Archivo | junio, 2018

IDental irá a concurso de acreedores tras cerrar todas sus clínicas

29 Jun

Desde este semana se han abierto unos cincuenta expedientes por el caso de su cierre en Albacete iDental.

iDental cierra sus clínicas en todo el país. Lo ha hecho paulatinamente. En las últimas semanas, los cierres han tenido lugar en Castilla – La Mancha y Cataluña. Se espera, ahora, que la cadena dental vaya a concurso de acreedores, según ha adelantado El independiente.

 Según ha explicado a Efe la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), desde este semana se han abierto unos cincuenta expedientes por el caso de su cierre en Albacete; un cierre “hasta nuevo aviso” y “con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y los trabajadores”, según indica el cartel que está colgado en la puerta de la clínica y que remite a un número de teléfono de línea 900 para aclaraciones.

Protestas

Tras conocerse el cierre, decenas de clientes se dieron cita ante la puerta de las instalaciones, lo que motivó que una patrulla de la Policía Local estuviera en la zona para garantizar la seguridad, según ha detallado este servicio.

Tras conocerse estos hechos, y al calcular que puede haber un “gran número” de afectados, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete ha distribuido un documento a los afectados para que sepan cómo actuar. También han precisado que van a pedir a la Consejería de Sanidad que recoja las historias clínicas de los pacientes afectados y se las haga llegar al Colegio para poder analizar la situación y colaborar con ellos.

Igualmente, organizaciones de consumidores como Facua han habilitado distintas plataformas para que los afectados puedan hacer llegar sus reclamaciones.

Hace una semana, las reclamaciones tenían lugar en Cataluña. La Agencia Catalana de Consumo (ACC) recibió más de 600 de personas damnificadas por el cierre de la cadena de dentistas, mientras que los Mossos d’Esquadra tramitan más de 350 denuncias por estafa.

Origen: VozPopuli. IDental irá a concurso de acreedores tras cerrar todas sus clínicas
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ROBOS CALLEJEROS CONSENTIDOS

29 Jun

Por SANTIAGO MOLINA GARCÍA (catedrático jubilado, Universidad de Zaragoza)

Manuel Santiago Molina, Catedrçatico de Universidad y escritor

Manuel Santiago Molina, Catedrático de Universidad y escritor

Antes de escribir este artículo, he dudado mucho debido a la vergüenza que me produce que los lectores y lectoras conozcan que, a pesar de mi edad y experiencia, soy susceptible de ser timado por cualquier jeta que se acerque a mí. Al final, un par de amigos me han incitado a que cuente públicamente lo que me ocurrió la semana pasada, aun a riesgo de que se rían de mí. Según ellos, al publicarlo contribuiré a evitar que otras personas puedan ser víctimas del mismo, o de parecidos timos.

A primera hora de la mañana estaba dando el paseo que hago diariamente. Al atravesar una esquina próxima a la Avenida de Madrid (la arteria principal del barrio zaragozano de las Delicias, en el que vive el mayor número de emigrantes de la ciudad) se me acercó un señor bien vestido, educado y con un modo de hablar que denotaba que era árabe. Me saludó cortésmente, me dijo que vivía en mi misma urbanización, que se dedicaba a comprar frutas en las fincas de la provincia de Zaragoza y que luego las vendía a pequeñas fruterías con su camión. Me hizo saber que se sentía un poco marginado por parte de los vecinos de la urbanización, excepto por mi esposa, y que por ese motivo ese mismo día pensaba regalarnos una banasta de cerezas, cosa que le agradecí de corazón. Como da la casualidad de que yo no conozco a la mayoría de los vecinos de mi urbanización (llevo viviendo en ella desde hace un año y tampoco soy muy sociable) y que, además, me consta que hay un vecino que se dedica a comprar y vender frutas, me creí todo.

Inmediatamente después me dijo que el sábado siguiente se casaba un hijo suyo, que la boda la iban a celebrar en la urbanización y que a los únicos vecinos que iba a invitar eran a mi esposa y a mí. Le di las gracias y a continuación me rogó que le prestara el anillo que yo llevaba puesto, ya que tenía que mostrarle al sacerdote el anillo nupcial y lo había olvidado en su casa. Como hasta entonces el tipo se había comportado de forma muy correcta, en lugar de negarme le hice ver que no me salía del dedo, y ahí fue cuando él se dio cuenta de que había triunfado. Me solicitó que le mostrara el dedo y en un santiamén me lo arrebató, dejándome claro que me lo devolvería ese mismo día al final de la jornada, junto con la banasta de cerezas. Me quedé unos segundos dudando si debía lanzarle un puñetazo, o si lo más útil era gritar pidiendo ayuda, pero cuando por fin quise reaccionar el tipo había desaparecido por una calle adyacente.

A las pocas horas puse una denuncia en la policía y al día siguiente me llamaron desde la brigada de policía judicial para ver si era capaz de identificar al ladrón. Como yo había dejado claro en mi denuncia que el tipo era árabe, solo me mostraron el listado de los árabes indocumentados que ellos tenían fichados. Al ver el elevado número de fichas policiales que me mostraron (no las conté, pero el montón era inmenso), me quedé perplejo y pregunté que cómo era posible que tuvieran a tanta gente fichada y que, sin embargo, estuvieran por las calles tan tranquilos. Mi perplejidad fue aún mayor cuando me hicieron saber que lo que me habían enseñado era simplemente una pequeña muestra de los emigrantes indocumentados con ficha policial en la ciudad de Zaragoza. Después de examinar de manera concienzuda ese montón de fotos, seleccioné al que yo creía que era el que me había timado y robado. Mi perplejidad llegó al paroxismo cuando supe que al tipo que yo había seleccionado lo habían detenido más de cincuenta veces y que los jueces lo habían dejado en libertad otras tantas.

Acabé pidiendo perdón al policía que me atendió, por haberle obligado a perder parte de su valioso tiempo atendiendo a una persona que se había dejado robar de una manera tan estúpida. No solo me insistió en que se había limitado a hacer lo que su código deontológico le exigía, sino que, además, me tranquilizó cuando me hizo saber que en la misma mañana, ese árabe había robado las joyas a tres mujeres con idéntica estrategia que la utilizada conmigo, y que incluso era probable que hubiera robado a más personas, puesto que una buena parte de las víctimas ya ni siquiera se molestan en poner las denuncias sabiendo que solo sirven para engordar las fichas policiales de semejantes granujas.

Después de esa experiencia, son muchas las reflexiones que he realizado para tratar de explicarme cómo es posible que haya tantos ladrones y timadores paseando impunemente por las calles de las grandes ciudades de nuestro país. Como es fácil suponer, he encontrado muchas explicaciones causales. Sin embargo, solo me referiré a las dos que considero más graves desde el punto de vista sociopolítico.

La primera hace referencia a la situación social en que se encuentran miles de inmigrantes sin papeles y sin trabajo. En esa anómala coyuntura, lo lógico es que traten de salir adelante trapicheando, timando, robando, o haciendo cosas peores. Es evidente que no todos los emigrantes sin papeles cometen actos delictivos, pero también lo es que, en la situación en que se encuentran, la salida más fácil es tratar de vivir a costa de los honestos españoles que pagamos impuestos. Si por los motivos que fueren, ese ejército de maleantes no puede integrarse en nuestra cultura, bien sea por la incapacidad de los gobiernos, o bien porque ese colectivo se niega, yo me pregunto: ¿es que no hay posibilidad legal de expulsarlos de nuestro país, o más bien es que no hay voluntad política para hacerlo? No cabe ninguna duda de que lo ideal sería poder separar el trigo de la paja y, en consecuencia, conceder papeles y trabajo a quienes se lo merezcan y expulsar a los sinvergüenzas.

Desde mi punto de vista, la segunda explicación es la existencia de un código penal que impide condenar a los pequeños delincuentes. Probablemente haya razones jurídicas para argumentar que el tipo de delitos que he narrado no deben ser sancionados con cárcel, pero no creo que nadie con sentido común defienda que esos pequeños delitos no sean acumulables. Si lo fueran, a partir de un determinado número sus autores podrían ser encarcelados por el tiempo que los expertos estimen conveniente. De ese modo se evitaría el terrible espectáculo que pude constatar yo: que haya un auténtico ejército de delincuentes con ficha policial, en la que constan centenares de delitos reconocidos por sus autores, pululando alegremente por nuestras calles. En esa situación resulta un milagro encontrar policías que todavía crean que sirve para algo jugarse el tipo cada día, como se lo juegan ellos y ellas, cuando la legislación les deja con el culo al aire.

LOS DIABLILLOS MACHISTAS SE PROTEGEN

29 Jun

Por Juana Lanuza. Experta en mobbing

Juana Lanuza

Hace ya unos días leí la noticia, que está de actualidad, sobre La Manada; podría decir que con asombro, pero no, a estas alturas de mi vida ya no me sorprende nada. La noticia era, que la Audiencia Provincial de Navarra resolvía dejar en libertad provisional a los tipejos violadores de La Manada, bajo fianza de 6000 euros.

¿Sorprendente?, pues no…el Sistema Judicial es el más poderoso y machista de toda España.

El poder judicial es el brazo armado del estado, con la fuerza de la cárcel, para tener sometida a la población civil a su voluntad y como vivimos en un estado machista, pues machista es también el sistema judicial. Él es el que decide a quien priva de libertad y a quien no, según sus intereses, que coinciden con los del gobierno que al fin y al cabo es quien paga su nómina y a quien debe tener contento.

Tengo muy claro que la cárcel no nació para que los ciudadanos pudiéramos vivir tranquilos y en buena armonía, si no para proteger a los machos poderosos del estado capitalista que nos gobierna.

No en vano el 97% de los presos lo son por delitos contra la propiedad privada y los encerrados por delitos de violación y maltrato a mujeres y niños son casi inexistentes. En una sociedad tan machista como la nuestra, las mujeres tenemos tan poca importancia que si nos violan o maltratan y no nos matan, el hecho quedará impune. Sólo cuando ya es demasiado tarde para la víctima, cuando haya muerto, entonces los jueces simularán hacer justicia.

Todo el sistema judicial español da pena, mucha pena, porque en nombre de la justicia dicen y hacen verdaderas barbaridades. Lo que no nos dicen es que la justicia que imparten está encaminada a que no se derrumbe su sistema de valores machistas. En este sentido las mujeres somos el último mono a considerar.

Es este sentido machista el que hizo pensar y decir, al juez que emitió el voto particular a favor de la absolución de los violadores, que “él no vio violación, si no explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”… ¿jolgorio?… ¿regocijo? Pues será desde el punto de vista del macho, porque no creo que ninguna mujer lo vea así.

Las edades de los chicos oscilaban entre 26 y 30 años y la chica sólo tenía 18…¿realmente puede alguien pensar que es un regocijo para una mujer tener que hacer felaciones y ser violada por cinco hombres diez años mayores que ella, mucho más fuertes y robustos, por los que no siente nada? ¡Puagh! ¡Qué asco!, y solo de pensarlo.

El caso es que ahora los han soltado con la excusa de que los magistrados no aprecian riesgo de fuga… ¿de verdad no hay riesgo?… pues estos machos duros y sin dinero han conseguido en 24 horas recolectar 6000 euros que no tenían: los familiares, amigos, vecinos y a saber quién más, los ayudan y protegen. Es la solidaridad del machismo.

Encima dice el abogado de La Manada que ahora se ha hecho justicia… ¿justicia para quién?

Hay quien dice que necesitamos reformas penales, pero yo más bien creo que lo que realmente necesitamos son reformas mentales y morales.

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La privatización de la Sanidad Pública en Cataluña segun la FADSP

29 Jun

Se entiende aquí privatización de la atención sanitaria pública no exclusivamente como un cambio de titularidad de los recursos sinó como obtención de beneficio económico empresarial por la provisión de servicios. Cuando la provisión de estos Servicios se efectua por entidades de gestión y titularidad públicas, el beneficio puede revertir en ahorro o en mayor dotación presupuestaria para la atención sanitaria. Por esto hablamos de privatización

Como ayuda para comprender el paso de la provisión de la atención sanitaria pública a un producto mercantil capaz de generar beneficios privados explicamos algunas de las diferentes vías utilizadas en Cataluña, sistematizadas por Joan Benach en las siguientes:

  • Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado
  • Estimular la segmentación del sistema público
  • Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
  • Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
  • Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciendolo o infrautilizándolo
  • Reforzar un sistema de salud mas individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospitalocentrismo y el exceso de protocolización
  • Favorecer a través de la cultura mediàtica la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado

En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras

Legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado

Desde 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) definió el modelo sanitario catalán como un modelo mixto separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de Servicios configurándolo como la asseguradora pública y el agente comprador de los Servicios Sanitarios. Esta ley ofrece la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. La modificacion de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer acuerdos, convenios, consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entitades públicas o privadas.

Asi a partir de 1995, se crearon las entidades de base associativa (EBA) modelo de autogestión en la sanidad pública, por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales privadas con ánimo de lucro. Su peso es pequeño ya que prestan atención primaria a poco más del 3% de la población catalana pero su papel es relevante porque constituyen el máximo nivel de autogestión ensayado en la sanidad pública española [1]. Han obtenido buenos resultados de gestión, calidad asistencial y satisfacción de los pacientes en las zonas donde se implantó el modelo que coinciden en su mayoria con áreas de población con doble cobertura sanitaria por cotizar a una asseguradora privada. Las EBAs han acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, con remuneraciones que llegan a duplicar y triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y beneficios (más de 1,5 millones en total y hasta 304.000 euros en un caso) al vender sus acciones. Estos beneficiós se han visto crecer incluso durante los recortes, calculados en casi 11 millones en los últimos años. Según dictamen de la Comisión de Garantia de Acceso a la Información Pública estas entidades no tienen naturaleza pública y no estan obligadas por la Ley de Transparència a mostrar sus cuentas anuales auditadas aunque mas del 80% de su actividad se retribuye con dinero público[2].

Los Consorcios son otro tipo de organización entre varias empresas de los que no existe un registro público donde se puedan consultar sus memorias y cuentas anuales. Los Consorcios no dan origen a una persona jurídica distinta de la de las empresas que lo constituyen por lo que no cabe su registro. El presupuesto de los Consorcios Sanitarios donde la Generalitat tiene participación mayoritaria es aprobado por el Gobierno però sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas las fiscaliza y emite el informe correspondiente que si es de acceso público aunque suele aparecer después de varios años.[3]

Uno de los Consorcios que levanta mayor polémica es el Consorcio Hospital Clinico en él que se halla establecida BARNACLINIC empresa participada en 100% por capital público. Barnaclínic S.A és una sociedad mercantil que utilitza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas a cambio de un alquiler ya sea camas, equipos de diagnostico o tratamiento, quirófanos, UCI y recursos humanos. La polèmica se levanta por lo difícil que resulta diferenciar si un determinado recurso se està utilizando para la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública o si una priorización es debida a un criterio clínico o no. Un informe de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo), referia que un 17,1% de las visitas privadas se realizaron en horas de trabajo del medico y si se excluyen las intervenciones urgentes tambien 6.8% se hicieron en horas de atención a pacientes públicos. El 44% de una muestra de pacientes tuvieron intervenciones, visitas, pruebas o tratamientos en el hospital con cargo al CatSalut en un período de tiempo inferior a 2 meses antes o después del proceso asistencial realizado en BARNACLÍNIC.

A las críticas de usuarios y vecinos se han añadido demandas por parte de la patronal del sector privado[4] La controvèrsia sigue en pie en el camino de hallar la fórmula jurídica adecuada a la ley. Alguna vieja fórmula ya se ha aplicado en Cataluña desde antes de la transición en otros centros como el Hospital de San Pablo de Barcelona donde la Fundación Puigvert, institución sin ánimo de lucro, inaugurada por el mismo general Franco y especializada en Urologia, Nefrologia i Andrologia, atiende a los pacientes de la sanidad pública del àrea correspondiente a dicho hospital.

El debate sobre las fórmulas de gestión no dependientes de la administración se añade al debate sobre la autonomia de gestion en el campo de la capacidad de decidir autónomamente sobre la asignación interna de los recursos disponibles; aunque algunos opinan que puede aumentar la efectividad y la eficiencia tambien se ha constatado que junto a la autonomia de gestión ha ido paralelamente en aumento la opacidad y la falta de rendimiento de cuentas además de aumentos del déficit sustentado por los diferente proveedores que han generado vínculos de dependència con entidades financieras

Tenemos un sistema público fragmentado

La mayor fragmentación se da en la atención hospitalària. 57 hospitales integran el Sistema Integral de Salut (SISCAT) de los que los 8 pertenecientes al INSALUD durante la transición pasaron a ser gestionados por el Instituto Catalan de la Salud (ICS) tras su creación en 1983. La mayor parte de los hospitales comarcales no pertenecian al INSALUD. Ahora dependen de entidades locales públicas y privadas, consorcios y corporacions religiosas que gestionan tambien en muchos casos la atencion primaria de su zona.

En atención primária el ICS gestiona el 77% de los 371 equipos. El 23% restante está gestionado por 36 entidades distintas (14 Consorcios Públicos, 7 Fundaciones, 12 EBA, 3 sociedades anònimas[5]). Muchas de estas 37 entidades son proveedoras al mismo tiempo del SISCAT y sociosanitarios de la zona. Alrededor de 50 equipos de atención primaria (EAP) estan gestionados por este tipo de entidades provocando su dependència econòmica y funcional de las estructures hospitalarias mucho más potentes económicamente que marcan los flujos de la atención secundaria y que en su majoria, prestan atención privada en sus centros hospitalarios.

Externalización y subcontratación de Servicios

Ya no se prevé integrar otros centros en el ICS al contrario, por ejemplo el programa de integración del Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) fué anulado. El IDI tiene hoy dia contratos, convenios y encargos de actividad con múltiples entidades que no son el ICS.

Actualmente el 62,3% del gasto del Cat Salut se debe a la provisión de Servicios en forma de conciertos con diversas entidades públicas y privadas y un 37,7% a un contrato –programa con el ICS [6]

Bajo la idea de colaborar para coordinar múltiples aspectos del funcionamiento y necesidades de los Centros Asistenciales se creó en 1984 el Consorcio Hospitalario de Cataluña, hoy Consorcio de Salud y Social (CSSC) que ha desarrollado su actividad en el ámbito local y municipal. Hoy dia este consorcio agrupa a 27 entidades de gobieno local y a 30 hospitales de agudos del SISCAT, 53 centros de atención primaria y 106 dispositivos de Salud Mental todos ellos entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que reciben por parte del CSSC servicios de alto valor añadido y colaboración en la definición del modelo, adaptádose a las nuevas situaciones de los centros sanitarios y de atención social del mundo municipal.

Como ejemplo de la función del CSSC algunas de estas entidades como el H de Sant Pau, H. Clínic, H. del Mar, Consorci Sanitari Integral y el Laboratorio de Referencia de Cataluña han elaborado junto al Ayuntamento de Barcelona y organismos como la Agencia de Salud Pública de Barcelona una propuesta de “contratación pública socialmente responsable” en cumplimiento de la nueva Ley de contratación Pública de novembre de 2017 que traspone al ordenamiento jurídico español dos de las 3 Directivas de Contratación de la Unión Europea: 2014/23/UE relativa a contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública. [7]La propuesta insta a aplicar a los contratos no directamente asistenciales o de “batas azules” criterios de clàusules sociales y ambientales. Si bien introducirán mejoras en las condiciones contractuales, no discriminación, fomento de la contratación de empresas de economia social, se afianza la externalización y fragmentación de la gestión de unos servicios cuyo costo en conjunto calculan en 64 milones de euros y que se reparten en 40% cocina, 38% limpieza, 9% Mantenimiento, 5% Lavanderia, 6% Seguridad y 1% transporte

El CSSC ha creado durante todos estos años un “holding” de empresas que han extendido sus actividades a prácticamente todas las áreas sanitarias: gestión, consultoría, ingeniería, compras, laboratorios. Este modelo ha sido el origen de algunos escándalos de corrupción. Es el mismo que se puso en pràctica en Reus creando el “holding” INNOVA de empresas de servicios sanitarios y otros por el que se sigue un proceso contra 3 personas uno de ellos Josep Prat (ex presidente del ICS) condenado ya al pago de 900.000 € de multa con una causa en la jurisdicción penal en la que le solicitan 10 años de carcel. Por otro lado el presidente y director general del CSSC desde su creación hasta 2012, Ramón Bagó, fundador del potente grupo Sehrs, dedicado a hosteleria tambien ha sido investigado en los últimos años. Su actuación en este consorcio en la adjudicación de contratos fué calificada por la fiscalia de “evidente situación de confluència en su persona de intereses públicos y privados en claro conflicto, atendiendo a su posición”.[8]

Políticas favorecedoras de sistemas privados

La idea de racionalización y aprovechamiento de los recursos ha conducido a que sea la misma empresa que gestiona el hospital comarcal la que gestiona los equipos de atención primaria de la zona que pierden autonomia y así establecen contratos de atención sanitaria con empresas privadas por el hecho de estar localizadas en el Área Integral de Salud correspondiente. Alguna entidad privada como Mutua de Tarrasa con larga tradición. Dos hospitales privados por ejemplo, uno de ellos con ánimo de lucro[9], reciben pacientes desde el Hospital Clínico de Barcelona por estar en su área. En otros centros la presión de las listas de espera obliga a la derivación de pacientes a hospitales privados o públicos de zonas mas lejanas como es el caso de pacientes del Valle de Aran que son derivados a Barcelona[10]

La degradación del sistema público

Los recortes de 2011 cuando CIU puso de Consejero de Salud al Director de la patronal hospitalaria de Cataluña Boi Ruiz, debilitaron enormemente el sistema público y no se ha recuperado. Se estima que tras los recortes, la actividad del Hospital Clínico por ejemplo, se redujo un 16% lo que hace plausible que esta actividad haya sido asumida por otros centros de su àrea. La presión de las listas de espera de los grandes hospitales se ha utilizado remitiendo a los pacientes a la red de centros privados muchas veces sin corresponder al àrea integral de salud correspondiente. Por ejemplo pacientes del àrea metropolitana de Barcelona son derivados a centros privados del centro de la ciudad con desplazamientos costosos però aceptados por la demora en ser programada la intervención o la prueba diagnóstica

El presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 millones en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.200, después de sucesivas rebajas. En cambio el grupo privado IDC pasó de recibir 71 millones en 2010 a recibir 127 en 2012 [11] En 2013 la reducción del presupuesto de Atención Primaria respecto a 2010 fué del 22%[12]. Aunque El Cat Salut ha mejorado ligeramente la asignación presupuestaria en los dos últimos años, siempre se ha primado la asistencia hospitalaria sobre la primaria. Actualmente reconoce que en atención primaria hacen falta 1.500 profesionales médicos[13]

La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido. El sistema sanitario público catalan debe enfrentarse al crecimiento de las asseguradoras privadas; 27% de los ciudadanos de Cataluña tiene un seguro privado[14]. La disminución de un 15% del presupuesto sanitario público entre 2010 y 2014 ha repercutido en un aumento del 16% en los beneficiós de las asseguradoras[15]. La estadística de los Centros Hospitalarios de Cataluña que elabora el Departamento de Salut muestra tambien que durante estos años ha aumentado de manera notable el número de profesionales y las Inversiones en los centros hospitalarios privados mientras han disminuido en los del ICS hasta el inicio de una leve recuperación en los dos últimos años. Aún así las mejoras presupuestarias muestran un claro favoritismo por la atención hospitalària. La situación precisa en la actualidad poner en el centro la acción de potenciar urgentemente la Atención Primaria para iniciar una reversión controlada del daño. Hasta ahora no se ha dado este paso.

Origen: La privatización de la Sanidad Pública en Cataluña – fadsp

Piden cárcel para un médico por humillar a una enfermera durante 15 años

29 Jun

Según la Fiscalía, en una ocasión, el agresor llegó a decirle: “Eres una inútil, no sirves para nada”

Los hechos ocurrieron en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

Un médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se enfrenta a una petición de nueve meses de cárcel por humillar a una enfermera durante más de quince años. Según la Fiscalía, el facultativo “mantuvo un comportamiento abusivo” hacia su compañera y la trató de “forma despectiva delante de los pacientes”.

El mismo auto refleja que el médico “con el propósito de que soportara su presencia, pese al malestar que aquello le ocasionaba, entraba continuamente a las dependencias de la consulta fuera de los días de agenta para llamar por teléfono y utilizar el ordenador de la consulta, tanto la de los médicos, como la de la Enfermería”.

Con el objetivo de causar todo el malestar posible a la enfermera, “entraba cuando la denunciante se encontraba realizando curas, o bien mientras usaba el ordenador, provocando en ella un sentimiento de incomodidad que le obligaba a salir del despacho mientras él le sonería. Si realizaba una cura se ponía detrás de ella a hablar con el paciente impidiendo que pudiera desempeñar su trabajo con libertad”.

Uno de los episodios más violento tuvo lugar en octubre de 2007 “cuando se inició una discusión entre ambos, momento en el que el acusado, con el propósito de humillarla, le dijo “inútil, no sirves para nada”, a la vez que movía las manos haciendo gestos para intentar agredirla, bloqueándole la puerta para impedir que saliera y arrinconándola contra la pared”.

“Incluso cuando ella comenzó a trabajar en el turno de tarde, conocedor el acusado de que entre las 2,30 y las 3,00 horas, la denunciante se encontraba sola, se presentó en una ocasión con el consiguiente miedo que creaba en ella“, según relata el fiscal.

Denuncia en 2015

No fue hasta 2015 que la enfermera se atrevió a denunciar al médico ante el Comité de Investigación Interna para las Actuaciones de Acoso. En ese momento se inició el correspondiente expediente y se impidió a los cirujanos entrar en la consulta fuera de agenda. Sin embargo, el procesado no hizo caso del comité y se le llegó a advertir que se le impondría un expediente sancionador.

Origen: Redacción Médica. Piden cárcel para un médico por humillar a una enfermera durante 15 años

Derecho del paciente a rectificar informes de su historia clínica

29 Jun

Soy médico en una clínica privada y un paciente me ha pedido que rectifique el contenido de un informe de su historia clínica por considerarlo inexacto y por temor a que dicha historia clínica se requiera en el procedimiento judicial sobre la guarda y custodia de sus hijos menores. ¿Tiene derecho a esa rectificación? R.S.T. (Valencia)

En este caso debe conjugarse el derecho a la protección de los datos personales y la obligación de conservar la historia clínica.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales, que ha entrado en vigor el pasado mes de mayo, sigue contemplando el derecho a la cancelación o rectificación e, incluso, incorpora nuevos derechos como el de supresión, manteniendo especial atención a los datos relacionados con la salud y al régimen de su consentimiento.

Por otro lado, la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, establece un plazo de conservación de la documentación clínica de, al menos, cinco años, desde el alta del proceso asistencial. El transcurso de este plazo no supone una cancelación automática de los datos. La información médica que forma parte de la historia clínica, como señala la citada ley, puede ser determinante de futuras actuaciones sanitarias que redunden en la salud del interesado.

Por tanto, y sin negarse el derecho a rectificar unos datos inexactos conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del reglamento europeo, tal derecho debe ponerse en conexión con el artículo 17 de la Ley de Autonomía del Paciente, que se refiere a la conservación de la historia clínica y dice: “… para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial “. La historia clínica, según el propio artículo 16.1 de la ley, “es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente”.

Se impone, por tanto, la obligación de conservar los datos contenidos en la historia clínica por el tiempo que resulte adecuado a cada caso, en beneficio del propio paciente y, obviamente, bajo criterio médico. Si el paciente en el caso concreto no solicita la rectificación/cancelación de sus datos personales de base, sino la corrección de unos datos de salud que figuran en un informe médico en particular, sin aportar prueba en contra que acredite la inexactitud de tales datos o la ausencia de necesidad de conservarlos para los fines para los que fueron recogidos, el médico no debe atender a la petición del paciente.

Origen: Derecho del paciente a rectificar informes de su historia clínica – DiarioMedico.com

OPE: Técnicos de laboratorio admitidos y excluidos

29 Jun

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna.

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y de discapacidad.

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