Los daños a los padres por no poder elegir entre tener un hijo enfermo o abortar


Por Diego Fierro Rodríguez. Abogado y articulista

Diego Fierro Rodriguez

Debe reconocerse que hay situaciones por las que se dictan sentencias de gran relevancia jurídica para el ámbito sanitario a partir de hechos que, aunque parecen sacados de la imaginación de las personas, proceden pura y simplemente de la realidad. Un buen ejemplo es el que se encuentra en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 369/2019, de 10 de julio, que estima la pretensión de una mujer que solicitó una indemnización por el incumplimiento del deber de información de los médicos que la atendieron, que le privó de poder optar por interrumpir voluntariamente el embarazo de su segunda hija, que heredó un grave defecto genético de la madre que causa malformaciones en las extremidades. Concretamente, hay que decir que, según la resolución, los médicos no actuaron conforme a las reglas propias de su profesión al omitir información que interesaba a la madre para poder decidir sobre el futuro de su embarazo.

La sentencia comentada establece que “bien sea de falta de información, bien de pérdida de oportunidad, no corresponde indemnizar por el daño patrimonial causado, sino por el daño moral que representa la pérdida de oportunidad de doña Susana y su esposo de decidir evitar futuros embarazos” y “si en ellos pudiera aplicarse la doctrina del Tribunal Supremo que se recoge en sentencias como la de 28 de marzo de 2012 (Recurso: 2362/2011, o la de 8 de octubre de 2012 (Recurso: 6290/2011) en supuestos de malformaciones fetales, de manera que junto al daño moral debe indemnizarse por el daño económico equivalente a los gastos extraordinarios que pueda suponer el ocuparse de un hijo con malformaciones y la incapacidad que comporta, en el presente ha de fijarse una indemnización total ya actualizada a favor de doña Susana y su esposo, de 40.000 €, que se entiende acomodada al daño causado, pues por una parte, no se ha aportado prueba justificativa de a cuánto más pudieran alcanzar esos mayores gastos, y en segundo lugar, porque no se puede reconocer una indemnización a favor de los hijos”, siendo cierto que, “Como hemos dicho, lo que se indemniza es el daño causado a los padres (moral y/o económico)”, indicándose también que “la cantidad fijada se sitúa dentro de los límites seguidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( sentencias TS de 18 de julio de 2012, RC 2187/2010, 13 de noviembre de 2012, RC 5283/2011, 4 de diciembre de 2012, RC 6157/2011, y 15 de marzo de 2016, RC 2017/2014 ), y por esta misma Sala, para los casos de pérdida de oportunidad (entre 30.000 y 60.000 euros – sentencia de 18 de abril de 2018, recurso 402/2017-)”.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2001, que fue ratificada por la Sentencia de 11 de mayo de 2001, “la información del médico preceptiva para que el enfermo pueda escoger en libertad dentro de las opciones posibles que la ciencia médica le ofrece al respecto e incluso la de no someterse a ningún tratamiento, ni intervención, no supone un mero formalismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en la misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su artículo 10,1”, destacándose que “El consentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia”. En relación con este asunto, la Sentencia del Tribunal Supremo 698/2016, de 24 de noviembre, señala que “el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial (SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011; 23 de octubre 2015 ), constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más precisión, con la ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad”.

El caso analizado en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 369/2019 se corresponde con una acción de “wrongful birth”, que se diferencia de la acción de “wrongful life” porque en la segunda es el hijo que ha sufrido las malformaciones quien demanda a los médicos que omitieron el deber de informar a sus padres para que pudieran optar por su aborto. Hay que tener presente que la primera sentencia relevante sobre las acciones de “wrongful birth” fue la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 17 de septiembre de 2002, que indica que esas acciones se encuadran en “un grupo de casos de responsabilidad médica en relación con error en el diagnóstico prenatal por falta de realización o defectuosa realización del diagnóstico, produciéndose con ello la consecuencia de que no existe constancia —o no se descubre o no se informa a tiempo— del riesgo de enfermedad congénita de la criatura concebida, resultando que el feto sufre la dolencia y nace con tales defectos, no disponiendo ya la mujer de la posibilidad de recurrir al aborto dentro del plazo legalmente establecido”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2007 resuelve algunas cuestiones vinculadas con el tema y establece que “es preciso determinar que el daño moral reclamado era imputable al no informar a los recurrentes sobre los resultados de unas pruebas médicas que evidenciaban una malformación en el feto”, provocando una “Falta de información que determinó la imposibilidad de decidir a los progenitores si optaban o no por interrumpir libremente el embarazo, no habiendo probado la Administración Sanitaria que la gestante no hubiera optado por el aborto eugenésico si la información sobre la malformación del feto le hubiese sido comunicada”.

La labor de informar a los pacientes es elemental y no existe duda alguna sobre el hecho relativo a la necesidad de aportar al paciente todos los datos que puedan resultarle útiles para valorar su situación clínica. Por esa misma razón, cualquier médico debería obrar con cuidado pensando que es mejor pasarse con la información que quedarse corto.

2 Comments

  1. De quien es la responsabilidad del médico por no informar o de los esposos que si sabian lo que podia pasar.??.
    El caso es echar la culpa al otro en vez de poner los medios que hberlos haylos para no embarazarse.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s