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EL ESPERPENTO CATALÁN

8 Sep

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Llevo dos días descentrado, cabreado, inquieto, preocupado… No sé qué me pasa, pero creo que los síntomas son claros y evidentes: me duele España.

La situación es realmente esperpéntica. El penoso espectáculo del “parlamento” catalán nos sitúa a la altura de Venezuela o Guinea Ecuatorial, y muy cerca de Taiwán, donde las sesiones terminan frecuentemente a hostia limpia…

La prepotencia, engreimiento, e ignorancia de la todavía presidenta, es de juzgado de guardia, y espero que pronto tenga que dar explicaciones como investigada.

Pero lo que más me molesta es el adormecimiento de la sociedad civil catalana, si es que en Cataluña todavía queda algo de sociedad civil… La gente pasa de todo, y por lo visto solo le preocupa llegar a final de mes, y poder pagar los próximos vencimientos de esas tarjetas de crédito de las que la mayoría hemos tirado tan alegremente estos meses de verano.

Pero los árboles no nos dejan ver el bosque. Y el bosque está en llamas, la convivencia ha saltado hecha pedazos, y las familias están divididas, totalmente divididas.

Hace poco me decía una primera hermana en una boda, aprovechando que estaba un poco “contenta”, que en su familia eran todos separatistas…, y al ponerle yo mala cara, y decirle que me parecía una barbaridad, me dijo que no me preocupa, que seguiríamos siendo primos. ¡Pues menos mal, pensé! Y me soltó la letanía del victimismo, que España nos roba, que los catalanes pagamos más impuestos de lo que recibimos, que no necesitamos a España para nada (el ochenta por ciento de los productos catalanes se venden en el resto de España), etc.

¿Quiénes son los culpables o corresponsables de esta situación? Pues hay varios:

  • Un tal Rajoy, que creo vive en La Moncloa, y que ha dejado que la situación se pudriera en los últimos seis años, a base de no hacer absolutamente nada, pensando que los problemas se solucionan solos. –
  • Zapatero, el inútil, el taimado, que les dijo a los catalanes que aprobaría el estatuto de autonomía que ellos quisieran, como así fue. Estatuto que tuvo que ser recortado por el Tribunal Constitucional, siete años y medio después, en un alarde de rapidez judicial…
  • El circo de los enanos catalán, cuyos nombres ni voy a citar, pues no tienen derecho ni a pasar a la historia. Su futuro es meramente penal, y han sido utilizados por Arturo Mas, el capataz de los Pujol, que son quienes han movido los hilos de este teatro de guiñol, primero comedia, pero ahora ya camino de ser un drama…, en el que no faltan ni los muertos, 16, por ahora.

El Gobierno de España, muy digno él, se dedica a echar balones fuera, encomendando al Tribunal Constitucional la solución del asunto, y encomendado al Fiscal General “del Gobierno” que proceda penalmente. Y así se hará.

Y este señor, que me parece muy digno y respetable, dicho sea de paso, “ordena” a la policía nacional, guardia civil y mozos de escuadra que retiren las urnas, persigan cualquier actuación que suponga un apoyo al referéndum, etc.

¿Pero está seguro de que los mozos de escuadra le obedecerán…? Yo no lo tengo tan claro.

Como no pongan a los guardias civiles o al CNI detrás de los mozos, vigilando todas y cada una de sus actuaciones –o falta de ellas- sobre el particular…

En definitiva, la democracia ha muerto en Cataluña, así como el Estado de Derecho, e incluso la propia Generalidad, cuya legalidad emana, no lo olvidemos, de la Constitución de 1978.

¿Qué problema hay pues, en aplicar el artículo 155 de la Constitución, y reconocer jurídicamente lo que ya es una situación de facto, de rebeldía y sedición…?

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RAJOY ES UN TRAIDOR, UN COBARDE O UN INÚTIL O LAS TRES COSAS

24 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Ante los graves sucesos ocurridos en Cataluña, y la total obstrucción por parte de los políticos separatistas y su brazo armado, los mozos de escuadra, a la leal colaboración del CNI, la guardia civil y la policía nacional, me asalta la duda de si Rajoy no será un traidor, un cobarde o un inútil… O las tres cosas.

En efecto, hemos tenido un ¿gobierno? Ausente, de vacaciones, pasando de todo, y sin hacer nada de provecho, además de salir en las fotos y sentir mucho lo sucedido. Como todo el mundo.

Lo cierto es que nuestro todavía Presidente del Gobierno dispone de amplios poderes para afrontar una situación de crisis como la actual, que afecta a la seguridad pública: la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

¿O es que alguien duda de que estamos ante una grave crisis, con atentados que pueden reproducirse pronto, y que rápidamente terminarían con la primera industria nacional, el turismo, por no hablar de las decenas o cientos de muertos que, Dios no lo quiera, podríamos sufrir…?

Voy a transcribir a continuación algunos apartados de la Ley, y que cada cual opine lo que estime oportuno. Pero para mí resulta obvio que el presidente ha hecho dejación de sus funciones, constitucionales y legales.

A un gobernante se le elige o nombra para que gobierne, y más en situaciones de crisis, no para que contemporice con todos y, sobre todo, con los independentistas catalanes.

Dice la Ley en su preámbulo: “…la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional…”.

Componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, art. 9, 2: “Los Servicios de Inteligencia e Información del Estado, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, apoyarán permanentemente al Sistema de Seguridad Nacional, proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización”.

  • Pero la Generalidad catalana se ha negado, en forma reiterada y sistemática, a colaborar…
  • Y el Presidente del Gobierno no ha hecho nada.

El art. 15 establece que corresponde al Presidente del Gobierno:

a). Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional.

c). Declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional.

– Si esta no es una “situación de interés”, ¿cuándo piensa el Presidente que estaremos en ese trance…?

Art. 24. Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional:

“1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto. (El Presidente no ha hecho absolutamente nada).

La declaración incluirá, al menos:

d). El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.

  1. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes (la Generalidad catalana y los Ayuntamientos de toda Cataluña, por ejemplo) de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia los Mozos de escuadra y la Guardia urbana), para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación.
  2. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional”.

– Rajoy no ha hecho absolutamente nada, pasando de todo.

Consiguientemente, y repito: ¿Rajoy es un traidor, un cobarde o un inútil…? O las tres cosas.

REFLEXIONES SOBRE LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

22 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Encabezar un artículo con la palabra reflexiones no es muy recomendable, sobre todo en un país con un porcentaje tan elevado de analfabetos funcionales, pero eso sí, que están en todas las redes sociales, y se creen muy listos pues saben buscan información por wasap.

Pero que son incapaces, en muchos casos, de entender lo que leen, y mucho menos de sintetizar, relacionar conceptos e ideas, distinguir lo anecdótico de la categoría, etc.

De cualquier forma como mis lectores –en el supuesto de que existan- son personas más formadas, me vienen a la cabeza varias ideas sobre los recientes atentados, que quiero hacer públicas, y que, por supuesto, están sometidas a debate:

1.-La actuación del gobierno de la Generalidad catalana ha sido… manifiestamente mejorable

Parece evidente que los mozos de escuadra no progresan adecuadamente, y que España no puede ni debe dejar en sus manos la seguridad nacional, en la lucha contra el terrorismo.

Nuestra primera empresa nacional es el turismo, y dos o tres atentados seguidos podrían llevarnos a una situación similar a la de Egipto o Túnez: la ruina caracolera.

2.- La “actuación” de los políticos catalanes produce vergüenza ajena.

Unos imbéciles, -y no es una calificación, sino una descripción-, que se empeñan en hablar al mundo en catalán, convencidos de ser el ombligo del género humano, con un idioma que solo es oficial en el Principado de Andorra, con 30.000 habitantes…

Pero eso sí, que rápidamente diferencian entre los muertos “de casa”, y los foráneos, del extranjero, entre los cuales parece ser que incluyen a los españoles…

3.- La tendencia a liquidar a todo el mundo de los mozos empieza a preocupar. Miedo me da acercarme a Cataluña, que cada vez se parece más al salvaje Oeste americano: primero se dispara, y después se pregunta.

Soy consciente de que la situación era la que era, pero un policía tiene que estar entrenado para disparar a partes no vitales del cuerpo, de forma que se asegura la neutralización del delincuente, su posterior detención, interrogatorios, puesta a disposición judicial, etc.

Esto lo saben hacer, y muy bien, los guardias civiles y policías nacionales…

¿Se imaginan ustedes como se hubieran puesto los pijo progres de haber sido la Guardia Civil quien hubiera liquidado a la práctica totalidad de los terroristas…?

¿Pueden decirnos de dónde piensan sacar información, ahora.ç

4.- Parece obvio que es necesario centralizar y unificar las competencias en materia de terrorismo.

Debería crearse una Secretaría de Estado Antiterrorista, con mando directo sobre el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional, de forma que las tres organizaciones trabajen de forma conjunta sobre la materia, bajo la dependencia directa del Ministro del Interior, y del Presidente del Gobierno.

Y dejar para los mozos de escuadra y la guardia urbana las infracciones de tráfico, y las multas a quienes rotulan en español, en España, que tiene cojones la cosa.

Los experimentos con gaseosa, como diría don Eugenio D’Ors, y puesto que están en juego nuestro prestigio internacional, la seguridad de los españoles y extranjeros, la primera industria nacional, que es el turismo, etc., el gobierno debe asumir todas las competencias sobre la materia.

Y al que no le guste, pues que se vaya a vivir a Andorra, que allí también se habla catalán, y que hagan copríncipe soberano a Jorge Pujol, el rey de los ladrones.

LOS GOLPES DE ESTADO DEL 23 DE FEBRERO DE 1981 Y DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017

21 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

A lo largo de mi vida he vivido dos golpes de estado en España: el del 23 de febrero de 1981, creo recordar, que me cogió realizando el servicio militar, y el nonato golpe de estado que encabeza la Generalidad catalana, es decir, una institución básica del Estado.

En el primero de ellos, un grupo de patriotas españoles, bien intencionados, pero posiblemente equivocados y, desde luego, engañados por el Rey, intentaron dar un golpe de timón a la catastrófica situación de nuestra Patria, que iba camino del desguace, en manos de una UCD totalmente dividida, con baronías territoriales que hacían de su capa un sayo.

Los asesinados terroristas se sucedían un día sí y otro también, e íbamos camino de los mil muertos e inválidos, la mayoría de ellos guardias civiles, que fue el cuerpo que más ha sufrido en sus carnes a estos criminales de la Eta.

Un teniente coronel de la guardia civil, creyendo obedecer las “órdenes” del Jefe del Estado (no olvidemos que uno de los cabecillas del golpe fue el 2º. Jefe del Cuarto Militar del Rey, nada menos), intentó que un gobierno militar se hiciera cargo de la situación, con la idea de acabar con el terrorismo etarra y poner freno a las pretensiones independentistas de algunas regiones de España…

Todos ellos cedieron sus armas, se entregaron voluntariamente, sin oponer resistencia, y penaron con muchos años de prisión los delitos cometidos. Y ello a pesar de la posibilidad ofrecida a los cabecillas de marchar al extranjero, con un avión que se había preparado y un maletín con trescientos millones de pesetas, para poder rehacer sus vidas, y vivir dignamente.

Prefirieron arrostrar las consecuencias de sus actos, con la caballerosidad propia de los generales, jefes y oficiales del Ejército Español.

Y en el caso de los suboficiales y miembros de la guardia civil, se entendio que era aplicable la eximente de obediencia debida, ya que los mentados oficiales lo primero que negociaron fue los derechos de sus subordinados, aceptando ellos toda la responsabilidad sobre lo sucedido, en un gesto que les honra, y les honrará siempre.

Pero lo que es importante destacar es que ninguna institución se rebeló contra los poderes constitucionalmente establecidos, sino que fue un grupo de personas, que creían actuar obedeciendo los deseos del Rey, para enderezar la situación.

Huelga decir que el Borbón, como siempre, les dejó a los pies de los caballos…

El nonato golpe de estado de la Generalidad catalana tiene una gravedad muy superior, pues es una de las Instituciones básicas del Estado la que se rebela contra el mismo.

En efecto, las comunidades autónomas son partes sustanciales del Estado, y están constituidas –en el caso catalán- “por provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes”, tal y como establece el art. 143 de la Constitución vigente, de 1978. Al presidente de la comunidad autónoma le corresponde –art. 152, 1- “la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”.

Es decir, que uno de los órganos básicos del Estado se dedica, desde hace años, a organizar un golpe contra el propio Estado del que emana toda su legitimidad política…

El Gobierno de PP, en un alarde de imbecilidad y cobardía manifiesta, ha dicho por boca de los portavoces oficiales del PP, que no piensa aplicar el artículo 155 de la Constitución, ¡por falta de tiempo!, y supongo que por razones de oportunidad o estrategia, suponiendo que esa recua de cobardes tenga alguna…

El art. 155, 1, de la Constitución establece que: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (como sucede en el caso que nos ocupa), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado (creo recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Un destacado político y patriota español, don Alejo Vidal-Cuadras, ex vicepresidente del parlamento europeo, nada menos, por el PP, y posteriormente casi eurodiputado por VOX, hace ya tiempo que propugna una solución consistente en hacer que los Mozos de Escuadra (el brazo armado de los separatistas catalanes) pasen a depender directamente del Gobierno de España, por mediación del Ministro del Interior, situando a su frente a un Director General, con rango de Teniente General o General de la División de la Guardia Civil, con su Estado Mayor, del mismo Cuerpo, formado por Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales.

Y el que no obedezca, expediente disciplinario, deducción de testimonio a la vía penal, y a la puta calle.

A grandes males, grandes remedios.

Una última conclusión: los golpistas de 1981 asumieron gallardamente y con hombría todas las responsabilidades penales y disciplinarias, y su principal –por no decir única- preocupación fue librar de responsabilidad alguna a todos sus subordinados, de teniente para abajo, mientras que estos políticos golpistas son unos cobardes, que tienen miedo a las consecuencias jurídicas de sus actos, y pretenden cargar todas las responsabilidades sobre la muy digna carrera de los funcionarios a sus órdenes, mozos de escuadra, etc.

Precisamente para salvar sus previsibles responsabilidades futuras, mi consejo jurídico es pedir todas las órdenes por escrito, y con registro de salida, firma y sello del político golpista responsable, etc.

¡Habrá que ir pensando en construir nuevas cárceles en Cataluña, pues van a hacer falta, de seguir así las cosas!

PENSIONES DE PRIVILEGIO PARA ALTOS CARGOS

17 Ago

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La crisis actual, una vez más, vamos a pagarla el pueblo llano, las clases pasivas, los funcionarios, y los contribuyentes en general –que somos todos- mediante el incremento del IVA y otros impuestos, que ya se anuncia…

La clase dirigente (por llamarla de alguna manera, aunque realmente habría que denominarla la clase inepta) se librará de la quema, y seguirá usando y abusando del Estado y las diversas Administraciones Públicas, en provecho propio. Y para muestra, un botón.

Al comienzo de la transición, esa que ahora se quiere enterrar, por mor de volver a las luchas fratricidas y enfrentamientos entre hermanos, que fueron el preludio de la guerra civil, se organizó una gran polémica con las pensiones vitalicias de que disfrutaban quienes habían sido ministros en los diversos gobiernos de Franco (alrededor de un centenar de personas), y que les permitían vivir con dignidad a quienes habían descuidado su vida profesional, o, simplemente, la habían abandonado, por el servicio público. Al final, y tras mucha polémica, se llegó a una solución de consenso, consistente en dejarles una paga durante dos años, que les permitiera rehacer su actividad laboral, una vez cesados, pues ya sabemos que aquí no dimite nadie o casi nadie.

¿Qué sucede ahora? Los socialistas introdujeron hace algunos años una modificación legal en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, en virtud de la cual todos los directores generales que hayan ocupado el cargo durante más de dos años, disfrutarán del complemento específico de alto cargo hasta que se jubilen, por el simple hecho de haberlo sido. Y una vez jubilados, pasan a disfrutar de la pensión máxima de nuestro generoso sistema de clases pasivas.

¿Y qué pasa con los profesionales liberales, empresarios, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, etc., que hayan sido nombrados directores generales, en los pocos casos en que es posible ocupar el cargo sin ser funcionario? Pues que se joroben… Ellos no tienen derecho alguno, una vez cesados, por no ser funcionarios.

Esta medida, claramente UN PRIVILEGIO PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS (y cargos asimilados a directores generales, delegados del gobierno, rectores de universidades públicas, etc.), pretendía compensarles por el esfuerzo y la dedicación al cargo. Rápidamente los ex directores generales de las 17 comunidades comenzaron a acudir a los tribunales, diciendo que ellos no eran menos directores generales que los de la administración central del Estado, y consiguieron idéntico beneficio…

Multiplíquese el número de ministerios –muchos de ellos inútiles- por los numerosos directores generales existentes en cada uno de ellos, las consejerías de las 17 comunidades autónomas por los varios altos cargos existentes en cada una, a un promedio de diez a quince departamentos por autonomía, el alrededor de medio centenar de universidades públicas, etc., y nos encontraremos con VARIOS MILES DE FUNCIONARIOS disfrutando del complemento específico de alto cargo, y camino de una jubilación millonaria, en su día.

¿Puede España seguir soportando este despilfarro? Evidentemente, NO.

(Las Cortes de Aragón han aprobado recientemente un Acuerdo, por unanimidad, faltaría más, por el que extienden este privilegio a sus 67 diputados. ¡Y es que con las cosas de comer no se juega! Por supuesto los podemistas fueron los primeros en votar a favor…).

AVALANCHAS DE CIENTOS DE MILES DE DEMANDAS AMENAZAN COLAPSAR LA JURISDICCIÓN CIVIL

11 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La existencia de varias “churrerías jurídicas” en nuestro país (puede verse mi artículo previo sobre el asunto), y el continuo latrocinio a que la banca nos somete a todos, así como los precedentes judiciales de varias sentencias en favor de los consumidores, nos indican que los juzgados civiles de toda España van a recibir en breve varios cientos de miles de demandas, que amenazan con colapsar la ya de por sí saturada jurisdicción civil.

Lo primero que me sorprende, y creo que a todos, es que la jurisprudencia en favor de los consumidores –o más bien “consumidos”- haya venido no de nuestro sistema jurisdiccional, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien es cierto que a instancia de algunos juzgados y tribunales españoles…

Sea como fuere, lo que está fuera de toda duda es que los españoles –y extranjeros resientes- estamos sufriendo numerosos abusos de los bancos y las antiguas cajas de ahorros, ahora reconvertidas en bancos, quienes siempre han contado con la sin par colaboración de dos clases de funcionarios públicos, muy peculiares, pues cobran por arancel, los notarios y los registradores de la propiedad, quienes nunca han puesto tacha alguna a cualquier cláusula abusiva de un contrato… ¡Una forma muy curiosa de “interpretar” su defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley, y, sobre todo, los derechos de los consumidores!

Tal vez habría que empezar a pensar en pagarles un sueldo, digno, pero sueldo, y que todos los ingresos de las notarías y registros de la propiedad y mercantiles pasen al Estado… No tiene ningún sentido que se hagan millonarios asumiendo escasos riesgos, y lo que es peor, sin cumplir con sus deberes de imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.

Pero dicho todo ello, hoy leo en varios diarios digitales jurídicos que el Tribunal Supremo ha dictaminado que hay que imponer costas a la banca, para evitar que las demandas contra estas entidades se conviertan en poco menos que ilusorias, al tener que gastarse el demandante la práctica totalidad reclamada en abogados y procuradores…

Celebro que el Tribunal Supremo piense así, pero yo sería partidario de retornar a la conciliación obligatoria, para que todos estos litigios pasasen primero por las manos de un Letrado de la Administración de Justicia, y solamente cuando la banca no se aviniera a “arreglarse”, y asumir la totalidad o por lo menos una buena parte del dinero reclamado, el Juez o Magistrado resolviera posteriormente el asunto, imponiéndoles las costas, por esta cerrazón a llegar a un entendimiento.

Seguramente sería una forma rápida de solucionar una buena parte de los cientos de miles de futuros litigios, ya que en esa fase de conciliación no habría costas para nadie y, de paso, daríamos trabajo a los Letrados, que hasta ahora han vivido realmente muy bien como Secretarios Judiciales.

LA PRESENCIA DE FOTÓGRAFOS EN LOS JUICIOS PENALES

6 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Después de la aprobación de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, comenzó a permitirse la presencia de fotógrafos en los juicios, un mundo que siempre había sido hermético a la publicidad, salvo algunos jueces estrella, que al final acabaron estrellados.

Se entendía que la justicia debe de ser pública, y que la mejor forma seria permitiendo la mayor publicidad posible a los juicios, para que la población se enterase de los mismos.

El CGPJ dictó algún Acuerdo sobre el particular, que ahora no tengo a la vista, pero que, en síntesis, consideraba que era bueno que los ciudadanos se enteraran de a quien se juzgaba, y porqué.

Se crearon unos gabinetes de prensa o comunicación social en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la misma forma que el propio CGPJ creó también su propio gabinete de información, situando a su frente a avezados profesionales…, aunque no siempre, y a este asunto dedicaré un próximo artículo.

Recientemente asistí a un juicio penal en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el pobre acusado fue reiteradamente fotografiado –más bien crucificado- por un avezado fotógrafo, al que alguien le abrió la puerta de la sala de vistas, antes de comenzar la vista propiamente dicha.

Esa misma tarde el diario Aragón Digital publicó la foto del acusado, y una amplia reseña del juicio, firmada por una periodista que obviamente asistió al juicio.

No esperó a que hubiera una sentencia condenatoria contra él, como hubiera sido lo lógico y procedente…, no fuera a ser que la realidad le estropeara una buena noticia.

El “único problemas” es que unos días después se dictó una sentencia absolutoria sobre este señor, pero eso no le supuso ningún problema ni al medio ni a la periodista: volvieron a la carga, publicando de nuevo todos los datos más escabrosos del caso, así como la fotografía del entonces acusado, y ahora absuelto, por si alguien no se había enterado todavía… ¡Y aquí paz, y después gloria!

¿A mí que coño me importa el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, si lo único que quiero es tener más audiencia, y ya sabemos que este tipo de noticias, propias del antiguo periódico “El Caso” son las que más interesan a una población formada mayoritariamente por ignorantes, envidiosos, cotillas y correveidiles?

Formulada la demanda correspondiente contra el citado medio, repito, Aragón Digital, su director, la periodista y el fotógrafo del diario digital, estos reciben copia de la demanda en la sede de la empresa, pero posteriormente su abogado presenta un escrito diciendo que no hay tal fotógrafo –al parecer, se ha evaporado-, y que las fotos en cuestión fueron obtenidas por la periodista que cubrió el juicio, lo que no es cierto, pero puede decir en su defensa lo que quiera, y es posible que el fotógrafo sea un freelance, que cobre a tanto la foto, y carezca de contrato de trabajo y seguros sociales, o sea autónomo, etc. (Cosas más raras se han visto).

Tras preguntar a la Audiencia Provincial correspondiente, la de Zaragoza, repito, contestan lo siguiente: “…se pone en su conocimiento que esta Audiencia no dispone de un registro de periodistas y fotógrafos acreditados, pudiendo obtener dicha información dirigiéndose al Gabinete de Comunicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Y en esas estamos.

Fotos, sí, pero asumiendo las responsabilidades que procedan en Derecho.

Para lo cual será preciso que los Tribunales o Juzgados correspondientes identifiquen debidamente a todos y cada uno de los fotógrafos actuantes, vamos, digo yo.