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El Presidente nacional de Cesm afirma que la “gestión enfermera de la demanda representa un delito de intrusismo”

6 Jul

El colectivo se plantea exigir “responsabilidades penales” porque el modelo “ataca” sus competencias

Tomas Toranzo, Presidente de CESM nacional y Secretario General de  CESM Castilla León

La denominada “enfermera de la demanda”, con la que el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) se ha propuesto traspasar competencias clínicas al personal de enfermería en la atención de supuestas patologías leves, se ha encontrado con la frontal oposición del sindicato médico CESM, que ha advertido de su “disposición a exigir, si llega el caso, responsabilidades penales por suponer un caso claro de intrusismo profesional, al invadir competencias que la ley reserva en exclusiva a los médicos”.

El modelo cuestionado por los facultativos ya funciona, o se está implantando, en 15 centros de salud de Castilla y León -entre ellos el Santa Elena, en la capital zamorana-, y es fruto del acuerdo alcanzado hace ahora algo más de tres años entre la Consejería de Sanidad, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería y el sindicato Satse. “Un acuerdo que ya fue rechazado por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León y que no es fruto del consenso profesional”, apuntan las mismas fuentes.

El Presidente nacional de CESM secretario general de CESM en Castilla y León, el médico zamorano Tomás Toranzo, apunta que “las competencias de médicos y enfermería están delimitadas en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que es de alcance nacional y determina que las atribuciones clínicas y asistenciales de los médicos no son delegables”. Además, subraya que si los facultativos quieren hacer valer esto “no es por corporativismo profesional, sino porque la legislación y el sentido común indica que es la mejor forma de garantizar la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes cuando acuden a los centros de salud”.

El sindicato arremete contra los principales argumentos que esgrime al respecto el Sacyl. Le parece insostenible, por ejemplo, que se hable de patologías “leves”, ya que “el carácter de éstas es fruto de un diagnóstico que sólo puede hacer el médico. Una cosa es trabajar en equipo y otra delegar competencias profesionales que son exclusivas del médico”, afirman.

Por otra parte, CESM considera “falaz que diga que lo mismo ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, puesto que lo que carece de justificación no la adquiere por mucho que otros incidan el mismo error, y también considera inverosímil que se pretenda revestirlo como un avance en la organización de la asistencia. Es un contrasentido que hace unos años se exigiese la especialización en Medicina Familiar y Comunitaria para poder ejercer en Atención Primaria y ahora parte de esas competencias se quieran trasladar a enfermería, competencias que no puede ejercer en el sistema público un licenciado en medicina”.

En realidad, apunta Tomás Toranzo, “el auténtico objetivo es abaratar la asistencia a costa de la calidad”. “El verdadero avance sería destinar más presupuesto a paliar las deficiencias en la plantilla de especialistas que existen en Atención Primaria”, concluye.

Origen: El sindicato médico afirma que la “gestión enfermera de la demanda representa un delito de intrusismo” – La Opinión de Zamora

LA PRESENCIA DE FOTÓGRAFOS EN LOS JUICIOS PENALES

6 Jul

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado y escritor, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

Después de la aprobación de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, comenzó a permitirse la presencia de fotógrafos en los juicios, un mundo que siempre había sido hermético a la publicidad, salvo algunos jueces estrella, que al final acabaron estrellados.

Se entendía que la justicia debe de ser pública, y que la mejor forma seria permitiendo la mayor publicidad posible a los juicios, para que la población se enterase de los mismos.

El CGPJ dictó algún Acuerdo sobre el particular, que ahora no tengo a la vista, pero que, en síntesis, consideraba que era bueno que los ciudadanos se enteraran de a quien se juzgaba, y porqué.

Se crearon unos gabinetes de prensa o comunicación social en cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la misma forma que el propio CGPJ creó también su propio gabinete de información, situando a su frente a avezados profesionales…, aunque no siempre, y a este asunto dedicaré un próximo artículo.

Recientemente asistí a un juicio penal en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el pobre acusado fue reiteradamente fotografiado –más bien crucificado- por un avezado fotógrafo, al que alguien le abrió la puerta de la sala de vistas, antes de comenzar la vista propiamente dicha.

Esa misma tarde el diario Aragón Digital publicó la foto del acusado, y una amplia reseña del juicio, firmada por una periodista que obviamente asistió al juicio.

No esperó a que hubiera una sentencia condenatoria contra él, como hubiera sido lo lógico y procedente…, no fuera a ser que la realidad le estropeara una buena noticia.

El “único problemas” es que unos días después se dictó una sentencia absolutoria sobre este señor, pero eso no le supuso ningún problema ni al medio ni a la periodista: volvieron a la carga, publicando de nuevo todos los datos más escabrosos del caso, así como la fotografía del entonces acusado, y ahora absuelto, por si alguien no se había enterado todavía… ¡Y aquí paz, y después gloria!

¿A mí que coño me importa el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, si lo único que quiero es tener más audiencia, y ya sabemos que este tipo de noticias, propias del antiguo periódico “El Caso” son las que más interesan a una población formada mayoritariamente por ignorantes, envidiosos, cotillas y correveidiles?

Formulada la demanda correspondiente contra el citado medio, repito, Aragón Digital, su director, la periodista y el fotógrafo del diario digital, estos reciben copia de la demanda en la sede de la empresa, pero posteriormente su abogado presenta un escrito diciendo que no hay tal fotógrafo –al parecer, se ha evaporado-, y que las fotos en cuestión fueron obtenidas por la periodista que cubrió el juicio, lo que no es cierto, pero puede decir en su defensa lo que quiera, y es posible que el fotógrafo sea un freelance, que cobre a tanto la foto, y carezca de contrato de trabajo y seguros sociales, o sea autónomo, etc. (Cosas más raras se han visto).

Tras preguntar a la Audiencia Provincial correspondiente, la de Zaragoza, repito, contestan lo siguiente: “…se pone en su conocimiento que esta Audiencia no dispone de un registro de periodistas y fotógrafos acreditados, pudiendo obtener dicha información dirigiéndose al Gabinete de Comunicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Y en esas estamos.

Fotos, sí, pero asumiendo las responsabilidades que procedan en Derecho.

Para lo cual será preciso que los Tribunales o Juzgados correspondientes identifiquen debidamente a todos y cada uno de los fotógrafos actuantes, vamos, digo yo.

SAE considera simbolica ña subida del 1% en los salarios

6 Jul

Comunicado del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)

La pérdida de poder adquisitivo es muchísimo mayor del 10%

La subida del 1% en los salarios de los empleados públicos es puramente testimonial o simbólica porque difícilmente va a contribuir a la recuperación real en las economías de estos trabajadores, dado que en los últimos 7 años, desde que empezó la crisis se ha perdido más de un 10% de promedio entre recortes y congelaciones por lo que queda mucho por recuperar. De hecho este 1%  está lejos del 3% que ha señalado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

“La confianza en que se está empezando a salir de la crisis se desvanece en los trabajadores cuando se trasladan los datos y las cifras de macroeconomía a las cuentas domésticas del día a día. Las auténticas víctimas de la crisis, los trabajadores, continuamos inmersos en ella y hemos dejado por el camino salarios y derechos que queremos recuperar cuanto antes”, afirma Isabel Lozano, secretaria de organización del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

Por otro lado, y aunque se han empezado a recuperar algunos derechos, son muchos los conceptos que hay que restablecer más allá de imprescindibles subidas en los salariales base. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas conceptos retributivos como el desarrollo profesional está paralizado y ya es hora también de empezar a dinamizarlo.

“Asimismo, para SAE es también prioritario el aumento de las plantillas de TCE absolutamente deficitarias en la mayor parte de los centros hospitalarios y que, de nuevo con el argumento de la crisis económica, no sólo no se han aumentado sino que no se han sustituido debidamente a los profesionales en situación de baja laboral o descanso. Y en este aspecto también la ministra de Empleo ha apostado por la creación de empleo”, manifiesta la secretaria de organización de SAE.

Desde este Sindicato esperamos que la superación de la crisis sea una realidad para todos los trabajadores, cuanto antes, y no sólo un titular de periódico para fomentar una mejora en la imagen del Gobierno.

El decreto de las 1.483 plazas, en septiembre

6 Jul

El nuevo decreto que incluirá la oferta de empleo público de 1.483 plazas sanitarias se publicará en el mes de septiembre. Al menos, ese es el objetivo fijado ayer en la subcomisión delegada creada a raíz de la bilateral entre el Gobierno aragonés y el estatal celebrada la pasada semana.

Las subcomisión ratificó el acuerdo al que se llegó en la bilateral para poder ofertar esa OPE extraordinaria. De este modo, se suscribirá un acuerdo por escrito con el objetivo de poder sacar un nuevo decreto de oferta al amparo de la Ley de Presupuestos del 2017.

Por otra parte, el BOA publicó ayer el plan de recursos humanos del Salud acordado en mesa sectorial del 1 de febrero con los sindicatos.

Origen: El decreto de las 1.483 plazas, en septiembre – Aragón – El Periódico de Aragón

El exministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches quince meses después de dimitir

6 Jul

La protección del exministro de Industria, que abandonó el cargo por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, cuesta al Estado más de 250.000 euros

La Secretaría de Estado de Seguridad le retiró la escolta al cumplirse el año de su cese como ministro, pero el Gobierno se la mantiene cuando está en Canarias

Seis policías vigilan su mansión 24 horas al día desde que denunciara el misterioso robo de Nochebuena, del que nada se sabe seis meses después

José Manuel Soria, junto a su abogado, Nicolás González-Cuéllar, y un escolta policial, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

Quince meses después de dimitir por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, el ex ministro de Industria José Manuel Soria sigue gozando de privilegios públicos, como si todavía fuera un alto cargo oficial. A pesar de que ya no tiene derecho, el ex presidente del PP canario dispone de escolta que a lo largo de este año y cuarto ya le ha costado al Estado más de 250.000 euros.

En realidad se trata de dos servicios de protección distintos. Uno es la escolta de dos policías que le acompañan siempre en sus desplazamientos; otro, la vigilancia estática de su chalet en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, por parte de seis agentes en tres turnos las 24 horas. Una custodia que se ha convertido en permanente desde  el misterioso asalto a su casa en Nochebuena.

El coste para el erario público de estas tareas policiales, que la Secretaría de Estado de Seguridad decidió cancelar en abril pasado al cumplirse un año de la salida de Soria del Gobierno, se deduce de los salarios brutos de una media de ocho policías asignados a su protección, más billetes de avión y dietas de estos por vuelos entre islas y a la Península, según confirman a Canarias Ahora fuentes policiales.

Contra todo criterio razonable y en aparente contradicción con la decisión del Ministerio del Interior del 17 de abril de este año de retirar la escolta a Soria cuando aterrizaba en Madrid, la Policía sigue prestando ese servicio cuando el ex ministro se encuentra en su tierra por orden del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, según estas mismas fuentes.

Los funcionarios que escoltan a Soria allá donde vaya están adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Su sueldo bruto, incluido el base y diversos complementos, es de 2.220 euros al mes, además de dos pagas extra al año de 727 euros cada una: 28.000 euros al año.

Al coste de esa escolta dinámica de dos agentes (56.000 euros en un año entre los dos; tiene asignados cuatro policías que se turnan cada semana), hay que añadir estos tres últimos meses en los que se le mantiene la protección en Canarias: otros 13.000 euros, lo que alcanza un total de 69.000 euros hasta la fecha por guardar las espaldas del ex ministro, ahora dedicado a negocios con su firma Sorben Partners.

Además, a esos salarios se suman los gastos derivados por billetes de avión entre islas y a la Península, ya que uno de los escoltas acompaña a Soria en el vuelo y regresa en el siguiente a Gran Canaria, y del mismo modo hasta el cese del servicio en Madrid en abril pasado, un policía adscrito a la Unidad Central de Protección hacía lo propio en el vuelo de vuelta Madrid-Gran Canaria. Ahora ya vuelve solo.

Cálculos internos policiales elevan estos gastos a otros 15.000 euros, en el caso de los agentes de la Jefatura en Canarias, y 10.000 euros más por la escolta de Madrid a la isla, una cantidad menor al haber cesado esta hace tres meses. Pero durante los doce primeros meses después de su dimisión la cobertura al exministro que dice ahora haber tenido una cuenta en Suiza era total entre efectivos de Madrid y Las Palmas, según donde estuviera el protegido.

Soria viaja al menos una vez a la semana a la capital de España, donde suele pasar de martes a jueves atendiendo sus asuntos particulares, lo que supone unos 60 desplazamientos en avión, ida y vuelta, de sus guardianes públicos, que también perciben dietas de 30 euros por exceso de horas en estas funciones extras.

La decisión de proteger a altos cargos públicos es competencia de una comisión de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, y de la que forman parte el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.

Por norma básica, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección a Personalidades, creada en 1997, revisa cada seis meses la asignación y retirada de estas guardias, en función de unos criterios que desde 2012, ante la disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA, persigue optimizar recursos policiales para otros cometidos y la reducción del catálogo de personalidades que realmente necesiten llevar escolta por amenazas reales.

Un coche camuflado delante de su mansión

Desde su dimisión el 15 de abril de 2016, Soria también goza de escolta estática delante de su vivienda en Gran Canaria. Durante al menos siete meses, entre abril y noviembre del año pasado, el servicio se realizaba solo cuando el ex ministro se encontraba en la isla y pernoctaba en casa, una media de cuatro días a la semana.

En este caso, son funcionarios con categoría de policías adscritos a la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la misma brigada de Seguridad Ciudadana. Y como sus compañeros de la UPR, sus nóminas brutas son similares, incluyendo al menos un trienio, que alcanzan los 2.130 euros mensuales, con dos pagas extra al año de su sueldo base de 720 euros cada una

Vigilancia policial ante la casa de José Manuel Soria. (CANARIAS AHORA)

El gasto calculado de estos seis policías (repartidos en tres turnos diarios) en 2016 sobrepasa los 55.000 euros, cantidad resultante de sumar sueldos brutos de solo tres meses y medio, al pasar Soria al menos la mitad de esos siete meses fuera de la isla y no ser necesaria la vigilancia de su domicilio. En noviembre, la vigilancia estática le fue retirada coincidiendo con los seis primeros meses de servicio y la formación del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sin embargo, desde que el ex ministro denunciara el extraño asalto a su mansión y el misterioso robo de documentos, joyas y dinero en metálico de su caja fuerte, la tarde del 24 de diciembre pasado, la vigilancia estática de su casa ha pasado a ser completa, las 24 horas al día desde hace ya más de seis meses. Y sin que hasta hoy exista el menor indicio fiable de la autoría del robo para remitirlo a un juzgado.

Así, desde Nochebuena, seis efectivos de la UPS vigilan cada hora la mansión de Soria desde la calle, principalmente de paisano y en coches camuflados, aunque en las últimas semanas el servicio fue cubierto por patrullas de uniforme y en coches con distintivos policiales, hecho que según ha podido saber este diario disgustó a Soria hasta el punto de reclamar la vuelta de los más discretos vehículos k y que los agentes vistieran de calle. Como así ha sido desde este último fin de semana.

La vigilancia permanente de la casa de los Soria Benítez supone hasta el día de hoy otros 80.000 euros en sueldos de policías a los que se les retira de otras funciones, de la misma índole, en otros puntos fijos como pueden ser hospitales a los que se trasladan detenidos o condenados a penas de prisión, principalmente, ya sea por urgencias o por intervenciones quirúrgicas programadas.

Según han explicado las fuentes consultadas, durante las últimas semanas y con la llegada del verano y las vacaciones del personal, se han producido desajustes en las tareas de custodias de la Jefatura Superior en Canarias, al quedarse sin vehículos por estar uno asignado al puesto de seguridad de Tafira. Fue el caso del lunes de la semana pasada, con seis vigilancias fijas ese día.

Además, el domingo anterior se prestó la seguridad estática en el domicilio del ex ministro por funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (091), en un vehículo combi con tres policías, como pudo comprobar este periódico. A juicio de las fuentes consultadas, esa custodia supuso una merma en la prestación de servicios de calidad a las llamadas de los ciudadanos, al retirar una dotación que es exclusiva para llamadas de urgencias.

A todos estos costes detallados hay que sumar también los gastos por combustible y mantenimiento de los dos vehículos policiales asignados a la protección de Soria, el estático desde el que se vigila su casa y con el que se desplaza con sus escoltas. El montante global supera así el cuarto de millón de euros hasta el momento.

Tanto el gabinete de prensa del Ministerio del Interior como los de la Jefatura de la Policía y la Delegación del Gobierno en las islas no han respondido a las preguntas de este periódico sobre los motivos y criterios, y las consecuencias para el trabajo diario del Cuerpo, para la protección policial de la que sigue sirviéndose Soria.

En el caso de la Secretaría de Estado de Seguridad, la explicación ha sido que “por motivos de seguridad, no tenemos esa información [su gabinete de prensa]”.

Origen: El Diario Alexis González El exministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches quince meses después de dimitir
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6 Jul