Positivos por el Covid-19 y delitos contra la salud pública


Diego-Fierro

Diego Fierro Rodríguez

El Gobierno vasco, sabiendo que no tenía medios legales para impedir el voto en las elecciones autonómicas vascas a aquellos electores que están contagiados por el Covid-19, decidió asustar a aquellos que optaran por saltarse la prohibición ilegal afirmando que iban a cometer un delito contra la salud pública por infringir la instrucción impuesta.

Ciertamente, no comete delito contra la salud pública el que acude a lugares concurridos según los artículos 359 a 378 del Código Penal, pues la conducta no está castigada en el sentido del artículo 1.1 del Código Penal. Se pueden observar resumidamente todos los posibles delitos contra la salud pública: el artículo 359 castiga la elaboración, despacho, suministro o comercio de sustancias nocivas o productos peligrosos; el artículo 360 sanciona el despacho o suministro de sustancias nocivas sin cumplir formalidades; el
artículo 361 castiga la fabricación o tráfico de medicamentos ilegales, deteriorados o caducados; el artículo 361 bis castiga las conductas de dopaje; el artículo 362 sanciona la fabricación de medicamentos falsificados y la alteración de medicamentos y productos sanitarios; el artículo 362 bis castiga el tráfico de medicamentos y productos sanitarios falsificados; el artículo 362 ter sanciona la falsificación de documentos referidos a
medicamentos o productos sanitarios; el artículo 362 quater regula los tipos cualificados de los delitos relativos a medicamentos y productos sanitarios; el artículo 362 quinquies castiga determinados actos de dopaje; el artículo 362 sexies regula el decomiso de sustancias y productos en los delitos contra la salud pública relativos a sustancias nocivas, medicamentos y productos sanitarios y sustancias dopantes; el artículo 363 sanciona los fraudes alimentarios y la manipulación de alimentos; el artículo 364 castiga los fraudes alimentarios y la adulteración con aditivos u otros agentes; el artículo
365 sanciona los fraudes alimentarios y la adulteración con sustancias infecciosas o gravemente nocivas; el artículo 366 regula la responsabilidad de persona jurídica en los delitos contra la salud pública relativos a sustancias nocivas, medicamentos, productos sanitarios y sustancias dopantes y fraudes alimentarios; el artículo 367 castiga la comisión por imprudencia de delitos contra la salud pública relativos a sustancias nocivas, medicamentos, productos sanitarios y sustancias dopantes y fraudes alimentarios; el artículo 368 sancional el tráfico, cultivo o elaboración de drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas o favorecimiento del consumo ilegal; el artículo 369 castiga el tráfico de drogas de manera agravada para ciertos casos; el artículo 369 bis regula, en cuanto al tráfico de drogas, la organización delictiva y responsabilidad de personas jurídicas; el artículo 370 recoge las modalidades agravadas del tipo básico y agravaciones del tipo agravado del tráfico de drogas; el artículo 371 castiga el tráfico de precursores; el artículo 372 determina penas de inhabilitación especial y absoluta; el artículo 373 castiga la conspiración, proposición y provocación en
el tráfico d e drogas; el artículo 374 regula el decomiso; el artículo 375 se refiere a los delitos contra la salud pública relativos a medicamentos, productos sanitarios y sustancias dopantes, fraudes alimentarios y tráfico de drogas en relación con la reincidencia internacional; el artículo 376 regula las circunstancias atenuantes de arrepentimiento activo y deshabituación en el ámbito de los delitos contra la salud pública relativos a medicamentos, productos sanitarios y sustancias dopantes, fraudes alimentarios y tráfico de drogas; el artículo 377 contiene la delimitación de la cuantía de las multas en cuanto al tráfico de drogas; el artículo 378 regula la prelación de pagos de las responsabilidad pecuniarias. No obstante, si que es cierto que, si hay un
contagio efectivo, se podrá atribuir la comisión de un delito de lesiones o,
incluso de un delito de homicidio.

Se ha podido demostrar que, aunque no resulta totalmente eficiente, el
Derecho Penal es un medio, que, siendo mejorable, efectivo para evitar la
comisión de infracciones penales. El problema es que no se puede permitir
que, desde las Administraciones Públicas, se intenten impedir conductas que
son lícitas alegando que, si las ejecutan, podrán ser castigados por la
comisión de delitos.

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