Marea Blanca Aragón, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Plataforma de Salud Mental de Aragón y la Comisión de Salud de la FABZ, han elaborado un balance sobre la gestión de la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud en estos dos años de legislatura
Descargate el Balance de Gestión de la Sanidad Aragonesa
El pasado viernes, las entidades Marea Blanca Aragón, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Plataforma de Salud Mental de Aragón y la Comisión de Salud de la FABZ, presentaron ante los medios de comunicación un balance sobre la gestión realizada por la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud en estos dos años de legislatura.
En la elaboración de dicho informe destacan seis aspectos sobre la gestión realizada por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, y que a juicio de las mencionadas entidades influyen de manera directa en el estado de la Sanidad en el territorio aragonés.
En primer lugar, los presupuestos sanitarios, que aunque para este año se ha producido un ligero aumento, para estas entidades todavía es “insuficiente globalmente para alcanzar los niveles anteriores del 2010”.
En segundo lugar, la consolidación de las ‘listas de espera’ quirúrgicas y diagnósticas. “Este fenómeno está creando desconfianza en nuestro sistema sanitario y cada vez más usuarios optan por la contratación de servicios privados para aligerar su espera”, apuntan. Además, “persiste la opacidad en la información, con pacientes en espera de citación sin estar contabilizados en las listas”, con un funcionamiento “muy parcial de los sucesivos planes de choque” y donde “se siguen detrayendo recursos públicos en convenios privados para intervenciones y pruebas”.
La agudización de los problemas derivados de la masificación y la falta de recursos humanos en Atención Primaria generan, a juicio de estas entidades, “deficiencia de calidad asistencial y de capacidad resolutiva”. “La masificación de los centros crea barreras de acceso a la atención por las esperas en Primaria”, aseveran.
La reducción de personal médico especialista en numerosas áreas de la salud es otro de los aspectos a mejorar para estas entidades aragonesas. También lo es el mantenimiento de la externalización de servicios, con una “fuerte degradación de los mismos en áreas como la limpieza de centros sanitarios (el empeoramiento de las condiciones laborales de estos colectivos tienen consecuencias en el correcto funcionamiento de la sanidad), entre otras”. A su juicio, “se insiste en la política de convenios con entidades privadas detrayéndose recursos públicos e impidiendo la dotación suficiente de presupuesto y personal necesarios en el Salud”.
En Salud Mental, salvo para mantener los Centros de Salud Mental en su misma ubicación en barrios, “hay que señalar la lentitud en la toma de decisiones o la ausencia de éstas”. Para estas entidades, “no se ha contado con el Consejo Aragonés de Salud Mental para las funciones que le fueron asignadas en su constitución, con una ‘participación’ más aparente que real”, no existiendo una dirección de Salud Mental “ni coordinación entre dispositivos”.
“Lo que unido a la falta de información sobre listas de espera (no transparencia) o unificación de criterios, sin informatización adecuada ni coordinación eficaz genera notorias desigualdades en las posibilidades asistenciales”, lamentan. La existencia de dispositivos carentes de planes específicos (como el de Trastorno Mental Grave), patologías no incluidas aún en la red de salud mental (como las adicciones), y la precariedad (infanto-juvenil, red de recursos intermedios comunitarios), afectan de manera directa al sistema de Salud.
También destacan dentro de los aspectos a mejorar, las líneas generales que hasta ahora siguen los criterios de priorizar la atención hospitalaria y la concertación sobre la necesidad de mejorar la atención en el territorio y reforzar la gestión pública de la asistencia. Al mismo tiempo, y según explican, no existe “ninguna actuación de mejora en equipos y tiempos en los Centros de Salud Mental, ni en equipos y fórmulas de refuerzo comunitario”.
En suma, y a juicio de estas entidades, “si bien se aprecian algunas mejoras en aspectos de la Sanidad Pública, en general la caracterización de la gestión del Salud la podemos considerar, en muchos aspectos, como continuista de la política del anterior ejecutivo PP-PAR”. “Hemos de resaltar que tras un primer periodo de diálogo y promesas de cambio, los actuales gestores han entrado en una fase de mayor opacidad y renuncia a la participación ciudadana”, subrayan.
Propuestas
Para subsanar los aspectos destacados en el informe, desde Marea Blanca Aragón, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Plataforma de Salud Mental de Aragón y la Comisión de Salud de la FABZ, proponen una serie de medidas que podrían paliar de alguna forma dichas carencias.
Entre ellas, la creación de un Plan de reducción de las listas de espera con utilización intensiva de recursos públicos del Salud, con dotación suficiente de presupuesto y personal necesarios, y un Plan de información periódica general (y personal de su situación en la lista) a la ciudadanía. Además de la creación de Unidades clínico-administrativas informativas y de gestión.
En el ámbito de la Atención Primaria, desde estas entidades proponen el establecimiento de un Plan de reposición de personal en los cupos (muchos con más de 1.500 tarjetas individuales que son 250 tarjetas más de las marcadas por las sociedades de medicina de familia, pediatría y enfermería o por los expertos de AP21). Así como la mejora de la capacidad resolutiva y la coordinación Primaria-Especializada.
Asimismo insisten en acabar con los recortes, “recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2010 y exigir al Gobierno central una fórmula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista”, aseveran. Además de una dotación suficiente para los hospitales de Alcanyiz, Teruel y otros centros pendientes.
Un Plan para recuperar el empleo perdido con la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública, además de recuperar los centros privatizados. “No sólo se han de recuperar los Centros deficitarios como el CASAR”, a su juicio, se deben “exigir responsabilidades por su mala gestión y falta de control presupuestario, y recuperar las prestaciones atendidas con Convenios con centros privados”, así como “acabar con los procesos de externalizaciones (ambulancias contratas de limpieza, etcétera)”.
Exigen también la dedicación exclusiva del personal del Salud sin exclusiones para Jefes de Servicio y Sección. Acometer incentivos en la contratación y puntuación para las zonas rurales, o con dispersión poblacional. Al igual que el establecimiento de un Plan de formación del personal sanitario (pre y post grado) independiente de la industria.
Un Plan de uso racional de los medicamentos y nuevas tecnologías con un plan de reposición de las mismas con recursos públicos, no ligados a la Industria farmacéutica o de las tecnologías, es otra de las propuestas que desde estas entidades se ha presentado para mejorar el ámbito sanitario.
Mejorar la red pública comunitaria de salud mental y priorizar la atención de las personas afectas de un Trastorno Mental Grave (programa de TMG) y su entorno, con recursos suficientes para llevar a cabo su tratamiento sin dejar de lado otro tipo de trastornos, de menor gravedad, pero de mayor frecuencia. Así como la creación de una red asistencial que precisan los y las menores, desarrollar el sector público y constituir una sólida red de servicios de Rehabilitación de gestión propia, establecer coordinación entre recursos de modo que aseguren la continuidad asistencial, y la inclusión de los tratamientos de adicciones en la red de salud mental con una dirección específica.
Otra de las medidas que presentan es el desarrollo de la Salud laboral en los centros sanitarios públicos. Para estas entidades, la mayoría de enfermedades profesionales están siendo atendidas en el Sistema Estatal de Salud, para ello proponen la puesta en marcha de un Plan para la detección y declaración.
Establecer sistemas eficaces de Participación social y profesional en todo el Salud y recuperar la gestión pública de los centros públicos con gestión privada. “Nos oponemos a la creación de microempresas, acogidas el modelo de gestión empresarial, con presupuestos propios y capacidad para comprar y vender servicios, laboralizar al personal y dar entrada a la participación del sector privado”, concluyen desde Marea Blanca Aragón, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Plataforma de Salud Mental de Aragón y la Comisión de Salud de la FABZ.
HERALDO SANITARIO y POLÍTICO - SATÍRICO DE OREGÓN 