesar de la afirmación de don Alfonso Guerra de “que a España no iba a conocerla la madre que la parió”, lamentablemente seguimos conociéndola y viendo que todo sigue igual. La corrupción, la búsqueda de beneficios personales, la mezcla entre lo público y lo privado, etc., siguen campando por sus respetos. Y para muestra, un botón, que voy a exponer a continuación.

La Universidad de Zaragoza, que tanto defiende, incluso vociferantemente, su autonomía, sin explicar, por supuesto, que es para su equipo de gobierno este concepto, debería explicar a la opinión pública aragonesa porque presupuesta anualmente varios millones de pesetas para defensa jurídica…, cuando tiene en nómina dos letrados a tiempo completo, traídos, además, de otras administraciones públicas, con el consiguiente encarecimiento del funcionamiento de la institución. Y ello a pesar de la existencia de un prestigioso grupo de profesores y catedráticos de derecho administrativo, penal, laboral, etc., que podrían perfectamente asesorar en derecho el funcionamiento de la administración universitaria.

Pero lo que más llama la atención es ver como se contrata la prestación de servicios con un prestigioso Abogado del Estado, de gran competencia, dicho sea de paso, para que defienda privadamente a la Universidad, cobrando varios millones al año por tales defensas. ¿Es que no pueden hacerlo los dos abogados de la plantilla? ¿Son acaso incompetentes…? Estoy seguro de que no, por lo que la situación es aún más absurda.

Es posible que la Universidad piense que la Abogacía del Estado es quien dispone de los mejores letrados, y es muy probable que sea así. ¿Cómo no se utilizan los medios legalmente establecidos al respecto, en lugar de permitir que se hagan negocios privados por parte de empleados públicos? En efecto, el Real Decreto 1414/1994, de 25 de junio, sobre asistencia jurídica a las entidades estatales de Derecho público prevé, por medio de la firma de un convenio de colaboración, que el Servicio Jurídico del Estado preste asistencia jurídica a la entidad firmante, por medio de los Abogados del Estado. Como dice el modelo de convenio: “La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración del Estado”.

Lógicamente el Estad cobra por dicho servicio. Pero es un dinero que va a las arcas públicas, no al bolsillo, por supuesto respetable, de un particular, particular que a su vez es funcionario público, Abogado del Estado, obviamente. Como indica el convenio citado: “Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el presente convenio, la entidad satisfará a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de X pesetas, pagaderas por terceras partes en los cinco primeros días naturales de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año… Los ingresos efectuados en dicha cuenta se traspasarán al Tesoro Público en un plazo no superior a diez días desde su abono. Asimismo, los intereses que, en su caso, pueda producir dicha cuenta deberán ingresarse en el Tesoro Público con aplicación al concepto de recursos eventuales”.

Resumiendo y concretando: ¿es justo que una administración pública pague a un funcionario público privadamente para que haga lo que podría hacer en el ejercicio de sus funciones, quedándose el dinero en el Tesoro Público? ¿En qué país vivimos?

En otras palabras, ¿le parecería a usted lógico, amigo lector, que los profesores universitarios que cobramos por dar clases (una miseria, por cierto), pudiésemos devengar honorarios por dar clases de recuperación a los alumnos suspendidos? E incluso, digo más: ¿cree lógico que se dé la compatibilidad para poder ejercer privadamente la misma actividad que se hace en el servicio público?

Por otra parte la Universidad de Zaragoza ha sido transferida a la Diputación General de Aragón. Si la Universidad estima (es un suponer) que sus letrados no son competentes, quiero decir que no son los más idóneos para defenderla, ante un determinado asunto, ¿no sería lógico utilizar los servicios de la Asesoría Jurídica de la DGA? Al menos el dinero se quedaría en casa, y se evitaría este gasto. Y estoy seguro de que el Gobierno de Aragón no pondría obstáculos para prestar este servicio a su Universidad…”.

Bibliografía de Heraldo de Oregón: El Equipo A de la abogacía: estos son los 33 abogados del Estado con negocios privados

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PAGA CASI UN MILLÓN DE EUROS A UN ABOGADO DEL ESTADO COMO ABOGADO PARTICULAR

12 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

El 5 de mayo de 2016 envié un escrito a la Presidencia de las Cortes de Aragón, manifestando mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Zaragoza utilizara a un abogado del estado, en el ejercicio privado de la abogacía, como letrado, en lugar de utilizar a los varios abogados, funcionarios o contratados, en su gabinete jurídico, pidiendo que se investigara esta situación.

El 13 de mayo de 2016, y al amparo de la ley de transparencia de Aragón, solicité al señor Rector de la citada Universidad información detallada sobre el particular, dictándose una resolución el 15 de junio de 2016, por la que se acordaba: “Denegar el acceso a la información contenido en el punto 4 de su escrito”.

El citado apartado 4 pedía textualmente lo siguiente:

“Cuantías económicas percibidas por el citado Abogado particular de la Universidad desde que comenzó a prestar servicios, sobre 1985, hasta que los finalizó, en el año 2014, es decir, durante unos 30 años”. –

Se adjunta copia del “Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad de Zaragoza”, de 15 de septiembre de 2014”.

En la cláusula quinta se dice que el convenio tiene una duración de dos años, y la séptima indica que la Universidad pagará a la Abogacía General del Estado “…la cantidad anual de veinte mil euros (20.000 E) más IVA… La citada cantidad anual podrá sr objeto de revisión al cabo del primer año o siguientes de vigencia y de mutuo acuerdo entre las partes, en función del número y la importancia de los asuntos”.

La octava establece que: “En los procesos en los que existan condenas en costas… Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresara a favor de la Universidad”.

Disconforme con dicha denegación de acceso a la información, formulé reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, el 23 de junio de 2016, reiterada por escrito de 28 de noviembre del mismo año, ante la falta de contestación.

Por resolución 3/2017, de 27 de febrero, el citado Consejo acogió favorablemente la queja, y en un prolijo y bien documentado escrito de 25 folios, resolvió “Estimar la reclamación presentada por D. Ramiro Grau Morancho frente a la Resolución rectoral de 15 de junio de 2016, por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada”, dando un plazo máximo de dos meses a la Universidad, en atención a la numerosa documentación que había que utilizar.

Por escrito de 28 de abril de 2017, recibido el 5 de mayo siguiente, el señor Vicerrector de Prospectiva, sostenibilidad e infraestructura (hay que joderse con los nombres y las funciones de los cargos), dio cumplimiento a la Resolución del Consejo de Transparencia de Aragón, dando las explicaciones pertinentes, lo que agradezco mucho a la citada Universidad.

Como la transparencia es eso, conocimiento y dominio público, transcribo a continuación algunos datos que estimo merecedores del conocimiento público:

“Que, desde 1985 hasta 1993, además de la no obligación legal de conservar la citada información, no resulta posible materialmente proporcionarla, ya que existen dificultades técnicas que no nos permiten la lectura del soporte informático en el que está grabada, dada la antigüedad del sistema físico…

Por otra parte, examinada la documentación correspondiente a los años 1994 a 2014 no consta la existencia de contratos mayores respecto de los servicios jurídicos, por lo que no puede informarse de la fecha de formalización; siendo el procedimiento utilizado el encargo al letrado de la defensa en el pleito de que se tratase mediante orden de encomienda…

La Universidad de Zaragoza necesitó, a partir de ese momento –entrada en vigor de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, en septiembre de 1983-, contar con un sistema propio de defensa jurídica que le permitiese actuar ante los distintos órganos judiciales y, para ello, decidió encomendar inicialmente dicha tarea al letrado del Servicio Jurídico del Estado que –durante la centralizada etapa anterior- generalmente se encargaba de la defensa de los asuntos relacionados con la actividad universitaria; decisión que se materializó en el año 1985… Y ello por cuanto dicho abogado del Estado estaba especializado en derecho universitario y compatibilizaba su puesto oficial con el ejercicio libre de la profesión…

A mediados de 1991 se procedió a la cobertura de dichas plazas (se refiere al servicio jurídico propio de la Universidad de Zaragoza), iniciando su andadura el denominado “Gabinete Jurídico”, teniendo como funciones específicas, entre otras, el desempeño de los servicios contenciosos. Sin embargo, la defensa en juicio de la Universidad nunca fue asumida en la práctica por sus letrados, manteniéndose el sistema implantado en el año 1985 hasta la actualidad, diseño que determinó que la Universidad defendiese sus decisiones ante los órganos judiciales a través de un tercero, profesional externo; mientras que el gabinete jurídico actuaba en el ámbito interno. Desde el punto de vista de la situación creada, basada en la eficacia y oportunidad y por el hecho de que los letrados del gabinete jurídico no asumiesen la función contenciosa, se toma la decisión de designar a dicho abogado del Estado para la defensa en juicio de la Universidad por las razones expuestas…

Posteriormente (tras la promulgación de diversas normas legales), la tramitación y adjudicación de contratos de servicios referidos a la defensa en juicio de las administraciones públicas por abogado colegiado podían hacerse, cuando la previsión de honorarios según el baremo que fija el Colegio de Abogados no superaba los 18.000 E, conforme al contrato menor, dado que se trataba de contratos de servicios, permitiéndose así la adjudicación directa…

Esto fue lo que sucedió en la práctica totalidad (686 de 688) de las encomiendas efectuadas al abogado del Estado, inferiores a 18.000 E… además e en los casos previstos en el artículo 170, los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento negociado cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 E, en todo caso…”.

En resumen:

  • La Universidad de Zaragoza, que tiene su propio Gabinete Jurídico, prefiere contratar a un abogado del estado que ejerce particularmente la abogacía, quien les lleva 688 pleitos, de 1994 a 2014.
  • Por dichos pleitos el citado abogado privado cobra 812.397,80 euros, más el IVA correspondiente, lo que hace un total de 955.737,36 euros (s. e. ú o. en los datos facilitados por la propia Universidad).
  • El año 2014, su “despedida” de la Universidad, cobró la friolera de 195.164,45 euros, más 40.984,56 de IVA, es decir, un total de 236.149,01 euros.

(Es decir, unos ingresos netos de 647 euros diarios, que no está nada mal, además de su sueldo como abogado del estado, obviamente).

  • En Zaragoza hay un plantel de excelentes abogados administrativistas, muchos de ellos expertos en pleitear contra la Universidad, pero que, al parecer, no daban la talla…

No voy a hacer comentarios.

Los hechos son tozudos, y a los hechos me remito.

El que quiera pensar, que piense…

Las únicas preguntas que me hago son las siguientes:

  1. ¿Es lógico que los abogados del estado puedan ejercer como abogados particulares…?
  2. ¿Dónde termina el abogado del estado y empieza el abogado privado?
  3. Esta forma de gestionar el escaso dinero público, con tanta alegría, ¿es la causa de que la Universidad de Zaragoza esté pidiendo más dinero al Gobierno de Aragón, un día sí y otro también?

Yo, como soy de pueblo, la verdad es que me lio con estas situaciones tan peculiares, propias de una España medieval y gremialista.

LA “JURISPRUDENCIA” DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno.

El último de los asuntos llevaba el número mil y pico, de lo que se deduce que diariamente se registran unas tres quejas, por término medio, incluidos los días feriados, es decir, inhábiles…

¿No sería mejor que en vez de un solo Promotor hubiera dos o tres Magistrados, lo que podría servir, además, para aquilatar las resoluciones, y evitar el excesivo poder de esta figura, que vacía de competencias el Servicio de Inspección del CGPJ, que supongo seguirá existiendo y funcionando…?

Acato y respeto, pero no comparto, las citadas resoluciones, que supongo serán también los “criterios” del citado Promotor, y voy a comentarlos someramente, dando mi punto de vista como iletrado (ahora que no nos lee nadie). Para mí, como para cualquier analfabeto jurídico, el Derecho es, o debe ser, sobre todo sentido común. Y cuando falta el sentido común, que es el aplicado por la generalidad de la población, es que algo falla.

No se puede legislar contra natura, aunque en este país, antes llamado España, lo estamos viendo todos los días, por desgracia: se llama “matrimonio” a las uniones de homosexuales y lesbianas, pero en cambio las parejas de hecho (que según las malas o buenas lenguas son millones las personas que están en esa situación), permanecen en el limbo jurídico; se legisla sobre las operaciones de cambio de sexo, y se financian con dinero público, mientras que personas que esperan un trasplante o una operación de corazón fallecen en las listas de espera; se acaba de disponer que los alumnos suspendidos en la Eso puedan pasar al Bachillerato, sin problema alguno, y demos gracias a Dios que no se legisle, también, que cualquier burro con alas tiene “derecho” a ser graduado universitario, preferentemente en Derecho, faltaría más… En fin, el acabose.

En el primer y segundo casos el Promotor entiende que una jueza puede comportarse en la sala de vistas con el mismo apasionamiento que los abogados de las partes, criterio que no comparto.

Un juez no solo debe de ser imparcial y objetivo, sino también parecerlo.

Todos tenemos un mal día, aunque esta jueza los debe de tener muy a menudo (ahora mismo acabo de recibir un correo electrónico de una señora que también va a denunciarla), pero todos esperamos de la jurisdicción que dejen sus problemas en su casa, o en su despacho, y no los lleven a la sala de vistas.

En el segundo asunto, sobre esa misma jueza, que no se ha abstenido de intervenir, a pesar de haber sido denunciada con anterioridad, el Promotor sostiene el “criterio”, legal pero irrazonable, por lo menos desde mi punto de vista, de que al no haberse sancionado a la jueza, no hay motivos para que no siga resolviendo, como si tal cosa.

Un juez no solo debe de ser honesto, sino también parecerlo. Es posible que yo fuera un mal juez sustituto –aunque nadie se quejó de mí, al menos que yo sepa-, pero si alguien me hubiera denunciado, desde luego que me hubiese apartado del procedimiento, por entender que no iba a poder actuar con imparcialidad, probidad y objetividad. Pero claro, hubiera sido una decisión tomada desde el sentido común, que tal vez la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente hubiera invalidado, obligándose a seguir actuando en el pleito concreto y determinado…

Según el Promotor, aunque te denuncien todas las veces que quieran, sino eres sancionado por ello, no hay problema alguno. ¡Curiosa forma de ver la realidad, que creo se aparta bastante del sentido común!

¿O es que todos somos seres angelicales, que estamos por encima el bien y el mal, que no profesamos fobias y filias, simpatías y antipatías, en función de nuestra relación con una determinada persona, abogado, procurador, fiscal, etc.?

En el tercer y último caso, una sección que denuncia a un abogado ante su colegio profesional por haber criticado una resolución de la secretaria judicial (perdón, de la letrada de la administración de justicia), el Promotor no entra al trapo, cual toro bravo, y dice que es un acto jurisdiccional, y que por tano no debe conocer del asunto. Y, obviamente lo archiva.

¿Puede utilizarse el enorme poder que la Constitución y las leyes dan a los jueces para emplearlo en contra de abogados molestos, por ser moscas cojoneras del sistema…, pero que se expresan libremente en el ejercicio de su profesión, y en defensa de su cliente, en este caso él mismo?

Yo creo que no. Y es más, si los 150.000 abogados que hay en España, se dedicaran a quejarse de todas las actuaciones presuntamente irregulares, desatenciones, comienzo de las vistas con retrasos notables, suspensiones de juicios sin avisar, dilaciones en la resolución de los recursos, procedimientos y sentencias, de los 5.500 jueces que tenemos, creo haría falta una docena de Promotores de la Acción Disciplinaria…

LAS ABUSIVAS COSTAS DE LOS ABOGADOS

17 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Recientemente dediqué un artículo a “El peaje de los Procuradores”, criticando la obligatoriedad legal de tener que acudir a los juzgados representado por un procurador de los tribunales, como si no pudiéramos representarnos a nosotros mismos, cual personas incapacitadas.

Algunos comentaristas me criticaron por hacer apología de la abogacía, como si el que yo fuera contrario a la obligatoriedad del procurador (no al procurador en si, muchos de los cuáles son mis amigos, y a los que valoro y respeto en lo que valen), sin darse cuenta de que puedo estar equivocado o no, pero para mí la verdad es la verdad, tanto si molesta como si no.

Y en este caso concreto, vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado, y no porque estemos locos (espero), sino porque la figura de la tasación de costas y los criterios orientadores en materia de honorarios de los 83 colegios de abogados existentes en España son un auténtico abuso procesal, un privilegio, difícilmente sostenible y, sobre todo, defendible, en estos tiempos.

Habiendo desaparecido por imperativo legal las tablas de honorarios obligatorios, y quedando liberalizados, subsisten por razones que no acabo de comprender, los “criterios orientadores”, a los solos efectos de tasaciones de costas. Pero no es que haya unos únicos criterios para toda España, como sería lo lógico y razonable, incluso emanados del propio Ministerio de Justicia, como sucede con el arancel de los procuradores, por ejemplo, con un único arancel, sino que hay 83 criterios distintos, cada uno de su padre y de su madre…

Y algunos francamente abusivos. Por ejemplo, el colegio de Madrid que tenía “valorado” un recurso contencioso administrativo en 1.200 euros (que ya está bien), de repente cambió los criterios y lo subió a 2.100 euros, es decir, prácticamente al doble. (En Zaragoza, por ejemplo, se estima que “vale” 1.500 euros).

Soy consciente de que no es igual el coste de la vida en Teruel que en Barcelona, o en San Sebastián, por ejemplo, pero no estamos hablando de eso, del IPC, sino del coste de una prestación profesional. Y así, de la misma forma que los procuradores, repito, tienen una única tabla de honorarios para toda España, con independencia del lugar dónde ejerza el profesional en cuestión, parece obvio que con los abogados debería de suceder lo mismo.

Pero hay otra serie de “privilegios”, realmente sorprendentes, y que entiendo son insostenibles, sobre todo cuándo uno tiene que pagarlos, y es un particular (parece evidente que sangro por la herida). Son los siguientes:

  1. La fijación unilateral, por parte del acreedor, del importe de la deuda, con un desconocimiento previo de su cuantía por parte del deudor.

Los “criterios” no se publican en los boletines oficiales, muchos colegios los tienen encriptados en sus webs de información, sólo son accesibles para los profesionales, etc., tal vez como forma de evitar que la gente se meta en pleitos, pues hoy por hoy, cuándo un cliente quiere pleitear, muchas veces dan ganas de decirle que si lo que quiere es que le jodan, que se vaya de putas, en vez de al juzgado (que encima es mucho más satisfactorio).

  1. Los honorarios se fijan por la totalidad del importe o valor de la demanda, no por el resultado obtenido.

Es decir, si un señor demanda el pago de 100.000 euros, y el juzgado estima parcialmente la demanda, pero sólo por 20.000 euros, se aplican los criterios relativos a los 100.000 euros, no a lo realmente obtenido…

Más o menos es como si cuando vamos a la carnicería y pedimos un kilo de ternera, el carnicero nos cobrara la ternera entera.

  1. Cuando el pleito no tiene señalada una cuantía, es decir es de cuantía inestimable, en el caso de los juicios verbales se valora en 6.000 euros, y en los procedimientos ordinarios en 18.000 euros, con independencia de que estén ejercitando una acción que realmente no tiene valor material alguno, y es más bien una pretensión de orden moral, inmaterial, relativo a tu derecho al honor, intimidad, propia imagen, ejercicio de un derecho de rectificación, etc.

Este criterio me parece también, dicho sea con todo respeto, un auténtico abuso de derecho.

  1. El único limite viene fijado por la ley de enjuiciamiento civil, que en su artículo 394, 3, limita las costas de la forma siguiente: “Cuando… se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados… una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso…”.

Es decir, que un verbal te sale por 2.000 euros, o un juicio ordinario por 6.000, que no está nada mal, amén de los derechos arancelarios del procurador, de los honorarios de los peritos, en su caso, de los suplidos (siempre exagerados), etc.

En resumen, un auténtico abuso de derecho, repito.

¿Qué hacen las subvencionadas asociaciones de consumidores consumidos, además de cobrar religiosamente esas subvenciones…, sin quejarse de esta situación? La verdad es que no lo entiendo, salvo que sean simples chiringuitos, más preocupados por su propia supervivencia que otra cosa, o “negocios” montados al estilo de Ausbanc.

En fin, termino ya, que tengo que ver de dónde saco el dinero para pagar una condena en costas que acabo de recibir, “producida” por dos desafortunadas sentencias de una jueza y una sección de audiencia provincial que no se han enterado todavía del cambio de criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la materia (asunto al que dedicaré otro articulo posterior, pues es evidente que el principio “iura novit curia” ha caído en desuso, no se si por