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Celaya hará frente al plante de los anestesistas y ofertará dos plazas en el Clínico a final de mes

9 May

Los profesionales hacen su jornada, pero llevan ya más de una semana sin hacer operaciones extra por la tarde. La contratación de las vacantes se regirá por la bolsa única de interinos.

Chano Celeya, eñ rey de los tueertos que con una mano echa pediatras adelantando la edad de jubilacion y con la otra se lamenta de su falta

El Departamento de Sanidad ofertará a final de mes dos plazas de anestesista en el hospital Clínico de Zaragoza para completar la plantilla e intentar que el personal se ofrezca de nuevo a operar en horario de tarde. Los profesionales de este servicio se plantaron a principios de mayo y decidieron cubrir su jornada laboral de mañana, pero no participar en intervenciones vespertinas que sirven para reducir lista de espera quirúrgica.

Fuentes del Departamento de Sanidad reconocieron ayer que de momento el Clínico continúa sin programar peonadas –operaciones extraordinarias retribuidas en horario de tarde– al no haber ningún profesional que voluntariamente se ofrezca a trabajar. La semana pasada se cancelaron unos 40 quirófanos (los próximos ya no estaban programados según aseguraron las mismas fuentes)

Desde Sanidad explicaron, además, que está previsto hacer un llamamiento a final de mes para ocupar varias vacantes de anestesistas en la Comunidad, entre ellas, dos en el hospital Clínico de Zaragoza. Insistieron en que este proceso se regirá por la bolsa única de interinos y que podrán participar todos los profesionales inscritos en este listado. Además, recordaron que Sanidad convocó a finales de abril una Oferta Pública de Empleo (OPE) para 21 plazas de anestesistas.

Con esta oferta se quiere intentar cubrir las vacantes generadas en la Comunidad aragonesa y, especialmente, los puestos en hospitales de difícil cobertura. Por ejemplo, hay todavía cuatro sin cubrir del anterior llamamiento en el hospital de Teruel. Los especialistas prefieren elegir plazas generadas en grandes hospitales de la capital aragonesa. De hecho, los responsables de Recursos Humanos del Salud negocian con los sindicatos un plan de incentivos (sin retribución económica) que anime a los especialistas a ocupar puestos de la periferia.

Más plantilla

Los anestesistas, por su parte, insisten en que no están haciendo un plante ni una huelga, ya que cumplen escrupulosamente con su jornada ordinaria de mañana, pero reconocen que por ahora no van a participar en peonadas. Hacen hincapié en la sobrecarga de trabajo que han sufrido durante los últimos meses para cubrir la actividad de mañana y de tarde y han criticado la falta de personal. Sostienen que la plantilla está incompleta y que han tenido que hacer frente a varias bajas laborales.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, respondió la semana pasada a este problema y aseguró que no entendía el conflicto ni el cansancio manifestado por los profesionales. Atribuyó esta situación al apoyo que el servicio intenta prestar a los residentes para que se puedan quedar trabajando en el Clínico. Sin embargo, el máximo responsable de Sanidad subrayó que cualquier contratación se regirá por la bolsa de empleo creada para regular este sistema y que, ante todo, intentará garantizar la asistencia en todos los centros sanitarios de la Comunidad.

Origen: Sanidad hará frente al plante de los anestesistas y ofertará dos plazas en el Clínico a final de mes | Noticias de ARAGÓN en Heraldo.es

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El momento de tratarnos mejor

9 May

Por Alejandro Andrés. Presidente de la Asociación de Facultativos Eventuales Sanitarios de Aragón en representación de toda la junta directiva

Alejandro Andrés

El Salud incumple una y otra vez las normas que ellos mismos ponen. Los anestesiólogos del Clínico han soportado en los últimos meses una carga extra de trabajo a la espera de que se cubran las vacantes generadas tras la puesta en marcha del listado único centralizado. En vista de que no parece que esa solución esté próxima, quizá no quieran continuar con sus prolongaciones de jornada. El Salud, que acordó que las vacantes tienen que cubrirse a través del listado, es el que ha generado esta situación, ya que no todas las vacantes han salido. Pues claro que interesa que el hospital de Teruel tenga una plantilla completa, qué culpa tendrán los turolenses de que la demografía de Aragón sea la que es.

El Salud espera a dos semanas antes de que que acaben los residentes para ofrecerles lo que ellos deciden, sin seguir el listado, y les ofrecen un contrato con una inestabilidad laboral a la que, a los 30 años, no accedes por gusto, cuando en otras comunidades cercanas les tratan mejor, les ofrecen contratos mas estables y unas reglas del juegoclaras. Este listado no gustó a ningún médico en su momento, porque si es cierto que era necesaria una bolsa de trabajo hecha en condiciones, éste no lo es; pero quizá, si el listado funcionará correctamente, alguno de los residentes que acaban de formarse este año se plantearía ir a Teruel y cuando se jubile éste o aquel, tendría opciones de moverse, o de quedarse si así lo decide. Pero no lo decidirá él, lo hará algún gerifalte que sacará o no esa plaza vacante en el Clínico, esa jubilación en el Provincial o esa baja en el Servet siguiendo los criterios inventados para su listado o no, cuando toque o no. Ante esta situación quizá los dirigentes del Salud esperaban que una persona adulta, que ha hecho una carrera y una especialidad, esperase sentada en el sofá a ver qué migajas les tiraban, pero no, quizá se han buscado la vida.

Estamos cansados de no tener unas normas del juego claras, de que las inventen, las cambien, las incumplan, de acumular contratos de dos o tres meses durante años… Quizá ha llegado el momento de tratarnos un poco mejor. La medicina es una profesión vocacional, nos debemos a nuestros pacientes y siempre vamos a tratarlos lo mejor que podamos, pero verán que por desgracia hay pacientes en todos lados.

El hospital Obispo Polanco se queda sin dermatólogo a partir de julio

9 May

Celaya confía en encontrar un sustituto para poder mantener abierto el Servicio.

El área de Citaciones del hospital Obispo Polanco de Teruel registra a diario una gran actividad.antonio garcía

El hospital Obispo Polanco de Teruel podría quedarse sin Servicio de Dermatología a partir del próximo mes de julio. La única plaza de especialista en enfermedades de la piel que hay en el centro quedará vacante en esa fecha al marcharse el profesional que ha venido ocupándola y solo si el Gobierno aragonés encuentra suplente podrá seguir funcionando la unidad.

Desde el Departamento de Sanidad de la DGA mostraron ayer su confianza en que la vacante podrá cubrirse. “Estamos buscando sustituto”, subrayaron.

La situación en Dermatología es un ejemplo más de las dificultades del hospital Obispo Polanco para encontrar especialistas. El Servicio de Reumatología ha estado cerrado en los últimos meses –se espera reabrir ahora– por falta de facultativo y hay plazas vacantes en Urología, Traumatología, Oftalmología –tres médicos podrían incorporarse a finales de mes–, Anestesia, Radiología, Anatomía Patológica y Otorrinolaringología. La DGA también busca un médico de urgencias y otro para Laboratorio. Las cosas podrían complicarse aún más hasta finales de año, cuando 4 facultativos habrán cumplido los 65 años, la edad a la que el Salud está jubilando a sus profesionales.

Desde el sindicato médico CESM calificaron de “catastrófico” que un hospital general como el Obispo Polanco llegue a quedarse sin dermatólogo y achacaron a la Administración sanitaria “falta de previsión, porque el titular de la plaza avisó durante años de que iba a marcharse”. Estas fuentes criticaron que el hospital tenga solo una plaza de dermatólogo “algo totalmente insuficiente”.

También el hospital comarcal de Alcañiz ha tenido problemas para encontrar dermatólogo. Las consultas de esta especialidad tuvieron que suspenderse en febrero por falta de facultativo hasta que poco antes de Semana Santa se contrató a un médico que va tres días a la semana a Alcañiz y otros dos trabaja en Zaragoza.

Origen:María Ángeles Moreno. El hospital Obispo Polanco se queda sin dermatólogo a partir de julio | Noticias de TERUEL en Heraldo.es

La verdad distingue

9 May

Por Cayetana Alvarez de Toledo. El Mundo

Cayetana Álvarez de Toledo

Tras leer mi último artículo en estas páginas, Luis Garicano puso el siguiente tuit: «Mucho cuidado. Empieza la campaña para conseguir la impunidad por el caso de corrupción más grave de la democracia». Su valoración del caso Lezo como el peor desde la muerte de Franco, por encima de Filesa, Roldán, Ibercorp, KIO, Rumasa, ERE, Gürtel o cualitativamente Pujol, no me sorprendió. La actualidad es un narcótico: impone su agenda, adormece la memoria, favorece la exageración. Lo que me llamó la atención fue que Garicano -economista, hombre racional, partidario del sometimiento de la política a los procedimientos y conclusiones de la ciencia, ¡consejero de Euromind!- convirtiese una defensa de las garantías procesales en un sórdido y, ojo, delictivo intento de encubrimiento. Es decir, que incurriese en el típico proceso de intenciones en el que anida el gusano populista. Como un Iglesias o un Sánchez cualquiera. Y pensé: estamos peor de lo que creíamos.

El concepto de objetividad hace tiempo que ha dejado de regir. Las políticas identitarias, hijas del pueril 68, han ido arrinconándolo de forma que lo relevante no es qué dices, sino quién eres. Hombre. Heterosexual. Español. O, como es mi caso, ex diputada del Partido Popular. O sea, según Garicano, una defensora de la corrupción. La devaluación de la objetividad ha favorecido a su vez a los censores. Esos apóstoles de la corrección, que patrullan la plaza pública en busca de descarriados a los que lanzar, ya amordazados, a la pira. Para todos ellos, la lucha contra la corrupción es un terreno ideal. Cualquiera que levante la voz contra los excesos justicieros es acusado de complicidad con el nuevo enemigo público número uno. Que su último blanco sea el fiscal jefe Anticorrupción es una injusticia poética.

La sugerencia de Moix de sancionar a los medios que publiquen información protegida por el secreto de sumario ha sido rechazada por unanimidad. Hasta el ministro de Justicia ha salido raudo en su ataque. No fuera nadie a recordar que hace un año él propuso lo mismo. La reacción de Catalá es sintomática de una transformación decisiva. Nuestro director, Pedro García Cuartango, ha recordado que el oficio del periodismo consiste en molestar al poder. Sin duda. El problema es que el poder ya no es lo que era. Se ha fragmentado, como argumentó Moisés Naím. Y se ha degradado. El Ejecutivo está hoy sometido a una presión y a un nivel de escrutinio inéditos. El Legislativo ha perdido protagonismo e influencia frente a la telecracia. Los partidos tradicionales ya no luchan por la hegemonía sino por la supervivencia: el racional Macron, presidente sin partido; el doblemente fracasado Sánchez, renacido gracias al odio visceral a los poderes fácticos fácilmente reconocibles, de Prisa al PP. Ni siquiera el Poder Judicial es inmune a la disolución de las jerarquías -sólo hay que ver el espectáculo en la Fiscalía- y desde luego no lo es al ambiente. El poder menos transparente, representativo y accountable -y por tanto más obligado a la ejemplaridad- también es humano. «Gente del pueblo», diría Velasco. Los jueces tienen sesgos, limitaciones y en algunos casos se dejan arrastrar por lo que otros -en general, policías- escriben y filtran. ¿Y qué decir del Cuarto Poder? El periodismo de calidad, el guionista del mundo, ha perdido el monopolio de la información y del debate. Digitales basura. Mentiras en red. Obsesión por el click. La competencia es salvaje y su consecuencia es la mutación del periodismo: de contrapoder a correa de transmisión y brazo ejecutor. El cambio en la naturaleza del poder no ha reforzado los derechos cívicos. Los ha erosionado. Pocos ejemplos más nítidos que la publicación masiva, sistemática e impune de sumarios judiciales. Sobre todo, de aquellos declarados secretos también para las partes.

La indefensión de un investigado alcanza hoy niveles impropios de un Estado de Derecho. Está ciego. Su abogado no tiene acceso al sumario. No sabe de qué se le acusa. No puede preparar su defensa ni ofrecer su versión a los medios. Sin embargo, día a día, ve cómo su nombre acapara titulares. Cómo la opinión pública dicta sentencia. Y así durante meses, mientras el juez prorroga el secreto del sumario. Para cuando llega al banquillo, ya está desahuciado. Aunque el tribunal fuera impermeable al mundo exterior y dictase su absolución. Así le ocurrió, entre tantos otros, a Francisco Camps, al que el diario El País sigue citando como paradigma de la corrupción.

Es cierto que el Código Penal castiga a los jueces, fiscales o funcionarios que filtren datos de un sumario. Incluso con pena de prisión. ¿Pero alguien es capaz de ponerle cara o nombre a un filtrador? ¿Cuántos han sido condenados? «Casi cero», en desolada expresión de un catedrático de Procesal. La porosidad de los juzgados, camarotes de los hermanos Marx, no facilita la identificación de los culpables. Pero tampoco hay voluntad. La impunidad nace también de la convicción. Los hipócritas claman contra los filtradores con la boca pequeña. Porque la filtración es un negocio. Desde luego político y a veces también económico. Y porque en los juzgados impera una práctica habitual entre nuestras élites: la irresponsabilidad.

Es curioso. Ahora que está tan de moda exigir a los dirigentes políticos que asuman su responsabilidad in vigilando sobre la conducta de miles de cargos públicos, nadie exige a los jueces que asuman la suya sobre los delitos cometidos entre un puñado de colaboradores. En Estados Unidos y Reino Unido se han disuelto jurados y se han anulado juicios por la contaminación mediática. Aquí no pasa nada.

Tampoco los medios han sido proclives a asumir su responsabilidad ante ciudadanos inocentes. La jurisprudencia, subrayan, les protege. Y es cierto. Pero para un buen periodista, qué triste consuelo. La utilización de material robado a sabiendas; la divulgación de datos fiscales –Aznar, Aguirre, ahora Bardem-; la vulneración del derecho a la intimidad mediante la publicación de conversaciones sin interés para la causa… España se ha convertido en un tabloide. En cambio, el país que los inventó (y quizá precisamente por ello) ha escogido un camino distinto. En Gran Bretaña rige desde 1981 el Contempt of Court Act, según el cual un medio puede ser castigado por contribuir a un juicio paralelo o publicar una información sujeta a secreto. ¿Vamos a acusar por ello a los británicos de laxitud ante la corrupción o de insensibilidad hacia la libertad de prensa?

En el otro extremo, el caso más asombroso es el que ayer citaba Enrique Gimbernat. El Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo dictó en julio de 2014 lo siguiente: «Si el objeto de la información es un procedimiento de investigación penal, los medios pueden prescindir de pesquisas propias, siempre que de las averiguaciones de la policía o de la fiscalía se haya derivado una sospecha, la cual justifica -aun teniendo en cuenta los intereses del afectado- que la información sea publicada». Es decir, que las meras sospechas, pongamos, del comisario Villarejo o del juez Garzón (los fiscales alemanes son el equivalente a nuestros jueces instructores) eximen al periodista de investigar nada. De cotejar nada. De verificar nada. Palabra de la Autoridad, palabra de Dios. Pocos párrafos resumen mejor el sometimiento de los medios al poder. El desprecio al sentido mismo del periodismo.

Los medios han de encarar su responsabilidad y respetar límites claros, en beneficio del sistema democrático, pero también de sí mismos. ¿Qué interés puede tener un periódico frente a cualquier plataforma basura si no es capaz de ofrecer a sus lectores la fuerza del hecho, el valor añadido de la verdad? La conjetura iguala a todos los medios por lo bajo. La verdad distingue. Pero, claro, frente a la decadencia tendrán que pasar dos cosas. Que los periódicos recuperen su vocación contracorriente. Y que sus accionistas estén dispuestos a asumir el coste.

Origen: Cayetana Álvarez de Toledo. El Mundo.  La verdad distingue

Los médicos de familia exigen un calendario de vacunación para adultos

9 May

Leandro Catalán, Presidente de Fasamet y SEMG Aragón

Los médicos de Familia urgen un calendario de vacunación para adultos como ya tienen otras comunidades españolas. Recuerdan que diferentes instituciones europeas y americanas recomiendan que se inmunice a esta población y así lo han entendido otras autonomías. Madrid, por ejemplo, ha incluido la vacuna frente al neumococo para los mayores de 60 años y los grupos de riesgo.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg Aragón) ya pidió al Gobierno de Aragón hace un año que aprobara un calendario de vacunaciones para adultos y ante la falta de respuesta, ahora, ha vuelto a reivindicarlo. De hecho, hace dos meses que esta entidad solicitó una reunión con los responsables del Salud para debatir sobre esta cuestión y está previsto que, en los próximos días, registre otra reclamación en el Departamento de Sanidad.

El presidente de Semg Aragón, Leandro Catalán, recuerda que Aragón se encuentra por detrás de otras comunidades en ese sentido, ya que Navarra, Castilla León, Castilla La Mancha, Valencia, Asturias, Galicia, Canarias, País Vasco o Madrid, entre otras, ya cuentan con calendarios de adultos.

En ese sentido, Catalán denuncia que Aragón ha establecido incluso un «obstáculo» para la prescripción de la vacuna neumocócica a los grupos de riesgo en adultos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Explica que hasta el pasado mes de octubre los médicos podían prescribir este fármaco y era Inspección quien lo autorizaba, pero ahora el Salud obliga a estos pacientes a ir a los servicios de Medicina Preventiva.

«Los gastos sanitarios derivados de ingresos y complicaciones secundarias que ocasionan este tipo de enfermedades son superiores al coste de la vacunación de este grupo de población», defiende el representante de Semg Aragón. «Entre las estrategias de la Organización para prevenir la enfermedad neumocócica se encuentra la vacunación», añade este facultativo, que aboga regular otras vacunas en adultos como la del papiloma.

La mayoría de profesionales, señalan desde Semg Aragón, destacan los beneficios de las vacunas para disminuir la «incidencia y prevalencia» de las enfermedades y conseguir mejorar el nivel sanitario de la población. «Esta disminución de la enfermedad conlleva un ahorro importante del gasto sanitario que evita ingresos hospitalarios y largos tratamientos en estos pacientes », recalcan desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad explicaron ayer que Aragón apuesta por seguir las indicaciones del Consejo Interterritorial de Sanidad para conseguir unificar los calendarios de todas las comunidades españolas y evitar diferencias.

Origen: C. F. B. Heraldo de Aragón

Apuntes sobre la corrupción sanitaria en España (II): cúpula política

9 May

 

El autor continúa con la serie sobre corrupción sanitaria, adentrándose en el ámbito político y hablando de investigaciones e imputaciones que llevan años salpicando la política sanitaria en España. A su juicio, la corrupción estructural tiene en la política un sustento relevante.

Por Amando Martín Zurro. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria

Desde el comienzo del siglo XXI la política sanitaria en España se diseña e implementa de forma ampliamente descentralizada al estar traspasadas la gran mayoría de las competencias en este campo a las nacionalidades y regiones del estado.

El gobierno central mantiene atribuciones en el terreno de la sanidad exterior, coordinación estratégica, productos farmacéuticos y formación. Los aspectos relativos a la actividad asistencial forman parte de las competencias totalmente traspasadas a las correspondientes consejerías de salud.

La corrupción en el ámbito político se pone habitualmente en relación con los procesos de diseño y toma de decisiones estratégicas y se centra en las figuras delictivas de prevaricación y malversación, sin olvidar las actuaciones pasivas o permisivas: un lessez faire, lessez passer que suele traducir la creencia, arraigada entre nosotros, de la inevitabilidad de cierta corrupción estructural en la administración de los recursos públicos.

Las imputaciones (ahora investigaciones) de políticos sanitarios son numerosas y frecuentemente relacionadas con irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación de obras de hospitales, centros de salud y la compra de tecnología y otros materiales de uso asistencial.

Sin pretensiones de exhaustividad señalaremos algunos de los casos más sonados: como el de las obras del hospital mallorquín de Son Espases en el que están implicados el expresidente Jaume Matas, la exconsejera Aina Castillo y el exdirector del servicio balear de salud Sergio Beltrán.

La comunidad valenciana acapara una parte importante de los casos de corrupción política sanitaria a través del cobro de comisiones por la adjudicación de múltiples obras, sobre todo a partir del año 2003. Los exconsejeros de sanidad valencianos Serafín Castellano, Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado están imputados en diversos procesos por financiación ilegal del Partido Popular y/o irregularidades contractuales en el marco de la trama Gürtel, y Rafael Blasco fue condenado por el caso cooperación cuando era consejero de solidaridad y ciudadanía antes de serlo de sanidad.

También relacionada con la trama Gürtel está la imputación como beneficiaria a título lucrativo de la exministra de sanidad Ana Mato. En el caso de Madrid los problemas de corrupción son de diversa naturaleza, desde adjudicaciones de obras y contratación de suministros de materiales a construcciones de hospitales con criterios de planificación sanitaria carentes de la pertinencia necesaria.

Los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes fueron imputados por las irregularidades detectadas en el proceso de privatización hospitalaria de Madrid. En el País Vasco fue imputado el exviceconsejero de sanidad Rafael Cerdán por irregularidades en la contratación de servicios.

En Cataluña han surgido casos importantes de corrupción pero hasta hoy no han afectado judicialmente a la cúpula política; serán abordados cuando tratemos los producidos en el nivel de dirección y gestión de instituciones, centros y servicios.

Los ejemplos anteriores son indicativos de la importancia de la corrupción en los más altos niveles del gobierno de la sanidad estatal y de las comunidades autónomas. Aunque una parte significativa de las actuaciones dolosas se refieren a las adjudicaciones de obras y servicios, también se observan otras, como en el caso de Madrid, que afectan a una de las funciones primordiales de las consejerías de Sanidad como es la planificación estratégica de centros y servicios y llegan hasta la propia presidencia de la comunidad.

Son paradigmáticas e inefables las repetidas declaraciones de Esperanza Aguirre intentando disculpar su conducta, con incumplimiento de los deberes esenciales de una gobernante que menospreció profundamente el cuidado de los bienes públicos y se rodeó de un equipo de políticos que camparon por sus respetos generando conexiones delictivas de la sanidad madrileña con distintas empresas y con tramas como Gürtel y Púnica.

La corrupción en la cúpula sanitaria agrava o potencia su carácter cultural y estructural en la medida que, por su gran visibilidad, traslada al resto del sistema mensajes negativos acerca de la ética y honestidad que deben regir las conductas de los máximos responsables políticos.

La proliferación de esta lacra dificulta aún más el hallazgo de soluciones a corto y medio plazo del problema al propiciar que el conjunto del sistema sanitario se impregne funcionalmente de esta cultura de la corrupción, minusvalorando sus consecuencias y generando una conciencia laxa que dificulta su rechazo social absoluto.

Cambiar los marcos culturales es una tarea lenta y difícil y requiere la puesta en marcha de acciones firmes y continuadas en el tiempo para prevenir y corregir las desviaciones detectadas. Estas acciones han de tener su origen en los ámbitos políticos representativos y, fundamentalmente, en el propio entramado social. Poco esperanzados podremos estar en el hallazgo de soluciones efectivas al problema si nuestros representantes políticos son también partícipes, por activa y por pasiva, de esta corrupción estructural.

Origen: Apuntes sobre la corrupción sanitaria en España (II): cúpula política – DiarioMedico.com

La receta electrónica en cualquier farmacia

9 May

La receta electrónica en cualquier farmacia

La receta electrónica en Aragón ya es operativa en otras comunidades autónomas, al haberse integrado en el proyecto de interoperabilidad impulsado por el Ministerio de Sanidad. Ello supone que cualquier persona podrá recoger la medicación prescrita en las farmacias de cualquier autonomía inscrita en el programa. De momento están operativas Canarias, Extremadura, Galicia, Navarra y Valencia pero se prevé que en este año todas queden integradas en el sistema. La semana pasada ya se hicieron las pruebas en Aragón. Una iniciativa de sentido común que facilita el acceso a la medicación de los pacientes en cualquier territorio. Con las tecnologías actuales no tenía sentido esta disfunción del sistema

Origen: La receta electrónica en cualquier farmacia – Opinión – El Periódico de Aragón