Sanidad exige a sus trabajadores que confiesen toda relación con la privada

27 Feb

Remite un formulario exhaustivo para que declaren si tienen vinculación con empresas, dan cursos o consultoría y si participan en congresos Mientras, el ‘número 3’ alquila su clínica a una firma que trabaja para la Conselleria

En la instrucción para la declaración de conflicto de intereses se aporta un formulario y una tabla que detalla cada una de las posibles incompatibilidades de los trabajadores de Sanidad. EL MUNDO

En la instrucción para la declaración de conflicto de intereses se aporta un formulario y una tabla que detalla cada una de las posibles incompatibilidades de los trabajadores de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad aplica doble rasero cuando se trata de regular los conflictos de intereses laborales y económicos a sus profesionales. Mientras que a su ‘número 3’ se le permite hacer negocio con el alquiler de su consulta oftalmológica a una empresa que trabaja bajo sus competencias, al resto de facultativos se le impone estrictos controles para que confiesen detalladamente si tienen algún tipo de relación económica, personal o familiar, con la industria farmacéutica o alguna empresa privada por si participan en la toma de decisiones que puedan conllevar un conflicto de intereses con la Administración sanitaria.

A pesar de que el subsecretario de este departamento, Ricardo Campos, ha omitido en su declaración de bienes durante más de año y medio -por error humano, según el Consell- que poseía una clínica privada y que obtiene un beneficio por arrendarla a un grupo que trabaja para el plan de choque sanitario, la Conselleria de Sanidad ha enviado una instrucción, con tono imperativo, a todos sus trabajadores con el fin de, según especifica, «evitar que los conflictos de intereses de las personas puedan influir en las decisiones por las diferentes estructuras de la Conselleria».

Este texto obliga a que los trabajadores rellenen un formulario en el que deberán concretar todas las relaciones en la actividad privada, en cursos de formación como docente o en congresos o sociedades científicas por asesoría y si reciben algún tipo de contraprestación económica, dietas o financiación. Esta declaración de ingresos ajenos a la Administración deberá hacerse sobre los últimos tres años y con todo lujo de detalles.

Curiosamente, y al contrario de la permisividad que se aplica con el ‘número 3’, en los casos en los que se aprecie el menor atisbo de conflictividad de intereses «deberán manifestarlo previamente, solicitando en su caso, la exclusión o abstención en el voto y/o en la deliberación».

En el propio preámbulo de la instrucción se define el conflicto de intereses como el «conjunto de circunstancias que crea el riesgo de que el juicio profesional o las acciones relativas a un interés principal se vean indebidamente influenciadas por un interés secundario».

Esta confrontación de situaciones personales incluye «los intereses de la persona, sus parejas o parientes cercanos (personales) o los de su departamento, empleador o negocio (no personal)» que pueden influir potencialmente sobre el trabajador. Incluso se matiza que los intereses pueden ser de carácter económico o no económico y afectar directamente «al profesional que toma la decisión o bien de forma indirecta, a través de un familiar o una persona cercana».

El alcance de la directriz de Sanidad que impone la obligatoriedad de realizar una declaración de intereses que afecta, ya desde primeros de febrero, «a todos los profesionales que participen en comités/comisiones o en grupo de expertos que ejerzan acciones que puedan influir en la toma de decisiones de la Conselleria que dirige Carmen Montón o en las instituciones dependientes de la misma».

Esta obligación de relatar toda vinculación con empresas ha generado ya que muchos médicos y enfermeros se planteen dejar las comisiones y asociaciones científicas a las que pertenecen. Una circunstancia que, según los sindicatos, va a dejar a la Conselleria de Sanidad vacía de talento porque los mejores especialistas dejarán de asesorar en congresos y sociedades científicas, entre otras cuestiones.

Sanidad considera que existen intereses personales directos, con carácter económico, en el hecho de participar de una «empresa privada relacionada con la salud -propietario, empleado, accionista, consulta privada, etc.-, ser accionista o tener intereses comerciales en una compañía -patentes, asesoramiento, consultoría-, haber recibido financiación por participar en investigaciones, o incluso recibir honorarios como ponente o moderador -en conferencias y cursos especializados-.

Desde la secretaría autonómica que dirige Narcís Vázquez, se entiende además como intereses personales no económicos ser autor o revisor de proyectos de investigación, participar en grupos, comités o comisiones de expertos, ocupar algún puesto en una organización profesional, como en sociedades científicas. Incluso hacer declaraciones públicas que pueden hacer los profesionales en algún medio de comunicación.

Para Sanidad son intereses indirectos de ámbito profesional haber recibido financiación o ayuda económica para la creación y funcionamiento de la unidad o servicio, haber recibido dotación significativa de material para la unidad, recibir dotación para contratar personal para el área o para una investigación o para cursos o programas educativos.

Estas situaciones deben ser afloradas, de igual modo, si se realizan a través de familiares directos o allegados.

Por si fuera poco, desde Conselleria se quiere conocer al detalle no sólo la relación profesional de cada trabajador, sino si dispone de algún familiar que trabaje para la industria sanitaria de forma directa o indirecta. Exige que se describa si el cónyuge, hermanos o hijos reciben un sueldo como empleados o «pagos ocasionales, ya sea en efectivo o en especie, incentivos diferidos o expectativas verosímiles de contratación o promoción».

Origen: VICENTE USEROS Sanidad exige a sus trabajadores que confiesen toda relación con la privada | Comunidad Valenciana Home | EL MUNDO
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Una respuesta to “Sanidad exige a sus trabajadores que confiesen toda relación con la privada”

  1. Carlos 27 febrero, 2017 a 10:33 #

    Me parece MUY BIEN.
    El problema son “las peonadas”, médicos del sector público que echan unas horas en clínicas privadas, o consultorios, normalmente sin darse de alta en ningún sitio, y cobrando en dinero negro.

    ¿Cómo se puede controlar ese fenómeno?

    LA ÚNICA SOLUCIÓN SERÍA FRECUENTES INSPECCIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, pero por la falta de efectivos, y sobre todo por las pocas ganas de trabajar de sus componentes, LO CIERTO ES QUE NO SE LOGRAN RESULTADOS…

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