La patata caliente vuelve al Supremo


Por José María Brunet. La Vanguardia

José María Brunet

La patata caliente de la suspensión o no de los diputados presos ha vuelto este miércoles al Tribunal Supremo (TS), en forma de dos escritos remitidos respectivamente por la Fiscalía y por La presidenta del Congreso, Meritxell Batet . En el fondo, ambos textos pretenden lo mismo. Se trata de que el Supremo aclare si a los procesados que están siendo juzgados por el supuesto delito de rebelión les resulta de aplicación ahora el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este precepto ya fue invocado hace un año por el juez instructor del caso 1-O, Pablo Llarena, cuando suspendió a Junqueras, Turull, Rull, Sànchez y Romeva, al procesarles por el mencionado delito. Es evidente que cuando el Supremo decidió la semana pasada dirigirse al Congreso para explicar que no iba a pedir el suplicatorio contra los acusados, estaba poniendo en paralelo sobre la mesa que había que suspenderles en sus funciones parlamentarias, como hizo Llarena cuando eran diputados del Parlament.

Pero como tanto los fiscales como la Mesa del Congreso no consideraron la resolución del Supremo lo bastante clara y contundente, han terminado por pedir al Alto Tribunal que se pronuncie con mayor rotundidad sobre cuál es la situación de los presos electos, en tanto que personas en prisión y a disposición de la justicia. La petición es lógica, teniendo en cuenta hasta qué punto se había complicado el debate. Aunque en el fondo todo era muy sencillo, porque el Supremo ya dijo hace un semana que a los presos se les debía aplicar el artículo 21.2 del reglamento de la Cámara, que prevé la suspensión de los parlamentarios que sean procesados y estén en prisión.

La controversia a la que hemos asistido entre el Supremo y el Congreso, con toda seguridad, se acabará encauzando mediante una nueva resolución que deje definitivamente claro que los diputados presos deben ser suspendidos

Es cierto, en todo caso, que este precepto exige también la petición previa del suplicatorio, un paso que el Supremo no ha considerado procedente cuando el juicio de caso 1-O ya está muy avanzado. Para el Supremo, la falta de este requisito no invalida la realidad de que se cumplen los otros dos –la existencia del procesamiento y la prisión de los diputados-, por lo que el Congreso tendría que haber actuado ya.

Con ello se dio la imagen, falsa en realidad, de que el Supremo le pasaba la patata caliente al Congreso, cuando lo que estaba haciendo era centrarle el balón para que rematase. Ahora bien, esa patata caliente tiene tanta carga política que nadie parece querer tenerla entre sus manos. De ahí la controversia a la que hemos asistido entre el Supremo y el Congreso, que con toda seguridad se acabará encauzando mediante una nueva resolución que deje definitivamente claro que los diputados presos deben ser suspendidos porque nunca dejaron de estarlo para cualquier cargo público desde que fueron procesados por el delito de rebelión el año pasado.

Origen: La Vanguardia. La patata caliente vuelve al Supremo, por José María Brunet
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