El Constitucional estudia qué implica perder la historia clínica


El Tribunal admite a trámite un recurso de amparo sobre la desaparición de pruebas médicas y sus repercusiones en el derecho a la tutela judicial efectiva de los pacientes que reclaman.

Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional.

No hay doctrina del Tribunal Constitucional sobre cómo afecta la desaparición de pruebas médicas al derecho de defensa de pacientes y también de médicos. El abogado especializado en Derecho Sanitario Carlos Sardinero y colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente ha interpuesto un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esta cuestión. Lo novedoso de esta situación es que el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite esta petición. El Tribunal reconoce que el recurso “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina”.

El recurso surge a partir de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 de Madrid en la que desestima la reclamación presentada por la familia de un paciente, que sufrió un infarto de miocardio horas después de acudir al centro de salud donde le realizaron dos electrocardiogramas. El hombre, de 45 años, falleció pocos días después en su casa.

La familia acudió a Sardinero para reclamar, porque consideraban que habían atendido tarde al enfermo. Fundamentaron la demanda en que las pruebas cardiacas que le hicieron en el centro de salud ya mostraban que el hombre estaba sufriendo un infarto y, sin embargo, los sanitarios demoraron en avisar a la UVI móvil para que le trasladaran al hospital.

Carlos Sardinero, abogado experto en Derecho Sanitario, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente.

La familia defendió en el juicio que el fallecido llegó al centro de salud a las 16:30 de la tarde con dolor torácico opresivo, sudoración, palpitaciones y, además, era obeso e hipertenso. Se le hizo un electro que, según los recurrentes, ya era indicativo de infarto agudo de miocardio. La UVI móvil no llegó hasta las 19:30. Esta diferencia de apreciación solo se puede juzgar con los resultados de los electrocardiogramas. Sin embargo, esta información no aparece. Las pruebas se han perdido.

La Administración sanitaria competente, en este caso la de la Comunidad de Madrid, reconoce esa pérdida. Pero la sentencia del juzgado de Madrid no resuelve sobre tal circunstancia. El juez no dice nada, destaca el abogado en su recurso. Pero, además, Sardinero recuerda al Constitucional que la ley obliga a la Administración a guardar esta documentación y pide en su recurso que se anule la sentencia del juzgado.

Así, el recurrente advierte de que “la consecuencia de no aplicar el principio de facilidad probatoria derivado de la pérdida de la historia clínica significa que se exige al perjudicado una prueba diabólica como es demostrar que los electrocardiogramas desaparecidos eran patológicos, desde qué momento eran patológicos y que merecían una movilización más temprana de la UVI móvil”.

Esta falta de diligencia por parte de la Administración sanitaria viola derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, de los pacientes recurrentes. Sardinero alega que “la incapacidad de conocer los hechos reales, por falta total de diligencia de la Administración en la custodia de un historial clínico, plantea una indefensión del recurrente”.

Frecuencia de estas pérdidas

Sardinero reconoce que, aunque no es habitual, se ha encontrado con varios casos en los que al reclamar una mala praxis desaparecen las pruebas fundamentales para explicar qué pasó realmente.

En este sentido, tiene incluso identificadas qué parte de las historias clínicas del paciente desaparecen en los juicios de una manera más recurrente. “El protocolo de intervención quirúrgica, imágenes radiológicas, electrocardiograma y registros cardiotocográficos son las pruebas que, en mi experiencia, desaparecen de manera más habitual”, señala el abogado.
Además, aclara que la pregunta que ha elevado al Constitucional se refiere a aquellas pruebas de la historia clínica que son determinantes para aclarar el caso que se juzga.

El paso adelante que ha dado al presentar el recurso al Constitucional responde a que en los últimos tiempos se ha encontrado de una manera más reiterada con estos casos. Reconoce que existe jurisprudencia de tribunales autonómicos e incluso del Tribunal Supremo, pero el abogado considera que “no es un tema pacífico”. Por ese motivo, porque no hay una jurisprudencia clara al respecto, Sardinero considera que es necesario que el Constitucional se pronuncie y, además, porque ve con claridad que esto afecta a derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo tiene sentencias recientes que resuelven demandas por malas praxis donde faltan documentos fundamentales de la historia clínica para conocer qué pasó realmente.

La carga de la prueba

En una sentencia con fecha de 2 de enero de 2012, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió una demanda presentada por mala praxis, razonando: “No constan una serie de documentos que hacen que la historia clínica sea poco rigurosa. También constan errores evidentes en los datos de la historia […] De esta forma hubo un quebranto de la lex artis pues al no darle a los recurrentes el derecho a obtener la historia clínica completa sobre lo acontecido en el partograma, se les ha impedido acreditar si hubo o no un sufrimiento fetal. Así, es la Administración, por su facilidad probatoria, quien debe correr con los perjuicios de la carga de la prueba”.

En el mismo sentido, el Supremo, en sentencia de 31 de mayo de 2018, señaló: “Es menester destacar, desde un principio, el hecho de que en la historia clínica no consten las hojas de protocolo quirúrgico. Este dato no es baladí pues conlleva la inversión de la carga de la prueba, por lo que es la Administración la que debe acreditar que todo fue correcto”.

El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencia del 11 de noviembre de 2008, llega a la misma conclusión que el Supremo, al señalar que “la omisión de la documentación del proceso asistencial determina que la carga de la prueba de que se produjo un correcto diagnóstico de las dolencias de la paciente se traslade a la Administración, pues al perjudicado no se le puede exigir que pruebe algo que resulta imposible”.

Ahora le toca pronunciarse al Tribunal Constitucional, para lo que habrá que esperar aproximadamente un año.

Origen: El Constitucional estudia qué implica perder la historia clínica – Diariomedico.com

1 Comment

  1. Hace años, principios del siglo, 2004-2005, más o menos, ante mi estancia laboral prolongada en TERUEL, y siguiendo las sugerencias del personal del SALUD en TERUEL, pedí y firmé el TRASLADO DE MI HISTORIAL MÉDICO A DICHA CIUDAD.
    Y supongo que llegó, pero lo que sí tengo claro es que nunca volvió a ZARAGOZA, cuándo solicitamos a través del centro de salud asignado de Zaragoza su devolución, pues por lo visto “se había perdido”, o en lenguaje oficial, “se había traspapeleado”…
    Creo que ahora los expedientes están informatizados, por lo menos en ARAGÓN, y por lo tanto no hay ese problema, PERO ME PARECE FRANCAMENTE LAMENTABLE LO SUCEDIDO.
    Y QUE NO SE ME DIERAN EXPLICACIONES OFICIALES, TODAVÍA MÁS…

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