La empresa alega que todo se debió a un fallo informático, pero el gerente y tres empleados se enfrentan a penas de cárcel
El supuesto cobro de 136.811 euros de más al Servicios Aragonés de Salud (Salud) por servicios ficticios o no prestados llevó ayer al banquillo de los acusados a Ambuibérica, como persona jurídica, a su director- gerente, Carlos Magdaleno, y a otros tres empleados: Jorge Pastor Casquero, jefe de tráfico de la empresa, David Llanos Tola, responsable de coordinación de servicios, e Irene Lázaro Benito, administrativa. Para los trabajadores encausados, la Asociación de Ambulancias del País Vasco –que se personó en el caso como acción popular– pide penas que suman 17 años de cárcel y 19.800 euros en multas por falsedad documental y estafa. Por estos mismos delitos, para la compañía propone una sanción de 180.000 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público.
Los cinco acusados comparecieron ayer ante la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, pero ninguno de ellos llegó a prestar declaración, ya que su defensa aprovechó las cuestiones previas del juicio para invocar la llamada doctrina Botín y solicitar el archivo de la causa. El abogado Gabriel Castro recordó a los magistrados que en este asunto ni el presunto perjudicado –el Salud– ni la Fiscalía han presentado cargos, siendo la acción popular la única que acusa. Conforme a las tesis del Tribunal Supremo (TS), cuando esto ocurre, la defensa está legitimada para plantear el sobreseimiento de las actuaciones. Y eso fue lo que hizo.
El presidente del tribunal, Rubén Blasco, consideró la cuestión de «extraordinaria importancia», hasta el punto de optar por el aplazamiento de la vista para estudiar el tema. En el caso de atender la petición de la defensa –que fue apoyada por el ministerio público–, los acusados serán exonerados. De lo contrario, se volverá a señalar la vista y los cinco serán juzgados.
Los hechos que han llevado al banquillo a Ambuibérica y a cuatro de sus trabajadores se remontan al año 2012, cuando llegó a la Fiscalía de Zaragoza una denuncia anónima en la que se acusaba a la empresa de estar inventándose servicios para facturar de más al Salud. Con la documentación aportada en aquella denuncia y una serie de investigaciones posteriores, la Fiscalía entendió que existían indicios de delito suficientes para enviar el asunto al juzgado. Máxime, tras comprobar que durante los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2012 Ambuibérica estuvo facturando al Gobierno aragonés por el transporte sanitario de pacientes que para entonces ya habían fallecido.
Durante la fase de instrucción –de la que se hizo cargo el Juzgado número 11 de Zaragoza–, la representante procesal de Ambuibérica y los ahora encausados explicaron al juez Luis Fernando Ariste que no había habido mala fe ni intención de engañar y que todo era consecuencia de un «error informático». La empresa reconoció que, como consecuencia del supuesto fallo, había cobrado 136.811 euros de más al Salud, por lo que llegó a un acuerdo con este para restar de sus futuras facturas el dinero percibido de forma injustificada.
El Ejecutivo autonómico PPPAR dio por buenas las explicaciones de la empresa y considerándose resarcido del perjuicio optó por retirarse de la causa. Lo mismo hizo después la Fiscalía, quien ya propuso el archivo de la actuaciones en el verano de 2016.
La Fiscalía pide el archivo «No hay un daño a la sociedad ni a las arcas públicas, ya que Ambuibérica reconoció el error y compensó el perjuicio», argumentó ayer la representante del ministerio público. Es más, según esta, la Asociación de Ambulancias del País Vasco (acción popular) y la empresa a la que acusa tienen interés enfrentados y han sido competencia en algunos concursos públicos.
Para el abogado Alexander Azpitarte, que representa a los denunciantes, su presencia en la causa se justifica en «la necesidad de garantizar la transparencia en el sector». Además, esta parte entiende que sí hubo una clara intención de engaño por parte de Ambuibérica, «que no justificó los cobros de más a la DGA hasta que se presentó la denuncia anónima en Fiscalía». Según la acción popular, no fue un error informático sino una estrategia premeditada y fraudulenta la que llevó a los acusados a falsear servicios para maximizar sus beneficios.
Servicios a nombre de pacientes muertos y uvis con sobrepeso
Una de las irregularidades que más llamó la atención a la Fiscalía cuando investigó la denuncia anónima que destapó el caso Ambuibérica fue el hecho de que la empresa hubiera facturado al Salud por el transporte de pacientes que para las fechas en las que supuestamente se prestó el servicio ya habían fallecido. Pero no fue la única anomalía detectada, ya que también se investigó el uso de nombres de falsos conductores, así como la transmisión de datos para cobro fuera del plazo estipulado.
Ambuibérica dejó de encargarse del traslado no urgente de pacientes a finales de 2014, cuando la DGA adjudicó el servicio a Nuevos Transportes Sanitarios da Aragón. Pero la primera sigue siendo la responsable del transporte urgente en territorio aragonés. Y lo cierto es que su gestión también ha planteado problemas. De hecho, el exceso de peso de varias uvis móviles hizo que algún médico se negara a usarlas por cuestiones de seguridad. De hecho, la de Monzón estuvo inmovilizada en noviembre de 2016 por no pasar la ITV, lo que llevó a la DGA a pedir explicaciones a la empresa
HERALDO SANITARIO y POLÍTICO - SATÍRICO DE OREGÓN 
http://www.eldiario.es/politica/adjudicacion-ambulancias-beneficiario-PP-Valladolid_0_610340035.html
La justicia investiga un concurso de ambulancias en el que resultó beneficiario un exalcalde del PP de Valladolid
El presidente de la empresa beneficiaria fue alcalde de Mayorga y diputado provincial entre 2003 y 2011
La juez intenta aclarar si Ambuibérica y otras adjudicatarias tuvieron acceso al pliego de condiciones antes de la convocatoria
Una ambulancia del 061 en un hospital gallego
La empresa líder del sector de las ambulancias, Ambuibérica, con sede en Valladolid y presidida por el exalcalde de Mayorga y exdiputado provincial por el PP, Carlos Magdaleno, forma parte de las empresas beneficiarias de la adjudicación del concurso para el transporte sanitario urgente en el año 2014 del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela investiga ahora si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.
La causa, declarada compleja y con un periodo de instrucción de 18 meses, por tanto, fue secreta hasta hace unas semanas. En ella está investigado el responsable de transporte del 061, que evaluó los vehículos que requería el Sergas. Según un informe de la Policía Judicial los adjudicatarios podrían haber recibido información sobre las características que debían tener las ambulancias, y que son distintas a las del resto de las comunidades autónomas.
Así, consiguieron adaptar su flota en un tiempo récord ya que el pliego de condiciones fijaba un plazo de 15 días para la presentación de ofertas. El 95% de las adjudicatarias trabajaron además con la misma empresa carrocera, Rodríguez López, y el resto con la portuguesa Autos Ribeiro. La sospecha es que ambas empresas trabajaron en connivencia.
El denunciante, un empresario lucense excluido del concurso, aporta además un informe de un detective que establece que una de las adjudicatarias rotuló sus vehículos con meses de antelación.
El presidente de Ambuibérica, que asegura que no ha recibido ninguna notificación judicial, explicó a eldiario.es que las ambulancias siempre se rotulan antes: «Siempre se hace así. A veces no se consigue la adjudicación, pero la rotulación hay que hacerla», explicó Magdaleno. El responsable de Ambuibérica lamentó que se relacionase su actividad política con la empresarial, en la que lleva «30 años» y aseguró que trabajaba con comunidades autónomas no vinculadas al PP, como Cantabria. Lo cierto es que cuando consiguió el concurso del transporte sanitario en esa comunidad fue en 2012 y gobernaba el PP.
En Castilla y León, Ambuibérica consiguió concursos mientras Magdaleno tenía actividad política: en 2005 se hizo con el transporte sanitario programado de Valladolid, por un importe que superaba los 24 millones de euros sin IVA. En años posteriores, de 2013 a 2016, los contratos con la Junta de Castilla y León superan los 100 millones.
Esta empresa fue, desde 2008 a 2014, adjudicataria del transporte sanitario no urgente en Zaragoza y Teruel (con gobiernos del PSOE y del PP) pero la relación con el Gobierno aragonés no acabó bien: Ambuibérica facturó servicios no prestados (incluso utilizando datos de personas fallecidas) por valor de 178.176,86 euros durante cuatro meses del 2013. La empresa alegó un fallo informático y devolvió este dinero junto con una penalización de más de 88.000 euros. Aún así, sigue siendo adjudicataria del transporte sanitario urgente.
La relación con sus trabajadores tampoco es idílica. Esta semana se han manifestado en distintas provincias por la bajada salarial del 18%, el incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales y la no aplicación de un convenio colectivo que se firmó hace nueve meses.
El concurso para el transporte sanitario en Galicia se publicó en el Diario Oficial de Galicia el 26 de noviembre de 2014 y estaba dividido en 14 lotes por áreas de transporte. Ambuibérica se hizo con seis lotes, tres por adjudicación directa y otros tres a través de filiales, con un importe total de más de 45 millones de euros.
Lo que la Fiscalía considera probado es que el técnico investigado envió al menos un email el 23 de abril de 2014 a una carrocera madrileña, con los croquis de las ambulancias que serían exigidos en el pliego y con el asunto ‘Planos tipo ‘B’ 061 Galicia’. En esos planos aparecía el anagrama de la carrocera Rodríguez López, S.L. Los planos eran «sustancialmente idénticos» a los que aparecieron después en los pliegos del concurso.
Laura Cornejo. 11/02/2017 – 20:29h
¿Y que SALUD no se persone como acusación??? ¿A que suena esto? El encargado de velar por el cumplimiento y los dineritos de todos nosotros mirando para otro lado…y vaya pasta que es el contratito… así años y años…
Es increíble que la fiscalía no acuse, pretextando que la empresa ya ha resarcido al SALUD del dinero presuntamente malversado.
Por la misma regla de tres, el ladrón de bancos que devuelve el dinero sustraído, debería ser exonerado de cualquier pena y culpa…
¡Y pensar que a estos fiscales les pagamos el sueldo, encima!