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AVALANCHAS DE CIENTOS DE MILES DE DEMANDAS AMENAZAN COLAPSAR LA JURISDICCIÓN CIVIL

11 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

La existencia de varias “churrerías jurídicas” en nuestro país (puede verse mi artículo previo sobre el asunto), y el continuo latrocinio a que la banca nos somete a todos, así como los precedentes judiciales de varias sentencias en favor de los consumidores, nos indican que los juzgados civiles de toda España van a recibir en breve varios cientos de miles de demandas, que amenazan con colapsar la ya de por sí saturada jurisdicción civil.

Lo primero que me sorprende, y creo que a todos, es que la jurisprudencia en favor de los consumidores –o más bien “consumidos”- haya venido no de nuestro sistema jurisdiccional, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien es cierto que a instancia de algunos juzgados y tribunales españoles…

Sea como fuere, lo que está fuera de toda duda es que los españoles –y extranjeros resientes- estamos sufriendo numerosos abusos de los bancos y las antiguas cajas de ahorros, ahora reconvertidas en bancos, quienes siempre han contado con la sin par colaboración de dos clases de funcionarios públicos, muy peculiares, pues cobran por arancel, los notarios y los registradores de la propiedad, quienes nunca han puesto tacha alguna a cualquier cláusula abusiva de un contrato… ¡Una forma muy curiosa de “interpretar” su defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley, y, sobre todo, los derechos de los consumidores!

Tal vez habría que empezar a pensar en pagarles un sueldo, digno, pero sueldo, y que todos los ingresos de las notarías y registros de la propiedad y mercantiles pasen al Estado… No tiene ningún sentido que se hagan millonarios asumiendo escasos riesgos, y lo que es peor, sin cumplir con sus deberes de imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.

Pero dicho todo ello, hoy leo en varios diarios digitales jurídicos que el Tribunal Supremo ha dictaminado que hay que imponer costas a la banca, para evitar que las demandas contra estas entidades se conviertan en poco menos que ilusorias, al tener que gastarse el demandante la práctica totalidad reclamada en abogados y procuradores…

Celebro que el Tribunal Supremo piense así, pero yo sería partidario de retornar a la conciliación obligatoria, para que todos estos litigios pasasen primero por las manos de un Letrado de la Administración de Justicia, y solamente cuando la banca no se aviniera a “arreglarse”, y asumir la totalidad o por lo menos una buena parte del dinero reclamado, el Juez o Magistrado resolviera posteriormente el asunto, imponiéndoles las costas, por esta cerrazón a llegar a un entendimiento.

Seguramente sería una forma rápida de solucionar una buena parte de los cientos de miles de futuros litigios, ya que en esa fase de conciliación no habría costas para nadie y, de paso, daríamos trabajo a los Letrados, que hasta ahora han vivido realmente muy bien como Secretarios Judiciales.

LA PRESENCIA DE FOTÓGRAFOS EN LOS JUICIOS PENALES

6 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Después de la aprobación de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, comenzó a permitirse la presencia de fotógrafos en los juicios, un mundo que siempre había sido hermético a la publicidad, salvo algunos jueces estrella, que al final acabaron estrellados.

Se entendía que la justicia debe de ser pública, y que la mejor forma seria permitiendo la mayor publicidad posible a los juicios, para que la población se enterase de los mismos.

El CGPJ dictó algún Acuerdo sobre el particular, que ahora no tengo a la vista, pero que, en síntesis, consideraba que era bueno que los ciudadanos se enteraran de a quien se juzgaba, y porqué.

Se crearon unos gabinetes de prensa o comunicación social en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la misma forma que el propio CGPJ creó también su propio gabinete de información, situando a su frente a avezados profesionales…, aunque no siempre, y a este asunto dedicaré un próximo artículo.

Recientemente asistí a un juicio penal en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el pobre acusado fue reiteradamente fotografiado –más bien crucificado- por un avezado fotógrafo, al que alguien le abrió la puerta de la sala de vistas, antes de comenzar la vista propiamente dicha.

Esa misma tarde el diario Aragón Digital publicó la foto del acusado, y una amplia reseña del juicio, firmada por una periodista que obviamente asistió al juicio.

No esperó a que hubiera una sentencia condenatoria contra él, como hubiera sido lo lógico y procedente…, no fuera a ser que la realidad le estropeara una buena noticia.

El “único problemas” es que unos días después se dictó una sentencia absolutoria sobre este señor, pero eso no le supuso ningún problema ni al medio ni a la periodista: volvieron a la carga, publicando de nuevo todos los datos más escabrosos del caso, así como la fotografía del entonces acusado, y ahora absuelto, por si alguien no se había enterado todavía… ¡Y aquí paz, y después gloria!

¿A mí que coño me importa el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, si lo único que quiero es tener más audiencia, y ya sabemos que este tipo de noticias, propias del antiguo periódico “El Caso” son las que más interesan a una población formada mayoritariamente por ignorantes, envidiosos, cotillas y correveidiles?

Formulada la demanda correspondiente contra el citado medio, repito, Aragón Digital, su director, la periodista y el fotógrafo del diario digital, estos reciben copia de la demanda en la sede de la empresa, pero posteriormente su abogado presenta un escrito diciendo que no hay tal fotógrafo –al parecer, se ha evaporado-, y que las fotos en cuestión fueron obtenidas por la periodista que cubrió el juicio, lo que no es cierto, pero puede decir en su defensa lo que quiera, y es posible que el fotógrafo sea un freelance, que cobre a tanto la foto, y carezca de contrato de trabajo y seguros sociales, o sea autónomo, etc. (Cosas más raras se han visto).

Tras preguntar a la Audiencia Provincial correspondiente, la de Zaragoza, repito, contestan lo siguiente: “…se pone en su conocimiento que esta Audiencia no dispone de un registro de periodistas y fotógrafos acreditados, pudiendo obtener dicha información dirigiéndose al Gabinete de Comunicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Y en esas estamos.

Fotos, sí, pero asumiendo las responsabilidades que procedan en Derecho.

Para lo cual será preciso que los Tribunales o Juzgados correspondientes identifiquen debidamente a todos y cada uno de los fotógrafos actuantes, vamos, digo yo.

EL REY DICE QUE CARECE DE LEGITIMIDAD PARA OCUPAR EL TRONO, PERO NO RENUNCIA A ÉL

30 Jun

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Ayer me quedé estupefacto cuando oí al rey actual decir que el régimen de Franco era una dictadura, y que no tenía legitimación alguna para ocupar el poder…, haciendo suya la “interpretación” de la historia del rojerío campante.

De ser consecuente con esa afirmación, debería haber ido un poco más allá, y presentar, sin solución de continuidad, su renuncia a la Corona, pues es evidente que la Jefatura del Estado, que ha heredado de su padre, don Juan Carlos I, en extrañas circunstancias, dicho sea de paso, emana precisamente de esa legitimidad franquista a la que hace ascos.

Lo contrario es ser un progre de salón, monárquico en la intimidad, pero republicano en familia, y no vamos a traer ahora al pairo las veleidades republicanas de su todavía esposa, que también.

Una monarquía que se aleja cada día más del pueblo, dadas las extravagancias de su cónyuge, y el poco contenido intelectual del monarca, que vive totalmente aislado, y que prescinde de los grupos sociales que le podrían apoyar (la Iglesia, el Ejército, y las personas decentes, que somos la mayoría), va cavando, poco a poco, su propia fosa.

¡Lo que realmente me extraña es que no salgan a celebrar el “día del orgullo gay”, para que el populacho sepa que son tan horteras como ellos…

El régimen franquista se sustentaba sobre las denominadas siete leyes fundamentales, una de las cuales era la “Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. En virtud de la misma se establecía que España era una monarquía, pero no es que se restaurara la monarquía borbónica, sino que Franco instauró una nueva monarquía, en la que eligió “a dedo” rey a don Juan Carlos, como podría haberlo hecho con don Alfonso de Borbón y Dampierre, por ejemplo, de haber ennoviado antes con su nieta, la Isabel II del franquismo…

A don Juan Carlos no le importó, en absoluto, darle la patada en el culo a su padre, don Juan de Borbón, ese a quien don Luis María Ansón, siempre tan lameculos, llamaba Juan III, en la portada del ABC, que uno todavía tiene algo de memoria.

Posteriormente don Juan, con bastante más crédito intelectual y moral que su hijo, renunció a la jefatura de la Casa de Borbón, pues aunque el Rey era el Rey –nombrado por Franco, dicho sea de paso-, él seguía ostentando la Jefatura de la familia Borbón, o más bien de esa rama de los Borbones, y recibió en compensación el nombramiento de Conde de Barcelona, uno de los títulos propios de la Casa Real, que ya venía utilizando desde siempre, dicho sea de paso.

Pues bien, su ilustre nieto, o no tan ilustre, y sobre todo poco leído, para congraciarse con el rojerío rampante, y aconsejado sabe Dios por quien, ha optado por desligarse totalmente del régimen franquista, del que emana toda su legitimidad…, pero eso sí sin renunciar al Trono, que con las cosas de comer no se juega.

Lo cierto es que los españoles, pueblo soberano, por lo menos en teoría, nunca hemos votado si queremos una monarquía o una república, y que al votar la Constitución de 1978 se incluyó en varios de sus artículos que España era una monarquía, pero sin preguntar previamente si preferiríamos república o monarquía.

Es decir, se legitimó, de una forma indirecta, tramposa y saducea, un régimen monárquico impuesto por el General Franco.

Y es de ese mismo régimen franquista del que el “heredero” del “heredero” (Don Juan Carlos I), ahora ha abjurado.

Dicho lo cual, no sé qué coño hace todavía sentado en el Trono…

ABOGADOS DEL ESTADO (I Y II): I.- Y PUERTAS GIRATORIAS. 2.- EMPLEOS PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS (II)

15 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com

ABOGADOS DEL ESTADO Y PUERTAS GIRATORIAS

Ramiro Grau Morancho

Si hay un cuerpo realmente pernicioso en la administración española es el de los abogados del estado. Unos juristas con una gran preparación, que todo hay que decirlo, pero que acostumbran a mirar por encima del hombro a los demás abogados, y hasta a los jueces y fiscales.

Unas personas a las que les cabe el Estado en la cabeza, o más bien la gran cantidad de normas legales que dificultad la vida de los 47 millones de españoles… Y que confunden memoria con inteligencia.

Pero que listos lo son, y un rato largo. Desde la actual ministra de defensa, que evidentemente no tiene ni puta idea de temas militares, o la vicepresidenta, tan espabilada para colocar a su marido, también abogado del estado, faltaría más, en Telefónica, con un sueldo millonario. (El marido de la primera se dedica a turbios negocios, que para él deben de ser negocios pero para las empresas por las que pasa no dejan de ser ruina, pura y dura).

Estos señores acostumbran a “adornar” los consejos de administración de los bancos y grandes empresas, pues igual que en Navidad queda muy bien poner a un pobre en la mesa, el resto del año da mucho fuste tener a un abogado del estado de compañero en el consejo de administración, y más en estos tiempos que escasean los títulos nobiliarios para que den prestancia al consejo correspondiente…

Hace unos años tuve un juicio en la Audiencia Nacional, y el abogado del estado que compareció ostentando la defensa y representación de la administración demandada, el Ministerio de Justicia, en concreto, basó su defensa en un ataque al demandante, en este caso el que suscribe, que no me quedo más remedio que formular una denuncia contra él, en vía disciplinaria. Por supuesto no me hicieron nada, faltaría más. Estoy seguro de que mi queja la informó alguno de sus compañeros, y hoy por ti, mañana por mí.

Pero al investigar sobre su vida y obras en esa moderna portería universal que se llama Internet, Google, Facebook, etc., observé que el citado individuo era consejero de varias empresas, y creo recordar que hasta ejercía la abogacía privada en Madrid.

¿Y la ley de incompatibilidades? Pues la ley de incompatibilidades los abogados del estado se la pasan por donde usted y yo sabemos, siguiendo la máxima del Conde de Romanones: “Dejarles que hagan las leyes que quieran, que yo haré los reglamentos”.

En efecto, un real decreto de 1985, creo recordar, les autoriza a ejercer la abogacía sin grandes problemas… El argumentarlo del cuerpo, expuesto verbalmente por un Director del Servicio Jurídico del Estado al que suscribe, en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, era el siguiente: “Tenemos que dejarles ejercer la abogacía privadamente, porque sino se nos irían todos, dado lo buenos juristas que son, y lo poco que les pagamos, en relación con lo que podrían ganar en despachos privados de abogados”.

¿Y cuál es el problema? Con reformar la legislación para que el funcionario excedente por asuntos propios –salvo por maternidad o paternidad, o circunstancias análogas- pierda la plaza, asunto solucionado. ¡Seguro que se lo pensarían dos veces antes de marcharse!

Mientras sigamos teniendo estos cuerpos medievales, que creen ser propietarios del Estado, o por lo menos usufructuarios –y los letrados del Consejo de Estado son otro claro ejemplo de lo que digo-, no creo que España progrese ni vaya hacia adelante, pues constituyen una clara rémora para la defensa de los intereses generales, que confunden con los suyos propios, corporativos, de casta, de clase social, y hasta de familias…

En fin, termino ya, que no hay que cansar a los lectores. Pero prometo nuevas entregas sobre el particular, con el caso concreto de la defensa en Derecho de la Universidad de Zaragoza por un abogado del estado “en el ejercicio privado de la abogacía”, es decir, cobrando sus buenos dineros, durante más de treinta años. Pero eso sí, nadie reconoce que le haga nombrado o hecho ese encargo. Un caso realmente acojonante, por no decir para vomitar. (Todo lo que digo lo tengo documentado, y si alguien lo duda o quiere discutirlo judicialmente, por mi parte encantado).

ABOGADOS DEL ESTADO: EMPLEOS PÚBLICOS, NEGOCIOS PRIVADOS (II)

Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Recientemente publicamos un artículo sobre la encomienda a un abogado del estado de los cientos de pleitos que genera la Universidad de Zaragoza, con un coste en las dos últimas décadas de casi un millón de euros. Dinero cobrado por el citado señor como abogado particular, pues estaba autorizado a ejercer privadamente la abogacía. Es decir, totalmente legal, ya que hay un Real Decreto de 1985, creo recordar, que permite esa dedicación parcial a la Abogacía del Estado…

Lo cierto es que cuando pones en Internet el nombre de cualquier abogado del estado en activo, es raro no ver que son consejeros, letrados asesores, etc., de cientos de empresas, posiblemente de miles, muchas de ellas las más importantes del país, las que conforman el Ibex 35, es decir el club de las principales firmas que cotizan en bolsa.

No deja de ser sorprendente esta confluencia entre intereses públicos e intereses privados, pues supongo que en numerosas ocasiones se producirán choques entre unos y otros. ¿Y a favor de quien se inclinarán estos señores y señoras, pues no debemos olvidar que la actual vicepresidenta del gobierno, o la ministra de defensa, por ejemplo, son también abogadas del Estado…?

Respecto a la situación explicada en el artículo citado, el que suscribe ya denunció lo que venía sucediendo, y no solo a un organismo, pues ya sé cómo “funciona” este país, sino en tres instancias distintas, a ver si alguien hacía algo: el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Diputación General de Aragón, ahora pomposamente llamado el Gobierno de Aragón.

El Colegio de Abogados me comunicó que el asunto pasaba a estudio de una comisión, creo recordar que la comisión de defensa de la profesión, o algo así (no tengo ahora a mano la respuesta), y confirmó la tesis, creo que de Napoleón, de que cuando no quieras hacer algo, nombra una comisión… Del asunto nunca más se supo.

El Servicio Jurídico del Estado contestó en el sentido siguiente:

“PRIMERO. –     D. Jesús Solchaga Loitegui, en situación de activo en el Cuerpo de Abogados del Estado, y con destino en la Abogacía del Estado en Zaragoza, tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio libre de la Abogacía con las limitaciones que se señalan en los artículos 1.3, 11.1, en relación con los artículos 9 y 11.4 del Real Decreto 598/95 y 12.1 a) de la Ley 53/1984.

Es, por lo tanto, legal la situación del Sr. Solchaga Loitegui.

SEGUNDO. – Respecto a la posibilidad de suscribir un Convenio de Asistencia Jurídica entre esta Dirección y la Universidad de Zaragoza al amparo de la normativa vigente, se pone en su conocimiento que por parte de esta Dirección no existe ningún inconveniente en celebrar aquél, pero la iniciativa debe partir de la citada Universidad con la expresa conformidad del órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón al estar la Universidad de Zaragoza transferida a aquélla”.

La Diputación General de Aragón dijo que:

“En contestación a su escrito…, en el que expone la actual organización de os servicios de representación y defensa en juicio de la Universidad de Zaragoza, y propone la alternativa de que los Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón asuman la citada representación y defensa, se remite copia del Informe emitido al respecto por el Letrado – Jefe de la Asesoría Jurídica”.

Reproducción textual de estos documentos puede verificarse en mi libro “Cuestiones Universitarias”, ed. Jalón, Zaragoza, 1999, págs… 13 a 16.

En dicho libro decíamos sobre este tema textualmente lo siguiente:

“Resulta sorprendente ver lo poco que han cambiado las cosas en España en los últimos años. A pesar de la afirmación de don Alfonso Guerra de “que a España no iba a conocerla la madre que la parió”, lamentablemente seguimos conociéndola y viendo que todo sigue igual. La corrupción, la búsqueda de beneficios personales, la mezcla entre lo público y lo privado, etc., siguen campando por sus respetos. Y para muestra, un botón, que voy a exponer a continuación.

La Universidad de Zaragoza, que tanto defiende, incluso vociferantemente, su autonomía, sin explicar, por supuesto, que es para su equipo de gobierno este concepto, debería explicar a la opinión pública aragonesa porque presupuesta anualmente varios millones de pesetas para defensa jurídica…, cuando tiene en nómina dos letrados a tiempo completo, traídos, además, de otras administraciones públicas, con el consiguiente encarecimiento del funcionamiento de la institución. Y ello a pesar de la existencia de un prestigioso grupo de profesores y catedráticos de derecho administrativo, penal, laboral, etc., que podrían perfectamente asesorar en derecho el funcionamiento de la administración universitaria.

Pero lo que más llama la atención es ver como se contrata la prestación de servicios con un prestigioso Abogado del Estado, de gran competencia, dicho sea de paso, para que defienda privadamente a la Universidad, cobrando varios millones al año por tales defensas. ¿Es que no pueden hacerlo los dos abogados de la plantilla? ¿Son acaso incompetentes…? Estoy seguro de que no, por lo que la situación es aún más absurda.

Es posible que la Universidad piense que la Abogacía del Estado es quien dispone de los mejores letrados, y es muy probable que sea así. ¿Cómo no se utilizan los medios legalmente establecidos al respecto, en lugar de permitir que se hagan negocios privados por parte de empleados públicos? En efecto, el Real Decreto 1414/1994, de 25 de junio, sobre asistencia jurídica a las entidades estatales de Derecho público prevé, por medio de la firma de un convenio de colaboración, que el Servicio Jurídico del Estado preste asistencia jurídica a la entidad firmante, por medio de los Abogados del Estado. Como dice el modelo de convenio: “La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración del Estado”.

Lógicamente el Estad cobra por dicho servicio. Pero es un dinero que va a las arcas públicas, no al bolsillo, por supuesto respetable, de un particular, particular que a su vez es funcionario público, Abogado del Estado, obviamente. Como indica el convenio citado: “Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el presente convenio, la entidad satisfará a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de X pesetas, pagaderas por terceras partes en los cinco primeros días naturales de los meses de abril, agosto y diciembre de cada año… Los ingresos efectuados en dicha cuenta se traspasarán al Tesoro Público en un plazo no superior a diez días desde su abono. Asimismo, los intereses que, en su caso, pueda producir dicha cuenta deberán ingresarse en el Tesoro Público con aplicación al concepto de recursos eventuales”.

Resumiendo y concretando: ¿es justo que una administración pública pague a un funcionario público privadamente para que haga lo que podría hacer en el ejercicio de sus funciones, quedándose el dinero en el Tesoro Público? ¿En qué país vivimos?

En otras palabras, ¿le parecería a usted lógico, amigo lector, que los profesores universitarios que cobramos por dar clases (una miseria, por cierto), pudiésemos devengar honorarios por dar clases de recuperación a los alumnos suspendidos? E incluso, digo más: ¿cree lógico que se dé la compatibilidad para poder ejercer privadamente la misma actividad que se hace en el servicio público?

Por otra parte la Universidad de Zaragoza ha sido transferida a la Diputación General de Aragón. Si la Universidad estima (es un suponer) que sus letrados no son competentes, quiero decir que no son los más idóneos para defenderla, ante un determinado asunto, ¿no sería lógico utilizar los servicios de la Asesoría Jurídica de la DGA? Al menos el dinero se quedaría en casa, y se evitaría este gasto. Y estoy seguro de que el Gobierno de Aragón no pondría obstáculos para prestar este servicio a su Universidad…”.

Bibliografía de Heraldo de Oregón: El Equipo A de la abogacía: estos son los 33 abogados del Estado con negocios privados

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PAGA CASI UN MILLÓN DE EUROS A UN ABOGADO DEL ESTADO COMO ABOGADO PARTICULAR

12 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

El 5 de mayo de 2016 envié un escrito a la Presidencia de las Cortes de Aragón, manifestando mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Zaragoza utilizara a un abogado del estado, en el ejercicio privado de la abogacía, como letrado, en lugar de utilizar a los varios abogados, funcionarios o contratados, en su gabinete jurídico, pidiendo que se investigara esta situación.

El 13 de mayo de 2016, y al amparo de la ley de transparencia de Aragón, solicité al señor Rector de la citada Universidad información detallada sobre el particular, dictándose una resolución el 15 de junio de 2016, por la que se acordaba: “Denegar el acceso a la información contenido en el punto 4 de su escrito”.

El citado apartado 4 pedía textualmente lo siguiente:

“Cuantías económicas percibidas por el citado Abogado particular de la Universidad desde que comenzó a prestar servicios, sobre 1985, hasta que los finalizó, en el año 2014, es decir, durante unos 30 años”. –

Se adjunta copia del “Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad de Zaragoza”, de 15 de septiembre de 2014”.

En la cláusula quinta se dice que el convenio tiene una duración de dos años, y la séptima indica que la Universidad pagará a la Abogacía General del Estado “…la cantidad anual de veinte mil euros (20.000 E) más IVA… La citada cantidad anual podrá sr objeto de revisión al cabo del primer año o siguientes de vigencia y de mutuo acuerdo entre las partes, en función del número y la importancia de los asuntos”.

La octava establece que: “En los procesos en los que existan condenas en costas… Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresara a favor de la Universidad”.

Disconforme con dicha denegación de acceso a la información, formulé reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, el 23 de junio de 2016, reiterada por escrito de 28 de noviembre del mismo año, ante la falta de contestación.

Por resolución 3/2017, de 27 de febrero, el citado Consejo acogió favorablemente la queja, y en un prolijo y bien documentado escrito de 25 folios, resolvió “Estimar la reclamación presentada por D. Ramiro Grau Morancho frente a la Resolución rectoral de 15 de junio de 2016, por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada”, dando un plazo máximo de dos meses a la Universidad, en atención a la numerosa documentación que había que utilizar.

Por escrito de 28 de abril de 2017, recibido el 5 de mayo siguiente, el señor Vicerrector de Prospectiva, sostenibilidad e infraestructura (hay que joderse con los nombres y las funciones de los cargos), dio cumplimiento a la Resolución del Consejo de Transparencia de Aragón, dando las explicaciones pertinentes, lo que agradezco mucho a la citada Universidad.

Como la transparencia es eso, conocimiento y dominio público, transcribo a continuación algunos datos que estimo merecedores del conocimiento público:

“Que, desde 1985 hasta 1993, además de la no obligación legal de conservar la citada información, no resulta posible materialmente proporcionarla, ya que existen dificultades técnicas que no nos permiten la lectura del soporte informático en el que está grabada, dada la antigüedad del sistema físico…

Por otra parte, examinada la documentación correspondiente a los años 1994 a 2014 no consta la existencia de contratos mayores respecto de los servicios jurídicos, por lo que no puede informarse de la fecha de formalización; siendo el procedimiento utilizado el encargo al letrado de la defensa en el pleito de que se tratase mediante orden de encomienda…

La Universidad de Zaragoza necesitó, a partir de ese momento –entrada en vigor de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, en septiembre de 1983-, contar con un sistema propio de defensa jurídica que le permitiese actuar ante los distintos órganos judiciales y, para ello, decidió encomendar inicialmente dicha tarea al letrado del Servicio Jurídico del Estado que –durante la centralizada etapa anterior- generalmente se encargaba de la defensa de los asuntos relacionados con la actividad universitaria; decisión que se materializó en el año 1985… Y ello por cuanto dicho abogado del Estado estaba especializado en derecho universitario y compatibilizaba su puesto oficial con el ejercicio libre de la profesión…

A mediados de 1991 se procedió a la cobertura de dichas plazas (se refiere al servicio jurídico propio de la Universidad de Zaragoza), iniciando su andadura el denominado “Gabinete Jurídico”, teniendo como funciones específicas, entre otras, el desempeño de los servicios contenciosos. Sin embargo, la defensa en juicio de la Universidad nunca fue asumida en la práctica por sus letrados, manteniéndose el sistema implantado en el año 1985 hasta la actualidad, diseño que determinó que la Universidad defendiese sus decisiones ante los órganos judiciales a través de un tercero, profesional externo; mientras que el gabinete jurídico actuaba en el ámbito interno. Desde el punto de vista de la situación creada, basada en la eficacia y oportunidad y por el hecho de que los letrados del gabinete jurídico no asumiesen la función contenciosa, se toma la decisión de designar a dicho abogado del Estado para la defensa en juicio de la Universidad por las razones expuestas…

Posteriormente (tras la promulgación de diversas normas legales), la tramitación y adjudicación de contratos de servicios referidos a la defensa en juicio de las administraciones públicas por abogado colegiado podían hacerse, cuando la previsión de honorarios según el baremo que fija el Colegio de Abogados no superaba los 18.000 E, conforme al contrato menor, dado que se trataba de contratos de servicios, permitiéndose así la adjudicación directa…

Esto fue lo que sucedió en la práctica totalidad (686 de 688) de las encomiendas efectuadas al abogado del Estado, inferiores a 18.000 E… además e en los casos previstos en el artículo 170, los contratos de servicios podrán adjudicarse por procedimiento negociado cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 E, en todo caso…”.

En resumen:

  • La Universidad de Zaragoza, que tiene su propio Gabinete Jurídico, prefiere contratar a un abogado del estado que ejerce particularmente la abogacía, quien les lleva 688 pleitos, de 1994 a 2014.
  • Por dichos pleitos el citado abogado privado cobra 812.397,80 euros, más el IVA correspondiente, lo que hace un total de 955.737,36 euros (s. e. ú o. en los datos facilitados por la propia Universidad).
  • El año 2014, su “despedida” de la Universidad, cobró la friolera de 195.164,45 euros, más 40.984,56 de IVA, es decir, un total de 236.149,01 euros.

(Es decir, unos ingresos netos de 647 euros diarios, que no está nada mal, además de su sueldo como abogado del estado, obviamente).

  • En Zaragoza hay un plantel de excelentes abogados administrativistas, muchos de ellos expertos en pleitear contra la Universidad, pero que, al parecer, no daban la talla…

No voy a hacer comentarios.

Los hechos son tozudos, y a los hechos me remito.

El que quiera pensar, que piense…

Las únicas preguntas que me hago son las siguientes:

  1. ¿Es lógico que los abogados del estado puedan ejercer como abogados particulares…?
  2. ¿Dónde termina el abogado del estado y empieza el abogado privado?
  3. Esta forma de gestionar el escaso dinero público, con tanta alegría, ¿es la causa de que la Universidad de Zaragoza esté pidiendo más dinero al Gobierno de Aragón, un día sí y otro también?

Yo, como soy de pueblo, la verdad es que me lio con estas situaciones tan peculiares, propias de una España medieval y gremialista.

LOS ANTICLERICALES DE ZARAGOZA

2 May

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Confieso que soy católico…, y pecador, como la mayoría de los católicos. Pero eso no empece para que pueda dar mi opinión con la mayor objetividad posible, teniendo en cuenta que todas las opiniones son siempre subjetivas.

Se está hablando mucho en Zaragoza, y por ende en toda España, de la pretensión del Ayuntamiento de Zaragoza de litigar por la propiedad de las dos Catedrales de la ciudad, El Pilar y La Seo, aunque yo sostengo la tesis de que la Iglesia de San Pablo merecería ser la tercera Catedral de la ciudad. ¡Lástima de esos edificios que le adosaron, y que impiden que pueda verse en su conjunto, como un monumento singular…!

Decía un ilustre pensador, cuyo nombre ahora no recuerdo, que en España más que ateos lo que había eran anticlericales, es decir personas totalmente opuestas a la Iglesia Católica, “por principios”, y enemigos declarados de los curas y monjas, de la enseñanza en colegios religiosos, de las procesiones de Semana Santa en las vías públicas, etc.

Es algo que constatamos todos los días, por los que no hacen falta más explicaciones.

De la misma forma que el gobierno cuatripartito de Aragón y de Zaragoza (Podemos, que lleva la batuta y la voz cantante, IU, o lo que queda de ella, la Chunta Aragonesista y el acompañamiento coreográfico del PSOE, en su condición de tontos útiles) está empeñado en disimular su nula gestión con gestos demagógicos y ¿populistas? anticlericales, como pedir al gobierno central que reclame la “propiedad” de las Basílicas del Pilar y de La Seo, nada menos… ¡Por pedir que no quede!

Se basan en que la inscripción de la propiedad en los registros correspondientes se realizó mediante una Certificación del Ordinario del lugar, en este caso el Arzobispo Metropolitano de Zaragoza, acreditativa de la titularidad de los citados templos, y al amparo de la normativa legal correspondiente. (Que como fruto de estas presiones ha sido derogada con posterioridad, pero que era totalmente legal y por lo tanto jurídicamente válida, en la fecha de los hechos).

Resulta obvio que los Registros de la Propiedad son de creación muy posterior a la construcción de ambas Basílicas, y que de alguna forma había que documentar su existencia… (Aprovecho para recordar y homenajear al Rvdo. Don Francisco Gutiérrez Lasanta, Beneficiado de la Biblioteca del Pilar, que nos dejó hace varias décadas, y que escribió una obra monumental sobre la Historia del Pilar de Zaragoza, creo recordar que en 14 tomos, de los cuáles tengo varios en mi biblioteca, generosamente donados por su autor…,y que espero no me reclamen también los anticlericales).

Se podrá discutir si las subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón para restaurar La Seo, por ejemplo, deberían de ser reembolsadas o no, por ejemplo con un porcentaje o participación en el coste de las entradas para visitar el templo, pues creo hay que pagar a determinadas horas, pero de ahí a pretender la propiedad, por haber pagado unas reformas (seguramente con dinero de la Unión Europea o del 1% para fines culturales), va un abismo, que cualquier iletrado o medio jurista sabe perfectamente que es una auténtica pretensión insostenible, o hablando claramente, una aberración jurídica.

Como nuestro alcalde es abogado, y ha ejercido la profesión durante varias décadas, parece evidente que sabe perfectamente que estas “aspiraciones” son meras chorradas, ocurrencias y paridas, muy en la línea podemista, destinadas a satisfacer al populacho, pero sin viabilidad alguna…

Pero en fin, así se escribe la historia. Pan y circo, como decían los romanos, y ahora paro y comedia. No han cambiado mucho los tiempos, la verdad.

LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ Y DEL FISCAL EN EL CASO DE LA FAMILIA PUJOL

27 Abr

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

El juez instructor de la Audiencia Nacional ayer adoptó la decisión de ingresar en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del primogénito de la nada honorable familia Pujol. Se le acusa, entre otras muchas cosas, de sustraer 30 millones de euros, situándolos en el extranjero, a “salvo” de la administración de justicia española.

Se le ingresa en prisión para evitar que siga ocultando el dinero “familiar”, procedente de numerosos delitos, y entorpeciendo la acción de la “justicia”.

Justicia que en este caso viaja a lomos de una tortuga: nada menos que tres años ha tardado el juez en adoptar esta decisión, si bien es cierto que no podía hacerlo salvo petición expresa del fiscal, del abogado del estado personado en la causa, o de alguna de las acusaciones populares que puedan existir…

Tampoco se adoptaron las más elementales medidas propias de cualquier instrucción, para evitar la desaparición de las pruebas o la volatilización del dinero: registros domiciliarios de los imputados (ahora investigados), de sus oficinas y empresas, embargo de todas sus cuentas bancarias, etc.

Eso es lo que se hace, y dice la ley que debe realizarse, en todos los casos. Pero en este, por causas que desconocemos, no se hizo. ¿Por qué? ¿Quién dio “instrucciones” al juez –o al fiscal-, para que no se hiciera así?

A los Pujol se les ha dado un trato similar al de la (todavía) Infanta de España. Es natural; al fin y al cabo, como vengo sosteniendo en mis artículos, ellos son “la familia real catalana”, o más bien los Virreyes de Cataluña, o Príncipes soberanos.

Hace años el patriarca ya pretendió ser Copríncipe de Andorra, desposeyendo al muy honorable Obispo de la Seo de Urgel, con rango de Arzobispo, de dicha calidad, que se perpetúa en el tiempo, desde hace siglos.

Afortunamente alguien con un mínimo de sentido común, paro de plano esa pretensión.

¿Se imaginan ustedes quien le tosería ahora al Copríncipe de un país soberano, que podría eludir la acción de la justicia española, simplemente trasladándose a “su estado”?

Así, además, no hubieran tenido necesidad de promover y fomentar el independentismo catalán, cuya finalidad principal –sino única-, es sustraerse a la acción de los juzgados y tribunales españoles, y poder seguir robando a sus “súbditos”, vasallos y contribuyentes, muy contribuyentes…

Pero a lo que íbamos: toda acción, o dejación, tiene sus responsabilidades, y está fuera de toda duda que el juez y el fiscal se han columpiado durante tres años…

“Gracias” a su incompetencia, miedo, cobardía, o falta de independencia, siguiendo “órdenes superiores” (en su caso), los españoles vamos a perder 30 millones de euros.

Treinta millones de euros que divididos por los 47 millones de españoles, suponen unos 60 céntimos de euro por persona.

Pues bien, YO RECLAMO MIS SESENTA CÉNTIMOS DE EURO, y no estoy dispuesto a perderlos.

Y pido que por las instancias correspondientes, Promotor de la Acción Disciplinaria e Inspección Fiscal, se exijan las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

Sin perjuicio de que la acción popular pueda pedir también las responsabilidades penales y civiles que correspondan.

Faltaría más.

Quiero vivir en un Estado de Derecho, no de desecho…

Responsabilidad profesional, caso Pujol, Ramiro Grau Morancho.