La Audiencia Nacional archiva el caso de las boticas que revendían medicinas para exportar

3 Feb

Ochenta y seis personas, entre farmacéuticos y representantes de almacenes, fueron investigadas.

El juez instructor mandó a prisión a 7 detenidos que salieron en libertad tras recurrir los autos

La farmacéutica de Palomar de Arroyos, detenida por estafa en la venta de medicamentos, es trasladada por varios agentes a los juzgados de Teruel. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha decretó en su día prisión provisional para la mujer

La farmacéutica de Palomar de Arroyos, detenida por estafa en la venta de medicamentos, es trasladada por varios agentes a los juzgados de Teruel. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha decretó en su día prisión provisional para la mujer

La Audiencia Nacional archiva la macrocausa abierta en Teruel en 2014 por un posible fraude en la exportación de medicamentos que salpicó a decenas de farmacias de todo el país y en el que fueron investigadas 86 personas, entre farmacéuticos y profesionales ligados a almacenes distribuidores de medicinas.

La investigación se inició en Teruel a raíz de un supuesto caso de estafa al Servicio Aragonés de Salud cometido por la farmacéutica de Palomar de Arroyos, Amparo A., cuyo juicio –consecuencia de un sumario independiente– está previsto para el próximo 14 de febrero. Las posteriores investigaciones de la Guardia Civil, englobadas en la operación Convector, implicaron en una red estatal de comercio de fármacos para exportar a otras 7 boticas turolenses, 5 zaragozanas y una decena radicada en otras comunidades autónomas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Fernando Andreu, considera que no existen pruebas de que los investigados cometieran ningún delito y remite las posibles irregularidades al ámbito administrativo. Solo en el caso de los propietarios de varios almacenes distribuidores de Granada detecta un posible delito fiscal y remite su depuración al Juzgado Decano de la provincia andaluza. El auto de sobreseimiento ordena también levantar las medidas cautelares adoptadas.

La trama investigada se dedicaba, según los informes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a comprar medicamentos en farmacias para suposterior reventa en el mercado internacional, donde alcanzaban cotizaciones muy superiores a las abonadas por las boticas españolas. Las medicinas podían doblar su valor, una situación que estimuló esta práctica y que provocó situaciones de desabastecimiento puntual de algunas medicinas.

El juez concluye que no existen pruebas de los posibles delitos investigados: falsedad documental, estafa, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y organización criminal. El caso fue instruido inicialmente por el juzgado número 3 de Teruel, pero dada su dimensión estatal pasó en 2015 a a la Audiencia Nacional. Durante la instrucción, el juez turolense ordenó prisión provisional para varios farmacéuticos y propietarios de distribuidoras. Entre otros, los abogados Rafael Ariza y José Manuel Barranco –que representan a los farmacéuticos de Arcos de las Salinas y Alloza, respectivamente– recurrieron con éxito los autos de ingreso en prisión de sus clientes así como los precintos judiciales de sus boticas.

Fernando Andreu descarta la falsedad documental porque no se han detectado recetas fraudulentas, la estafa porque «no se han podido cuantificar» perjuicios económicos para la administración sanitaria y el delito fiscal porque la deuda tributaria detectada no alcanza las cotas para considerarse delito –salvo en el caso de almacenes de Granada–. La inexistencia de estos delitos conlleva también la ausencia de infracciones por blanqueo de capitales y organización criminal.

La red implicaba a farmacias así como a almacenistas e intermediarios repartidos por Aragón, Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla- León y Castilla-La Mancha. La investigación policial detalló que las empresas exportadoras trasmitían listados con los fármacos que precisaban para que los intermediarios los adquirieran a las farmacias a precios del mercado español –más bajos que en el resto de la UE–. Los márgenes de beneficio eran «muy elevados», según la investigación policial.

El juez Fernando Andreu estima que en caso de existir alguna infracción sería administrativa. El magistrado constata la existencia de una organización de «distribución inversa» donde las farmacias se convertían en suministradoras de los almacenes exportadores. Andreu considera, no obstante, que esta práctica «es constitutiva de un ilícito administrativo » pero no penal.

El auto de archivo analiza por separado la posible comisión de un delito contra la salud pública y llega a la conclusión de que «no se ha podido acreditar» la venta de productos caducados o en mal estado que «haya puesto en peligro la salud de los consumidores ». En los registros de algunos almacenes se localizaron lotes de medicinas caducadas, pero el juez aclara que no se castiga su «tenencia» sino su distribución.

Para el magistrado es inverosímil la venta de fármacos caducados en el mercado europeo y señala que los exportadores que compraban la mercancía a las farmacias hacían constar que solo les interesaban medicinas en buen estado. Si no ha existido riesgo para el consumidor, la posible sanción correspondería a la Administración no a los juzgados.

El auto de archivo cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal, que emitió un informe previo en el mismo sentido. La resolución, del 1 de febrero, puede ser recurrida en cinco días.

Origen: LUIS RAJADEL. Heraldo de Aragón

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«Fue todo desorbitado y no se nos trató bien, hay enfado»

El boticario de Cariñena lamenta los 28 «largos días» que estuvo en prisión . La farmacéutica de Peñarroya recuerda que al principio lo pasó «muy mal»

El farmacéutico de Cariñena fué uno de los arrestados

El farmacéutico de Cariñena fué uno de los arrestados

El archivo de la investigación por la trama de las farmacias supuso que, tres años después, muchos de los imputados volvieran a recordar el día en el que la Guardia Civil se personó en su establecimiento y les dijo que estaban detenidos. Muchos pasaron varios días e incluso meses en prisión provisional por mandato del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano.

Una de esas personas fue María Amparo Barberá, que regenta una farmacia en Peñarroya de Tastavins (Teruel). Sus conversaciones telefónicas aparecieron en el sumario. En una llegó a decir: «Nos han pillado, Me han registrado la farmacia. La Guardia Civil. Por lo de la exportación y tengo que ir a Teruel a declarar porque estoy imputada». Ayer, en declaraciones a EL PERIÓDICO, Barberá resaltó que «todo fue desorbitado, para lo que había», si bien no quiso entrar a valorar ese tipo de pinchazo de la Guardia Civil.

Quiso resaltar que «al principio» le afectó esta implicación, si bien «luego reflexioné y pensé que cada uno piense lo que quiera». Sobre la posibilidad de emprender algún tipo de acción de cara a recibir indemnizaciones por todo lo vivido, Barberá aseveró que «lo pensó al inicio».

DESDE MONROYO / Otra de las boticarias implicadas fue Rosa del Carmen Sorlí, que regenta una oficina de farmacia en Monroyo (Teruel). Esta mujer no dudó, por ejemplo, en señalar ante el juez instructor a su compañera Barberá y reconoció que había hecho «cosas mal» porque tenía problemas económicos tras el retraso del colegio. «Fue algo que vi y luego dije que no se iba a hacer», apuntó.

Aseguró que «en su momento le superó todo, especialmente porque se habló mucho de mí y se cebaron». De

Sorlí quiso resaltar que la investigación también tenía errores como «que se me imputaron cosas del botiquín de Torres de las Arcas, que pertenece a Palomar de Arroyo, cuando el mío es el de Torre de Arcas», «Al menos solo me tuvieron un día cerrada la farmacia, por lo que los perjuicios económicos no fueron graves».

No es el caso del farmacéutico de Cariñena (Zaragoza), Manuel Francisco Montero, quien ya se ha puesto en contacto con su abogado Rafael Ariza, de cara a estudiar la dorma de ser resarcido por el tiempo que permaneció en prisión y que su establecimiento estuvo precintado. Fuentes cercanas reconocieron que está satisfecho, a pesar de que «estuvo 28 días en prisión». También está estudiando esta opción la defensora del que fuera boticario de Aguilón, Mercedes Octavio de Toledo. En este caso, su propietario, Daniel Huesca, ya ha dejarlo de serlo, tras traspasar la oficina. Misma suerte tuvo la farmacia situada en la calle La Caza, en la capital aragonesa.

Origen: El Periódico de Aragón.«Fue todo desorbitado y no se nos trató bien, hay enfado»

 

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Una respuesta to “La Audiencia Nacional archiva el caso de las boticas que revendían medicinas para exportar”

  1. Antonio 4 febrero, 2017 a 14:01 #

    Si en ESPAÑA hubiera justicia, de verdad, que no la hay, ahora vendría la segunda parte:

    – ABRIR EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS A TODOS LOS JUECES Y FISCALES que han intervenid en este asunto, y metido la pata hasta el corvejón.

    Pero tranquilos, que no les pasará nada.

    ¡Y seguramente hasta les condecorarán, por memos y por inútiles, o incluso por pelotas, que es algo que se valora mucho, com un gran mérito, en cualquier administración pública que se precie!

    Y estos se precian y se aprecian mucho, los unos a los otros…

    Del honor, del derecho a la propia imagen, etc., de los acusados injustamente, no vamos a hablar. Total, ¿a quién coño le importa eso…?

    (Espero que se entienda el carácter irónico de esta segunda parte del comentario).

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