578 contratos temporales para una misma persona

16 Ene

Por Diego Fierro Rodríguez. Abogado y articulista

Diego Fierro Rodriguez

Diego Fierro Rodriguez

Por Confilegal, se ha podido saber que un trabajador del sector público sanitario ha estado trabajando, durante 17 años, encadenando 578 contratos temporales. Este hecho constituye una auténtica hazaña de la que no pueden estar orgullosos los encargados de gestionar los servicios sanitarios, que tantas deficiencias tienen para los médicos y enfermeros y para los clientes.

Si se hiciera el cómputo global de todo lo trabajado por el profesional que ha encadenado más de 500 contratos temporales y se pone en relación con lo que debe haber ingresado por su salario se podría ver un verdadero caso de explotación laboral. El problema es que eso no importa mucho para los dirigentes públicos.

El empleo de contratos temporales en los centros sanitarios, según han indicado varios juristas, es algo generalizado en todas las Comunidades Autónomas. Eso es preocupante, principalmente si se tiene presente que algunas están controladas ahora mismo por miembros de partidos políticos que se opusieron a la reforma laboral que se realizó en el año 2012.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya indicó, con varias sentencias, que el empleo de contratos temporales para cubrir plazas de profesionales fijos es una actividad contraria al Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, las Comunidades Autónomas, siguen utilizando contratos temporales fraudulentos para ahorrar dinero que después destinan a otras finalidades más privadas que públicas.

La coherencia política es algo que se intenta conseguir hasta que los costes de oportunidad y las limitaciones presupuestarias entran en juego, debiéndose entonces actuar de una forma más fría y calculada. De ese modo, se opera de modo poco ético pero beneficioso para aquellos a los que se les deben apoyos y refuerzos políticos.

El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales. Realmente, tendría que decir “debiera servir”, ya que, objetivamente, no lo hace en muchas ocasiones en las que entes públicos vulneran normas jurídicas aplicables interpretadas y valoradas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquiera puede decir que la cesación del uso de contratos temporales en las entidades públicas sanitarias es cuestión de tiempo. Sin embargo, parece que todavía habrá que esperar más hasta que se aprecie una verdadera modificación en las formas de actuación pública sanitaria.

Diego Fierro Rodríguez es licenciado en Derecho y colaborador de diversos medios de comunicación
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