Los funcionarios exigen a Celaya que deje de cobrarles la asistencia en zonas rurales

12 Ene

CSI-F lamenta que se use a los trabajadores como «herramienta de presión» para firmar el convenio con Muface. La DGA se reunirá el lunes con las mutuas

Eliseo Moreno, Evangelino Navarro, Alfonso Zafra, Pablo Asín e Irene de la Riva son representantes de CSI-F en diferentes ámbitos de la Administración. ARÁNZAZU NAVARRO

Eliseo Moreno, Evangelino Navarro, Alfonso Zafra, Pablo Asín e Irene de la Riva son representantes de CSI-F en diferentes ámbitos de la Administración. ARÁNZAZU NAVARRO

Los funcionarios, a través del sindicato CSI-F, han exigido al Departamento de Sanidad la «inmediata» paralización del cobro de la asistencia sanitaria a los funcionarios del medio rural adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto de las Fuerzas Armadas (Isfas). Desde el pasado 1 de enero, el Salud les factura la atención ordinaria en centros de salud públicos ante la falta de convenio con las mutuas sobre cuánto y cómo abonar estas consultas.

El problema afecta a unas 16.800 personas en todo Aragón según el Salud, unas 18.000 según CSI-F, que acuden a centros públicos al no existir en las zonas donde viven clínicas privadas de la compañía aseguradora a las que pertenecen y que están concertadas con las mutuas. Tras romperse el convenio con Sanidad, CSI-F explicó que, desde principios de año, estos funcionarios pueden acudir a los recursos públicos con una autorización de su compañía o recibir del Salud una factura por la asistencia prestada para su posterior pago. «No nos sirve que pidan un papel de su compañía, ¿van a desplazarse hasta 200 kilómetros a la capital de provincia estando enfermo y luego volver a su pueblo con la autorización?», lamentó el representante de CSI-F en el Consejo General de Muface, Eliseo Moreno.

En estos momentos, según adelantó el presidente autonómico de CSI-F Aragón, Pablo Asín, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por esta situación. Criticó que el Gobierno de Aragón haya «antepuesto » la recaudación económica a la salud de los mutualistas, a los que aconsejó demorar lo que puedan el abono de las facturas para ganar tiempo a que se firme el convenio. «La falta de responsabilidad de las instituciones no deben pagar la los mutualistas. Nos parece mal que como herramienta de presión se utilice a los funcionarios», criticó Moreno, que reconoció que no puede aconsejar a los empleados públicos que no sufraguen el coste de las facturas ya que la DGA puede embargarles.

La falta de acuerdo entre el Gobierno y las mutuas por la asistencia rural en municipios de menos de 20.000 habitantes se debe exclusivamente a discrepancias económicas. El convenio original se firmó en el 2002 y se ha prorrogado año a año hasta el 2015, cuando el anterior Ejecutivo autonómico cambió las condiciones del mismo. Hasta entonces, las mutuas pagaban al Salud una cantidad fija por persona para cubrir toda la asistencia sanitaria en Atención Primaria, tanto consultas como atención a urgencias, pero en la prórroga de ese año se modificaron las cláusulas, de modo que solo se abona una cantidad fija por persona en concepto de asistencia urgente en Primaria, mientras que el resto de servicios se facturan directamente por el Salud a la compañía aseguradora del usuario. «No decimos que se tenga que hacer de una manera ni de otra, pero lo que instamos es que se llegue a un acuerdo», recriminó Moreno.

Sanidad «pública y gratuita»

El Partido Popular reclamó ayer que se garantice a los funcionarios el derecho a una sanidad «universal, pública y gratuita». El grupo parlamentario ha presentado una batería de preguntas y de solicitudes de documentación, así como una proposición no de ley instando al Gobierno de Aragón a tomar medidas «con carácter inmediato » para actualizar, renovar o prorrogar el convenio de colaboración. Además, ha solicitado información sobre el número de facturas emitidas hasta ahora.

La portavoz de Sanidad del PP, Carmen Susín, acusó al consejero Sebastián Celaya de actuar «con nocturnidad y alevosía» porque mientras los centros de salud tenían ya el 1 de enero una circular dando cuenta de la obligación de cobrar la asistencia, «los beneficiarios lo desconocían». Fueron los propios sanitarios los que les advertían de la situación cuando acudían a recibir asistencia.

Susín no entró a valorar si era mejor o peor el convenio vigente desde 2002 o el que el Gobierno del PP cambió en 2015 que, según el actual Ejecutivo, favorece a las compañías privadas. «Si hay que renegociarlo, que se renegocie, pero no empezar a cobrar a la brava ». Aseguró que Aragón es la única Comunidad que está facturando a los mutualistas.

De 1,6 millones a 200.000 euros

Ante las críticas recibidas, el Departamento de Sanidad recordó la «merma económica» que supone el convenio firmado en 2015 por el anterior Ejecutivo. Antes de los cambios, se percibieron en 2014 1.680.000 euros por toda la asistencia y en 2015, 206.000 euros por la atención urgente en Atención Primaria. El resto (la atención ordinaria en los centros de salud) debía facturarse a las distintas compañías según lo realizado. Aragón y Madrid son las únicas comunidades que tienen estas condiciones en sus convenios.

Las mismas fuentes hicieron hincapié en que Sanidad garantiza a todos la asistencia. Recordaron que en los centros de salud se facilita al usuario una carta de pago que, a su vez, pueden derivar a su compañía aseguradora. Adelantaron que el lunes hay concertada una reunión con los responsables territoriales de las mutuas en la que se abordará este asunto.

Origen: C. F. B./M. J. V. Heraldo de Aragón

Otra Celayada que dificulta el acceso

CELAYADAS copia

El Consejero de Sanidad Sebastián Celaya actúa como si ignorara que el es responsable de la sanidad de todos los aragoneses y no solo del  Salud. Una buena parte de la Sanidad financiada públicamente no pertenece al SNS. Se trata de modelos diferentes como los de MUFACE, ISFAS o MUGEJU. La financiación sigue siendo publica pero la provisión puede ser publica como el caso de centros como el hospital Militar o de las zonas rurales en las que los funcionarios acuden a los centros del Salud. Posteriormente se produce una facturación entre instituciones y en la que no se ve inmerso el paciente.

Celaya ha vuelto a hacer otra de la suyas al exigir que los pacientes de MUFACE y sus distintas aseguradoras como ASISA,  ADESLAS o SANITAS adelante el dinero. El Consejero esta frenando el acceso al sistema especialmente a los pacientes con peores recursos que provoca inequidades. Se trata de una Celayada mas en su larga lista de despropósitos

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: