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Montón enchufó a 23 amigos y familiares, entre ellos su marido que tuvo que dimitir a los 3 días

12 Jun

Carmen Montón junto a Pedro Sánchez

LA MINISTRA DE HACIENDA DE SÁNCHEZ, DENUNCIADA POR PREVARICACIÓN. LA CHANA ANDALUZA

La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, escribió, en su anterior cargo al frente de la consejería del ramo valenciana, un polémico historial entre acusaciones de enchufismo y endogamia. Al menos 23 casos de nepotismo ha contabilizado OKDIARIO.

El caso más representativo fue el de su marido, Alberto Hernández Campa, fichado como gerente de Egevasa, empresa pública de aguas dependiente de la Diputación de Valencia y presidida por PSPV-PSOE.

Hernández Campa acabó dimitiendo a los tres días, sin llegar a tomar posesión del cargo, por la controversia generada y para “no perjudicar a la empresa ni al servicio público que presta”. Pero ni esa renuncia cerró la crisis institucional abierta en el Gobierno valenciano. La vicepresidenta, Mónica Oltra, afirmó que la designación no era ética “ni estética”, mientras Montón -respaldada por el presidente valenciano, Ximo Puig- defendía el nombramiento de su marido asegurando que esta institución y la Generalitat corresponden a “ámbitos competenciales distintos”.

No era, en cualquier caso, ni el primer ni el único caso que vinculaba a Montón con cuestionados nombramientos. Unos meses antes, la consellería de la ahora ministra anunció que Mónica Almiñana, senadora del PSC, sería la nueva gerente del hospital La Fe. La polémica por esa designación adelantada obligó al departamento a organizar, de manera exprés, un proceso de selección por las vías oficiales que superó Almiñana, pero las reacciones llegaron tanto desde la oposición como del propio ámbito sanitario.

“Puertas giratorias con carnet del PSOE”

Apenas un año después de asumir el cargo, el PP -con la abstención de Podemos- logró sacar adelante una comisión de seguimiento de los procesos de selección y nombramiento en la consellería, ante la evidencia, denunciaron, de “casos de puertas giratorias, con grave perjuicio para muchos profesionales que no militan en el PSOE, haciendo del carnet socialista el principal y único mérito”.

Los ‘populares’ denunciaban el nombramiento indiscriminado de “hijas, cuñados y familiares de altos cargos” . Entre ellos, según la lista del PP, la exalcaldesa de Villena Vicenta Tortosa y exdiputada nacional del PSOE -y con relación personal con la consellera– como gerente del hospital de Elda, José Luis Chover, concejal socialista en el Ayuntamiento de Sagunto,  responsable del departamento de Salud de Sagunto… y un largo etcétera.

Otro de los casos más llamativos fue el del propio director general de Gestión Sanitaria. Un periodista, Germán Temprano García, logró el puesto en un proceso de selección con cinco candidatos. Pero la consellería de Montón nunca publicó el expediente del procedimiento.

La polémica de Alzira

Aunque sin duda el caso más polémico fue la reversión de la privatización de la gestión sanitaria del Hospital de La Ribera, culminada a principios de abril, y considerado por los defensores de la ministra como el gran logro de su gestión valenciana.

El cambio -por el que la Generalitat asume directamente la gestión del hospital de Alzira, 14 centros de salud y una treintena de consultorios- ya ha provocado, de entrada, el despido de 300 trabajadores con contrato temporal, además de la cúpula directiva.

Desde la plataforma en defensa del ‘modelo Alzira’ se lamentó la “escabechina” de la consejera de Sanidad, y se destacó que, a los trabajadores anteriores, habría que sumar más de 70 profesionales que en los últimos meses han dejado el departamento por las pocas garantías de la nueva gerencia pública.

La polémica ha perseguido a Montón hasta los últimos días al frente de la consellería. El foco ahora está en el hospital de Vinalopó, donde según el diarioinformacion.com, los sindicatos denuncian un nuevo caso de en el relevo del comisionado, un cargo de confianza encargado de supervisar la dirección en los centros de gestión privada. El relevo ha provocado varios ceses y nombramientos bajo la sombra del enchufismo.

Origen: OkDiario. Montón enchufó a 23 amigos y familiares, entre ellos su marido que tuvo que dimitir a los 3 días
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La responsabilidad sanitaria sí tiene quien le escriba

12 Jun

Por JR Chaves de  delaJusticia.com

J.R. Chaves

Siempre me ha llamado la atención la indiferencia del legislador hacia  un instituto jurídico-administrativo tan crucial como es la responsabilidad sanitaria (del que ofrecí una apretada videosíntesis en La responsabilidad sanitaria en dos patadas) , pese a las enormes simas de incertidumbre sobre sus presupuestos y consecuencias.

Y es que, sobre los presupuestos de responsabilidad,  buena parte de los conceptos jurídicos manejados por las sentencias son de cuño jurisprudencial ( lex artis, extensión y límites del consentimiento informado, pérdida de oportunidad, daño desproporcionado,etc); y sobre sus consecuencias indemnizatorias,  es cuestión resistente a un baremo predeterminado y específico para las singularidades del daño sanitario.

A modo de resumen jurisprudencial, citaré una sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo que a mi juicio es una auténtica leading case de la responsabilidad sanitaria, simultáneo compendio y síntesis,  que pese a datar del año 2005 no envejece con el tiempo.

Captura de pantalla 2018-06-09 a las 11.08.30Se trata de la Sentencia de 10 de mayo de 2005 (rec.6595/2001), una de las más maravillosas que me he tropezado en la vida, y se debe a la ponencia de un magistrado que acumulaba la condición de  Catedrático de Derecho Administrativo, Don Francisco González Navarro, una de las cabezas mas prodigiosas, ordenadas y abiertas que he tenido el gusto de conocer a través de algunas de sus obras ( que atesoro celosamente en mi biblioteca personal, particularmente los tres Tomos de Derecho Administrativo Español, Eunsa,2ºEd.1994).

Aquí están algunos de los fragmentos valiosos, que unen humanidad y ciencia al derecho, incorporados a esta impresionante sentencia. No se la pierdan….

21ae7630102fdce4db6abaa56967020f4119e1d41.Comienza con una digresión metajurídica, que es una delicia leerla y captarla:

“… como este Tribunal Supremo tiene dicho en jurisprudencia consolidada -y que, por lo reiterada, excusa la cita- el hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes al contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño que el paciente no tenga el deber de soportar.

Con esto estamos queriendo decir -y es idea que será explicitada luego- que no es jurídicamente correcto entender que por el hecho de que una persona sea acogida en un centro hospitalario para ser sometida a tratamiento (lo que se llama ingresar en el sistema) y ser sometida efectivamente al mismo, hay que dar ya por establecido que por el mero hecho de convertirse en sujeto pasivo del tratamiento (funcionamiento normal) hay que indemnizarle si con ocasión -y no necesariamente por causa- de ese tratamiento resultare daño físico o psíquico para esa persona. Entender esto así es tan absurdo como sostener que el alumno que es admitido en un centro público de enseñanza (admisión que hace nacer la correspondiente relación de acogida en ese centro) y que después de cursar las asignaturas correspondientes (lo que crea la correspondiente relación de enseñanza con los distintos profesores) es suspendido al final de curso (resultado dañoso) tiene derecho a que se le indemnice por haber fracasado ese centro público de enseñanza, actuando a través de su personal de línea, esto es el profesorado. El centro de enseñanza y su profesorado están obligados a facilitar al alumno los medios necesarios para que no fracase cuando llegue el momento de la prueba final, pero no se compromete a garantizar que el examinando estará en condiciones de superar satisfactoriamente esa prueba.

shutterstock_52856165-921x480Pues bien, mutatis mutandis (o sea: cambiando lo que haya que cambiar) esto mismo ocurre en la relación hospitalaria entre el paciente y el centro público que lo acoge. Porque por más perfecta que sea la asistencia médica que se haya prestado a un paciente, hay multitud de causas que pueden determinar que una intervención quirúrgica fracase, entre otras razones, porque se está actuando sobre un cuerpo vivo, cuya complejidad, y también fragilidad, es patente.

Porque ese sistema termodinámicamente abierto y portador de información (ADN) que – prescindiendo de otros aspectos que no hacen al caso en este momento- es todo organismo vivo (también, por tanto, el viviente humano) es un agregado de un gran número de procesos ordenados de tal manera que le permiten persistir, crecer, desarrollarse, reproducirse, etc… Procesos que el estado de la ciencia permite definir hoy mediante fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas y leyes de la naturaleza; un sistema que es abierto porque intercambia materia con el medio circundante, que importa y exporta componentes materiales que se constituyen y se degradan y que, porque es portador de esa información que constituye su programa vital está llamado a culminar un proceso de morfogénesis. En los tratados de Biología se enseña, en efecto, que “el máximo de los problemas biológicos, lejos de toda teoría exacta, es el de la morfogénesis, el proceso misterioso merced al cual una diminuta gota de protoplasma casi indiferenciado, el óvulo fertilizado, acaba por transformarse en esa maravillosa arquitectura del organismo multicelular”. Y por eso, el organismo humano, en cuanto viviente, es, en sí mismo, un proceso que desde su iniciación en el seno materno, donde ese ser humano va formándose, ha de ir superando diversas etapas (del cigoto al feto); un proceso que continúa luego de producirse el hecho del nacimiento, pues el neonato se hará niño, adolescente luego, joven después, más tarde adulto y finalmente anciano.”

2. Y siga con meridianas razones, enlazando sensatez y humanidad:

“El sentido común proclama, y la experiencia confirma, que pertenece a la naturaleza de las cosas la imposibilidad de garantizar el feliz resultado de una intervención quirúrgica (y, en general, de ningún acto médico). Y cuando decimos esto no estamos refiriéndonos al caso de que el servicio haya funcionado mal, lo que, obviamente, entra dentro de lo previsible. Es que también puede ocurrir -y ocurre- que habiéndose respetado escrupulosamente las reglas de la lex artis, habiéndose actuado con arreglo a los protocolos establecidos, habiendo funcionado perfectamente el instrumental y demás medios materiales, y siendo diligente, eficaz y eficiente la actuación del equipo médico actuante, puede fracasar -total o parcialmente- el acto sanitario realizado.

images (2)La técnica quirúrgica, por más sofisticada que haya llegado a ser en nuestros días, tiene siempre un componente, mayor o menor, de agresión a esa maravillosa, pero delicadísima, arquitectura que es el viviente humano. Actuar quirúrgicamente sobre el cuerpo humano es operar sobre un organismo cuyos puntos débiles -incluso con la tecnología de alto nivel de la que hoy se dispone- difícilmente pueden llegar a conocerse de antemano en su totalidad. No sólo la genética heredada, también otros muchos datos, la educación misma recibida, el entorno en que el paciente ha vivido, y tantos otros condicionantes de su conducta y de sus respuestas incontroladas, hacen impredecible en un porcentaje mayor o menor cómo va a responder al acto médico que sobre él se lleva a cabo. Si bien se mira, esto que aquí estamos diciendo es lo que dice también el artículo 141.1, inciso segundo, de la Ley 30/1992 , en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero : “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”. Y decimos más: como en el inciso primero de ese artículo se afirma que los únicos daños indemnizables son aquéllos que el lesionado no tiene el deber de soportar (es decir los daños antijurídicos) lo que está diciendo el inciso segundo es que esos otros daños de que habla no son antijurídicos.

En definitiva: operar sobre el viviente humano, no es trabajar sobre la materia inerte (madera, metal, etc, e incluso sobre el cuerpo humano muerto, o sea, sobre un cadáver, en el caso de la autopsia).”

3. Continua con unas útiles precisiones sobre la idea de “riesgo sanitario”:

The_Legal_Advantage_hero“Alguna vez se ha dicho que hay tres factores que determinan el destino de toda vida humana: circunstancia, vocación y azar. Resulta oportuno recordarlo aquí, porque, por más paradójico que parezca, es un hecho innegable que quien se somete a una intervención quirúrgica pone en riesgo su vida, porque en todo acto sanitario, y en particular en los de ese tipo hay siempre un componente de azar. Y por eso, para quedar libre de responsabilidad por los eventuales daños que pueda sufrir el paciente con ocasión -que no por causa- del acto médico, la Administración pública sanitaria ha de obtener previamente el consentimiento informado del paciente.

Son estas consideraciones las que permiten entender la aparente contradicción entre un derecho positivo que hace responsable a las Administraciones públicas de los daños causados incluso por funcionamiento normal de los servicios públicos y la jurisprudencia que, ocasionalmente (cada caso es un caso), exime de esa responsabilidad a la Administración en casos en que, si bien el servicio funcionó con normalidad, se produjo un resultado dañoso.

Como dice la STS de 16 de febrero de 1995 (Ar. 844), “los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar […] no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible”.

Nótese también que el riesgo de que aquí estamos hablando no es un riesgo creado por la Administración (del que tantas manifestaciones aparecen documentadas en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo: el de organización de festejos populares por las Corporaciones locales, con ocasión y por causa de la celebración de los mismos se producen daños a las personas o a las cosas, es probablemente el más llamativo) sino de un riesgo que pertenece a la naturaleza misma del organismo humano; de modo y manera que pertenece a la naturaleza misma de las cosas el que sea imposible garantizar ese resultado beneficioso para la salud del paciente que éste -y también el personal médico actuante- desea y espera obtener del acto médico a que va a ser sometido.”

4. No falta la alusión a los caminos alternativos para diagnosticar o tratar enfermedades:

craniometer“la medicina, no suele presentar un único método, por más que la protocolización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye que puedan existir -y así ocurre frecuentemente- otros métodos que, pese a no ser de uso generalizado, pueden ser igualmente utilizados, si en el caso concreto se considera que pueden ser más eficaces.

Y no está de más añadir que, no sólo en el ámbito de la medicina, sino en otros muchos campos del saber humano, es precisamente el saber discrepante el que abre nuevos caminos a la ciencia y a su aplicación.”

5. Un último apunte sobre la determinación de la indemnización:

” es materia cuya determinación corresponde a la potestad estimativa del juez, aunque, eso sí, con apoyo en la prueba que obre en las actuaciones, y ejercitándola con arreglo a parámetros jurídicos e incluso metajurídicos (adecuación a la naturaleza de las cosas, racionalidad, razonabilidad, sentido común). Consideramos oportuno decir todo esto, porque conviene delimitar, en lo posible, las funciones del juez y las del médico.

En suma, una Sentencia digna de incorporarse a demandas y sentencias como marco de debate, y de lectura obligatoria para quien quiera adentrarse en este instituto de la responsabilidad sanitaria donde se entrecruza el servicio público con la sensibilidad ciudadana, el daño físico y el daño moral, y en suma, lo jurídico y lo económico.

6. Por lo que se refiere al daño sanitario y la necesidad de un baremo, no puedo menos de traer a colación la reciente obra del abogado Eugenio Moure González, curtido en un sinfín de batallas judiciales y cargado de erudición, titulada “Hacia un baremo del daño sanitario… Y como valorarlo mientras tanto” (Wolters Kluwer,2018), obra para que la tuve el honor de hacer el Prólogo que comienzo sintetizando:

20180609_112022-1“Por la obra desfilan los problemas de las infecciones nosocomiales, el consentimiento informado, los errores de praxis médica o la asistencia tardía; junto a ello, se aborda el análisis de las palancas jurisprudenciales que permiten anudar la responsabilidad a la prestación asistencial: infracción de lex artis, pérdida de oportunidad, infracción de estándares de asepsia, daño desproporcionado,etc. Y tras trenzar las premisas asistenciales y las jurídicas, el autor hace desembocar su torrente de datos en lo que constituye el nudo gordiano de la obra: la valoración del daño sanitario“.

Y tras verter mis personales reflexiones ultimo sentenciando que “la comunidad científica debe prestar atención a esta magna obra de Eugenio Moure que se alza en pilar central de la teoría del daño sanitario, a base de verter datos e ideas, y que encierra la curiosa virtud o paradoja de hacernos partícipes de lo lejos que estamos de un entendimiento real de lo que es un baremo del daño sanitario, pero haciéndonos avanzar con resolución en ese campo hacia mayores cotas de rigor técnico y de respuestas equitativas.”

7.En fin, que seguiremos hablando de la responsabilidad sanitaria y de los daños; particularmente aportaré mi granito de arena sobre el escurridizo concepto de los daños morales en mi próxima entrega de la Sección del Museo de la legalidad administrativa con cuya responsabilidad me ha honrado la revista El Consultor de los Ayuntamientos, en su nueva época.

Origen: La responsabilidad sanitaria sí tiene quien le escriba | | delaJusticia.com

Decretazos y libres designaciones

12 Jun

La casta política es de lo que no hay. Utilizan las instituciones publicas y el dinero de todos para repartir favores entre afiliados, amiguetes y familiares. El BOA de hoy publica sendos decretazos que maniatan la calidad de nuestros centros y su oferta asistencial. Tambien cargos de libre designación en Alcañiz, Clínico y Servet

Llevamos décadas aguantando como la casta política del PP y del PSOE utilizan el BOA en propio beneficio. Ni la p`rensa, ni el resto de partidos políticos, ni los sindicatos, ni las asociaciones de pacientes ni de consumidores dicen nada ya  estan en el circuito de favores.

DECRETO 103 y 104/2018, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a:

LIBRE DESIGNACIÓN. DESIGNACIONES

Hospital Alcañiz

Sara Foz Cuella y Concepción Arrufat Andreu: Celadoras encargada de turno del Hospital de Alcañiz:

Hospital Clínico

Isabel Aragoncillo Bailón: Jefatura de Sección de Retribuciones del Hospital Clínico Universitario:

Sector II

Ana María Martínez Sánchez: Jefe de Grupo de Inversiones, en el Sector de Zaragoza II:

LIBRE DESIGNACIÓN: CONVOCATORIAS

Hospital Clínico

Teruel

La adjudicación directa está herida de muerte: ¿qué queda?

12 Jun

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público La adjudicación directa está herida de muerte: ¿qué queda? Hay una situación de “perplejidad” que lleva a preparar los nuevos pliegos de los contratos con dudas. Aparecen nuevos criterios que otorgan más poder a la Administración.

Las limitaciones temporales y de cuantía del contrato menor en la nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor el 9 de marzo, están obligando a agudizar el ingenio de los profesionales de los servicios jurídicos sanitarios públicos.

Los letrados y técnicos de las distintas Administraciones sanitarias llevan meses desmenuzando la letra de una norma que tiene más caracteres que el Código Civil y, sin embargo, sigue habiendo más preguntas que respuestas. Las consejerías dicen que ya tienen elaborado los nuevos pliegos de contratación, eso sí, asumiendo que “puede que no todo lo que estén haciendo sea correcto”.

Para conocer los detalles de la aplicación de la norma “habrá que esperar “. Ésta ha sido la frase más pronunciada por los letrados y personal de la Administración sanitaria reunidos en el XXVII Congreso de Derecho y Salud, organizado por la Asociación Juristas de la Salud, la semana pasada en Oviedo.

Alejandro Huergo Lora y Javier García Luengo, catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo han sido los encargados de ilustrar a los asistentes al Congreso sobre las novedades de la nueva regulación, en lo que afecta al sector sanitario.

Como punto de partida, Huergo Lora afirmó que la situación que se está viviendo en las Administraciones públicas tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es de “mucha perplejidad en su aplicación. Hay administraciones paralizadas”, aseguró. Reconoció no entender los cuestionamientos actuales “cuando desde el Gobierno no se ha planteado ninguna queja, ni ninguna oposición a las directivas que traspone la norma; además, se ha hecho una trasposición tranquila y, después de todo eso, ahora llegan los problemas y las quejas en su aplicación”.

Señaló que, aunque la impresión inicial pudiera ser que la Administración pierde capacidad de decisión con la desaparición de la adjudicación directa -“las adjudicaciones más burdas”, señala-, “es una ley mucho más discrecional, deja más cosas en manos del que contrata y, por otro lado, complica el día a día”.

Las “armas más poderosas”, que ahora están en manos del contratante se concentran en los nuevos requisitos de adjudicación, donde se introducen criterios sociales, medioambientales, de coste de la vida del producto, de innovación, etcétera. Novedades a las que debe “buscarse el encaje adecuado”.

Cláusulas sociales

Uno de los aspectos más debatidos ha sido las cláusulas sociales como criterio de contratación. Se planteó si la Administración puede justificar su decisión de adjudicación de un contrato a una empresa porque tiene un régimen salarial interno más beneficioso con sus empleados que otra que aspira a la misma adjudicación.

Sobre esta cuestión, que apunta la nueva regulación, García Luengo advirtió que “los criterios de adjudicación sociales deben de tener relación con el objeto del contrato”. Puso un ejemplo: “Se puede poner como cláusula en la licitación que el que contrate con la Administración pública tenga salarios acordes con el convenio del sector”.

El 3 de mayo de este año el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó unas instrucciones para incluir cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los procedimientos de contratación pública. Con la inclusión de estas cláusulas, persigue “favorecer la calidad del empleo, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la promoción del comercio justo y la lucha contra el fraude fiscal”.

Estos objetivos, señalados por el Gobierno autonómico de Asturias cuando presentó las instrucciones de contratación, están en el espíritu de la ley. El contrato del sector público se intenta convertir en un instrumento fundamental para llevar a cabo las diferentes políticas. Sobre esta cuestión hay acuerdo, el problema está en las herramientas para alcanzar este objetivo.
Aquí los expertos dan el alto. Volviendo a las cláusulas sociales, García Luengo avisa “son muy problemáticas y deben ser examinadas con cuidado”. Además, plantea que de este modo “la Administración que contrata se convierte en un inspector de trabajo” y se pregunta si “puede poner límites al empresario desde el punto de vista del derecho laboral”.

Otro criterio de adjudicación nuevo es el de la experiencia. “Hasta ahora había una regla de no poder utilizar la experiencia como criterio de adjudicación, pero vuelve a entrar”. En su opinión de García Luengo este criterio debe estar bien ponderado con otros.

Si en el ámbito académico la crítica puede tener sentido, sirve poco a los que tienen que aplicar la ley y, además, hacerlo ya. Durante el XXVII Congreso de Derecho y Salud, DM ha recogido el testimonio de cuatro letrados de cuatro servicios de salud autonómicos en relación a la aplicación de la norma. Son las declaraciones que aparecen a continuación.

Una ley que admite reformas y necesita interpretaciones para ganar en claridad y utilidad

Hace apenas una semana, la nueva ley de contratos recibía la primera reforma. El Congreso aprobó modificar el umbral máximo para adquirir a una misma compañía bienes y servicios a través del procedimiento de adjudicación directa, recogido en el contrato menor, para centros públicos del sistema de I+D+i (universidades, organismos públicos de contratación, hospitales que cuenten con un instituto de investigación sanitaria…). La nueva ley de contratos había reducido de los 18.000 euros fijados como techo para la contratación directa de suministros a 15.000 euros. En los contratos de obra, la cifra ha bajado de 50.000 a 40.000 euros. En los dos casos es para el mismo proveedor y suscritos en un mismo año. Pues bien, la actividad científica podrá hacer contratos de bienes y servicios de hasta 50.000 euros, en virtud de la reforma aprobada.

Otras aclaraciones sobre la aplicación del contrato menor están llegando de las juntas consultivas. En este sentido, ha habido una disparidad de criterios entre el Estado y la de Aragón en la interpretación de los límites temporales y el objeto del contrato. En opinión de los letrados consultados por DM, prevalecería el criterio más flexible, el defendido por la junta central consultiva del Estado.

“Nos va a obligar a hacer más compra centralizada”

Desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespas), Angelina Álvarez González, secretaria General, reconoce que las novedades en contratación están obligando a “trabajar de manera bastante intensa en la formación del personal y a llevar a cabo algunas modificaciones normativas en cuanto a la delegación de firmas y órganos de contratación”. En estos momentos, como es común a otros servicios de salud, están centrados en la elaboración de “pliegos marcos que se ajusten a la nueva norma”. Sobre el contrato menor, destaca: “Nos limita, entre otras cosas, a contratar con algún suministrador que ya haya sido contratista en los doce meses anteriores, lo que supone un cambio en la manera de adquirir algunos bienes y servicios en la sanidad”.

Adelanta que este contrato menor se terminará convirtiendo en “un contrato abierto que requiere mayor gestión administrativa a la hora de contratar y, por lo tanto, va a ser menos ágil, más lento, y que va a obligar a una gestión previamente planificada”. En definitiva, reconoce que están entregados a la elaboración de acuerdos marco, cuyas posibilidades, con la nueva ley, están todavía explorando. Concluye vaticinando: “Nos van a obligar a los servicios de salud a hacer el mayor número de compras centralizadas para evitar la demora excesiva en los procedimientos de gestión”. Y advierte de que “es una oportunidad para la mejora de los costes porque la compra centralizada, aunque a veces no es tan certera para el caso concreto, en una determinada área sanitaria, es más eficaz”.

“La solución a medio plazo es el abierto supersimplificado”

Los dos principales objetivos de la contratación pública que ahora tenemos por delante son la profesionalización de la contratación pública a todos los niveles, y la aplicación del coste-eficiencia del ciclo del vida del producto que se adquiere como criterio de adjudicación nuevo para, a través de eso, hacer horizontales las distintas políticas medioambientales, sociales…”.

Carmen Fernández, letrada jefe de asuntos consultivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), reconoce, como sus colegas, que están en estos momentos elaborando los nuevos pliegos de contratación. En relación al contrato menor, admite que a corto plazo no hay un sustituto claro para este modelo, pero destaca que la eliminación de esta figura supone “un incentivo para garantizar la contratación conforme a una mayor transparencia y a una mayor competitividad”.

En todo caso afirma que, “a medida que se vaya avanzando en el tiempo, el problema del contrato menor se solucionará”. Entre las alternativas que en estos momentos vé para canalizar la adquisición de suministros de manera rápida está “el contrato abierto supersimplificado”. El procedimiento abierto supersimplificado que recoge la nueva ley se crea para contratos de obra de hasta 80.000 euros y de suministros y servicios de hasta 35.000 euros. Tiene un trámite rápido de presentación de solicitud y resolución “mediante dispositivos informáticos”, pero respeta el requisito de publicidad de la oferta, que no estaba en el contrato menor (artículo 159.6).

“Lo ideal sería adaptar el reglamento a la nueva ley”

Los retos desde la Administración sanitaria son el poder definir el objeto del contrato y poder justificar la necesidad de aquello que quieres contratar con todas las exigencias que te pide la nueva ley que,de hecho, es la parte fundamental para después poder incluir las cláusulas sociales, poder admitir un régimen de modificaciones, etcétera”. Marta López Bofarull, letrada en la Unidad de Contrataciones del CatSalut, llama así la atención sobre esa necesaria justificación del objeto del contrato, algo que “corresponde al ámbito técnico de las unidades promotoras de las diferentes licitaciones y es un déficit que siempre hemos tenido”. López asegura que, desde las asesorías jurídicas de los servicios de salud, “tenemos que velar por esa suficiente justificación porque nos va a facilitar la licitación y el seguimiento de la ejecución del contrato”.

La letrada reconoce estar inmersos “en un mundo de dudas con pocas soluciones sobre qué hacer y a la expectativa de la jurisprudencia, las indicaciones de las direcciones generales y las juntas de contratación”. Lo ideal, según López Bofarull, sería “que se hiciera un trabajo reglamentario, adaptándose el reglamento que tenemos a los nuevos cambios legislativos”.

Sobre la modificación en relación a los límites del contrato menor, “se aplicará el sentido común y no diferirá mucho del contrato menor que hemos estado haciendo hasta ahora. Será valorado a posteriori, siempre, y se velará porque no se fraccione el contrato, que esto ya se está haciendo”, concluye.

“Hay que seguir haciendo contratos menores”

La sanidad no es algo que se pueda parar con la entrada en vigor de ninguna ley, ni la ley de contratos ni la ley de protección de datos. Vamos a irnos adaptando en función de los informes que hacen las juntas consultivas y en función de las sentencias. Aunque ahora tenemos sentencias de contratos que se firmaron en 2008. La justicia tiene sus tiempos”. Luis Panes, jefe de Área de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se muestra tranquilo con la llegada de la nueva norma que, recuerda, coincide con la obligatoriedad del Reglamento General europeo de protección de datos.

Tienen los deberes hechos: “Hemos adaptado los pliegos a la nueva ley y es en lo que hemos estado trabajando estos meses”, aunque es consciente de que sobre algunas de las decisiones tomadas “es posible que luego venga la jurisdicción contenciosa-administrativa a revisarlas, pero se está haciendo lo que se está pudiendo con las herramientas que tenemos ahora y la normativa recién publicada. Probablemente no todo lo que se está haciendo sea correcto“.

En relación a los contratos menores, asegura: “Hay que seguir firmando contratos menores adaptándose a la nueva normativa. Hemos dado instrucciones a todas las gerencias de que se ajusten a los límites temporales y de cuantía que establece la nueva ley. Los centros tienen que seguir funcionando, tienen que seguir con los convenios de vinculanción, con los conciertos y con los contratos centralizados”.

Origen: La adjudicación directa está herida de muerte: ¿qué queda? – DiarioMedico.com

La OMC concreta cuándo es ‘deontológicamente correcto’ indicar ‘prácticas no validadas’

12 Jun

La Comisión Deontológica de la OMC explica bajo qué preceptos es “deontológicamente correcto” ofrecer y usar “procedimientos no validados”: no provocar daño, no sustituir ni interrumpir un tratamiento médico, informar al paciente y tener su consentimiento. Y matiza: quedan excluidas las pseudoterapias por “invalidadas”.

Serafín Romero y Juan José Rodríguez Sendín. ()

La Organización Médica Colegial (OMC) tiene claro que las pseudoterapias “no curan” y que las alternativas “invalidadas científicamente” son contrarias a la deontología médica. Dicho esto, y teniendo claro su posicionamiento contra el uso de la pseudociencia, su Comisión Deontológica ha matizado bajo qué circunstancias estaría permitido que un médico indicara “procedimientos no validados científicamente”, excluyendo de estos supuestos a las pseudoterapias.

La Comisión Deontológica de la OMC, en respuesta a una pregunta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), explica en un documento al que ha tenido acceso DM: “Es deontológicamente correcto el ofrecimiento y uso, por parte del médico, de procedimientos no validados científicamente, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos básicos: no provocar daño al enfermo, no ser excusa para abandonar o no iniciar la práctica médica científica, informar adecuadamente y tener consentimiento del enfermo”.

Dado lo ambiguo del texto, que puede llevar a error al considerar que se abre la puerta al uso de pseudoterapias, DM ha consultado con el presidente de la Comisión Deontológica, Juan José Rodríguez Sendín, y con el de la OMC, Serafín Romero. Ambos explican la diferencia entre “práctica invalidada o pseudoteraopia” y “práctica no validada”, en referencia a “procedimientos médicos que en Medicina aún no tienen suficiente evidencia o consenso, y que alguna vez alguien podría utilizar por primera vez” respetando la deontología.

  • La OMC matiza la diferencia entre “prácticas no validadas científicamente” y “prácticas invalidadas, es decir, pseudoterapias”

El matiz es importante. La respuesta de la OMC, que versa globalmente sobre pseudoterapias, puede interpretarse erróneamente, confundiendo los conceptos prácticas no validadas y pseudoterapias. De ahí la pregunta de DM a los responsables de la organización colegial, que han defendido su posicionamiento contra las pseudociencias.

El párrafo que habla sobre los supuestos en los que podría aprobarse el uso de “procedimientos no validados” viene precedido por un párrafo que rechaza de plano el uso de la pseudociencia, denominándola “práctica invalidada científicamente”.

El texto reza: “Son contrarias a la deontología médica las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las invalidadas científicamente, las carantes de base científica y que prometen a los enfermos curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida”.

El informe redactado por la Deontológica insiste en que, en cualquier caso, es fundamental “no hacer daño”, “no sustituir a la medicina científica” e “infoirmar adecuadamente”, apuntando la existencia de pseudoterapias dañinas y otras que “no suponen un riesgo para la salud, o éste es muy bajo”. Según añade, las pseudoterapias “no pueden convertirse en la primera o única elección”. Finaliza señalando que el médico debe “informar de riesgos y ausencia de validez científica”.

El presidente de la OMC deja claro la postura de la organización, más clara en sus palabras que en el texto de la Deontológica: “No se avalan pseudoterapias”.

¿Que opina Apetp?

Elena Campos Sánchez, presidenta de Apetp, explica a DM que los colegios profesionales deben apostar por su propia deontología y lamenta “falta de contundencia frente a los abusos, algo que no puede admitir medias tintas”, en referencia a la posible ambigüedad del texto de la Deontológica de la OMC.

Origen: La OMC concreta cuándo es ‘deontológicamente correcto’ indicar ‘prácticas no validadas’ – DiarioMedico.com

La supervisión continuada en los MIR de primer año no se cumple

12 Jun

Las condiciones de trabajo para más de la mitad de los residentes de primer año no cumplen con los requisitos legales. Tampoco las de aquellos que se encuentran en el último año, según los datos de un estudio a nivel nacional de la OMC.

Dos de cada tres residentes de primer año (el 66,7 por ciento) afirman no estar supervisados de manera constante durante su tarea asistencial diaria, según revelan los datos de la Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España, promovida por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).Por otra parte, respecto a las guardias de presencia, el 86,1 por ciento afirman no estar supervisados de manera constante.

“El residente, si se ve en esta situación, ha de quejarse a su jefe local de docencia, a la unidad docente o a su tutor“, afirma Francisco Toquero, antiguo asesor sindical y profesional del MIR en CSIF. En el caso de que, tras este primer paso, los problemas no sean resueltos, los residentes “deben dirigirse a la Comisión Nacional de la especialidad para que el Ministerio, como último supervisor, envíe, si es necesario, una inspección al centro”. Según cuenta, en su experiencia como miembro del Consejo Nacional de Especialidades, ha habido casos en los que se le ha llegado a retirar temporalmente la acreditación de docencia a algunos hospitales.

La encuesta también revela que, en general, el 35 por ciento de los MIR encuestados afirman no poder librar habitualmente las guardias, teniendo que quedarse en el servicio para continuar con tareas asistenciales; siendo los residentes de último año los más afectados por esta problemática (el 67,6 por ciento).

Analizando la situación por especialidades, la encuesta revela que el 80 por ciento de los MIR de Urología y Cirugía general “están obligados” a permanecer en su puesto de trabajo tras guardias de 24 horas, incumpliendo así el descanso obligatorio posterior que se establece en el Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre. En el extremo opuesto, los residentes de Anestesia pueden disfrutar siempre del descanso estipulado por ley.

“Si se trata de un caso excepcional de un día no pasa nada, pero quien obligue al residente a quedarse tras guardias de 24 horas está incumpliendo la ley”, sentencia Toquero. “El descanso es necesario para estar en plenas facultades para el desarrollo de la profesión, estamos hablando de vida humana”. Si se comente una negligencia médica por un despiste provocado por el cansancio, “es un acto punible, el residente es el responsable a nivel legal. Esto sucede porque hay un derecho que ampara el descanso obligatorio. La responsabilidad del MIR pasa por exigir el respeto a ese derecho“.

La situación MIR que refleja el informe de la OMC “es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Ante una plantilla obsoleta en los hospitales, en el residente se prioriza la asistencia sanitaria frente a la formación para cubrir necesidades”. En este contexto, “la formación va dependiendo cada vez más del interés que tenga el propio residente en aprender y ha de irse buscando la vida para conseguirlo. Así de claro y así de duro”, cuenta Toquero quien, a pesar de todo, considera que el sistema de residencia español es bueno y solicita a la nueva ministra de sanidad que el sistema MIR se mantenga.

En la encuesta, además de contemplarse la situación de los MIR, también se ofrecen datos sobre aspectos relacionados con las condiciones profesionales, las agresiones a profesionales y la conciliación familiar y profesional de los facultativos

Origen: La supervisión continuada en los MIR de primer año no se cumple – DiarioMedico.com

Estas son las 5 líneas clave de Simecat, el nuevo sindicato médico catalán

12 Jun

La presentación se realizará este martes en el paraninfo de la Facultad de Medicina del Clínic

Álex Ramos, médico especialista en Medicina Preventiva, y Francisco Miralles, secretario general del CESM.

Este martes tendrá lugar la presentación del nuevo Sindicato Médico Catalán (Simecat), en el paraninfo de la Facultad de Medicina, en el Hospital Clínic, a las 18.30 horas. El nuevo organismo se presenta con el lema #Elsindicatodetodos y está constituido por facultativos que exigen la neutralidad política de la sanidad catalana.

Según han confirmado fuentes oficiales a Redacción Médica, las cinco líneas maestras del proyecto son las siguientes: la trayectoria histórica del sindicalismo médico en Cataluña y en toda España; y la necesidad de un sindicato médico que pueda defender los derechos laborales de todos los médicos.

Además, se presentará: el nuevo Simecat en el contexto sanitario actual; los servicios que tiene previsto ofrecer el Sindicato Médico Catalán y los beneficios para Simecat y sus afiliados por la incorporación de este sindicato a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Una presentación de altura

Entre los participantes en el acto de presentación del nuevo sindicato destacan Caterina Mieras, médico especialista en Dermatología y exconsejera de Cultura de la Generalitat, y Francisco Miralles, secretario general del CESM, que aseguró a Redacción Médica que: “Estamos encantados de que se constituyan y de acogerlos en cuanto aprueben los estatutos y envíen la solicitud”.

Además, también intervendrán: Patricio Martínez, presidente de honor del CESM, Pedro Larrosa, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Lucía Linares, médico especialista en Pediatría, y José Antonio Rodríguez, médico especialista en Cirugía General. Cabe destacar que la presentación estará moderada por Álex Ramos, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública

Origen: Redacción Médica Estas son las 5 líneas clave de Simecat, el nuevo sindicato médico catalán
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