LA ACUSACIÓN POPULAR “MOLESTA” A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

31 Mar

Ramiro GRAU MORANCHO

Abogado, Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. www.ramirograumorancho.com
Ramiro Grau Morancho

Ramiro Grau Morancho

El derecho penal español contempla la existencia de hasta cuatro posibles acusaciones: la pública, encomendada al Ministerio Fiscal, la particular, a las víctimas del delito, la popular, a entidades que defiendan los intereses públicos, pero sin ser directamente perjudicadas por el delito, y la privada, meramente residual, únicamente para los delitos de injurias y calumnias, en los que no interviene la Fiscalía.

Es decir, que no andamos escasos de acusaciones, por lo menos sobre el papel, que ya sabemos que el papel lo aguanta todo, aunque en la práctica únicamente acusa el fiscal, y en muchas ocasiones el abogado de los perjudicados, como acusación particular.

El artículo 125 de la Constitución articula tres formas de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante “la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”, “así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales” (que yo recuerde, y a bote pronto, únicamente el Tribunal de las Aguas de Valencia), y, lo que es más importante: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular”.

Ante la ola de corrupción que nos ha invadido, más bien un peligroso tsunami, o una auténtica invasión de las tierras vírgenes, el derecho ha puesto barreras frente a estos defensores de la legalidad, en lugar de facilitar su intervención en toda clase de procesos penales.

¿Por qué motivo? Posiblemente por un cierto recelo de la fiscalía, que no quiere “competencia”, y que aspira a monopolizar, con carácter exclusivo, la acción penal, o por lo menos lo que podríamos llamar la defensa del interés público, de la legalidad…

Es cierto que el artículo 124 de la Constitución indica en su apartado 1 que: “El Ministerio Fiscal… tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Pero el apartado 2 del citado artículo establece que la Fiscalía debe actuar “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Pero no veo norma alguna que establezca el carácter exclusivo o monopolista de la acción penal, a favor de la precitada Fiscalía, cuyo jefe inmediato, el Fiscal General, es nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia.

Y digo su jefe inmediato, pues parece evidente que su jefe mediato, o real, es el propio Ministro de Justicia, que como no podía ser menos, es siempre un miembro destacado del partido o coalición de partidos, en el poder.

Una fiscalía así, con una total estructura jerárquica, que por otra parte es necesaria, e incluso imprescindible, para asegurar la “unidad de actuación”, ¿puede ser realmente el único garante de nuestros derechos y libertades…?

Realmente no, al menos desde mi punto de vista, y tras una trayectoria vital de más de una década como fiscal sustituto, por lo que algo debo de saber del asunto, digo yo.

Pero en España “tradicionalmente” se ha puesto toda clase de obstáculos al ejercicio de la acción popular: exigencia de fianzas desorbitadas, para asegurar el buen fin del proceso, como si la maquinaria de la Administración de Justicia no tuviera ya unos costes fijos que es imposible soslayar; elevadísimo importe de los honorarios de los abogados, derechos arancelarios de los procuradores, suplidos por cualquier peritaje o prueba de parte que haya que aportar, etc.

En definitiva, los muros de la “ciudad de la justicia” (o de la injusticia, según se mire), permanecen cerrados para cualquier mortal que quiera defender los intereses públicos, generales, sociales, de todos…, a excepción del Ministerio Fiscal, totalmente subordinado al Gobierno, como hemos visto con anterioridad.

Y no contentos con esto, altos dignatarios del partido en el gobierno, empezando por el propio ministro del ramo, han hecho diversas declaraciones diciendo que “hay que acabar con la acción popular”, pues según ellos es fuente de intereses espurios, bastardos, puede utilizarse para chantajear a los presuntos delincuentes, a cambio de “donaciones” económicas para no mantener la acción, etc. Más o menos igual que hacen muchas acusaciones particulares, sobre todo en delitos económicos, que lo único que quieren es cobrar lo que se les adeuda, o la propia fiscalía cuándo negocia con unos acusados que se declaren culpables, y de paso que inculpen a otros acusados, para así poder obtener beneficios penales… ¡Pero en este caso es totalmente legal, faltaría más, que no sabe usted con quien está hablando!

La sociedad civil española, o más bien lo que queda de ella, que no es mucho, la verdad, haría bien en mantenerse vigilante ante esta nueva tropelía jurídica que ahora se anuncia, y que puede venir a cercenar todavía más nuestros derechos constitucionales y legales, cada día más escasos.

A este paso pronto sólo nos quedará el “derecho” a quejarnos en los bares, y en voz baja, por supuesto, para no molestar a nadie… (En mi caso es difícil, pues los que somos de pueblo, y los aragoneses en general, tenemos la mala costumbre de hablar a voz en grito).

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10 comentarios to “LA ACUSACIÓN POPULAR “MOLESTA” A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”

  1. Esperanza 2 abril, 2017 a 19:02 #

    ¿Y a quién le importa lo que haga la justicia? Quiero decir que somos muy pocos los que sí nos importa lo que pasa en nuestro país, pero a la mayoria sólo les importa el futbol y los cotilleos de la tele. Sr. Ramiro en este país muy pocos tienen conciencia social.

  2. Pilar 1 abril, 2017 a 17:36 #

    El problema de fondo es el siguiente: Respecto a lo que se denominan los interese difusos, es decir, el interés general, el interés público, etc., si desaparece LA ACUSACIÓN POPULAR, ¿quién los defenderá…?

    Pues mucho me temo que nadie, pues como ya bien sabemos, la fiscalía se dedica a perseguir a los robagallinas, pequeños traficantes de drogas, conductores que conducen bebidos o drogados -o ambas cosas-, y poco más.

    La excesiva politización que sufre, el carácter funcionarial de sus miembros, regidos por la ley del mínimo esfuerzo (salvo alguna honrosa excepción), y la falta de medios, HARÁN TODO LO DEMÁS.

    Y nadie se dedicará a perseguir en los tribunales a quienes dañen y perjudiquen el interés de todos… ¡Que seguramente es lo que al poder le interesa!

  3. Ramiro 1 abril, 2017 a 17:31 #

    CORRECCIÓN DE ERROR:
    En las líneas 4 y 5, donde dice:
    “la privada, a las víctimas del delito”, debe decir:
    “la particular, a las víctimas del delito”.
    Pido perdón por el error cometido, al transcribir el texto del original.

  4. Carmen 31 marzo, 2017 a 18:27 #

    Ahora mismo, con el conflicto de las Iglesias y Catedrales de Zaragoza, entre el Ayuntamiento, la Iglesia y el Estado, ¿cuál será la postura de la fiscalía, en su caso?

    El fiscal jefe provincial (dicen) es numerario del OPUS DEI.

    El fiscal superior (dicen) es supernumerario del OPUS DEI.

    Y en este tipo de casos donde esté implicada la Iglesia Católica, a la que pertenece la OBRA (aunque hay quiénes piensan que es una auténtica secta dentro de la Iglesia), SE ABSTENDRÁN?

    Es más,, ¿PODRÁN ser RECUSADOS?

    Difícil, cuando el OPUS DEI no tiene un REGISTRO PÚBLICO DE SUS MIEMBROS.

    • Carlos 31 marzo, 2017 a 18:28 #

      El art. 22, 5, de la Constitución PROHÍBE LAS ASOCIACIONES SECRETAS Y PARA MILITARES.

      La Obra no es una asociación secreta…?

      Y seguramente hasta para militar, por la total estructura jerárquica y autoritaria de la secta, digo de la organización.

  5. J. Diego: No hay justicia 31 marzo, 2017 a 10:02 #

    Totalmente de acuerdo.Las cárceles no están hechas para los Urdangarines, Pujoles, Mases sino para los que tienen hambre y roban gallinas o para Cassandra. Los jueces no muerden la mano que les da de comer, los nombra, los asciende o coloca a sus familiares. Por si los jueces meten algún amigo a la cárcel están los indultos.

    Los fiscales actúan obedeciendo a los partidos. El Gobierno presiona para que la acción popular no pueda defendernos.

    Mientras el pillaje no para. Todos los días hay nuevos casos. El último el la DGT

    • Antonio 31 marzo, 2017 a 12:18 #

      ¿Se imaginan ustedes un país dónde únicamente pueda acusar, en el caso de intereses generales, la Fiscalía?
      Sería -en realidad ya es- la Institución pública más importante de España, pues de ella depende nuestra libertad o prisión, enjuiciamiento, acusación, denuncia, condena, etc.
      Y HOY POR HOY, TOTALMENTE CONTROLADA POR EL OPUS DEI, una especie de masonería pseudoreligiosa, a la que solamente le interesan sus propios intereses…

  6. Pedro 31 marzo, 2017 a 09:29 #

    Es obvio que molesta, y mucho…

    Precisamente por eso se la quieren cargar.

    Con una fiscalía totalmente sumisa y controlada por el partido en el poder, y sin acusación popular, LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUEDARÁN IMPUNES E INMUNES…

    Que, al fin y al cabo, es de lo que se trata.

    ¡Mientras tanto la “sociedad civil” española sigue preocupada por el fútbol, las quinielas y el separatismo catalán! Es decir, TOTALMENTE ADORMECIDOS.

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