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LA “JURISPRUDENCIA” DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL CGPJ

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Hay una jurisprudencia que interesa, y mucho, a los jueces, y es la que emana del Promotor de la Acción Disciplinaria.

En realidad no deberíamos hablar de jurisprudencia, pues como todos sabemos es la que emana del Tribunal Supremo, sino más bien de “criterios” del citado Promotor, hacia el cual debo expresar, en primer lugar, mi máximo respeto, pues creo pesa sobre sus hombros una carga muy grande, posiblemente excesiva.

El año pasado acudí en tres ocasiones al Promotor, y no precisamente para felicitar a ningún juez, y debo reconocer que los tres asuntos están ya resueltos, con un resultado siempre favorable al poder judicial, que ha ganado por goleada: 3 a 0.

Es decir, siempre ha considerado que no había que expedientar a nadie, y que la jueza en cuestión, doblemente denunciada, y una sección civil de una determinada audiencia provincial, habían actuado correctamente, y no procedía por tanto abrir expediente disciplinario alguno.

El último de los asuntos llevaba el número mil y pico, de lo que se deduce que diariamente se registran unas tres quejas, por término medio, incluidos los días feriados, es decir, inhábiles…

¿No sería mejor que en vez de un solo Promotor hubiera dos o tres Magistrados, lo que podría servir, además, para aquilatar las resoluciones, y evitar el excesivo poder de esta figura, que vacía de competencias el Servicio de Inspección del CGPJ, que supongo seguirá existiendo y funcionando…?

Acato y respeto, pero no comparto, las citadas resoluciones, que supongo serán también los “criterios” del citado Promotor, y voy a comentarlos someramente, dando mi punto de vista como iletrado (ahora que no nos lee nadie). Para mí, como para cualquier analfabeto jurídico, el Derecho es, o debe ser, sobre todo sentido común. Y cuando falta el sentido común, que es el aplicado por la generalidad de la población, es que algo falla.

No se puede legislar contra natura, aunque en este país, antes llamado España, lo estamos viendo todos los días, por desgracia: se llama “matrimonio” a las uniones de homosexuales y lesbianas, pero en cambio las parejas de hecho (que según las malas o buenas lenguas son millones las personas que están en esa situación), permanecen en el limbo jurídico; se legisla sobre las operaciones de cambio de sexo, y se financian con dinero público, mientras que personas que esperan un trasplante o una operación de corazón fallecen en las listas de espera; se acaba de disponer que los alumnos suspendidos en la Eso puedan pasar al Bachillerato, sin problema alguno, y demos gracias a Dios que no se legisle, también, que cualquier burro con alas tiene “derecho” a ser graduado universitario, preferentemente en Derecho, faltaría más… En fin, el acabose.

En el primer y segundo casos el Promotor entiende que una jueza puede comportarse en la sala de vistas con el mismo apasionamiento que los abogados de las partes, criterio que no comparto.

Un juez no solo debe de ser imparcial y objetivo, sino también parecerlo.

Todos tenemos un mal día, aunque esta jueza los debe de tener muy a menudo (ahora mismo acabo de recibir un correo electrónico de una señora que también va a denunciarla), pero todos esperamos de la jurisdicción que dejen sus problemas en su casa, o en su despacho, y no los lleven a la sala de vistas.

En el segundo asunto, sobre esa misma jueza, que no se ha abstenido de intervenir, a pesar de haber sido denunciada con anterioridad, el Promotor sostiene el “criterio”, legal pero irrazonable, por lo menos desde mi punto de vista, de que al no haberse sancionado a la jueza, no hay motivos para que no siga resolviendo, como si tal cosa.

Un juez no solo debe de ser honesto, sino también parecerlo. Es posible que yo fuera un mal juez sustituto –aunque nadie se quejó de mí, al menos que yo sepa-, pero si alguien me hubiera denunciado, desde luego que me hubiese apartado del procedimiento, por entender que no iba a poder actuar con imparcialidad, probidad y objetividad. Pero claro, hubiera sido una decisión tomada desde el sentido común, que tal vez la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente hubiera invalidado, obligándose a seguir actuando en el pleito concreto y determinado…

Según el Promotor, aunque te denuncien todas las veces que quieran, sino eres sancionado por ello, no hay problema alguno. ¡Curiosa forma de ver la realidad, que creo se aparta bastante del sentido común!

¿O es que todos somos seres angelicales, que estamos por encima el bien y el mal, que no profesamos fobias y filias, simpatías y antipatías, en función de nuestra relación con una determinada persona, abogado, procurador, fiscal, etc.?

En el tercer y último caso, una sección que denuncia a un abogado ante su colegio profesional por haber criticado una resolución de la secretaria judicial (perdón, de la letrada de la administración de justicia), el Promotor no entra al trapo, cual toro bravo, y dice que es un acto jurisdiccional, y que por tano no debe conocer del asunto. Y, obviamente lo archiva.

¿Puede utilizarse el enorme poder que la Constitución y las leyes dan a los jueces para emplearlo en contra de abogados molestos, por ser moscas cojoneras del sistema…, pero que se expresan libremente en el ejercicio de su profesión, y en defensa de su cliente, en este caso él mismo?

Yo creo que no. Y es más, si los 150.000 abogados que hay en España, se dedicaran a quejarse de todas las actuaciones presuntamente irregulares, desatenciones, comienzo de las vistas con retrasos notables, suspensiones de juicios sin avisar, dilaciones en la resolución de los recursos, procedimientos y sentencias, de los 5.500 jueces que tenemos, creo haría falta una docena de Promotores de la Acción Disciplinaria…

LAS ABUSIVAS COSTAS DE LOS ABOGADOS

17 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Recientemente dediqué un artículo a “El peaje de los Procuradores”, criticando la obligatoriedad legal de tener que acudir a los juzgados representado por un procurador de los tribunales, como si no pudiéramos representarnos a nosotros mismos, cual personas incapacitadas.

Algunos comentaristas me criticaron por hacer apología de la abogacía, como si el que yo fuera contrario a la obligatoriedad del procurador (no al procurador en si, muchos de los cuáles son mis amigos, y a los que valoro y respeto en lo que valen), sin darse cuenta de que puedo estar equivocado o no, pero para mí la verdad es la verdad, tanto si molesta como si no.

Y en este caso concreto, vamos a tirar piedras sobre nuestro tejado, y no porque estemos locos (espero), sino porque la figura de la tasación de costas y los criterios orientadores en materia de honorarios de los 83 colegios de abogados existentes en España son un auténtico abuso procesal, un privilegio, difícilmente sostenible y, sobre todo, defendible, en estos tiempos.

Habiendo desaparecido por imperativo legal las tablas de honorarios obligatorios, y quedando liberalizados, subsisten por razones que no acabo de comprender, los “criterios orientadores”, a los solos efectos de tasaciones de costas. Pero no es que haya unos únicos criterios para toda España, como sería lo lógico y razonable, incluso emanados del propio Ministerio de Justicia, como sucede con el arancel de los procuradores, por ejemplo, con un único arancel, sino que hay 83 criterios distintos, cada uno de su padre y de su madre…

Y algunos francamente abusivos. Por ejemplo, el colegio de Madrid que tenía “valorado” un recurso contencioso administrativo en 1.200 euros (que ya está bien), de repente cambió los criterios y lo subió a 2.100 euros, es decir, prácticamente al doble. (En Zaragoza, por ejemplo, se estima que “vale” 1.500 euros).

Soy consciente de que no es igual el coste de la vida en Teruel que en Barcelona, o en San Sebastián, por ejemplo, pero no estamos hablando de eso, del IPC, sino del coste de una prestación profesional. Y así, de la misma forma que los procuradores, repito, tienen una única tabla de honorarios para toda España, con independencia del lugar dónde ejerza el profesional en cuestión, parece obvio que con los abogados debería de suceder lo mismo.

Pero hay otra serie de “privilegios”, realmente sorprendentes, y que entiendo son insostenibles, sobre todo cuándo uno tiene que pagarlos, y es un particular (parece evidente que sangro por la herida). Son los siguientes:

  1. La fijación unilateral, por parte del acreedor, del importe de la deuda, con un desconocimiento previo de su cuantía por parte del deudor.

Los “criterios” no se publican en los boletines oficiales, muchos colegios los tienen encriptados en sus webs de información, sólo son accesibles para los profesionales, etc., tal vez como forma de evitar que la gente se meta en pleitos, pues hoy por hoy, cuándo un cliente quiere pleitear, muchas veces dan ganas de decirle que si lo que quiere es que le jodan, que se vaya de putas, en vez de al juzgado (que encima es mucho más satisfactorio).

  1. Los honorarios se fijan por la totalidad del importe o valor de la demanda, no por el resultado obtenido.

Es decir, si un señor demanda el pago de 100.000 euros, y el juzgado estima parcialmente la demanda, pero sólo por 20.000 euros, se aplican los criterios relativos a los 100.000 euros, no a lo realmente obtenido…

Más o menos es como si cuando vamos a la carnicería y pedimos un kilo de ternera, el carnicero nos cobrara la ternera entera.

  1. Cuando el pleito no tiene señalada una cuantía, es decir es de cuantía inestimable, en el caso de los juicios verbales se valora en 6.000 euros, y en los procedimientos ordinarios en 18.000 euros, con independencia de que estén ejercitando una acción que realmente no tiene valor material alguno, y es más bien una pretensión de orden moral, inmaterial, relativo a tu derecho al honor, intimidad, propia imagen, ejercicio de un derecho de rectificación, etc.

Este criterio me parece también, dicho sea con todo respeto, un auténtico abuso de derecho.

  1. El único limite viene fijado por la ley de enjuiciamiento civil, que en su artículo 394, 3, limita las costas de la forma siguiente: “Cuando… se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados… una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso…”.

Es decir, que un verbal te sale por 2.000 euros, o un juicio ordinario por 6.000, que no está nada mal, amén de los derechos arancelarios del procurador, de los honorarios de los peritos, en su caso, de los suplidos (siempre exagerados), etc.

En resumen, un auténtico abuso de derecho, repito.

¿Qué hacen las subvencionadas asociaciones de consumidores consumidos, además de cobrar religiosamente esas subvenciones…, sin quejarse de esta situación? La verdad es que no lo entiendo, salvo que sean simples chiringuitos, más preocupados por su propia supervivencia que otra cosa, o “negocios” montados al estilo de Ausbanc.

En fin, termino ya, que tengo que ver de dónde saco el dinero para pagar una condena en costas que acabo de recibir, “producida” por dos desafortunadas sentencias de una jueza y una sección de audiencia provincial que no se han enterado todavía del cambio de criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la materia (asunto al que dedicaré otro articulo posterior, pues es evidente que el principio “iura novit curia” ha caído en desuso, no se si por