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EL FIASCO AUTONÓMICO ARAGONÉS

21 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Dentro de unos días celebraremos de nuevo el Día de Aragón, y creo es hora de poner sobre el papel más bien sobre el ordenador, la opinión que a muchos miles de aragoneses –seguramente cada vez a más- nos produce este curioso fenómeno del autonomismo español.

En el caso aragonés, que creo es trasladable a las 17 autonomías, y a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, una profunda decepción.

Creo que a muchos no nos parecen nada buenos los resultados.

Hemos conseguido hacer un país absolutamente ingobernable, pero que es un verdadero paraíso para los abogados y otras profesiones parecidas: 18 normativas legales y reglamentarias, la estatal y las 17 autonomías, de forma que no hay quien se aclare ante ningún asunto.

Tenemos 18 directores generales de carreteras por ejemplo, pero no podemos arreglar ninguna vía, pues no hay dinero.

También un SALUD en cada autonomía, pero un sistema sanitario que todavía sigue funcionando por la profesionalidad y competencia de los profesionales, no por los políticos que, en general, no saben ni lo que llevan entre manos.

Una gran cantidad de competencias compartidas entre dos o tres administraciones, que es “ideal” para cuándo pasa algo, y todo el mundo procura escurrir el bulto.

Un sobredimensionamiento de las administraciones públicas, pero eso sí, sin suprimir ningún ayuntamiento (aunque ya no quede población; si hace falta se empadrona a las ovejas y cabras, que para algo están); con 38 diputaciones provinciales que todos sabemos que no sirven para nada, pero que dan de comer a 60.000 empleados públicos; con un senado que es como la isla de los piratas, a donde van a parar todos los delincuentes políticos retirados, jubilados o echados de las poltronas regionales correspondientes… En fin, para que seguir, que me entra la depresión.

En Aragón estamos francamente contentos, sobre todo los políticos y aspirantes a serlo.

Hemos descubierto numerosos “yacimientos” de empleo:

  • 10 consejeros, creo recordar.
  • 66 directores generales (más o menos).
  • 67 diputados autonómicos o diputados aldeanos (para diferenciarlos   de los nacionales).
  • 100 asesores, más o menos, sólo en el gobierno regional.
  • 150 altos cargos en las 38 empresas públicas que creo todavía subsisten.
  • 1.500 empleados en dichas empresas, la mayoría ingresados en ella por rigurosa oposición, digo enchufe (en que estaría yo pensando).

En fin, para que seguir.

¿Van las cosas mejor que cuándo éramos parte de un estado centralista, en el que todas las decisiones importantes se tomaban en Madrid?

No, ni mucho menos.

Ahora hemos sustituido en centralismo madrileño por el centralismo zaragozano, y sino que les pregunten a los de Huesca y Teruel…

Todo ello mantenido por una población de escasamente 1.300.000 personas, de las que nativos o indios escasamente somos un millón, y el resto son extranjeros, la mayoría de los cuales han venido aquí para “disfrutar” de nuestro estado de bienestar, ayudas sociales, asistencia sanitaria gratuita (para ellos), etc., y que por lo tanto aportan bien poco para mantener toda esta estructura elefantiásica.

Y del millón de “indios”, una buena parte son personas jubiladas, con reducidos ingresos, y expuestas a la extorsión fiscal del impuesto de sucesiones, por ejemplo, para poder sostener todo este tinglado, que hace aguas por todas partes.

Pero eso sí, han aumentado nuestras posibilidades de colocación, digo de chupar del bote, sobre todo si somos políticos o empleados públicos:

Podemos ser directores generales, diputados autonómicos, asesores (pero solo los que no tengan ni puta idea de nada), y hasta consejeros.

El cargo de presidente queda reservado al más listo (no digo inteligente, sino listo, que es otra cosa), pillo y taimado de cada casa…

Todo lo que digo en tono jocoso, por desgracia debe entenderse como algo dicho con total seriedad.

Voy a ver si me tomo un carajillo de coñac, a ver si me ánimo un poco…

LAS DOS ESPAÑAS

12 Ene

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

         Creo que fue don Antonio Machado quien dijo aquello de “españolito que vienes al mundo, uno de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Corríjanme si me equivoco, pues escribo de oídas, que ya se sabe que la cultura es el rescoldo que queda de lo que se sabía…, después de haberlo olvidado.

         Pues bien, a lo que íbamos: hoy en día, y desde hace años, hay dos Españas en España. La España oficial, del todo va bien, la economía prospera, la macroeconomía va a mejor, el desempleo se reduce –dentro de cien años, todos calvos-, etc., y la España real, que basta con salir a la calle, escuchar las conversaciones ajenas, acudir a bares, preferiblemente de barrios, o a una oficina del INEM, y encontrarse con la triste y cruda realidad: las cosas no son como nos las cuentan, ni mucho menos.

         Los medios de comunicación social, la mayoría de ellos (y este diario es una honrosa excepción), se dedican a hacer de botafumeiros del partido en el poder, o mejor dicho, de los partidos en el poder, pues hay un tripartito rampante que nos mal gobierna: el PPPSOE (o el PSOEPP), con el acompañamiento coreográfico de Alberto Rivera y su alegre muchachada…

         No es cierto que la situación sea boyante, ni mucho menos. Sigue aumentando el paro, aunque cada vez hay más parados que ya pasan de inscribirse en el INEM, total, ¿para qué?, si ese inútil organismo no sirve ni para encontrar trabajo al 2% de quienes consiguen una colocación, la mayoría por relaciones personales, familiares o políticas. (Por no decir sexuales, que también, en muchos casos).

         La práctica totalidad de los organismos oficiales han hecho dejación de sus funciones, y sólo hay que ver lo sorprendidos que andamos todos estos días de ver que el Consejo de Estado le tira las orejas al gobierno “reinante”. ¡Que desfachatez! ¡Que falta de “respeto” al poder establecido! Con lo fácil que es hacer lo mismo que hacen el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General “del gobierno”, el Defensor del Pueblo, y no digamos el Justicia de Aragón, que no tengo ganas de descojonarme más…

         Hace años aquí lo único que funcionaba más o menos bien era ese diario tan serio llamado el BOE, editado en papel (hasta que llegó una directora general, socialista por más señas, y se dedicó a robar con las compras masivas de papel, a precios de escándalo), y la Guardia Civil.

         Publicado el BOE en formato digital, ya no es lo mismo, y sólo nos queda la Guardia Civil, con todos sus defectos, por supuesto, pero Dios quiera que dure muchos años.

         Lo cierto es que tenemos dos Españas: la de las televisiones, radios y periódicos, y la España real. Y sólo hay que salir a la calle para ver la gran divergencia entre ambas. Distanciamiento que además se va ampliando con el tiempo, por lo que no es de extrañar el asco que nos producen los políticos a la gran mayoría de los españoles honrados.

         Podrán robarnos, pero por lo menos que no se rían en nuestras narices, intentando que comulguemos con ruedas de molino.

         La realidad es muy simple: los españoles de a pie, es decir los no políticos o funcionarios, estamos mal, pero vamos a peor.

UN CONSEJO DE ESTADO DIGNO DE TAL NOMBRE

6 Ene

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

         Hace varios años publiqué en varios diarios digitales un artículo titulado “Calidad en el Consejo de Estado”, criticando la incorporación al mismo de Zapatero, Rodríguez Ibarra, Teresa Fernández de la Vega y otros ilustres ignorantes jurídicos…

         Lo he buscado en internet pero no lo encuentro. Supongo que habrá sido borrado o desplazado por otros artículos más recientes. De cualquier forma está publicado en uno de mis libros, y si alguien quiere verlo –por casualidad-, con gusto le daré la referencia correspondiente.

         Viene esto a cuento del reciente dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo de España, donde, como no podía ser menos, pone los puntos sobre las íes de la responsabilidad, política y administrativa, del Ministerio de Defensa sobre la contratación de unos aviones desahuciados para transportar a nuestros militares destinados a misiones internacionales, con un grave riesgo para sus vidas, como por desgracia sucedió.

         Que todo un Ministro de Defensa, además del gremio, Comandante Jurídico de la Armada, creo recordar, fuera incapaz de reconocer responsabilidad alguna, siquiera in vigilando, in delegando, o in tocándose las pelotas, dice mucho de su sentido de la honorabilidad y de la responsabilidad, o más bien de la falta de tales atributos propios de cualquier persona bien nacida, hombre o mujer.

         Ignoro la fecha en que se solicitó el dictamen al Consejo de Estado, y no creo que fuera hace catorce años, nada menos… Es cierto que el Consejo necesita tiempo para emitir sus dictamines, pues se estudian primero por los Letrados, posteriormente se debaten en las Secciones, y, en su caso, van al Pleno, pero es evidente que han podido tardar unos meses, o incluso un año, en emitir su dictamen, pero nunca catorce años.

         De cualquier forma, el Consejo de Estado con este dictamen ha demostrado ser lo que se espera de él: un Consejo de Estado, que está por encima del gobierno de turno y de los partidismos, defendiendo los intereses generales de España y de los españoles, entre los cuales ocupan un lugar destacado, siempre presentes en nuestros corazones, los 62 militares que dieron su vida por España.

         Y que fueron tratados a patadas por Trillo y sus mariachis, es decir, los pelotas de turno, que tanto abundan alrededor de los políticos, cual moscas en un estercolero.

         No creo que don Federico aspire a volver a ocupar cargo político alguno, como no sea la presidencia de su comunidad de vecinos, y eso cuándo le toque por turno rotatorio, pero es evidente que perdió una magnífica oportunidad de dimitir, y quedar como un señor.

         Ahora, con sus últimas declaraciones, y siento decirlo, se está comportando como un mierda (dicho sea como crítica política, nunca personal), totalmente insensible ante el profundo dolor de los familiares de las víctimas agravado además por sus continuos desplantes, y huidas hacia adelante, o más bien hacia ninguna parte.

         Y el Consejo de Estado, y no me duelen prendas de reconocerlo, se ha comportado como no saben, quieren o pueden comportarse otras Instituciones teóricamente al servicio del Estado, y no del partido en el gobierno: el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo, por ejemplo.

        Ahora, para acabar de dignificar al Consejo de Estado, sólo hace falta que reformen la Ley del mismo, para poder desprenderse de esa carga inútil que soportan, supongo que con resignación, de iletrados jurídicos, incorporados por vía de reconocer el “derecho” a pertenecer al mismo a los ex presidentes del gobierno (en una reforma de la ley auspiciada por el propio Zapatero, tonto, pero que fábrica chollos, en su propio beneficio), o por la vía de la incorporación de ex presidentes de comunidades autónomas (caso de Rodríguez Ibarra), o echando previamente a un muy digno Consejero ¡nombrado por Franco!, pero que pese a su provecta edad, acudía todos los días al Consejo, y despachaba informes y expedientes…

         En otras palabras: salvo excepciones, el Consejo de Estado tiene una gran calidad, y ahora sólo hace falta que procedan a “limpiarlo” de ignorantes jurídicos e iletrados en general.

         ¡Y pónganse todos en posición de firmes, que vuelve el ex Ministro de Defensa a su plaza de Letrado! Claro que, como la práctica totalidad de sus compañeros, suponemos que trabajará desde su casa, o desde el despacho familiar de abogados, que España es ansí.

LAS ABUSIVAS MULTAS DE TRÁFICO

5 Ene

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

En muy escasas ocasiones de mi vida he sido sancionado por problemas de Tráfico, y debo decir que siempre con una exquisita corrección por parte de los Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y con razón, además.

Pero e los últimos tiempos proliferan las multas impuestas por radares, situados estratégicamente, y que lo único que persiguen es incrementar la recaudación del Estado, más que prevenir accidentes o comportamientos incívicos.

Y que, además, imponen unas sanciones muy elevadas, y más en estos tiempos de carestías económicas, sin ser proporcionales a los ingresos del presunto infractor, pues no es lo mismo una multa de 300 euros para un señor que cobra 3.000 euros al mes, que para un perceptor del salario mínimo actual, 707 euros, o para un subsidiado por desempleo, que cobra 426 euros mensuales… Es algo tan obvio que no hace falta dedicar más tiempo a exponerlo.

Pues bien, acabo de ver un caso realmente sangrante, que me ha parecido totalmente abusivo, por no decir un latrocinio, por parte de Tráfico, y su famoso centro “recolector” de dinero público, situado en León, la tierra natal del impar presidente Zapatero. ¡Y menos mal, pues España no podría soportar dos inútiles como él!

Un señor mayor, un hombre del campo, sale de Graus, localidad ribagorzana, carretera de Benasque, (ambas localidades en la provincia de Huesca (, rumbo a una gasolinera de autoservicio, de esas dónde te ahorras unos céntimos por litro de combustible.

Pues bien, a la salida de la población, un radar colocado con muy mala leche en el punto donde termina el casco urbano y empieza la carretera nacional, fotografía su vehículo, a una velocidad ligeramente superior a la que podría circular por el caso urbano, y le “obsequian” con una multa por 300 euros, que es más de la mitad de la pensión que recibe, como trabajador autónomo de la agricultura, que es de 507 euros, creo recordar.

A Tráfico le da igual.

No sólo eso, sino que le indican que tiene que identificar al conductor del vehículo en un plazo establecido reglamentariamente.

Este señor, de casi 80 años, que conduce el coche de su propiedad, asume que deberá de pagar la multa de 300 euros, con una reducción del 50% si la abona en periodo voluntario, y espera pacientemente a que le envíen la carta o impreso para hacer el pago…, pero lo que recibe es una nueva sanción –esta sin descuento alguno-, “por no haber identificado al conductor”, de 900 euros, es decir, prácticamente dos meses de pensión, o la totalidad de lo cobrado en diciembre de 2016 entre la jubilación ordinaria y la paga extraordinaria…

¿Pero en que país vivimos?

Si yo conduzco el coche de mi propiedad, segura do a mi nombre, y asumo que he cometido una infracción, ¿qué necesidad tengo de identificar a nadie? No se trata de desobediencia alguna, sino simplemente de que uno se aquieta con la multa, asume que ha cometido una infracción y espera que le manden la carta de pago para hacer el abono correspondiente, y aquí paz y después gloria.

Vivimos en un Estado extorsionador de los ciudadanos, a los que cada día da menos servicios públicos, que te cobra y recobra por todo, a través de tasas, precios públicos, y conceptos tributarios realmente escandalosos, y que necesita dinero para mantenerse en pie. Él, los 500.000 políticos a sueldo, y los 3.500.000 empleados públicos… Esa es la realidad. ¡Y hay que sacar dinero de donde sea!

No me extraña que siga aumentando la siniestralidad en las carreteras, que no se arreglen pues no hay dinero para ello, que cada vez circulen más vehículos sin haber pasado la ITV o sin el seguro obligatorio… Todo eso a Tráfico le da exactamente lo mismo. A ellos lo único que les interesa es recaudar cada vez más dinero.

De cualquier forma, podemos estar contentos. Estamos disminuyendo el paro. Tenemos 18 directores generales de carreteras, uno estatal y 17 autonómicos, todos con sus coches oficiales, chóferes, jefes de gabinete, asesores, y hasta alguna putilla que otra como “personal de confianza”.

España va bien, porque lo dice Rajoy. Y no hay más que hablar, que es usted un fascista de mucho cuidado

DOS JUSTICIAS DISTINTAS

5 Ene

Ramiro GRAU MORANCHO

Jurista y escritor. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Dicen que la medida de la democracia es la existencia de un poder judicial independiente. Y digo poder judicial, no fiscalía, que no deja de ser un apéndice del poder ejecutivo, y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más.

En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia…, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales –que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.

Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir “a dedo”, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general.

Al mismo tiempo que el panorama que narro, que es vergonzoso y lamentable, se está desarrollando una justicia de dos velocidades:

JUSTICIA RÁPIDA cuando se trata de privar al ciudadano de derechos, ingresarle en prisión provisional, juzgarle y condenarle casi sin instrucción, y con escasas posibilidades de defenderse, obteniendo conformidades con la rebaja de un tercio de la condena, etc.

JUSTICIA LENTA, cuando es el vasallo, el súbdito quien tiene la osadía de pedir cuentas a quienes gobiernan, y recurre una resolución administrativa cualquiera. Y no voy a hablar de los muchos años que tardaron en crearse los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, pese a estar previstos legalmente desde trece años antes, sino del mal funcionamiento de una buena parte de estos Juzgados, saturados de procedimientos y con un reducido número de órganos, claramente insuficientes, parece como buscado a propósito para que los litigios de los siervos se conviertan en papel mojado.

Y para muestra dos casos: recientemente he tenido que formular sendas demandas ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en procedimientos abreviados, es decir que comienzan con la presentación de la demanda, y únicamente se recaba el expediente administrativo y se cita a las partes para el juicio verbal correspondiente. En uno de los casos la citación es a tres años y medio de la presentación de la demanda, y en el otro a cuatro años vista…

¿Está es la Justicia que tenemos? ¿Qué le importará al justiciable la Sentencia que se dicte a los cinco años de haber comenzado el pleito…, en el hipotético supuesto de que la Administración no recurra en apelación y fácilmente tarde un par de años más en resolverse el asunto? Por no hablar de la ejecución, que ya es para echarse a llorar, al quedar totalmente en manos de la Administración condenada su realización. Y, por supuesto, sin que se derive responsabilidad alguna hacia el político o funcionario autor de la tropelía, que seguramente ya ni siquiera estará ocupando el cargo correspondiente. ¡Faltaría más! Somos un país regido por personas irresponsables, jurídicamente hablando, y así nos va.

Puesta esta anómala situación en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, y tras meses de espera, recibo un simple acuse de recibo que me informa de que la Comisión Permanente ha acordado incoar diligencias informativas. Y hasta hoy, pues de ello hace ya varios meses.

En resumen, tenemos una administración de justicia que no nos merecemos. Y no olvidemos que como decía el Conde de Romanones en su “Breviario de Política Experimental”: “No hacer justicia a tiempo debiera considerarse como grave delito. Tales son los estragos que produce. Porque omitir la justicia es confirmar la injusticia. En lo individual y en lo social”.

Pasado el medio siglo, y cuando uno ya está de vuelta de muchas cosas, reafirmo mi creencia en la Justicia Divina, pues la humana deja mucho que desear, al menos en España.

 

 

Ramiro GRAU MORANCHO,

Jurista y escritor.

www.ramirograumorancho.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del bazar chino “El chollo Aragón”

9 Sep

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Profesor Universitario de Derecho, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

Artículo anterior sobre el caso:El juzgado contencioso uno condena al ayuntamiento de Zaragoza por incumplir la legislación urbanística.

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

El juzgado contencioso-administrativo ordena al Ayuntamiento de Zaragoza el cierre del bazar chino Chollo Aragón, por sentencia judicial firme.

Ganemos Zaragoza tiene que limpiar la gerencia de urbanismo.

En Zaragoza han ganado las elecciones, tanto municipales como autonómicas, una amalgama de partidos de izquierdas, con la idea, que comparto, de limpiar las Instituciones. Y en alguna de ellas incluso habría que desinfectar las instalaciones, para prevenir nuevos brotes de presunta corrupción y desenfreno administrativo.

Si el Ayuntamiento de Zaragoza quiere limpiar alguna de sus entidades dependientes, le sugiero que empiece por la Gerencia de Urbanismo.

En primer lugar, deberían contestar a los escritos, quejas, denuncias, etc., que reciben, pues son tan opacos como Hacienda o la Confederación Hidrográfica del Ebro, por ejemplo.

La época de los súbditos ya pasó, y los ciudadanos contribuyentes que pagamos los salarios de los empleados públicos, muchas veces a cambio de nada, tenemos derecho a ser tratados con educación, tal y como prescribe la Ley 30/92, por ejemplo.

También podrían darles unas charlas de reciclaje jurídica, para que se enteren de que en un Estado de Derecho ellos no pueden hacer lo que les de la gana, no sabemos si gratis et amore o con dádivas de por medio, y que por encima de la administración está el poder judicial, como consagra el artículo 106 de la Constitución vigente.

Que no estaría de más suspender la tramitación de un expediente administrativo, o solicitud de licencia, cuándo hay un recurso contencioso-administrativo interpuesto sobre el particular.

Y que tampoco se pueden dar licencias sin ejecutar las obras que se estiman obligatorias para poder otorgar la licencia a un gigantesco bazar chino, sobre todo cuándo encima viven varios centenares de personas, que carecen de escalera de incendios o de cualquier otra forma de poder salir del edificio si se produce un simple cortocircuito, subida de tensión, etc., que envuelva el llamas el inmueble…

La única salida es la escalera de las casas que están construidas sobre la superficie de dicho bazar, por lo que caso de producirse un siniestro, a ver como logramos sobrevivir…a la desidia de los funcionarios correspondientes.

Es evidente que los actos administrativos deben ejecutarse voluntariamente por el interesado, o subsidiariamente por el propio Ayuntamiento, que para eso tiene una Policía Local, y la facultad de ejecutar sus propias resoluciones administrativas firmes.

Que poner una sóla multa de 600 euros, el mínimo legal posible, durante nada menos que once años de ilegalidad, me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos. ¿O es que al ser chinos tienen bula para poder hacer lo que les de la gana…?

Por último, que una vez terminada la vía contencioso-administrativa, puede abrirse la penal, pues parece evidente que hay funcionarios, altos funcionarios, que tendrán que explicar la legalidad, o no, de sus acciones. Y tendrán que reabrirse las Diligencias Previas 1693/2014, en las que se decretó el archivo provisional de la causa, basándose en que: “De la exposición de hechos que obra en la denuncia no se infiere que exista una ilegalidad “evidente”, “patente”, “flagrante”, “clamorosa”, “grosera”, que haya sido cometida “a sabiendas” por responsables del Área de Urbanismo, Infraestructuras y vivienda y Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, como exige el tipo penal de prevaricación administrativa” (razonamiento jurídico único, in fine).

Y, en el colmo del despropósito, por no decir de la sinvergonzonería, el Servicio de Disciplina Urbanística acaba de enterarse ahora, con sólo 11 años de retraso, de que “resulta acreditado el ejercicio de dicha actividad careciendo de la preceptiva licencia” (Oficio de 4 de septiembre de 2015, registro de salida núm. 33745).

Pero no hay problema. Se requiere al ciudadano chino interesado “para que en plazo de DOS MESES solicite licencia para actividad de venta de artículos”, advirtiéndole que “Si se solicita la licencia requerida” podrá ser sancionado, previa instrucción del correspondiente expediente sancionador”, con una multa de 600 Euros. Que es, posiblemente menos, que las ventas realizadas en un día cualquiera…

Algunos deben pensar que: “al fin y al cabo, no estamos aquí para exigir que se cumpla la legalidad, como tampoco la Policía Local está para vigilar los locales que carecen de licencia de apertura… ¡Qué bastante trabajo tenemos con sancionar a los españoles cómo para tener que ocuparnos también de los chinos!”.

En fin, vivir para ver. Veremos que dice el juzgado de instrucción correspondiente, en su caso y en su día.

Como todavía quedan jueces dignos de tal nombre, y tras obtener una sentencia que estima totalmente la demanda, y haber adquirido firmeza, a instancia del que suscribe, no le ha quedado otro remedio al Ayuntamiento de Zaragoza que ordenar a la Policía Local la ejecución de dicha Sentencia, que se materializó el pasado día 2 de agosto… Pese a lo cual, los titulares del bazar han tenido la desfachatez de presentar un escrito en Urbanismo diciendo que “cierran voluntariamente” (no se que entenderán ellos por voluntario), y de colocar unos letreros en las puertas del local, escritos con un pésimo español, dónde dicen que “cierran por reformas”…

En otras palabras, el Derecho es un poderoso instrumento para conseguir que se cumpla la legalidad, y alcanzar la justicia humana, aunque no siempre se consiga. Sobre todo cuándo hay actuaciones irregularidades o vías de hecho consistentes en no hacer nada, con una absoluta y total dejación de las funciones legalmente encomendadas, a excepción de cobrar a fin de mes.

La silenciosa invasión china

8 Sep

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Profesor Universitario de Derecho, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

 Confieso que no soy racista ni xenófobo, aunque vista la política gubernamental al respecto, ganas no me faltan. Y recuerdo mucho al desaparecido don Jesús Calderón, supuesto ideólogo del PSOE (que Dios nos coja confesados) cuando decía que hacían falta varios millones más de extranjeros en España…

Más de un 15% de la población “legal” residente en España es extranjera, pero muchos autores cifran en un porcentaje similar los extranjeros no regularizados –por no decir ilegales-, lo que supondría como mínimo un 20%, es decir, alrededor de 8.000.000 de personas, que se dice pronto. Eso si no son más, pues el número de irregulares es imposible conocerlo.

Pero lo que más me preocupa es la invasión de los chinos, la silenciosa invasión que vienen haciendo de nuestra Patria, que al paso que vamos acabará siendo la china pequeña de Europa.

Y no se trata sólo de los típicos restaurantes chinos, que proliferan casi tanto como los españoles –y a precios muy similares, que todo hay que decirlo-, sino las tiendas de todo tipo de objetos imaginables, y, sobre todo, las cafeterías. No hay bar que se traspase que no sea tentado por los chinos, y tras el regateo correspondiente, se paga con un maletín lleno de billetes de quinientos euros, en efectivo, sin crédito alguno.

¿Quién financia estas operaciones? Mucho nos tememos que la mafia china, y vamos a decir las cosas claramente.

Por no hablar del sector de la prostitución, que según cuentan está siendo tomado por las chinas, debidamente controladas y vigiladas por los encargados correspondientes, es decir, no señoritas independientes, que “trabajan” por su cuenta, sino personas explotadas, sometidas a presiones, y posiblemente desprovistas de su pasaporte y documentos que les impidan huir o denunciar su situación.

Se dice –y no lo se con certeza- que los chinos se benefician de incentivos fiscales a la inversión extranjera, y durante varios años disfrutan de un régimen tributario especial. Y posteriormente van cambiando los negocios de nombre o de empresa, para seguir pagando pocos o nulos impuestos en España… Agradecería que alguien que conozca el asunto con más detalle escribiese al respecto, para general conocimiento.

Por no hablar de la casi inexistencia de muertes de chinos. Estadísticamente esta comprobado que suele fallecer por causas naturales un 1% de la población, aproximadamente. Hace unos años publicaba el diario “El Mundo” que de un colectivo legalizado de cien mil chinos en Madrid, únicamente se habían producido siete defunciones, creo recordar, por lo que las cifras no cuadran. Es posible que todos los que vengan sean jóvenes, y su porcentaje de fallecimientos sea inferior, pero lo que es evidente es que algo raro sucede con los muertos. Y con sus documentos. Pues, ¿alguien es capaz de distinguir a un chino de otro de edad similar?

Se dice que no piden créditos, que escasamente acuden a los bancos, y que tampoco utilizan nuestro (penoso) sistema judicial. Tan sólo en dos ocasiones he visto a chinos en juicios, y en ambas para retirar las denuncias previamente formuladas a la fuerza, ante la actuación policial “de oficio”, es decir, por llamadas telefónicas de ciudadanos españoles, no de los propios chinos, que solucionan sus problemas “en casa y en familia”, sabe Dios como.

En resumen, algo huele a podrido, y no en Dinamarca, precisamente, sino en España. Convendría que el gobierno -¿pero que se puede esperar de estos incompetentes?- limitase la entrada de chinos en España, y controlase debidamente sus negocios, sobre todo laboral y fiscalmente.

Bienvenidos sean los chinos, siempre y cuando se dediquen a actividades legales, y paguen los impuestos correspondientes, como cualquier español.